Tras las pasadas elecciones generales, con la victoria relativa del Partido Socialista, reafirmada en las recientes elecciones municipales, regionales y europeas, se refuerza el cambio hacia un nuevo ciclo político en España, cuyos perfiles y equilibrios están por definir. Sus inicios se produjeron hace un año con el desalojo del Partido Popular del Gobierno y el triunfo de la moción de censura progresista que hizo a Pedro Sánchez presidente del Ejecutivo. Este último año ha constituido una fase transitoria.

Para clarificar el nuevo proceso, en particular la gobernabilidad y su sentido político, hay que precisar, en primer lugar, el carácter y las limitaciones del ‘sanchismo’, su especificidad en el actual contexto y su pugna por la hegemonía en las izquierdas y frente a las derechas, así como sus equilibrios con Unidas Podemos por situarlo en una posición subordinada mientras necesita su colaboración de forma instrumental para gobernar. Así mismo, en segundo lugar, se realiza una valoración de los acuerdos estratégicos, los errores y los límites en el espacio del cambio.  Ambos elementos complementarios constituyen el marco para, en tercer lugar, definir la orientación y la composición del llamado gobierno de cooperación, todavía impreciso, y el alcance y contenido de las negociaciones, quizá, hasta la segunda investidura en septiembre. 

Limitaciones del ‘sanchismo’ 

Hace seis meses publiqué un artículo titulado “Una oportunidad para el sanchismo”). Hay que constatar que esa oportunidad la ha aprovechado al máximo Pedro Sánchez, que ha reforzado su capacidad de iniciativa y liderazgo. Por un lado, partía del fracaso político y de credibilidad del Gobierno de Rajoy, con su gestión regresiva y autoritaria de la crisis social, económica y territorial, plagada de corrupción y fuente de desigualdad. Por otro lado, tuvo que superar, con determinación y resistencia, la incapacidad y el autoritarismo interno de la dirección socialista anterior, hegemonizada por el susanismo y los principales barones territoriales; consiguió el aval mayoritario de los afiliados socialistas para avanzar en un proyecto autónomo y no subordinado a las derechas que pretendían justificar su continuidad como representación exclusiva de los poderes establecidos o del interés de España y su ciudadanía y sin cuestionamiento.

Nacía el ‘sanchismo’ como proyecto diferenciado del de las derechas y superador del lastre de desconfianza ciudadana a la última gestión gubernamental del Partido Socialista, su seguidismo continuista de la normalización política y económica impuesta por las derechas y su impotencia posterior para salir de su crisis de credibilidad social y desafección electoral. Tras el fracaso del primer Pedro Sánchez, con su pacto continuista con Ciudadanos, y dada su debilidad parlamentaria, solo le cabía aproximarse a la otra opción: el acuerdo con Unidas Podemos junto con la colaboración nacionalista. La moción de censura y su investidura estaban hechas. Los suficientes números representativos en el Parlamento, existentes desde 2016, la demanda democrática de la mayoría social, junto con la firmeza de las fuerzas del cambio y los objetivos progresistas compartidos con una nueva voluntad política, redescubiertos por la dirección socialista tras la felonía del Partido Popular, abrieron el camino a la nueva etapa institucional.

El sentido político y la conjunción de fuerzas sociopolíticas que impulsaron este nuevo proceso estaban claras. Por una parte, conllevaba tres tareas fundamentales, mayoritarias en la sociedad española: abordar la fuerte desigualdad desde criterios de justicia social; dejar atrás la corrupción política e impulsar la regeneración democrática de las instituciones, y encauzar el conflicto territorial a través de formas dialogadas. Por otra parte, ante el bloqueo de las derechas (PP y CS), necesitaba unos acuerdos regeneradores y de progreso, aun limitados, para asentarse en el poder. Debía contar con el apoyo de Unidas Podemos, con quien formalizó un pacto político y presupuestario con un significativo contenido social, y los grupos nacionalistas. Imperaba el realismo y el pragmatismo político y la prioridad por los intereses comunes de dejar atrás el ciclo derechista. El acuerdo era frágil pero suficiente para el objetivo transitorio e instrumental de ampliar su base electoral e incrementar su capacidad de liderazgo y la determinación del nuevo proyecto para España, con mayor posición de ventaja.

