Contra la impunidad del franquismo, segunda vuelta (II)

Rosa Ana Alija Fernández

En el número anterior se inició un repaso a las iniciativas más recientes de lucha contra la impunidad en España. El impulso renovado de esta lucha que se apuntaba en esa contribución, centrada en las iniciativas legislativas, la ha desactualizado en menos de un mes, tras la aprobación el 29 de junio de 2017 por el Parlament de Catalunya de la Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que anula los juicios sumarísimos del franquismo. Esta segunda entrega se ocupará precisamente de la vía judicial, así como de los intentos de dar un nuevo significado al Valle de los Caídos.

Iniciativas judiciales

El escaso éxito del proceso iniciado ante la Audiencia Nacional en la década pasada para sentar los crímenes del franquismo en el banquillo —donde, en un giro dramático de los acontecimientos, terminó sentado el juez Garzón— ha exigido replantear el recurso a la vía penal como mecanismo idóneo para conseguir que se haga justicia en relación con las atrocidades cometidas durante la guerra civil y el franquismo y, en particular, que el Estado recupere los restos de los desaparecidos. Cabe recordar que aquellas personas que acudieron a los juzgados del lugar donde se habían producido las ejecuciones sumarias y los enterramientos (y, por tanto, donde presuntamente se hallaban los restos de las personas desaparecidas de forma forzosa) se toparon, en la inmensa mayoría de los casos, con una batería de argumentos orientados a contrarrestar sistemáticamente sus demandas de justicia. Así, de manera bastante acrítica, los juzgados se han desentendido de los casos invocando la prescripción de los delitos y/o el fallecimiento de los presuntos autores y/o la aplicabilidad de la ley de amnistía. Cualquiera de estos argumentos, o varios combinados, han servido para archivar las causas.

En este estado de cosas, ha habido actuaciones excepcionales que arrojan un poco de esperanza en este yermo panorama de impunidad. La más inesperada, por salirse de la pauta cómodamente adoptada por los tribunales españoles, fue la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almazán (Soria), en junio de 2015, de reclamar que se investigue el paradero de dos militares presuntamente responsables del asesinato de 10 civiles en Barcones (Soria) en agosto de 1936. Otra actuación impensable hace unos años fue la apertura judicial de una fosa en el cementerio de Guadalajara para exhumar los restos de un represaliado, como consecuencia de la cooperación judicial solicitada por la titular del juzgado número 1 de Buenos Aires (Argentina) que actualmente instruye la querella presentada en 2010 por diversas víctimas contra crímenes franquistas (y que no para de sumar casos). Como es sabido, la negativa de los tribunales españoles a enjuiciar los crímenes cometidos en la guerra civil y el franquismo llevó a las asociaciones a buscar justicia en otros foros, lo que se tradujo en la presentación de una querella en Argentina (la conocida como “querella argentina”), que fue admitida a trámite sobre la base del principio de justicia universal. No ha sido el único caso de recurso a tribunales extranjeros: en febrero de 2017 se admitía a trámite en México una querella presentada por Amnistía Internacional por el caso de una bebé robada durante el franquismo.

Algunas de las iniciativas que han buscado un enfoque distinto han sido ya presentadas en números anteriores de mientrastanto.e, como es el caso de la utilización de la vía civil para lograr que se exhumen cuerpos (enterrados en el Valle de los Caídos) sobre la base de las ya derogadas informaciones para la perpetua memoria, o la posibilidad de acudir al orden contencioso-administrativo para exigir la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos y de Derecho internacional humanitario cometidas por el gobierno de Franco, explorada por la plataforma promotora de la campaña Bombas de impunidad.

En los últimos meses, sin embargo, se está reactivando la vuelta a los tribunales penales, con un par de novedades relevantes. La primera es la implicación directa de algunos ayuntamientos (Barcelona, Durango, Vitoria, Pamplona) en la presentación de querellas, en un esfuerzo conjunto que enlaza con la fundación de la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria en octubre de 2016, de la cual forman parte municipios como Pamplona, Barcelona, Vitoria, La Coruña, Cádiz, Zaragoza, Rivas o Guernica. En algunos casos, se mantienen estrategias que ya son conocidas. Por ejemplo, en el caso de Durango, el objetivo es exigir responsabilidades por los bombardeos sufridos durante la guerra civil a manos de la aviación italiana, una línea de actuación en la que también está trabajando Guernica y que ya ha sido utilizada en Barcelona, donde el ayuntamiento (que asesora a Durango) se personó como parte en la querella por los bombardeos de la Aviación Legionaria. Sin embargo, esta línea no parece que vaya a dar grandes alegrías —más allá de la admisión a trámite de la querella y de que aún no se haya archivado—, dadas las enormes dificultades para probar la culpabilidad de los pilotos (si es que con suerte aún siguen vivos) y la escasa cooperación de los Estados implicados (al menos de Italia hasta la fecha).

