Cerca del espíritu del linchamiento

Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Victimas del Terrorismo, ha pedido al ministro del Interior tener voz, se supone que jurídica porque la no jurídica ya la tiene y la amplifican los medios de comunicación, en las decisiones penitenciarias sobre los presos de ETA.

Los gobiernos españoles han dado mucha cancha a las víctimas supervivientes y a los familiares de los fallecidos por atentados, pero no sólo a ellos: baste recordar que tanto Zapatero como Rajoy han sido expresamente sensibles a la familia de Marta del Castillo, víctima concreta de un asesinato, familia que recurre insistentemente a los medios de comunicación para exigir el endurecimiento del Código Penal.

Es comprensible que quienes padecen una tragedia tan grave e inconsolable como el asesinato de sus familiares se muestren desolados. Pero también es cierto que su voluntad de influir sobre las decisiones judiciales más allá de lo que ya determina la ley, aunque comprensible, no suscite precisamente nuestra simpatía. La venganza no es un objetivo del estado, y menos aún servir para la venganza privada. El estado, según la doctrina oficial, pertenece a los ciudadanos. Y al escudarse en las emociones para tratar de sobreponerse a lo expresado en las leyes penales, que aparecen como excesivamente rigurosas a muchas personas capaces de imaginar lo que es la vida penitenciaria, es ir más allá de lo aceptable. Se aproxima peligrosamente al espíritu del linchamiento.

Ítem más: lo que propone la señora Pedraza es no sólo inadmisible desde el punto de vista del Derecho: es también un intento de poner palos en las ruedas que han de hacer el camino hacia la reconciliación en las libertades de la sociedad vasca.

Tan lamentable es que a estas alturas ciertos etarras, presos o no, no hayan sabido autocriticar sus acciones pasadas como que las víctimas, o más exactamente sus familiares, se obstinen hoy en la venganza. Ambas posiciones son moralmente injustas y rechazables, y hay que hacérselo saber.

Y, por cierto, a las víctimas del genocidio franquista, ¿qué?

Y ahora Gallardón

Era de temer que este ambicioso populista, erigido ahora en ministro de justicia (¡ay, la justicia!) intentara endurecer el Código Penal. Las novedades principales son una claramente inconstitucional prisión permanente revisable y el recorte del derecho constitucional de manifestación. Se dice que esto último va dirigido contra los manifestantes violentos. Lo que no se dice es que muchas veces los alborotadores violentos son provocadores de la policía. Ya no nos chupamos el dedo.

Hace tiempo que el sistema político español no se puede considerar democrático: es una oligarquía con libertades. Con el recorte de las libertades, y con la ayuda de los múltiples gallardones de la derecha, esto va a quedar en un populismo oligárquico.

Trabajos forzados para parados forzosos

El gobierno actual de España pretende recurrir a un antiguo decreto del gobierno de Calvo Sotelo, en 1982, para obligar a parados a limpiar montes quemados so pena de perder la prestación por desempleo.

Aquel decreto, sin duda inconstitucional, cayó en su tiempo en la noche del olvido y la inefectividad. Ahora el gobierno pretende ampararse en él para reclutar un ejército de forzados para limpiar los montes. No parece habérsele ocurrido que también puede recurrir para esa tarea simplemente a los contratos de trabajo. Por un lado, eso sería seguramente más eficaz que la laberíntica aplicación jurídica del discutible decreto. Y por otro lado no pondría tan claramente de manifiesto el absoluto desprecio de este gobierno por los trabajadores. La idea general que tiene el PP sobre los trabajadores en paro la expresó claramente la diputada Fabra: que se jodan. El pacto social está roto. Lo han roto el Estado y la patronal; que conste.

Iglesia española y acoso

¿Qué diríamos de una organización que discriminara a las mujeres, que ritualmente las entregara a los hombres, que considerara necesaria la continuidad de una pareja cuando la ha abandonado el amor y el afecto, que ordenara a las mujeres sobrellevar el embarazo de hijos no deseados, que condenara a las personas homosexuales e indujera a discriminarlas, que viera al Maligno en la masturbación de los adolescentes? Seguramente pensaríamos que se trata de una organización de enfermos mentales, de neuróticos obsesos, de autoritarios, de personas incapaces de comprender que la democracia prohibe imponer las propias opiniones los demás.

La indebidamente influyente Iglesia católica española sostiene todo lo que se ha señalado más arriba. No por ser una organización de neuróticos —aunque puede haber algo de eso—, sino como resultado de mantenerse fuera del tiempo en una concepción arcaica, primitiva, talibánica, de las cosas que se refieren a esa necesidad natural de los animales humanos como es el sexo.