Su balance, con los resultados electorales y el nuevo mapa político, es positivo. Se ha frenado el empuje de las tres derechas y el riesgo de involución social, política, territorial y democrática. El plan socialista ha aprovechado la coyuntura favorable, derivada de la debilidad del PP y la inconsistencia y división de los demás actores. Ha sido suficiente para conseguir unos objetivos mínimos: romper la hegemonía institucional de las derechas y reforzar su capacidad y centralidad política respecto de los otros dos bloques, socios iniciales, el espacio del cambio y los sectores nacionalistas. Pero su representatividad de 122 diputados es insuficiente. Vale para liderar el Gobierno, dada la ausencia de otras mayorías parlamentarias alternativas y su distancia relativa respecto del resto; pero no es suficiente para garantizar en solitario o sin un compromiso claro y duradero la implementación de su proyecto y la estabilidad gubernamental y parlamentaria.

Ahora no se trata de un plan provisional y poco sólido, aspectos que quedan más visibles como insuficiencias para armar un proyecto fiable y estable para la nueva legislatura. El marco político, este último año, combinaba el avance de esos objetivos progresistas y democráticos compartidos, con la dependencia de una estrategia partidista en el plano electoral que buscaba ensanchar su electorado ante las inminentes elecciones generales, sin necesidad de una auténtica apuesta transformadora y firme en las políticas y alianzas de progreso que es lo que exige la nueva etapa.

El problema principal se sitúa en el proyecto político que engloba, pero va más allá, con dos componentes fundamentales: lo que, de forma a veces simplificada, se menciona del ‘programa’ gubernamental y, por supuesto, la importancia decisiva de la composición gubernamental y ejecutiva, así como los mecanismos que garantizan su cumplimiento. Por tanto, hay que clarificar cuál es el proyecto de conjunto para el país (de países), la estrategia general del cambio de progreso en España, con los apoyos sociales correspondientes, del que dependen la articulación de las políticas concretas, las alianzas parlamentarias y los equipos gestores. 

Una necesidad mutua 

El Partido Socialista presume de sus fortalezas comparativas en el plano europeo, en particular su ascenso electoral, respecto de la socialdemocracia en crisis en países significativos (Francia, Alemania, Italia, Grecia). Se olvida de sus debilidades estructurales e históricas, de las causas profundas que también ha compartido en el pasado: su gestión regresiva y prepotente de la crisis social, económica y política. En España la desafección electoral por su gestión gubernamental de la crisis ya le trajo una reducción de más de cuatro millones de votantes en el año 2011 (respecto del año 2008), incrementados por la disminución de otros dos millones hasta 2016 por su incapacidad para dar una respuesta de progreso.

El ‘sanchismo’, despegado de esa herencia y con un nuevo perfil reformador y democrático, ha demostrado que hay vasos comunicantes entre las bases sociales de ambos campos. Ha recuperado dos millones de votantes desafectos inicialmente, luego intermedios y situados entre los dos espacios y finalmente decantados a su favor. Ahora aspira a continuar con un mayor trasvase, con una perspectiva neo-bipartidista (o de bloques reaccionario/progresista) en el que subsumir el espacio alternativo.

Es decir, se trataría de su proyecto normalizador latente y también querido por los poderes establecidos: Cerrar la oportunidad histórica, abierta hace una década con un peso social e institucional significativo, para implementar un cambio de progreso, real y sostenido, con un reequilibrio de la representación política y la consolidación del espacio del cambio.

Por tanto, el proyecto estratégico asumido por la dirección socialista incluye la estabilización del modelo económico-social dominante y la normalización político-institucional. Tiene una consecuencia directa: la neutralización de esa ‘anomalía’ política e histórica de una dinámica sociopolítica relevante y alternativa, de carácter transformador democrático-igualitario. Su hegemonismo, con su nostalgia del poder, se lo impide. Su reacción al vértigo ante su profundo debilitamiento representativo y el temido sorpasso, a veces utilizado de forma despreciativa, incluso por las derechas, tuvo que ser dura, resistente y ambiciosa, pero a veces, prepotente y sectaria. El reto democrático no superado es su débil respeto a la nueva realidad plural, a otro equilibrio institucional, a un estatus político más complejo y diverso.

