La lucha de clases, que no puede escapársele de vista a un historiador educado en Marx, es una lucha por las cosas ásperas y materiales sin las que no existan las finas y espirituales. A pesar de ello, estas últimas están presentes en la lucha de clases de otra manera a como nos representaríamos un botín que le cabe en suerte al vencedor. Están vivas en ella como confianza, como coraje, como humor, como astucia, como denuedo, y actúan retroactivamente en la lejanía de los tiempos.
Antonio Madrid Pérez
El mercado de las certificaciones: las empresas certificadoras y la universidad
El ámbito de la certificación se ha convertido en un espacio de negocio estratégico. El fenómeno es muy interesante porque permite ver cómo se privatizan algunas funciones relacionadas con la actividad universitaria que tradicionalmente se habían organizado como funciones públicas. A continuación se habla de la certificación de conocimientos y competencias de estudiantes universitarios y otras personas interesadas (profesores, personal de administración, profesionales…) mediante un sistema organizado y controlado por empresas privadas. Este sistema de certificación ha sido avalado por la Conferencia de rectores de la universidad española (la CRUE).
La reforma de los planes de estudio universitarios que se hizo con motivo de la implantación a la española de los criterios del ‘Espacio europeo de educación superior’ (el conocido como plan Bolonia) introdujo, entre otras novedades, las ‘competencias’ como contenido del aprendizaje de los estudiantes universitarios. Las nuevas titulaciones (los grados y los másters universitarios) identificaron competencias junto a los contenidos de aprendizaje que tradicionalmente habían tenido las asignaturas. Por ‘competencia’ se entendió la combinación de varios elementos: la adquisición de conocimiento, el desarrollo de habilidades y saber aplicarlos a situaciones concretas. Así, por ejemplo, una competencia de los estudios jurídicos puede ser: comprender y reflexionar críticamente sobre los valores implícitos en el Derecho.
La incorporación del aprendizaje por competencias a los planes de estudio supone, entre otras cosas, que el estudiante universitario ha de ser formado y evaluado sobre ellas. Pero también significa otra cosa, la obtención de la titulación universitaria debería suponer que el estudiante maneja con suficiente solvencia las competencias incorporadas en los planes de estudio que ha seguido.
En medio de este contexto, surgió hace años una iniciativa que se insertó progresivamente en el ámbito universitario: la certificación de competencias mediante lo que se conoce como CERTIUNI. Mediante la web de la “Conferencia de rectores de la universidad española” (http://www.crue.org/) se puede acceder a este sistema (http://www.certiuni-crue.org/). En esta página se explica que este sistema permite a las universidades “ofrecer sistemas de acreditación en algunas de las competencias más demandadas en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior”.
La primera pregunta que surge es si este sistema queda integrado en el mapa de titulaciones y en los sistemas de evaluación de las universidades o si es un sistema complementario por el que el estudiante (o persona interesada) deberá pagar. Se trata de lo segundo. Es decir, los rectores españoles avalan un sistema privado de certificación de competencias que complementa al sistema público de titulaciones ofrecidas por las universidades.
¿Cómo funciona CERTIUNI?
El sistema funciona de la siguiente forma. Se ofrecen certificaciones en idiomas, informática y competencias personales. Por ejemplo, en informática, uno de las certificaciones que se expide es en relación al manejo de Microsoft Office Outlook 2010. En idiomas, se ofrecen pruebas sobre distintos idiomas: francés, alemán, inglés y español. En el apartado de competencias personales, el estudiante puede elegir entre dos pruebas, una larga y otra corta. La larga (4,5 horas) evalúa cuestiones como la cordialidad de la persona examinada, su capacidad para dirigir personas, su resistencia al estrés, la capacidad de adaptación o la capacidad para resolver conflictos en el equipo de trabajo. La prueba corta (1,5 horas) es una selección reducida de la oferta evaluativa que se hace en la prueba amplia.
Para realizar estas pruebas, la persona interesada (estudiante, profesor, administrativo…) ha de inscribirse y pagar el precio de la prueba. Los precios varían según el tipo de examen on line que se haga. En el examen de idiomas puede ir, según las competencias que se quieran certificar, desde 56 a 105 €. Los exámenes consisten en tests on line o las pruebas correspondientes que se establezcan. Una vez realizado el test se emite un certificado que la persona puede incorporar a su currículum vitae.