No es sólo opinión nuestra: ésa era también la opinión del cardenal Martini, recientemente desaparecido, en quien tantas personas veían al portador del legado de aquel papa bondadoso que fue Juan XXIII y del liquidado Concilio Vaticano II. Aquí se quisiera destacar la barbaridad de que pontifiquen sobre el sexo personas que se han comprometido a la castidad, lo que, aunque no tiene consecuencias fatales inmediatas, es tan poco natural como comprometerse a ayunar, a ingerir lo indispensable para no morir. Esa —por lo demás frecuentemente incumplida— promesa de castidad es prácticamente exclusiva de los curas católicos; pocos «ministros» de otras congregaciones la sostienen. Por ello la Iglesia católica ha quedado crecientemente fosilizada en su discurso pastoral y los centros de formación de sus sacerdotes notoriamente desiertos.

Lo grave del discurso sobre el sexo de la Iglesia católica son los males que contribuye a perpetuar. A ese discurso se deben las angustias que experimentan muchas mujeres embarazadas de hijos que no desean o causados por personas a las que no pueden querer. También el malestar, incluso la violencia, en el seno de familias de las que ha desertado el afecto entre los esposos, con padecimientos tremendos para los hijos más jóvenes (que sin embargo comprenderían una solución razonable de la situación creada). A la pastoral católica se debe la proliferación del acoso de los jóvenes homosexuales en las escuelas por parte de otros jóvenes a los que la Iglesia católica es incapaz de inculcar una moral básica de respeto a los demás. Todo ello, por otra parte, sin hablar de las víctimas más directas del actual discurso católico sobre el sexo, discurso que algún día se verá tan maligno socialmente como vemos hoy la difusión de las ideas racistas y xenófobas.

Quizá convenga intervenir ahora públicamente sobre esta cuestión. Pedir a los católicos reflexivos una decidida presencia de su opinión para que la voz de una jerarquía católica más dedicada a la política que a cualquier otra cosa no sea la única que se deje oir. Los padres, en los colegios, deberían advertir a los profesores que no sólo quieren que sus hijos no sean acosados, sino también que no quieren verlos convertidos en acosadores. En otros países se editan con apoyo público y son mostrados en las escuelas videos contra la homofobia, contra el acoso, contra la discriminación femenina. En las escuelas españolas, ¿qué?

Autocrítica sin capacidad de enmienda

El Lobo creía que determinados temas se podían tratar con sentido del humor. Pero al propio Lobo le parece manifiesto que lo ha perdido. Se autocritica por ello, pero cree que el cambio se debe a las circunstancias, y en estas circunstancias su capacidad de enmienda está disminuida. Tal vez debería cambiar su calificación de Feroz por la de Paralímpico. Aunque sería mejor cambiar las circunstancias.

Angloesquiroles

Los centros de enseñanza pública dependientes de la Comunidad de Madrid tienen este año muchos profesores menos y bastantes alumnos más. Los alumnos por clase han pasado en algún instituto de 28 a 35. Si 28 eran ya demasiados, las condiciones de aprendizaje se reducen penosamente con 35 alumnos enlatados en un aula. Además, la modernísima Comunidad ha contratado sin concurso, administrativamente, a numerosos profesores de habla inglesa nativa, para asignaturas que, olé, sólo se darán en inglés porque la Comunidad de la ahora dimitida Aguirre es así de moderna. Se trata en realidad de angloesquiroles, por mucho que los profesores de aquí, piadosamente, no les apliquen este calificativo.

El asunto catalán

La manifestación del 11 de septiembre de este año marca un antes y un después. Ya no se puede afirmar con seguridad que la mayoría de los catalanes sea contraria a que Cataluña se independice de España.

A esta situación han contribuido todos. La principal responsabilidad es de los dirigentes políticos y culturales de Cataluña, que a pasos microscópicos, pero continuados —esto es, sin prisa pero sin pausa— han conseguido inocular en las zonas más ingenuas del imaginario colectivo catalán la idea de ser expoliados por «Madrid», o por las zonas de España (ellos dirían «del Estado español», en consonancia con su construcción de una imagen de España sólo institucional, contra la historia y la cultura, incluida la catalana) con menor renta per capita. Gradualmente ese independentismo insolidario ha cobrado aliento, navegando en un terreno abonado por la sordera antifederalista de los políticos del resto de España y por la indiferencia de tantos intelectuales ante el pluralismo cultural de la nación de ciudadanos, ignorando que en la nación de ciudadanos hay distintas nacionalidades románticas.

El resultado inmediato de este cambio es que el pasado día 11 de septiembre el conseller Boi Ruiz, responsable de la destrucción del sistema sanitario público catalán, la consellera Rigau, de la educación catalana, el conseller Felip Puig, el que distribuye los porrazos, Oriol Pujol, Andreu Mas-Colell y el president Artur Mas, envueltos como canelloni en la bandera cuatribarrada, hayan podido encabezar esta manifestación sin que nadie les reprochara nada. Si ha habido algún grito no ha sido contra ellos.