Pero liderar un proyecto de progreso pasa por transformar la dinámica política, al menos con dos objetivos de fondo que subyacen en la tensión estructural y la reforma del poder: más justicia social e igualdad (incluida la de género) y más democratización y solidaridad (incluido ante el conflicto nacional, la convivencia intercultural, la sostenibilidad medioambiental y la integración europea). Es el modelo de sociedad y el proyecto político que, con otros antecedentes, se ha ido configurando esta década de dificultades sistémicas y activación cívica. Fundamenta esa corriente popular alternativa, todavía amplia, y demanda una representación política democrática y social, que todavía no puede representar la socialdemocracia existente.

En el plano teórico y discursivo, todavía sin desarrollar por el ‘sanchismo’, es todavía distante del relato y la última gestión socialista, que en esta encrucijada mantiene una ambigüedad retórica y sustantiva. No ha habido reflexión autocrítica. Su prioridad inmediata: ampliar su centralidad y su margen de maniobra política frente a las derechas y a los campos alternativo y nacionalista. Cabría decir que es un objetivo legítimo en el marco democrático y el juego político pluralista; solo que conlleva también una pulsión prepotente, con ventajas ilícitas y desproporcionadas derivadas de la influencia o connivencia de diversos poderes fácticos. Es decir, no hay competencia en condiciones de igualdad, hay una ausencia de suficiente calidad democrática de las instituciones fundamentales, con un sesgo antipluralista, una cultura autoritaria y una ética instrumental basada en el cinismo y la hipocresía. Las desventajas son (casi) siempre del mismo lado: la mayoría social, más vulnerable, la gente crítica y la propia democracia.

En definitiva, el objetivo de los poderes establecidos es cerrar el periodo de relativa inestabilidad político-institucional de las élites dominantes por la articulación de un significativo espacio político-electoral de progreso en un país relevante del sur de Europa. La dirección socialista, cuando menos, mira hacia otra parte. 

El carácter del ‘sanchismo’ 

El ‘sanchismo’ o nuevo PSOE, a veces nombrado con una configuración ampliada nueva izquierda o nueva socialdemocracia, tiene un carácter específico en esta coyuntura española y europea. Tiene componentes comunes de sus tradiciones, pero es distinta de la vieja socialdemocracia y la tercera vía, particularmente la que ha gestionado la crisis desde la austeridad y el neoliberalismo. Y es diferente a la de los dos periodos anteriores: el segundo gobierno de Zapatero de la involución social, que perdió más de cuatro millones de votos, y el del bloqueo, impotencia y continuismo de Rubalcaba y el primer Sánchez, que perdieron otros dos. Desde luego, junto con elementos parciales como el Partido Socialista portugués o el Partido Laborista británico, constituye una esperanza de renovación y remontada para la decaída y desconcertada socialdemocracia europea.

De momento, no hay discurso, relato y, menos, teoría que expliquen un horizonte creíble y motivador, más allá de un ligero reformismo social y cierto europeísmo genérico. Su receta básica para su liderazgo social es su Manual de resistencia; constituye su credibilidad para representar a sus siete millones de votantes, después de haberse atraído a dos de ellos del espacio del cambio. No obstante, está constreñido por las fuerzas dominantes liberal-conservadoras y no tiene voluntad decidida de implementar un giro hacia la izquierda, afianzar un bloque de progreso con una alianza firme con Unidas Podemos y responder a tan amplios déficits democráticos, profundas desigualdades sociales, incluidas las de género, y múltiples dificultades de integración social y convivencia intercultural y nacional.

Su indefinición estratégica, su continuada mirada hacia un acuerdo con Ciudadanos y su incomodidad por la dependencia institucional de Unidas Podemos y, sobre todo, de ERC, para mantener una mínima estabilidad parlamentaria, fijan las constricciones políticas que valoran y condicionan su falta de determinación hacia un auténtico giro social y democrático de progreso. Si a eso le sumamos la ofensiva política y mediática de las derechas, a pesar de su división, y la presión de los grupos de poder, incluido el consenso europeo de Merkel-Macron, comprobamos los fundamentos de su autolimitación reformadora.

