A principios de julio el gobierno catalán decretó el confinamiento perimetral de la comarca del Segrià (Lérida) debido a la preocupación que generó el incremento de rebrotes en la zona. Esos mismos días se decretaban confinamientos perimetrales en A Mariña (Lugo), Ordizia (Guipuzkoa), y, a los pocos días, se anunciaban rebrotes en distintas poblaciones. Los rebrotes se fueron generalizando. A finales de julio se contabilizaban más de 400 rebrotes. A finales de agosto más de 1.000. 

En el caso del Segrià, el alcalde de Lleida expresó su queja ante la afluencia de inmigrantes que habían llegado durante mayo y junio para ofrecerse como jornaleros en la campaña de la recogida de la fruta. Esta afluencia de jornaleros es estacional. Cada año, miles de personas se mueven por distintas regiones para trabajar, de forma legal o ilegal, allá donde hay trabajo que hacer. Esto no es nuevo. En estudios precedentes (2015) ya se había recogido la cifra de 20.000 trabajadores temporales que llegaban cada año a la zona para recoger la fruta. La inmensa mayoría de estos jornaleros eran y son trabajadores extranjeros (vid. Jordi Barreta Bochaca, “Immigrants-Temporers a la Plana de Lleida”, resumen aquí). 

De hecho, y esto no fue dicho por el alcalde de Lleida, el sector hortofrutícola había mostrado su preocupación por la falta de mano de obra para recoger la fruta. Si la fruta no se recoge, se echa a perder. Y la fruta no se recoge si no hay manos, muchas manos, para recogerla. Mano de obra barata que se utiliza masivamente durante un corto periodo de tiempo. El modelo productivo que se sigue en el Segrià, y en otras zonas similares, reúne desde hace tiempo estas características: especialización en pocos productos y utilización masiva de mano de obra durante la campaña de recogida. 

Distintos medios de comunicación informaron que una parte importante de los ingresados por COVID-19 en la zona del Segrià eran jornaleros que habían acudido a la zona para trabajar en la campaña de la recogida de la fruta. Lo que no se decía de forma expresa, pero parecía flotar en el trasfondo de la forma de hablar, era que los inmigrantes propagaban el virus. 

No he encontrado ningún informe que avale la idea según la cual los jornaleros son propagadores más eficaces que cualquier otra persona. Desde un punto de vista racional, sería posible pensar que la forma en que se celebró la verbena de San Juan (23 de junio), o la relajación en las medidas profilácticas por parte de la población, o la alegría con la que las autoridades aceleraron la desescalada o la infradotación de los servicios sanitarios de asistencia primaria, pueden haber contribuido al incremento de contagios. 

La situación sanitaria de los jornaleros podía verse como el resultado de una situación de precarización y explotación o se podía señalar a los jornaleros como agentes propagadores de la epidemia, fácilmente distinguibles por su color, por sus condiciones de vida, por su forma de hablar, por su tejido social. A principios de abril de 2020, la plataforma A Ponent destriem impulsó la campaña “Fruita amb justicia social”. Ante la petición de mano de obra por parte de los sindicatos de empresarios agrarios y las empresas del sector agroindustrial para reforzar la recogida de la fruta dulce, la plataforma había alertado sobre la necesidad de regularizar la situación de los jornaleros. 

Esta preocupación va más allá de la situación de la comarca del Segrià. Durante el mes de julio, en Huelva (Lucena del Puerto y Lepe), hubo incendios en asentamientos chabolistas habitados por jornaleros, en su mayoría trabajadores inmigrantes. Estos incendios pusieron de manifiesto la precariedad de condiciones de vida en la que se hace vivir a una parte de los jornaleros, así como la situación de discriminación en la que se hallan. 

En los días próximos a los hechos del Segrià, y a los de Huelva, la prensa recogía noticias cuyos titulares reforzaron la presentación del inmigrante como una amenaza: “La policía busca a nuevos migrantes que han roto la cuarentena en el puerto de Cartagena” (La Vanguardia, 9 de julio de 2020); “Buscan a un inmigrante con covid-19 que ha huido del hospital de Cartagena” (Heraldo, 5 de julio de 2020);  “Extremadura emite una orden de busca y captura para el hombre que provocó un rebrote de coronavirus” (El Mundo, 26 de junio de 2020). Esta última noticia, que en el titular habla de ‘hombre’ y no de ‘inmigrante’, comienza de esta forma: ‘El inmigrante que fue trasladado desde Almería hasta Navalmoral de la Mata…’; “La fuga de inmigrantes en cuarentena deja a la vista los fallos del sistema de acogida del Gobierno” (ABC, 30 de julio); “Buscan a 44 inmigrantes que llegaron en patera tras fugarse de una cuarentena por coronavirus” (La Vanguardia, 2 de agosto); “Los inmigrantes confinados por la COVID-19 en Albacete se enfrentan a la policía” (Diario Montañés, 5 de agosto). Y se podrían proponer más ejemplos. 

Los grupos sociales más precarizados tienden a ser señalados como causantes o intensificadores del problema, antes que como grupos sobre los que la epidemia tiene una mayor incidencia debido a sus condiciones residenciales, económicas, laborales o asistenciales. La forma en que se aborda la crisis provocada por la COVID deja al descubierto estructuras de explotación y precarización que ya existían en nuestro modelo laboral. La COVID tensa estas estructuras. Y al hacerlo muestra el desamparo de una parte de la población, con el riesgo de presentarlos como víctimas propiciatorias de la angustia colectiva.