Las pruebas se organizan en aquellas universidades que lo solicitan a la estructura de CERTIUNI. Por acoger una jornada de certificación, la universidad puede recibir una compensación por los gastos de gestión, difusión, etc. que realice. Entre las instituciones colaboradoras se encuentran: la Universidad de Cambridge, el Goethe-Institut, el Departamento de Empresa y Ocupación del Gobierno catalán o la Confederación española de organizaciones empresariales, entre otras. Las multinacionales participantes: Microsoft, Linux Professional Institute, Oracle, Zentyal y Scrum Manager. El socio tecnológico es PUE (Proyecto Universidad Empresa S.L.).
La empresa Proyecto Universidad Empresa S.L. fue creada en 1998, con un capital social suscrito de 3.005,06 €. La propia empresa explica que es una institución académica fundada bajo un acuerdo de colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). De hecho, tuvo su primera sede social en un edificio de la UPC. Entre sus objetos sociales está: “a) La prestación de los servicios de enseñanza de formación y perfeccionamiento profesional; la educación superior y cursos de orientación universitaria; la capacitación; formación, y profesionalización de personal para empresas; el ejercicio de la enseñanza para la formación empresarial en todos sus ámbitos, en especial mediante el ejercicio de cursos de especialización”. En junio de 2012 se amplió este objeto social añadiendo lo siguiente: “diseño, coordinación, gestión y ejecución de proyectos educativos; consultoría y asesoría educativa; realización de exámenes de certificación”.
Esta empresa trabaja como centro certificador en España de otras empresas de ámbito internacional: Pearson VUE, Prometric y Certiport. Su director ejecutivo y administrador es José Antonio Ufano Ribadulla. En una entrevista de julio de 2012, planteaba su visión de futuro: que la certificación fuera exigida para acceder al mercado laboral. Tanto la certificación de la persona que quiere acceder a un puesto de trabajo, como la certificación del centro formativo.
Las cuentas anuales de esta empresa en 2011 indican una cifra de negocio de 2.888.386 € (en 2010 fueron 2.292.165) y un resultado al cierre del año 2011 de 575.682 € (en 2010 fueron 269.863 €). En 2011 esta empresa ingresó 547.047 € en concepto de subvenciones, donaciones y legados (en 2010 fueron 294.693 €).
Sobre el modelo CERTIUNI
Ante este modelo de certificación surgen varias cuestiones.
1. Stricto sensu, las ‘certificaciones’ ofrecidas mediante este sistema no son tales. Son informes que realiza una empresa privada a petición de la persona interesada. Es extraño que las universidades no hayan desligado su función certificadora de los informes que puede hacer una empresa privada acerca de los conocimientos que tiene una persona en el manejo de nuevas tecnologías, idiomas y competencias personales. (Sobre esta cuestión puede consultarse: Francisco López Merino, El acto de certificación, La Ley, Madrid, 2009).
2. Una universidad bien pensada y gestionada ha de ofrecer estudios de calidad. Es decir, no puede vender humo. Esto afecta a sus contenidos curriculares de las titulaciones, incluidas las competencias. Algo preocupante sucede cuando a un estudiante universitario que cursa un grado o un máster se le sugiere implícitamente que acuda a un sistema privado de certificación (previo pago complementario) para acreditar sus conocimientos. Si estos conocimientos son relevantes han de formar parte de la titulación universitaria. La pregunta que surge a cualquier estudiante es: entonces ¿qué ‘certifica’ el título que voy a obtener al finalizar mis estudios universitarios?
3. La universidad, en tanto que servicio público, tiene capacidad para incorporar, si fuera necesario, los sistemas de comprobación on line de conocimientos. Si las universidades no saben cómo evaluar las competencias que han incorporado a sus titulaciones, o encuentran que han de ser ampliadas, tendrán que buscar un sistema coherente que fortalezca la estructura pública, y no fomentar sistemas privatizadores. De otra forma, ella misma apuesta por la devaluación de sus titulaciones.
4. Un sistema como CERTIUNI se vuelve atractivo bajo una premisa: mejorar el currículum de la persona interesada de cara a encontrar trabajo. El certificado que se recibe, y que la persona incorpora a su currículum, tiene el valor probatorio que la empresa le dé durante el proceso de selección. Ni más ni menos.
5. La actividad de certificación ocupa un lugar estratégico en el contexto actual. Está en juego la hegemonía institucional en lo referente a la formación universitaria. Si no se corrige la tendencia, las universidades acabarán sometidas a sistemas privados que certificarán su capacidad para crear y transmitir conocimientos. En vez de ser las universidades públicas las que establezcan los criterios a seguir, pueden verse (y en parte así está ya sucediendo) sometidas a sistemas privados de evaluación de la competencia formativa de las universidades.
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2013