El proyecto sanchista es la combinación de un continuismo de fondo en lo económico y territorial, con una leve actitud y retórica progresista. A ello se ha añadido el arrastre de seguridad en el que se ha refugiado una parte de la gente asustada para frenar la involución derechista y sus rasgos más conservadores y segregadores, el antifeminismo recalcitrante y las tendencias autoritarias y centralizadoras de Vox, aunque mirando para otra parte respecto del nacionalismo españolista reaccionario. Ha sido una dinámica en que el espacio del cambio ha estado desbordado y que también ha pagado caro.

No obstante, las expectativas reformadoras en lo social y la credibilidad de la resistencia sanchista a las derechas, más ante la búsqueda de refugio por el temor popular involucionista, le han servido para la recuperación de más de dos millones de votos que habían perdido desde 2015 a manos de Unidas Podemos y sus alianzas. Ello, paralelamente a la menor credibilidad y el debilitamiento de las fuerzas del cambio, derivado de sus tensiones internas, sus errores y sus dificultades políticas y organizativas.

Por tanto, se ha consolidado el ‘sanchismo’ como opción socialista diferenciada de las derechas, con su claro liderazgo interno y un perfil de ligero reformismo social e intento de diálogo, en parte fallido, ante la cuestión catalana.

Se mantiene el relativo empate de las grandes tendencias político-ideológicas, llámense izquierdas-derechas o progresistas-reaccionarias. Actualmente hay una ligera mayoría de progreso, aparte de la polarización nacionalista. Ya he comentado la importancia del reconocimiento de la pluralidad en el llamado campo progresista y la diferenciación entre Partido Socialista y espacio del cambio. Es difícil la articulación de una tendencia intermedia entre ellos (o más radical), por mucho que sea una referencia para algunos grupos vinculados hasta ahora a Podemos, Izquierda Unida o distintas confluencias, más adaptativos respecto del Partido Socialista. El cómo se articule ese empeño puede añadir disgregación, sectarismo y pasividad participativa y lastrar la recomposición de Unidas Podemos que tiene una ardua tarea por delante para renovar, integrar y fortalecer el espacio del cambio.

No obstante, frente a los vaticinios de su descomposición, acariciada desde los más diversos ámbitos, es probable y deseable su persistencia como espacio autónomo de la socialdemocracia, siempre condicionada por su ambivalencia: por un lado, llevarse bien con el poder y gestionar las políticas dominantes en un marco neoliberal, y, por otro lado, presentar un perfil algo reformador y progresista diferenciado respecto de las fuerzas liberal-conservadoras. Cuando han entrado en contradicción abierta, como en esta última década, la socialdemocracia ha sido incapaz de salir de la encrucijada con una opción de progreso.

Además, es dudoso que el ‘sanchismo’ deseche la posibilidad de la política y las alianzas de ‘gran centro’ (con un Ciudadanos reequilibrado, aunque sea a media legislatura y en otros ámbitos), que le asegure una clara hegemonía y estabilidad de la nueva élite gobernante socialista, con una derecha (y ultraderecha) con una cuarta parte del electorado y el arrinconamiento institucional y representativo del espacio del cambio a un diez por ciento (con el síndrome de una segunda IU residual, como vaticinan algunos analistas), así como la contención (no resolución) del conflicto territorial.

Por tanto, camuflado en la responsabilidad y los consensos de Estado, no hay un claro proyecto transformador, social y democrático, comprometido con el achicamiento de las dinámicas derechistas y reaccionarias y un ensanchamiento global de las tendencias democráticas alternativas y de izquierdas, compatible con la ampliación de ambas corrientes progresistas y con un nuevo equilibrio plurinacional.

Parece que el Gobierno socialista es consciente de que no puede reeditar, aunque algunos quisieran, un pacto continuista con Ciudadanos o las derechas, por mucho que propongan ejes ambiguos (modernización, Europa, innovación tecnológica) o acuerdos de Estado. Estos, aparte de los clásicos de Exteriores-Unión Europea, Defensa, Justicia, Interior, Economía, a veces incluyen cuestiones como los pactos educativos, la igualdad de las mujeres, del sistema de pensiones, la transición energética o medioambiental, la reforma fiscal, el mercado de trabajo y la reforma laboral…

Según su plan inicial, el grueso de sus políticas vendría a consensuarse con las derechas y, eso sí, con un Gobierno colegiado y el compromiso de lealtad de sus miembros y distintos escalones. Apenas quedaría espacio para las llamadas políticas ‘sectoriales’ que son las que, supuestamente, tendrían un perfil de izquierdas y negociables con Unidas Podemos a las que se concedería su gestión de segundo nivel. Además, está la importante gestión comunicativa dependiente del objetivo socialista de ensanchar su espacio electoral y achicar el espacio del cambio y no tanto de reducir el conjunto de las tendencias de derecha y ampliar el campo progresista plural.

