La factura eléctrica: una pugna entre derechos y privilegios

Josep Babot Barbero

I

La luz marcará un nuevo récord ha resultado ser una de las frases más escuchadas y leídas en los distintos medios de comunicación a lo largo de los últimos meses. El espectacular incremento del precio de la electricidad en el mercado mayorista, con su consecuente repercusión en las facturas de la mayor parte de la ciudadanía española, ha causado un gran impacto mediático por su transversalidad —afecta a todos los hogares—, pero también por la complejidad a la hora de explicar sus causas.

En el número de julio de esta revista, Albert Recio ofrecía algunas claves en su artículo Capitalismo regulado: de eléctricas y otros abusones. No obstante, el sector eléctrico se caracteriza, entre otros, por su opacidad y la dificultad para explicar al ciudadano de a pie su funcionamiento. Con el fin de contar con una imagen más fidedigna de la situación actual sin necesidad de disponer de un título de ingeniería, resulta sumamente didáctico el vídeo que Eduardo Garzón colgó recientemente en su canal de YouTube.

En el mismo se explica de forma muy pedagógica el desarrollo del mercado mayorista de electricidad, el modelo de subastas diarias y, más concretamente, el sistema marginalista de fijación de precios. A través de este mecanismo, impuesto por la Unión Europea, es la tecnología más cara que accede a la subasta la que fija el precio de todas las demás. Este sistema, que hasta ahora no había conllevado demasiados problemas, se ha situado en el ojo del huracán durante este 2021 por una conjunción de factores que a continuación se desarrollan brevemente.

Cabe destacar que, a menudo, la tecnología que entra en último lugar en la subasta, y por tanto la que fija el precio del resto, es la correspondiente a las centrales de ciclo combinado —aquellas que queman gas para obtener electricidad—. Precisamente el primer factor que ha condicionado el escenario actual es el incremento exponencial del precio internacional del gas, el cual, desde principios de año, se ha llegado a multiplicar por 2,5, por los problemas de abastecimiento y transporte, en parte generados por la pandemia. En segundo lugar, también ha entrado en juego el inicio de la cuarta fase del proyecto europeo de comercio de emisiones contaminantes (RCDE UE), que graba aquellas industrias que juegan un papel activo en la situación de emergencia climática, y que ha obligado a las centrales de ciclo combinado a incrementar el precio de la energía ofrecida en el mercado mayorista para seguir obteniendo rentabilidad.

Como destaca Garzón, las centrales de gas solo representan —en el mejor de los casos— un 20% de la energía generada en el Estado español pero el actual sistema de fijación de precios ha provocado que en las subastas diarias se estén pagando el resto de tecnologías (renovables, nuclear, etc.) a un precio enormemente hinchado por el contexto mundial del gas. Pero el escándalo no acaba aquí, sino que, como publica el propio OMIE (el operador del sistema eléctrico ibérico encargado de supervisar las subastas), la tecnología que marca el precio más alto durante muchas horas cuando no es menester acudir a las centrales de ciclo combinado es la hidráulica. Ello se explica, según muchas voces, porque las centrales hidráulicas están controladas por las mismas empresas que ostentan la propiedad de las centrales de ciclo combinado y conocen de primera mano qué precio necesitan para poder entrar en la subasta para obtener el máximo beneficio acercándose al máximo posible al precio ofrecido por las plantas de gas.

¿Y cuáles son esas empresas? Pues básicamente el Oligopolio al que Recio hacía referencia en su texto. Iberdrola, Endesa y Naturgy controlan el 96% de la potencia generada por las centrales hidráulicas, al tiempo que disponen de más de dos tercios del total de centrales de ciclo combinado de todo el Estado. El control de las diferentes actividades del sector eléctrico, incluyendo la distribución y la comercialización, genera una situación de enorme desigualdad y permite que el Estado español se encuentre entre los estados de la Unión Europea cuyas empresas dedicadas al suministro de electricidad y gas obtienen mayor margen de beneficio (18,2% frente al 10,5% de la media comunitaria).

Este contexto no es casual y responde a un modelo de privilegios históricos para estas empresas que los gobiernos centrales de distintos colores han permitido y apoyado. El modelo liberalizador impuesto por la Unión Europea a mediados de los años 90, que teóricamente debía conllevar un aumento de la competencia y por ende (sic) una reducción de los precios que los hogares debían satisfacer no ha funcionado en el Estado español y las mismas compañías que detentaban el poder entonces lo siguen acaparando hoy en día. La diferencia con otros grandes países de nuestro entorno es que estas compañías están privatizadas y responden a los intereses de sus accionistas y no del interés general.

Lo explica muy bien Pablo Sánchez, miembro de la European Federation of Public Service Unions (EPSU), en un interesante hilo de Twitter. El proceso de liberalización, impulsado principalmente por los comisarios del Partido Popular Europeo y apoyado en el Parlamento Europeo por el grupo socialista, ha resultado ser un fracaso. En primer lugar, porque no ha servido para reducir el precio de la factura eléctrica que los hogares deben costear. Y, en segundo lugar, porque no ha conseguido la protección de los colectivos vulnerabilizados.