La otra gran novedad que las otras querellas introducen es su planteamiento, ya que no tienen como objetivo último recuperar restos de personas desaparecidas —como ocurría en los casos llevados a la Audiencia Nacional—, sino —más en línea con la querella argentina— que los tribunales españoles condenen a personas que aún siguen vivas y que presuntamente habrían cometido crímenes contra la humanidad al participar en las prácticas represivas de la dictadura. Tales querellas pretenden, sobre todo, desmontar los argumentos que hasta ahora se vienen usando para dictar el archivo de las actuaciones y lograr, en particular, que se declare la inaplicación de la ley de amnistía y la inoperatividad de la prescripción. Así ocurre con la querella anunciada el 3 de marzo de 2017 por el ayuntamiento de Barcelona contra Carlos Rey González, el militar que ejercía funciones de juez ponente del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, y que firmó su condena a muerte en enero de 1974. Este pretende ser el primero de una serie de litigios estratégicos que el ayuntamiento impulsará por iniciativa propia, después de que —como antes se indicaba— se personara en el caso abierto por los bombardeos italianos sobre Barcelona entre 1937 y 1939 y en la querella argentina.

Por su parte, tanto el ayuntamiento de Vitoria (que también se ha personado en la querella argentina) como las Juntas Generales de Álava presentaron en 2016 sendas querellas en relación con la represión policial de huelguistas el 3 de marzo de 1976, que se saldó con cinco obreros muertos. Sin embargo, ambas han sido sobreseídas (la del ayuntamiento, en marzo de 2017), con el argumento de que no podía aplicarse a los hechos la calificación de crímenes contra la humanidad —y, por consiguiente, los hechos estaban prescritos—, decisión que el consistorio ha recurrido. También el ayuntamiento de Tarragona acordó en 2016 interponer una querella por la muerte de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, fallecido en 1976 al caer de un edificio, tras ser perseguido por dos policías cuando participaba en una manifestación en solidaridad con los trabajadores asesinados en Vitoria. Igualmente, el ayuntamiento de Pamplona presentó en marzo de 2017 otra querella por 17 casos de delitos de asesinato, desaparición forzada, lesiones, torturas o agresión sexual que pueden ser constitutivos de crímenes contra la humanidad. Las demás ciudades de la Red están asimismo recabando testimonios para poder articular sus querellas.

Por otra parte, el procesamiento de tres inspectores de policía (Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”, Manuel Gómez Sandoval y Tomás Nieto Berrocal) que detuvieron y torturaron a Luis Suárez-Carreño en 1973 es el objetivo de la querella que este interpuso en junio, la primera de varias más contra “Billy el Niño”. Esta nueva hornada de querellas individuales sigue el mismo planteamiento que las presentadas por los ayuntamientos, al centrarse en casos de violencia contra las personas que podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad, en lugar de perseguir casos de desapariciones forzadas con vistas a lograr la recuperación de restos.

Resignificación del Valle de los Caídos

El Valle de los Caídos también está en el punto de mira. Si su valor estético es discutible, su valor simbólico es innegable, en dos sentidos contrapuestos. Por una parte, el hecho de que en su interior aloje la tumba de Franco (además de la de Primo de Rivera) lo convierte en un mausoleo monumental destinado a honrar la memoria deshonrosa del dictador. Pero, por otra parte, en él se encuentran los restos de miles de víctimas de la guerra civil, con el agravante de que los restos de las víctimas republicanas fueron utilizados para rellenar la cripta megalómana del monumento sin la autorización de sus familias —se calcula que veinte mil restos mortales están sin identificar, aunque las cifras oficiales indican que son algo más de doce mil—. Este hecho, sumado a que numerosos presos políticos participaron en la construcción del lugar a cambio de una redención de su pena (no hay acuerdo en el número total: las cifras que manejan los historiadores oscilan entre los seis mil y los veinte mil), convierte el Valle de los Caídos en un símbolo de las tropelías cometidas por el franquismo contra los defensores de la democracia, cuyo recuerdo no puede ser dejado de lado.