En definitiva, desde el nuevo mapa representativo salido de las elecciones generales, ratificado con algunas variables en las elecciones recientes, llevamos dos meses mareando la perdiz sobre el carácter y la orientación del nuevo Gobierno; la dirección socialista va avanzando propuestas y condiciones, aunque no termina de clarificar su proyecto. Estamos con emplazamientos, globos sonda, forcejeos, amenazas; o sea, buscando ventajas propias y desventajas para el contrario ante la opinión pública para sacar el máximo partido (poder inmediato y legitimidad ciudadana). Hay que interpretar su trasfondo, en medio de opiniones y debates más o menos interesados y parciales. La realidad se impone: el Partido Socialista se ha reforzado, pero solo no puede garantizar la gobernabilidad, menos ante unas derechas que apuestan por la confrontación abierta; Unidas Podemos y sus aliados están debilitados, pero tienen la representatividad institucional y la fuerza social suficiente para condicionar el proyecto y su implementación. Solo cabe un acuerdo razonable y beneficioso para ambas partes y, sobre todo, para la gente, con un nuevo horizonte de progreso. 

Aciertos estratégicos, errores y límites en el espacio del cambio 

La experiencia popular de exigencia democrática y de justicia social, con una crítica a la anterior clase política, ha sido la base de la conformación de un electorado indignado y diferenciado de ‘esa’ socialdemocracia o ‘esa’ izquierda no despegada entonces de la tercera vía socioliberal y las políticas neoliberales de austeridad. Su perfil de desconfianza a esa clase gobernante y su ideario estaban definidos desde el comienzo del proceso de indignación progresista: más justicia social y más democracia; otra representación política alternativa. Ha constituido la base social y electoral de las fuerzas del cambio. Es el nuevo espacio político configurado en torno a Podemos, Izquierda Unida y su convergencias, aliados y candidaturas municipalistas que tocó techo en los años 2015/16.

Frente a algunas ilusiones, una parte de ese electorado de progreso estaba sin consolidar en su compromiso por la nueva política y representación institucional, que ha estado sometida durante estos cuatro años a un fuerte desgaste político y mediático. Sus aciertos estratégicos, incluida la conformación de una nueva representación política e institucional, fueron insuficientes para hacer frente a las dificultades externas. Sus errores políticos, discursivos y organizativos, con la amplificación mediática, aumentaron su impacto destructivo. Los límites de la inmadurez política, en particular para la construcción y unidad de todo el conglomerado sociopolítico con suficiente arraigo social, en unas condiciones extremadamente adversas, han desbordado las capacidades colectivas de esta nueva élite política representativa del espacio del cambio. No se han arbitrado mecanismos convincentes para su superación, mientras se mantenía la creencia de poseer credenciales propias suficientes y se pronosticaba erróneamente la incapacidad renovadora del Partido Socialista.

No valen algunos análisis simplistas y los discursos que le acompañan. Arrogarse la representación de los de abajo, de la gente, frente a los de arriba no es suficiente. Se ha complicado, al menos, desde el año 2015, en que hubo que realizar algunos acuerdos con el PSOE en Ayuntamientos del cambio y Comunidades Autónomas. ¿Dónde está la dirección socialista, con los de arriba o con los de abajo? Todavía se complica más la respuesta tras el acuerdo de la moción de censura, el apoyo a la investidura de Sánchez y el acuerdo político y presupuestario posterior.

Pues bien, la respuesta es que está en los dos sitios a la vez y según qué circunstancia y momento tiene mayor relevancia una vinculación u otra y, por tanto, la actitud normativa a adoptar. Hoy parece que hay un consenso amplio en que, al menos, el Gobierno socialista cuenta con una amplia representatividad de los de abajo, defiende un planteamiento reformador progresista (limitado y en algunos ámbitos) y hay margen para establecer una colaboración política y gubernamental.

