Pasos hacia una política antisexista

A propósito del Manifiesto feminista por un debate sin censuras

Antonio Giménez Merino

 

La capacidad para el diálogo y el contraste de ideas es una fortaleza del movimiento feminista. Cuarenta años después, en los que nos hemos tenido que enfrentar a muchos enemigos poderosos y a situaciones sociales muy delicadas, a mí me resulta absolutamente incomprensible el nivel de virulencia en temas como la prostitución o el sujeto del feminismo por parte de un sector del movimiento.

Justa Montero

 

En la nota que encabezaba el número 185 de mientrastanto.e se daba noticia del debate abierto en el seno del feminismo acerca de prostitución en España. En este sentido, la revista se adhirió al “manifiesto por un debate sin censuras”, promovido por feministas del ámbito académico y activistas que llevan meses trabajando por el cese de la violencia contra las mujeres que ejercen la prostitución a través de los Debates Universitarios sobre Trabajo Sexual que se están desarrollando en 22 universidades españolas.

El manifiesto, con mil firmas mayoritariamente procedentes de personas y organizaciones del mundo académico y del activismo social, fue lanzado a la opinión pública el pasado 17 de diciembre, coincidiendo con los actos organizados por quienes trabajan en la industria del sexo con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra las Trabajadores Sexuales. Una iniciativa que llama a un debate sereno en torno a estas cuestiones, desde la convicción de que se han de poder ofrecer y representar los argumentos de las distintas posiciones y de que esto incluye necesariamente la voz de las trabajadoras sexuales que reclaman respeto y derechos. 

Las coacciones registradas durante la celebración de las actividades universitarias han sido intensas, como registran y analizan Emma Martín y Ruth Mestre en un artículo reciente publicado en la revista Viento Sur. En él destacan hasta qué punto la propia posición condiciona el análisis de estas cuestiones, “especialmente teniendo en cuenta que lo que se analiza no es la actividad de la prostitución, sino las representaciones ideológicas sobre lo que supuestamente es para quien emite el discurso”. Así, quienes niegan la simple posibilidad de debatir dejan fuera de foco, por parecerles irrelevantes, las relaciones homosexuales y la prostitución de las personas transexuales, en una manifestación clara de violencia simbólica. Como también lo sería la victimización de las mujeres que comporta caracterizar la prostitución como la manifestación por antonomasia de la trata de personas, con la consiguiente reclamación de su prohibición. La unilateralidad de estos puntos de partida sirve además para orillar el abordaje necesario de otras formas de trata y de explotación laboral no sexual igualmente relacionadas con el problema migratorio (en el sector servicios, en cadenas manufactureras, en la agricultura o en el trabajo doméstico), a las que en cambio las voces críticas no apelan, o no con la misma insistencia.

En opinión de quien esto escribe, la intensidad de los discursos identitaristas en las últimas décadas ha ido debilitando, hasta hacerlas casi invisibles, las cuestiones relativas a la clase (o si se prefiere, a la condición de pobre) que están por detrás de la mayoría de situaciones que empujan a una mujer a vender servicios sexuales. Las prostitutas, como muchos otros grupos de mujeres marginadas (trabajadoras del hogar, gitanas, musulmanas, por ejemplificar) se han constituido como sujetos políticos violentados por su procedencia geográfica y social y por sus carestías materiales. Algo que tiene que ver con el estigma y la situación laboral que padecen y que en estos términos supone una manifestación clara de la feminización de la pobreza.

La progresiva separación entre un sector académico fuerte del feminismo y la producción de nuevas prácticas y nuevos discursos en el seno del activismo feminista, por un lado, y entre la vindicación histórica sobre la libertad de decidir y la consideración, en primera línea, de los impedimentos sociales y económicos que dificultan para la mayoría de mujeres el ejercicio de dicha libertad, por otro lado, estarían en la raíz del desacuerdo actual entre las distintas corrientes del feminismo. Tal como recordaba recientemente Justa Montero en una entrevista concedida al magacine Píkara, “en este momento de extensión del feminismo también hay una vuelta a lo que en los ochenta llamábamos feminismo cultural, que considera que la opresión sexual es el factor determinante que explica la opresión de las mujeres. Esta corriente mantiene una visión muy reduccionista, binaria y uniforme de la sexualidad, del sujeto mujer y también del sujeto hombre”.