II

El pasado mes de julio, el INE publicó los resultados de su Encuesta anual de Condiciones de Vida. En ella se reflejaba un empeoramiento de los principales indicadores relacionados con la pobreza energética. Preguntados durante el último trimestre de 2020, un 10,4% de españoles admitieron no poder mantener su inmueble a una temperatura adecuada (frente a un 7,4% el año anterior, representando la peor cifra desde 2014). Por otro lado, un 13,5% de los hogares indicaron que habían tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos, entre los cuales se incluye el pago de los suministros básicos (frente a un 8,3% el año anterior; el peor dato en, como mínimo, 10 años).

Estas cifras, que reflejan el impacto de la pandemia en los hogares españoles, esconden un problema de fondo: ante una crisis sanitaria, social y económica de gran magnitud, el Estado no es capaz de garantizar para su ciudadanía un hogar en plenas condiciones. El mensaje es terrible a todos los efectos y nos deja la pregunta de qué derechos tiene un ciudadano español en relación con sus suministros básicos y cómo se reflejan éstos en nuestra legislación.

Desde el plano constitucional, la respuesta es parecida a gran parte del resto de derechos económicos, sociales y culturales. Relegado al capítulo tercero del título I, el derecho a una vivienda digna podría entenderse, de manera extensiva, que incluye el derecho a gozar de unos suministros básicos en un hogar. Tratándose de un principio rector, la realidad es que se trata de un derecho no garantizado para importantes capas de la población.

En este sentido, la legislación que protege a los colectivos vulnerabilizados ha sufrido una evolución a lo largo de la última década. En 2009 el Gobierno central impulsó por primera vez en la historia un descuento en la factura eléctrica —el bono social— para personas y familias con rentas bajas. Se trataba de una reducción del 25% en los términos fijo y variable antes de impuestos. Este mecanismo ha sufrido distintas modificaciones desde entonces, ampliándose el descuento hasta el 40% para las rentas más reducidas (hablamos de un límite de 7.908,60 euros de ingresos anuales para un hogar con un menor) o incluyendo la prohibición de corte a partir de 2017 para ciertos hogares (familias con al menos un menor de 16 años, personas con discapacidad o situaciones de dependencia).

Sin embargo, ha sido a raíz de la pandemia que el Gobierno central tomó una iniciativa sin precedentes: establecer una moratoria de cortes generalizada para todos los suministros y dirigida a todos los hogares durante los meses más duros de 2020 para después conservarla para todos los hogares acogidos (o que cumplan los requisitos para acceder) al bono social eléctrico. Se trata de una medida importantísima en cuanto reconoce a nivel legislativo la necesidad de contar con unos suministros garantizados para poder desarrollar una vida en plenas condiciones.

III

Esta tesis, que sitúa el acceso a los suministros como un derecho básico y universal, es la que defienden entidades y plataformas ciudadanas como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) a nivel catalán y estatal o la Right to Energy Coalition en el plano comunitario. Álvaro del Río, exdirector general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), preguntado sobre si hay alguna forma de ponerle coto al poder del Oligopolio, indicaba en una entrevista al digital La Marea que “no hay contrapoderes ni públicos ni en los partidos de izquierdas a los gabinetes jurídicos de las ibéxtricas o del PP, verdaderas máquinas de producción legal”. No obstante, sí que existen una serie de colectivos de base dispuestos a plantar cara a los grandes poderes económicos del sector energético.

La Ley catalana 24/2015 es un buen ejemplo de ello. Nacida a partir de una iniciativa legislativa popular impulsada precisamente por la Alianza contra la Pobreza Energética, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Observatorio DESC, recogió más de 140.000 firmas antes de ser aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya. En materia de pobreza energética, establece por primera vez una suerte de presunción de inocencia para aquellas familias que no pueden sufragar sus facturas: quien no paga es porque no puede y no porque no quiere. A través del llamado “principio de precaución”, obliga a las compañías suministradoras de agua, luz y gas a preguntar a los Servicios Sociales competentes la situación de la unidad familiar antes de proceder al corte. Además, garantiza el suministro a aquellas personas que no superen los baremos de renta establecidos por la propia ley y que son mucho más adaptados a la realidad social de la ciudadanía que los del bono social eléctrico. Según un estudio recientemente publicado por Enginyeria Sense Fronteres, se calcula que la norma ha evitado más de 200.000 cortes a familias vulnerabilizadas desde su entrada en vigor.

Es evidente que logros como éste no acaban con décadas de privilegios históricos para las grandes compañías del Oligopolio, pero no es menos cierto que desde posiciones críticas y transformadoras es importante pasar del plano teórico al práctico y conseguir cambios que mejoren las condiciones materiales de la ciudadanía, especialmente las de los colectivos más vulnerabilizados. Como bien advertía Recio en su artículo, la posibilidad de cambios radicales a corto plazo es más compleja que muchas de las proclamas que solemos oír desde foros progresistas. Por ello, el camino hacia un modelo energético justo y alejado del lucro sin límites del sistema de acumulación y concentración capitalista también se conforma de pequeñas victorias que recuperen el terreno perdido en la batalla cultural frente al neoliberalismo. La energía y el acceso a los suministros básicos deben ser un derecho universal y no un privilegio cuyo acceso dependa de grandes corporaciones.

 

[Josep Babot Barbero es miembro de Enginyeria Sense Fronteres y de la Alianza contra la Pobreza Energética]

29/10/2021

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