Pero, entonces, es más obligado clarificar el carácter de ese proyecto y esa nueva-vieja estrategia y evaluar el perfil y el discurso específicos de las fuerzas del cambio. Hay que empezar por la constatación no de un bloque progresista homogéneo y conjunto que tiende a absorber a la fuerza minoritaria sino de dos fuerzas con puntos comunes, un relativo estatus quo diferenciado y capaces de acordar un proyecto de cambio.

Por ejemplo, está clara, a nivel popular y mediático, que sin la presencia y la presión de Unidas Podemos y el conjunto de grupos y movimientos sociales, el Partido Socialista solo y sin ese condicionamiento no implementaría tantas medidas favorables para la gente ni utilizaría tanta retórica progresista, feminista o ecologista. Hay una pugna sociocultural y política por ampliar, reconducir o apropiarse aspiraciones legítimas de significativos sectores sociales. La cuestión evidente es que esa experiencia de exigencia reivindicativa, por un lado, y gestión gubernamental reformadora, por otro lado, ha sido insuficiente para frenar el desplazamiento de dos millones de votos de Unidas Podemos hacia el Partido Socialista. Pero, lo que también está claro es que es una experiencia que ha contribuido a mantener a cerca de cuatro millones afines a ese espacio.

Por otro lado, considero que fue un acierto estratégico la controvertida posición mayoritaria de la dirección y las bases de Podemos e Izquierda Unida contra la subordinación al pacto gubernamental del PSOE-Cs con un proyecto continuista y neoliberal en lo socioeconómico y lo territorial. Representaba una dinámica de normalización política con el aislamiento de la tendencia de cambio sustantivo. El coste de semejante actitud de no doblegarse ante un continuismo estructural, con un simple recambio parcial de la representación política y algunas reformas secundarias y abundante retórica, ha sido enorme.

Las ofensivas políticas y mediáticas de los poderes establecidos, incluido las más siniestras cloacas del estado, fueron sistemáticas para conseguir su destrucción como fuerza institucional operativa. Pero haberlo aceptado, con una adaptación a ese marco hegemónico, hubiera causado un desconcierto, subordinación y fragmentación de todo el campo sociopolítico que apostaba por un cambio real de progreso.

Ese acierto en mantener abierta la presión por el cambio sustantivo es la causa de tanta animadversión de los poderes establecidos y los partidos políticos dominantes hacia Unidas Podemos y sus confluencias. Suponía una situación defensiva que ha persistido durante tres años de aislamiento institucional, mediático y político. No obstante, hay que recordar que, precisamente, junto con la resistencia del segundo Sánchez y la mayoría de la militancia socialista y la configuración del ‘sanchismo’ como opción diferenciada frente a las derechas y el susanismo, ha permitido abrir el ámbito institucional hacia un cambio progresista en España (incluido Cataluña).

En este espacio se han cometido muchos errores políticos. El principal por su relevancia para el momento actual quizá sea la infravaloración de esa estrategia socialista de acorralamiento y la cobertura del conjunto del poder, ya perfilada en diciembre de 2015, junto con la respuesta, en forma de emplazamiento público, a través de una propuesta supuestamente a la ofensiva de un Gobierno paritario, pero irreal respecto del equilibrio de fuerzas y las formas, los recursos y la falta de disponibilidad socialista. Suponía cierto subjetivismo analítico y una inclinación institucionalista y voluntarista respecto del poder real y los efectos comunicativos del discurso, fácilmente catalogados de pretenciosos o prepotentes.

Se ha ganado en realismo y menor arrogancia, pero esa experiencia de la mayor trascendencia estratégica, aparte de la crítica externa sistemática y el acoso mediático, ha sido fuente de la división interna, en particular con el errejonismo, y de incomprensión entre algunos sectores. No se debatió de forma serena y unitaria en el proceso de Vistalegre II, demuestra falta de cohesión política y estratégica y es una demostración de incapacidad para afrontar el análisis de las causas del debilitamiento del espacio del cambio y articular la renovación correspondiente.

En el fondo se ha producido una polarización entre las estrategias de adaptación a una dinámica dominante normalizadora (vestida de flexibilidad política, talante amable o de pretendido ensanchamiento a la influencia de las mayorías sociales) o, bien, de reafirmación política y firmeza por un cambio real de progreso, con un campo sociopolítico significativo, aunque con algunas tendencias sectarias.