En la búsqueda de espacios de acuerdo, Teresa Maldonado (“El debate feminista sobre la prostitución”) ha llamado la atención sobre el riesgo de fractura que supone la intensa polarización del debate actual sobre la prostitución, recordando que “no es cierto que [las posturas abolicionista y pro-derechos] sean dos posiciones absolutamente irreconciliables, que no se pueda aspirar a la desaparición de la prostitución a la vez que se busca reconocer derechos a las prostitutas, no es cierto que defender los derechos de las prostitutas implique considerar la prostitución una forma de empleo entre otras”. Por lo que demanda acotar terrenos de acuerdo por lo menos en dos puntos: “en la lucha sin cuartel contra la prostitución forzada y la trata y el tráfico de personas con fines de explotación sexual, por un lado y, por otro, en el reconocimiento efectivo de derechos para las mujeres (y personas en general) que ejercen la prostitución vinculándolo a la obtención de papeles por parte de las mujeres migrantes”.

Dejar atrás posiciones esencialistas y contextualizar el debate sobre la prostitución dentro del más amplio sobre la política de fronteras y sobre las formas de explotación laboral, en efecto, parece un requisito sin el cual será difícil salir del actual encasquillamiento del problema, que pone en riesgo el enorme e influyente caudal de los movimientos feministas de este país. Sobre todo a la vista de la emergencia —en realidad previsible desde hace tiempo— de discursos neomachistas, unos directamente patriarcales y otros más camuflados en los ropajes liberales de la individualización de los problemas.

Porque, en efecto, al lado de la extensión de opiniones abiertamente sexistas como las de Vox, que niegan la propia existencia de la violencia de género, también entre la conciencia masculina supuestamente culta encontramos discursos de este tipo. La puesta en marcha de políticas de inversión de la discriminación por motivos de género, por un lado, y el endurecimiento de las penas por delitos sexuales, por otro, son percibidas por un público muy numeroso como una vendetta que pone en riesgo la impunidad de aquellos varones —los más— que siguen rigiéndose por prácticas sexistas difíciles de desarraigar o que simplemente no quieren ver los persistentes datos sobre desigualdad entre hombres y mujeres.

En cuanto al segundo de los factores mencionados, plantear soluciones penales a las violencias que padecen las mujeres desde una parte bastante amplia del feminismo —bien representado en la dirección actual del Psoe— se articula contrafinalísticamente con las tendencias autoritarias del estado neoliberal basadas en la difusión de la inseguridad y el miedo. Algo que resulta chocante con el hecho de que haya violencias al margen de las que se dan entre la pareja en las que el género también juega un papel fundamental pero que no son reconocidas en la estadísticas públicas, como ocurre con los abusos y las agresiones sexuales o con las padecidas cotidianamente por las trabajadoras del sexo. Distintamente, sumarlas comportaría una visibilidad mucho mayor de un problema derivado de una raíz patriarcal común.

Estas y otras expresiones de la desigualdad son susceptibles de forjar alianzas feministas robustas frente a la involución reaccionaria. Algo esencial para revertir los profundos recortes en las estructuras estatales para la prevención de estos problemas, para implementar de una vez programas educativos antisexistas, inspecciones más amplias del trabajo no remunerado en la empresa y en las familias —en gran parte feminizado— o alternativas laborales para las mujeres en situación de prostitución forzada —utilizadas como argumento principal del abolicionismo— que no denuncian por el riesgo de verse expulsadas del país.

Por todo ello, antes que pensar en la intensificación de la intervención penal o en prácticas prohibicionistas al servicio de la victimización simbólica de las mujeres, lo que hace falta es asegurar un terreno común contra el sexismo lo más amplio posible. Eso es lo que está pidiendo, sensatamente, el sector académico y activista del feminismo más consciente de la necesidad tanto de democracia interna frente a las nuevas tendencias reaccionarias como de generación de estrategias en la que se vean también llamados, como sujetos beneficiarios y no antagonistas, los varones. En esta línea, en “Erradicar las violencias: cuestión de justicia”, Ana Castaño, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha lamado a la implementación, por un lado, de medidas restaurativas que partan del acompañamiento de las víctimas y de sus demandas específicas —evitando su revictimización—, y por otro lado de medidas no meramente punitivas contra los violentos, “poniendo el foco en los detonantes que empujan a cada persona a la reproducción de violencias determinadas para poder atajarlas de raíz con herramientas específicas”. Lo cual va más allá de la violencia de género al penetrar en el fenómeno de la violencia en general.

De igual forma que en materia medioambiental la reversión de la catástrofe en curso depende de un cambio cultural profundo que nos permita apreciar las ventajas de vivir con menos, en el ámbito del género es preciso inventar políticas que permitan a todos apreciar las ventajas derivadas de relaciones más igualitarias.

22/12/2019

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