Ahí está lo paradójico: la bandera lo indulta socialmente todo. Desde los recortes hasta las ilegalidades. Al menos para la población manifestante, que no incluía relevantemente al proletariado catalán. Esto viene de lejos: Jordi Pujol consiguió gobernar veinte años Cataluña sin que la gente le viera como el responsable de la quiebra de Banca Catalana, salvado entonces por el gong de la prescripción penal (y por el fondo de garantía de depósitos, por decirlo todo), y sin que le afectaran los escándalos de sus muy allegados Prenafeta o Macià Alavedra. Los escándalos de la financiación ilegal de Convergència —el famoso 3%—nunca han llegado a los tribunales. La bandera los tapa, como las irregularidades de todo tipo que detecta la sindicatura de cuentas. Las gentes del PSC tampoco están exentas de culpas: ahí está el escandaloso caso de la Caixa de Catalunya, que tememos acabe como Bankia y aquí no ha pasado nada (salvo endeudarnos a todos los contribuyentes por más y por más tiempo); los años de gobierno de la coalición del Psc se perdieron: el de Maragall, enredado en un órdago contra el presidente del gobierno de su propio partido; el de Montilla, por su inoperancia.

Todo eso no debe enmascarar la realidad: 600.000 catalanes, muchos de ellos conversos recientes al independentismo, desfilaron demandando un nuevo y más pequeño Estado neoliberal propio. El entusiasmo de CiU es comprensible: eso es lo que quieren la burguesía y la ciega pagesia que lo apoyan. No les importa que, desde Maastricht, la Unión Europea no admita estados que tengan un déficit público superior al 3%, y que por tanto no puedan financiar políticas de protección social. Falta saber si los conversos recientes son conscientes de eso, o de que en el supuesto de una independencia catalana habría que cargar con la parte alícuota de la deuda de España, de acuerdo con el PIB de cada cual.

Las megalomanías y las «ideas de bombero» (con perdón de los bomberos) campan por Cataluña: ahí está la nueva y desmesurada terminal aeroportuaria de El Prat, a la que todavía están por llegar enlaces aéreos transcontinentales (mientras la vieja terminal está vacía); nadie ha hecho llegar hasta allí un humilde metro; ahí están los carísimos túneles y autopistas realizados bajo la Generalitat, o ahora el proyecto de construir un distrito de hoteles de lujo y casinos justo al lado de un complejo petroquímico… Mientras, se ha destruido ya lo poco bueno que había en las universidades, en las escuelas —que en Cataluña son mayormente concertadas y de hecho inmunes a las inspecciones públicas—, en las compensaciones a las situaciones de dependencia, ridículas, en la sanidad pública, y, last but not least, se ahonda cada día más el distanciamiento en las ideas entre catalanes de origen (por llamarles de alguna manera, porque en Cataluña, salvo en pequeñas zonas sociales nítidamente burguesas, todo el mundo lleva algún apellido no catalán) y catalanes asimilados (por llamarles también de alguna manera que evite la denominación de xarnegos), por no hablar del repugnante racismo y los apartheids contra los inmigrantes recientes en numerosas ciudades catalanas. Los musulmanes ni pueden construir sus modestas mezquitas ni se tolera que recen en la calle. Barrios enteros como El Raval de Barcelona se han convertido en verdaderos guetos multinacionales.

Pero hay también culpas del otro lado, del lado de los gobiernos centrales de España y de los partidos mayoritarios, que ni han sabido educar a la mayoría de los ciudadanos españoles en el respeto a las diversidades culturales, ni dar cabida institucional a las diferencias de lengua, ni, sobre todo y principalmente, tampoco han sabido afrontar la realidad en el camino hacia una organización federal del Estado. Han buscado y obtenido, eso sí, votos de la minoría nacionalista catalana en el Parlamento para aprobar presupuestos y para formar gobiernos. Tanto la derecha como la supuesta izquierda gobernantes.

El federalismo no sólo es débil, sino que es visto con temor; si se alude a él todo el mundo se pone a recordar la experiencia cantonal de la Primera República, como si el paisaje social (en realidad todos los paisajes) no hubiera cambiado desde entonces. Tanto el PP como el PSOE han estimado que su poder les permitía desoir las propuestas de cambio estatutario de las instituciones vascas y catalanas. O tal vez fuera menos su poder que su temor a perder votos. Porque esta gente sólo sabe contar votos y dinero. La España negra, nunca derrotada de veras, es feroz, e introduce sus tentáculos culturales incluso en cerebros supuestamente progresistas. Por decirlo todo, la derecha ha impulsado además una ignominiosa e imperdonable campaña de antipatía hacia las poblaciones de las nacionalidades periféricas. Eso por impedir una más que razonable formulación constitucional que defina a la institución superior de los españoles como una federación de estados y comunidades autónomas.

Ésta es una —una más, pero importante— de las tragedias políticas de la España contemporánea. Incluso el federalismo, de llegar a existir con fuerza, lo tiene mal, porque tendría que contraponerse a ideas identitarias basadas en parte en razones egoístas pero mucho más en emociones y sentimientos. Por fortuna la sombra Serbia queda lejos aún. Pero si en los casi cuarenta años que nos separan de la transición hemos llegado a esto vale la pena preguntarse qué puede pasar no en los cuarenta, sino en los diez años siguientes, o tal vez menos.