El debate sobre qué hacer con el Valle de los Caídos colea desde la adopción de Ley de Memoria Histórica de 2007. Su artículo 16 pretendió eliminar las connotaciones políticas del lugar estableciendo que se rigiera exclusivamente por las normas aplicables a los lugares de culto y a los cementerios públicos, y prohibiendo expresamente que se celebraran en el recinto actos de naturaleza política y de exaltación de la guerra civil, de sus protagonistas, o del franquismo. Se perdía así la oportunidad de convertirlo en un lugar de memoria, algo que ya había sido indicado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su recomendación 1736 (2006) y por algunos grupos parlamentarios en sus proyectos de ley alternativos. Así, por ejemplo, la Proposición de ley sobre Memoria Histórica Republicana y Antifascista presentada por Esquerra Republicana de Catalunya en noviembre de 2005 proponía que fuera “museizado como centro de información y divulgación de la memoria represora en general y la de los penados que trabajaron en su construcción en particular, así como de toda la estructura represiva de campos de trabajadores desplegada por la Dictadura”. También la Proposición de Ley de promoción de la recuperación y fomento de la Memoria y Cultura Democráticas, presentada por el grupo parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ese mismo mes, planteaba que fuera transformado inmediatamente en Centro del Memorial de la Libertad, en el cual tendría su sede el Instituto de la Memoria Democrática que proponía crear y serviría además como Museo de la Represión, en el que se expondrían los elementos y vestigios franquistas recogidos en todo el Estado. Este proyecto, además, proponía que el Estado promoviera un acuerdo con los familiares de Franco para que sus restos mortales fueran trasladados al panteón familiar que sus herederos propusieran, corriendo el Estado con los gastos que dicho traslado originara.

Esta última sugerencia fue corroborada por la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, creada por el gobierno en 2011 para evaluar posibles actuaciones sobre el conjunto monumental, dado el deterioro que los años le han causado. En su informe, la comisión llegó a sugerir no intervenir y dejar que el tiempo lo redujera a ruinas, pero lo descartó por respeto a la memoria de las víctimas. A cambio, propuso resignificar por completo el monumento, convirtiéndolo en un memorial de las víctimas de la guerra, lo que implicaba trasladar el cuerpo de Franco al lugar que indicara la familia, o al lugar que se considerara digno y más adecuado, ya que él no había caído en la guerra. El debate se reabrió a finales de 2013, al presentar el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados la Proposición no de Ley relativa a la ejecución de un Plan para resignificar la función del Valle de los Caídos y convertirlo en “un espacio para la cultura de la reconciliación, de memoria colectiva democrática, dignificación y reconocimiento a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura”, lo que incluía la exhumación del cuerpo de Franco y su traslado a otro lugar.

En 2015 Baltasar Garzón retomó la idea y, en ejercicio del derecho de petición, pidió al gobierno que se trasladaran los restos de Franco y se creara en el Valle de los Caídos un espacio de memoria. El Consejo de Ministros lo rechazó en septiembre de 2016. Esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que en marzo de 2017 desestimó el recurso sin entrar en el fondo. En noviembre de 2016, otra proposición no de ley, presentada por Esquerra Republicana, insistió en la necesidad de seguir las recomendaciones de la comisión de expertos, sin éxito. Sorprendentemente, las tornas cambiaron en mayo de 2017, cuando, tras el debate sobre una nueva proposición no de ley del grupo socialista sobre la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, el Congreso de los Diputados aprobó sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos con el único voto en contra de la parlamentaria del PP Celia Alberto Pérez. El resto del grupo popular, que de partida se oponía, optó finalmente por abstenerse, si bien su portavoz en el debate, Alicia Sánchez Camacho, había insistido en que en la resolución de la Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002 todos habían acordado que no habría un uso partidista de lo que ocurrió en la historia de España, una jugosa afirmación que pone de manifiesto la plena actualidad del pacto de silencio adoptado en la transición. En cualquier caso, pese al resultado de la votación, conviene moderar el entusiasmo, ya que, al tratarse de una proposición no de ley, carece de carácter obligatorio para el gobierno, que como era de prever no se ha dado por aludido. Sea como sea, su aprobación es un pequeño paso que pone de manifiesto que algo está cambiando en la sensibilidad socio-política de este país, aunque para ello hayan tenido que pasar más de 40 años desde la muerte del dictador. Esperemos que no tengan que pasar 40 más antes de que en este país se asuma que condenar una dictadura y actuar en consecuencia no tiene nada de partidista, sino que es una deuda con sus víctimas, que merecen justicia, más que nada porque para ese entonces también ellas estarán muertas.

2/7/2017

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