Estamos en otra etapa. Ese marco estratégico ha cambiado con la nueva situación, precisamente por el éxito de las dos dinámicas resistentes y alternativas a la vez, la del ‘sanchismo’ y la de la mayoría de Unidas Podemos y sus confluencias. Ahora existe relativo consenso en la colaboración con el Partido Socialista, justificada por un contexto diferente, la necesidad mutua y un proyecto de cambio más definido y compartido. Pero la reflexión estratégica todavía es pertinente, condiciona los argumentos y la posición final ante el Gobierno de cooperación y, especialmente, debe clarificar las tareas políticas a medio plazo. 

El Gobierno de cooperación 

La propuesta del llamado Gobierno de cooperación sin coalición ni presencia expresa de los dirigentes de Unidas Podemos, en las condiciones actuales, genera la lógica desconfianza sobre un aspecto central que planea continuamente: sacar ventaja partidista por el control desproporcionado de recursos, poder y legitimidad pública. Afecta también al riesgo de un programa de reformas sociales y democráticas más diluido, sin las prioridades adecuadas, así como de una menor capacidad para su implementación y seguimiento.

El reconocimiento de la legitimidad y la necesidad de un Gobierno compartido, con el liderazgo de Pedro Sánchez y la participación directa y expresa de la representación de Unidas Podemos, mostraría el acuerdo programático conjunto de mejoras sustantivas para la gente y el beneficio común en la consolidación y reproducción ampliada de ambas fuerzas políticas.

La exigencia de Unidas Podemos de su participación en el Consejo de Ministros, además de un acuerdo programático razonable y una corresponsabilidad institucional equilibrada, no respondería a intereses personalistas de sus líderes, en particular de Pablo Iglesias, siempre en el punto de mira por su supuesto hiperliderazgo. Obedecería a la exigencia colectiva de garantías de un proyecto que se desea compartido, beneficioso en términos sociales y democráticos y que permita, legítimamente, la consolidación de ambos espacios, también el de las fuerzas del cambio.

El empecinamiento de la dirección socialista para oponerse tendría que ver con su no aceptación de estos dos puntos clave: garantía de un giro democrático y social y compromiso solidario por el fortalecimiento de ambas fuerzas políticas y sus liderazgos respectivos. Así, la última propuesta socialista (gobierno de cooperación, socio preferente de UP, programa social intermedio, colaboración institucional y parlamentaria y responsabilidades ejecutivas de segundo nivel) va siendo más razonable, pero es insuficiente respecto de ese núcleo indefinido y sospechoso del proyecto gubernamental.

Para Unidas Podemos, en una situación más frágil, su participación expresa es vital; no puede renunciar, ni puede quedar en una posición subordinada, real, simbólica y mediáticamente, que perjudicaría su sentido político, su implantación y su liderazgo. Para el Partido Socialista, sería un ejercicio de reconocimiento positivo de su debilidad relativa para su exclusiva gobernabilidad sin la colaboración de Unidas Podemos -y otros partidos como el PNV-, y sin posibilidad a medio plazo de acuerdo con Ciudadanos; e, igualmente, significaría su renuncia a sacar ventaja desproporcionada en su pugna competitiva por la hegemonía institucional y electoral en detrimento de Unidas Podemos. O sea, serían cualidades democráticas básicas frente al interés corporativo inmediatista. Además, tiene poca credibilidad su amenaza de repetir elecciones sin garantía de incrementar su prevalencia gubernativa frente a unas derechas más unidas y envalentonadas, y aunque extreme su chantaje y su culpabilización a UP y CS y aumentase su ventaja relativa respecto de ellos.

En definitiva, la dirección socialista necesita a Unidas Podemos para asentar su gobernabilidad, y éstos necesitan el acuerdo con el PSOE para hacer valer su representatividad e influencia institucional y reforzar la legitimidad interna y externa de su liderazgo. Están condenados a entenderse, pero los intereses y la relación son asimétricos. La participación en el Consejo de ministros de los representantes de Unidas Podemos es mucho más imperiosa para ellos, en comparación con su exclusión para la dirección socialista (aun con la presencia de independientes afines y sus contradictorios efectos de asimilación o instrumentalización).

