En el Parlament de Catalunya se está tramitando el proyecto de ley de seguridad industrial en el que se dispone la privatización del servicio público de inspección técnica de vehículos (ITV). Se clausura así una etapa de 23 años de gestión indirecta de este servicio público en régimen de concesión administrativa, a lo largo de la cual el grupo APPLUS ha consolidado un monopolio consistente en la gestión del 83% de las estaciones ITV catalanas, tras adquirir dos de las tres empresas concesionarias.

Siguiendo los cánones de toda ley privatizadora, tras incluir en su preámbulo la declaración de fe en los supuestos beneficios que han de comportar para la ciudadanía la libre elección del servicio y el incremento de la competencia en el mercado, en su articulado se incurre en la antinomia de prescribir que, por vía reglamentaria, deberá establecerse un límite máximo a la cuota de mercado de las empresas operadoras de las estaciones ITV —el eufemismo utilizado para significar el volumen de negocio que se permitirá mantener a APPLUS—.

La incertidumbre no es lo más aconsejable para el buen funcionamiento de la economía de mercado, nos cuentan los expertos. Por ello la poderosa mano invisible que lo mueve ha obligado a nuestros ilustres Diputados a zanjar la cuestión en el periodo de presentación de enmiendas al proyecto de ley.

Así , en el momento en que se escriben estás líneas, sus señorías están enfrascadas en una ruidosa discusión acerca del porcentaje máximo de la cuota de mercado que se reservará a APPLUS (mediante una enmienda parcial introducida por PSC-ERC-ICV-EUiA que propone un límite máximo del 50% y otra de CiU que lo fija en un 35% ), o lo que es lo mismo, el tamaño del oligopolio que han de preservar.

La competencia es una de tantas “quimeras” que figuran en los manuales de economía, por si alguien todavía tiene dudas al respecto.

Con ello, están eludiendo el necesario debate público sobre lo esencial: la naturaleza de la operación financiera mediante la que el fondo norteamericano de inversión de capital riesgo CARLYLE GROUP adquirió el pasado verano la propiedad del 75% del capital social de APPLUS.

CARLYLE GROUP es un engendro económico —alguien lo ha definido como un “negocio para iniciados”— urdido a partir de la “influencia” y “confluencia” de la elite de políticos republicanos y de hombres de negocios norteamericanos que figuran entre su personal directivo (el ex-presidente George Bush padre, el ex-secretario de Estado James Baker III, el ex-director de la CIA y ex-secretario de Defensa Frank Carlucci), así como altos dirigentes políticos y hombres de negocios de Asia, Oriente Medio (la familia Bin Landen) y de Europa (el ex-primer ministro John Major o el rey de los especuladores, George Soros). “El invento” administra fondos por valor de 81.000 millones de dólares mediante 47 Fondos de Inversión que dedica a la especulación en todo tipo de sectores económicos y se ha visto involucrado en graves escándalos de corrupción y crisis empresariales. Por si fuera poco, también detenta la propiedad de importantes empresas dedicadas al negocio de la guerra que forman parte de lo que se ha venido en llamar “el complejo militar-industrial norteamericano” (entre ellas LANDAMARK, INDIGO, UNIT DEFENSE) que fabrican y venden tanques, aviones de guerra o misiles.

El modelo de operación financiera elegido por CARLYLE para la adquisición de APPLUS es el del “pelotazo”: el controvertido leverage buyout o LBO (compra de una compañía usando el valor de los activos de la misma para financiar su adquisición). Lo pone de manifiesto la intención de revender lo adquirido en un corto plazo (expertos consultados lo cifran en seis años) obteniendo de ello importantes plusvalías. Algo que ha venido practicando a escala planetaria, aprovechándose de las políticas de bajos tipos de interés, las ventajas fiscales existentes y la irresponsable laxitud de los autoridades financieras, un factor coadyuvante de la actual crisis financiera mundial.

Mediante una adquisición a crédito, con una mínima inversión (CARLYLE, solo desembolsó 400 millones de euros con cargo a sus propios recursos, de los 1.485 millones de euros del monto total de la operación) su Fondo de Inversión y sus dirigentes pretenden enriquecerse de forma rápida, haciendo recaer la mayor parte del coste de la adquisición sobre APLLUS y sus asalariados, a quienes se invita a asumir el reembolso (mediante el pago de generosos dividendos) del crédito sindicado que obtuvo de La Caixa, Caja Madrid, Caixa Catalunya y otros cuatro colosos financieros para hacer frente a los 1.085 millones de euros del capital social suscrito.

Los otros beneficiados de la operación especulativa han sido los antiguos propietarios de APPLUS: AGUAS DE BARCELONA-LA CAIXA (53,1% de su capital), Unión FENOSA (25%) y Caja Madrid (21,9%), los cuales han visto recompensado con importantes “plusvalías netas” (200 millones de euros en el caso de La Caixa) sus esfuerzos para levantar un emporio económico cimentado en la prebenda, la externalización y privatización del servició público ITV o la certificación industrial, y que ha sido favorecido por el poder político con la privatización de dos empresas públicas de la Generalitat (el Institut d’Investigació Aplicada del Automóvil y el Laboratori d’Assaigs i Investigacions).

Tras la aprobación de la operación por la UE, el Gobierno catalán se ha limitado a exigir, con éxito, un “peaje patrio” sobre tan edificante negocio, consiguiendo que el 25% del resto del capital social de APLLUS quedara en manos de entidades financieras catalanas, convirtiendo de esta forma a Caixa de Catalunya, Caixa Tarragona, Caixa Manresa, Caixa Sabadell, Caixa Tarrassa y el RACC en socios partícipes de CARLYLE en el Consorcio que gestionará APPLUS.

El Grupo La Caixa, tras la venta de su participación, se dispone a librar un nuevo asalto al estado de bienestar, ya que ha anunciado que en el futuro concentrará sus esfuerzos (las plusvalías netas obtenidas) en el negocio del sector de servicios de salud (Mutua Adeslas) y en servicios sociales. Un ejemplo revelador de la naturaleza de la “obra social” que realizan las Cajas de Ahorro de acuerdo con su normativa reguladora, de su peculiar interpretación del mandato de invertir sus depósitos —una buena parte del ahorro de las llamadas clases subalternas— “en la financiación de activos de interés general” y de la obligación de “fomentar el desarrollo económico y social en su actuación”, según se establece en el artículo 4 de la Llei de caixes. (Y todo ello con el beneplácito del gobierno catalán, que renuncia a sus amplias atribuciones sobre las cajas de ahorro contempladas en el nuevo Estatuto de Autonomía).

Ante la renuncia política a la explotación directa del servicio ITV por la administración, y la consiguiente claudicación ante los sucios negocios de CARLYLE y sus socios/ cómplices, a los ciudadanos responsables no nos queda otra respuesta que la objeción a utilizar los servicios ITV CARLYLE-APPLUS, eligiendo a cualquier otra operadora de estaciones ITV de las que se autoricen en el futuro para dar ejemplo de consumo responsable.