Efectivamente, esa última y decisiva condición es una incomodidad para la dirección socialista, como demuestra su resistencia a esa última concesión; pero sus motivos son partidistas e inconfesables: incrementar su prepotencia institucional y mediática, limitar el alcance operativo de sus acuerdos programáticos, explorar los pactos con las derechas y los poderosos, debilitar a su socio preferente sacando ventajas comparativas.

Así, dados los proyectos estratégicos dispares, va a primar el interés instrumental e inmediato de cada parte y el juego político y mediático por reforzar la legitimidad pública respecto del conjunto de actores y el reequilibrio entre ellos. Si estoy en lo cierto, todo indica un camino difícil, controvertido y lento hacia un acuerdo definitivo para la segunda investidura, en septiembre, con un programa de mínimos y una composición gubernamental compartida, ambos aspectos algo rebajados respecto de las exigencias iniciales de Unidas Podemos, pero con su presencia directa en el Consejo de ministros.

Es decir, quién pierde menos con esa condición, arriesga más con el no acuerdo y gana más con un acuerdo razonable y satisfactorio es el Partido Socialista. Si ambas partes juegan bien sus cartas, cosa no asegurada, habrá final feliz. Es posible un incremento de la confianza mutua, una experiencia de colaboración leal y un reparto equitativo de la gestión pública y, sobre ello, una profundización democrática y de progreso (que las derechas y el poder establecido no van a dejar pasar sin una fuerte oposición).

No obstante, y compatible con lo anterior, aventuro cierta inestabilidad al estar sometido este acuerdo forzado y de conveniencia a la disparidad de intereses partidistas, con la probable aparición de distintas grietas: el desequilibrio o el choque en la gestión comunicativa y la legitimidad social respectiva, las distintas presiones corporativas… Pero, sobre todo, a los embates de la legislatura y las nuevas circunstancias políticas y del poder: el giro de Ciudadanos para hacer de bisagra con el PSOE, que le haría más factible a éste el cambio de alianzas y políticas, la gestión dura ante la prolongación de la crisis social y económica, condicionada por los poderosos, incluido las instituciones europeas, el continuismo en materias de ‘Estado’ o el inmovilismo ante el conflicto catalán…

Y otra asimetría, el Partido Socialista debe persuadir a los poderes fácticos, económicos, institucionales y europeos, de la bondad de esta dinámica. Pero Unidas Podemos y sus aliados deben conectar con los sectores populares y activar la participación cívica. Para ellos un buen acuerdo gubernamental es solo el principio o una pata para iniciar en mejores condiciones la imprescindible tarea de refundación unitaria del conjunto del espacio del cambio, en los dos planos de estrategia política y gestión institucional y de vertebración orgánica y arraigo social; y ello, bajo el liderazgo compartido de Pablo Iglesias, Alberto Garzón y Ada Colau y otros dirigentes relevantes, en un nuevo clima renovador e integrador.

El desafío alternativo a medio plazo, su proyecto para esta legislatura es consolidar una dinámica real de cambio de progreso. Los grandes objetivos debieran estar claros; el problema deviene en la aplicación del conjunto de políticas concretas, momento en el que se articulan a través de los intereses de los grandes poderes económicos e institucionales y se corre el riesgo de relegar las demandas y necesidades de las mayorías sociales. Una corresponsabilidad con la inercia o inacción que consolide los graves problemas de la ciudadanía sería una fuente de pasividad y desafección de capas populares a esas fuerzas del cambio.

Por tanto, la dificultad principal está en el carácter del proyecto político y de reforma social e institucional, a veces relleno de retórica vacía. Por ello es importante bajar al detalle de las medidas concretas de los dos ejes fundamentales, el social y el democrático: combatir la precariedad y la desigualdad social, con reversión de los recortes sociales y de derechos y abordaje sistemático de las consecuencias de la crisis socioeconómica y ambiental; modernizar y democratizar la economía y las instituciones, incluida la reforma fiscal y la constitucional y federal del Estado. El resultado: ampliar el espacio progresista compartido en perjuicio comparativo respecto de las fuerzas de la derecha, respetar su pluralidad (incluida la nacional) y afianzar una senda democrática y de progreso a largo plazo.

 

[Antonio Antón es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid]