De aquí en adelante la pregunta que hay que despejar, en todos y cada uno de los informes sobre la situación social de España, es la de si hay que considerar a los inmigrantes como una población aparte, o si constituyen una pieza de la estructura social. En otras palabras, si es acertado dedicarles un capítulo por separado, o si por el contrario hay que integrarlos en el análisis general. Empezaremos por describir su posición en la sociedad porque la vista dice una cosa y la estadística otra. Con las encuestas en la mano nos aparece que el público entrevistado los percibe como una población extraña y que vive aparte. Pero cuando paseamos por las calles vemos a las mujeres inmigrantes entrar en las casas y salir de los portales con una persona mayor cogida del brazo. Entonces, ¿cuál es su situación en la sociedad? ¿Hay que ubicarlos donde se los percibe o donde les vemos?

La cuestión siguiente es más teórica, aunque se deriva de la descripción anterior. Se trata de responder si el actual modelo migratorio (que es una parte del modelo social), empuja a los inmigrantes al extrarradio, o los incorpora a la sociedad. Entendiendo por sociedad un esfuerzo continuado por tejer lazos y establecer vínculos entre las personas. Y por modelo migratorio un conjunto de modos de hacer que ofrece más o menos libertad y prosperidad a los foráneos. No hablamos aquí de modelo como aspiración ideal, sino de un embudo que los canaliza hacia el interior o el exterior de la convivencia. El modelo comprende, visto de este modo, la política y también sus resultados, es decir, tanto la desviación como el encaje de los migrantes en la dinámica de la sociedad. Concretamente queremos saber si la mayoría de los 6 millones de habitantes que han nacido en el extranjero y actualmente viven en España están siendo conectados o desconectados del compromiso colectivo que supone organizar la vida en común

1.- ¿Todavía son extraños… en la cuarta fase?

En mi opinión, los inmigrantes han atravesado cuatro fases hasta llegar a convertirse en parte de la estructura sociodemográfica del país. La primera, fue la decisión de emigrar, la experiencia del viaje, la vivienda y el trabajo inicial. Durante la segunda etapa, se hicieron con el idioma, y se abrieron a los hábitos de la sociedad. Atrajeron a sus familiares y se asentaron. La tercera fase ha sido la de la crisis, durante la cual se ha puesto a prueba su voluntad. La recesión les ha castigado con mucha intensidad, y tenían menos defensas frente a ella que los autóctonos. Al principio, aguantaron con la esperanza de que la crisis fuera breve, pero luego han tenido que decidir si quedarse aquí, volver al país de origen, o emigrar de nuevo, pero a otro país.

Es fácil comprobar cómo, en las crisis, se achica la cartera de las oportunidades y se amplía la influencia de los patrimonios y de las relaciones familiares. En tiempo de bonanza económica hay más empleo y movilidad social. La función principal de las redes de parentesco y de amistad es la de seleccionar aquello que resulta más adecuado y evitar la precipitación en la incorporación al mercado de trabajo. Son redes para filtrar las ofertas y encaminarlas hacia la movilidad social ascendente. Mientras que en las crisis la tarea de la red familiar y de allegados es la de proteger de la intemperie laboral y de otras calamidades afectivas que refuerzan el hundimiento emocional. La de evitar la humillación y la pérdida de la dignidad.

No es difícil deducir de lo anterior que los inmigrantes tienen menos conocidos en el entorno que los nativos, y poca herencia acumulada en el lugar de destino. Menos recomendaciones, menos dinero, y menos derechos. De modo que tienen en su contra la fragilidad de la red social y su desamparo institucional, aunque tienen a su favor la actitud ante las adversidades y la experiencia de vivir entre dificultades. La emigración es, también, un máster en flexibilidad. Se aprende a superar las barreras administrativas, adaptarse a la situación y descifrar las claves culturales. Es una escuela de ánimo y de carácter. Por eso los inmigrantes que han resistido los golpes de esta gran recesión están en disposición de afrontar una cuarta fase. Ya no son recién llegados, ni el paisaje humano les resulta extraño: son personas que, aunque no han nacido aquí, han vivido aquí los buenos y los malos tiempos; y finalmente, han elegido este lugar para construir su futuro.

Bajo este prisma, a los seis millones de inmigrantes que siguen viviendo aquí no es necesario examinarles de cultura española. Ni catalana, vasca, gallega, andaluza o canaria. No hay que preguntarles si se saben de memoria alguno de los artículos que figura en la Carta Magna, puesto que conocen, y al dedillo, la constitución no escrita, que es la que de verdad afecta a sus vidas. Saben lo que hay que saber del país y de sus habitantes. Y habida cuenta de cuál es su posición en la sociedad, el hecho de no dejarse vencer por la crisis constituye la mejor prueba de su capacidad de integración.

2.- El modelo, el etiquetaje y la política migratoria

El modelo migratorio (MM) tiene como primer cometido situar al foráneo en la escala social. Asignar al inmigrante, una posición en la jerarquía social. Para cumplir con esa tarea, lo primero que hace es construir una imagen que se utiliza para tratar con arreglo a ella al que viene de fuera. En el caso español, la imagen es la de la extranjería, es decir, la de que son extraños y diferentes (Fernández Buey, 2005). Es el modelo migratorio el que hace hincapié en la diferencia cultural. Y a partir de esa diferencia les asigna una posición social inferior y subalterna (en las áreas jurídica, política, social, cultural y laboral) respecto de los españoles. En la pirámide social los extranjeros que vienen a trabajar (la enorme mayoría) ocupan la base, están abajo del todo. Inmigrante es la persona que viene a trabajar por necesidad. Y extranjero es aquel que tiene un idioma y unas costumbres desconocidas. El primero es un trabajador y el segundo un forastero. De modo que si juntamos la diferencia visible con la inferioridad etiquetada tenemos ya las vigas maestras del modelo migratorio. Un mecanismo que, tanto en su vertiente de acogida e inserción de la inmigración, como en la de proteger y asistir a la emigración, se basa en explícitos supuestos de exclusión.

El significado de modelo para el ciudadano común, puede ser el de un desiderátum, una construcción social hecha con el ánimo de llegar a ser casi perfecta. Un conjunto de modos de hacer y de organizarse (vincularse) que nos proporcione más felicidad, paz y prosperidad colectiva. Pero modelo también puede ser una descripción de lo que acontece y de la estricta realidad social. Este es el significado y el contenido que le vamos a dar en este texto. Es el relato de una dinámica que consolida una situación. Por lo mismo, un modelo migratorio puede constituir una aspiración ideal o una política real, una idea de futuro o un conjunto de prescripciones y limitaciones que reducen la libertad. Y puede significar no un fin, sino un medio para sostener (o modificar) el modelo social. Un terreno extramuros o un camino que lleve al interior de la sociedad. En fin, el modelo migratorio es una pieza del entero modelo social que también puede convertirse en una herramienta que se utilice para fabricar o destruir ciudadanía.

El nuestro, el de la piel de toro, ha sido y es un modelo de beneficio económico rápido que se sostiene con la explotación intensiva de mano de obra. Abaratando los costes para aumentar las ganancias en la construcción y en la restauración. Un modelo que además ha acentuado la mercantilización del compromiso social. Es decir, de todas aquellas tareas que nos socializan en la dependencia humana. Ese es, por ejemplo, el caso de los cuidados y atenciones a las personas mayores y a los niños. Esas duras pero nobles obligaciones familiares y comunitarias que enseñan lo que es la responsabilidad entre generaciones y el compromiso con la sociedad, pero que no están adscritas necesaria ni teóricamente a un sexo o nacionalidad. El modelo migratorio, en cambio, las ha atornillado al precio del mercado y a la mujer inmigrante. La mercantilización de los cuidados se apoya en la ideología de la conciliación y en la fragilidad de las formas familiares (Del Olmo, 2013). Familias frágiles, mujeres y hombres igualados en la precariedad laboral, inscritos en un mercado de trabajo basado en el servicio personal, insuficiente, excluyente y desmotivador. Esa es la cara real de la llamada Segunda Transición Demográfica en la sociedad del envejecimiento.

Extranjero es el extraño cultural pero también el que extraña el lugar. Y es precisamente esa etiqueta de extranjería la que ha alimentado la política de inmigración española en los últimos cuarenta años. Treinta años más de extranjería que de inmigración. Sin políticas (programa público) de integración para facilitar y suavizar el desarraigo de los venidos de fuera. Es cierto que en medio de la vorágine de entradas se propuso el empadronamiento como ancla para la inserción social. Y también lo es que ha dado sus buenos frutos, aunque insuficientes para hacer sociedad, es decir, para sentirse parte del compromiso común (Rendueles, 2013). El vendaval de la Gran Recesión, con su impacto en la destrucción de empleo, borró la perspectiva de una política de integración. En el caso de los inmigrantes, la crisis resquebrajó los cimientos de los derechos sociales básicos, aunque, paradójicamente, aceleró su reconocimiento formal como ciudadanos mediante el acceso a la nacionalidad española. Pero el ajuste presupuestario, la destrucción de empleo digno y el impulso del trabajo por horas han determinado un escenario de desregulación laboral, con su correlato de vulnerabilidad social

Nuestro modelo migratorio está infectado de postmodernismo, es decir, de culturalismo extremo en el que desaparece lo material (parece que la igualdad de oportunidades es un hecho en vez de un principio) y se loa la diversidad y la diferencia cultural como sucedáneo para escapar de la injusticia social y de la desigualdad material (Eagleton, 2016). Es ahí donde toma cuerpo el etiquetado de la extranjería como distancia cultural (sin más especificación de a qué se llama cultura, si a costumbres, estudios, idioma, religión o modo de vida) para ocultar que la diferencia real, y más determinante de la vida que se vive y no de la que se imagina, está y anida en lo material.

¿Qué resultado ha obtenido este MM de trabajador barato y ocasional? Empecemos por reconocer que el modelo migratorio de exclusión se ha construido sobre la ideología de la emigración oprobiosa. Un castigo que los pobres se han buscado. Ese modelo, además, se ha cimentado en la concepción, y en la confusión interesada, según la cual la migración es un flujo temporal que no deja huella ni sedimento. Se trata de aves de paso, de inmigrantes de ida y vuelta. En suma, de trabajadores solos, sin familia, y con un nítido proyecto de retornar a su país.

Realmente, los inmigrantes que han venido a España, y en mayor medida aún, los que han resistido el golpeo de la crisis, no eran los más pobres de sus respectivos países, sino las clases medias en sus lugares de origen. Pero el modelo ha construido esa imagen para asignarles una posición penosa en la estructura social y económica. Y respecto a la concepción de la inmigración como flujo volandero nos conviene reconocer que si el ideal del modelo era la estancia temporal del foráneo el resultado ha sido un fracaso. Si, por el contrario, el eje del modelo era la explotación intensiva en sectores de mano de obra abundante y de bajo coste (construcción, SD, restauración y agricultura) el éxito ha sido sobresaliente. El balance final de esta crisis en términos migratorios ha sido la de privatizar los beneficios que produjo la fuerza de trabajo migrante, y socializar los costes de su permanencia. Con este modelo todos hemos perdido protección social.

La política de inmigración que han practicado los gobiernos nacionales y autonómicos durante las últimas tres décadas han sido acordes con los principios de este modelo. En síntesis, se ha subrayado el carácter de flujo y la diferencia cultural de la extranjería como base para legitimar la explotación sociolaboral de los venidos de fuera. El trabajador inmigrante ha quedado enmarcado y oscurecido como persona de costumbres extrañas, y situado en los sótanos de la pirámide ocupacional. Dicho con otras palabras, sus capacidades han sido laminadas por nuestras suposiciones (Izquierdo, A. 2016).

Ha habido, sin embargo, claras diferencias en las acciones de los sucesivos gobiernos. No cabe ignorar que los gobiernos del PSOE han hecho más hincapié en los derechos sociales básicos, y en el costado laboral de mano de obra complementaria; mientras que los ejecutivos del PP se han destacado por su énfasis en el menosprecio de las costumbres y tradiciones foráneas, y por apuntar a la criminalización de las creencias. Pero las diferencias entre los gobiernos no han sido de concepto ni de fundamento, pues el modelo migratorio ha estado basado en la segmentación legal y en la segregación social. La inmigración era un flujo de extraños sin derechos políticos, y el inmigrante un trabajador subalterno. Fue la “Ley de extranjería” del PSOE, en la segunda mitad de los ochenta, la que desató la producción institucional de la irregularidad laboral con su correlato de regularizaciones extraordinarias; y ha sido la “discriminación en el acceso a las prestaciones sociales” del PP, en la segunda década del siglo XXI, la que ha consagrado su discriminación.

Con todo y eso, los extranjeros no se marchaban de España según lo previsto en el modelo; y, además, eran rentables para rebajar los costes laborales y sortear la recesión abaratando la mano de obra. Esos intereses, nada simbólicos, han conducido a apuntalar el modelo mediante dos buenas prácticas, que ya han sido mencionadas. Una ha sido el empadronamiento como fuente de derechos, y la otra, la naturalización como base de la ciudadanía. Ambas políticas presentan sus altibajos geográficos y temporales, así como ciertos procedimientos que son cuestionables, pero su balance es, sin duda, positivo. Y allá, al fondo, siempre ha estado la empatía del común de los españoles con la valentía que supone el hecho de migrar. El recuerdo y la vivencia de la emigración en carne propia ha sido ingrediente fundamental para neutralizar los impulsos racistas. Pues ha sido la sociedad española la que, hasta la fecha, ha sostenido, contra los vientos políticos y las crisis de empleo, un clima general de paz entre autóctonos y foráneos. Y la que ha dado escaso vuelo al racismo electoral.

3.- Las pruebas contra el modelo

Hay datos que indican la voluntad de permanecer, y otros que sugieren que las personas están de paso. Los nacimientos y la adquisición de la nacionalidad del país dónde se vive son hechos que reflejan la decisión de echar raíces y de participar de la vida en común. La natalidad y la atracción de gentes suman habitantes y son las fuentes del crecimiento de la población. La evolución al alza o a la baja de ambos vectores indica cuál es el grado de confianza en el porvenir. Cuanta más confianza nos merece el futuro, más libre es la fecundidad y con más generosidad se acoge a los que vienen. Se tienen hijos porque se piensa que nos trascienden, que hay progreso, y que sus vidas serán más plenas que las nuestras. La seguridad y la fecundidad van de la mano. Los hijos son el signo más robusto de compromiso con el futuro de la causa social. Por la misma razón, los temblores de la sociedad y las restricciones a la inmigración van de la mano. Encerrarse en casa, no presagia nada bueno.

Una sociedad que se siente segura con una mano se agarra a la natalidad y con la otra atrae a la inmigración. Por eso los inmigrantes también forman parte de nuestra seguridad y de nuestra ambición como sociedad fuerte e integradora. Del concepto de una comunidad que atrae y modela al que viene, de nuestro sentido de pervivencia como sociedad que va a más. Que se sabe admirada y con personalidad propia. Una sociedad que aparece a los ojos de los venideros como un destino apetecible. Se sale de un país para establecerse en otro porque se vislumbra una mejora en el día a día, y se confía en que el nuevo lugar nos va a ofrecer un futuro de bienestar. Los migrantes enlazan las comunidades con las esperanzas. Desde esa perspectiva se explica la inercia migratoria, es decir, el hecho de que la instalación de unos sea seguida por la venida posterior de algunos familiares.

La natalidad se nos mete en la sangre. La naturalización en los sentimientos. La primera nos socializa en la dependencia mutua, y la segunda nos fortalece en la voluntad colectiva. La una nos muestra la fragilidad del ser que crece, y la otra la fortaleza de la vida en común. Sabemos que la familia es una escuela de dependencia, y que la comunidad es una fábrica de cooperación. Ambas, natalidad y nacionalización son prueba de implicación y de inclusión en una sociedad. Cuando una persona extranjera se decide a procrear y a solicitar la nacionalidad del país donde vive, eso es señal de que piensa hacerlo suyo, quedarse a vivir y criar en él a su prole. Y los datos de natalidad y de naturalización de inmigrantes extranjeros —en lo que llevamos del siglo XXI, y particularmente en el transcurso de la gran recesión socioeconómica y de la gran regresión político-cultural— nos indican que una parte mayoritaria de la población de origen inmigrante ya se ha convertido en estructura social.

Cuando el siglo despuntaba, es decir, en el año 2000, se produjeron 397 mil alumbramientos en España. Algo más de medio millón (520 mil) cuando irrumpió la crisis en 2008, y 420 mil en 2015, una vez superada la fase más crítica de la recesión. Pues bien, las madres extranjeras fueron las productoras de 24 mil nacimientos en el 2000, 108 mil en 2008 y 75 mil en 2015. En otros términos, su aportación a la natalidad del país representó el 6, 21 y 18 por ciento del total de nacidos en esas tres fechas. Si añadimos la contribución a la natalidad de los padres extranjeros, es decir, si sumamos todos aquellos alumbramientos en los que uno de los dos progenitores es extranjero, el resultado es que crece algunos puntos el peso que tienen en el total de nacimientos.

Ciñéndonos ya al período de la crisis, nada menos que el 24% de los nacidos en España en 2008 era de madre o padre extranjero, y tras la dura prueba de resistencia a la que se han visto abocados, su peso en el total sigue siendo muy notable. Según acaba de hacer público el INE, los nacimientos debidos a madre extranjera representan el 18,4% del total en el Movimiento Natural de la Población correspondiente a 2016. El número medio de hijos de las mujeres extranjeras ha caído desde los 2 a principios de siglo a 1,7 en el último año. Ya hemos dicho que con el termómetro de la fecundidad se mide la seguridad de las parejas y la confianza que tienen en el futuro del país. Disminuye la fecundidad cuando aumenta la incertidumbre. En conclusión, en realidad al menos una cuarta parte de la estructura natalicia de España es de origen inmigrante. Decimos “al menos” porque a ese 18% cabe agregarle el aporte de nacidos que procede de matrimonios mixtos y de progenitores naturalizados. Es decir, hay que sumarle los hijos de los nuevos españoles (que son los inmigrantes extranjeros que han obtenido la nacionalidad por voluntad propia) y los que proceden de padre extranjero y madre española.

Ese es, precisamente, el segundo pilar de esta conversión de la inmigración en estructura antes demográfica y ahora política. Puesto que, si el aporte de la natalidad era una contribución a la reproducción natural de la población, la adquisición de la nacionalidad española lo que hace es producir ciudadanos. Por esa doble vía, los inmigrantes contribuyen a la vida de la sociedad y a la vitalidad de la democracia. Apenas 12 mil extranjeros se convertían en ciudadanos españoles en el año 2000, 84 mil en 2008, y 78 mil en 2015. El promedio en estos tres lustros ha sido de 77 mil nuevos españoles cada año, lo que hace un total de un 1.250 mil. Ese millón y cuarto de extranjeros nacionalizados españoles no observa un crecimiento continuo, sino que se quiebra siguiendo los avatares administrativos en la resolución de los expedientes. Lo que sí se ve, en la gráfica que dibuja su evolución, es que se ha producido una meseta que supera los 100 mil anuales entre 2010 y 2013, es decir en plena gran recesión. La cúspide de concesiones anuales se alcanzó en 2013 con más de 260 mil naturalizaciones.

En otras palabras, el montante de naturalizaciones o, por así decirlo, la producción anual de nuevos españoles, no se corresponde con el flujo de solicitantes de ese año sino con el quehacer resolutorio de funcionarios, notarios y registradores. Pero lo que aquí nos interesa es que, cada año del nuevo siglo, la máquina estatal genera, produce y convierte a casi 80 mil extranjeros en ciudadanos españoles. Este es otro signo de estructura que nos obliga a renegociar nuestros hábitos civiles y nuestra vida democrática. Y si sumamos nacidos, trabajadores inmigrantes y extranjeros naturalizados, tenemos una parte cada vez más significativa de la ecuación que resume la reproducción demográfica, social, cultural y política de la sociedad española.

Pero para procrear y naturalizarse hace falta tiempo. Construir una familia y decidirse a echar raíces requiere sopesar los pros y contras. Y a tenor de lo que miden varias fuentes estadísticas, los inmigrantes se han instalado y ya tienen suficiente experiencia de vida en España. Según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) el 44% de las personas nacidas en el extranjero llevan más de 10 años viviendo en España. Y, siguiendo a M. Miyar, tres de cada cuatro foráneos superan los 6 años de residencia continuada en el país. Por otra parte, la Encuesta de la Población Activa del III Trimestre de 2016 refleja una antigüedad media de 13 años de residencia. Otra manera de certificar esa estancia prolongada es la evolución que sigue el régimen de tenencia de vivienda. Y, visto desde este ángulo, lo que sucede es que si nos atenemos a la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), y también según lo que refleja la ECH, está creciendo el número de inmigrantes que son propietarios del piso en el que viven. En fin, es razonable suponer que un trabajador foráneo no se compra, con dificultad y esfuerzo, una vivienda familiar, si no piensa quedarse a vivir un largo tiempo en ese lugar.

El foso social se ensancha y el puente levadizo se queda corto

En este artículo he ofrecido datos y argumentos para sostener que los inmigrantes son unos más de los nuestros, aunque no los sintamos como tales. En otra ocasión me ocuparé de las barreras emocionales y culturales que nos separan. Me basta ahora con que quede claro que, aunque no sean hermanos de sangre, sí que lo son de sudor y de lágrimas.

La crisis nos ha impregnado a todos, autóctonos y foráneos. Nos ha rebajado, moral y socialmente. Somos también más pobres en lo económico y en lo político porque se han recortado los salarios y los derechos. En definitiva, la prolongada y profunda reestructuración que se ha operado en el entramado social ha encadenado a una parte significativa de la población a la precariedad y ha acercado a otros muchos a esa zona de exclusión. Ha convertido en vecinos y hasta en gemelos en la vulnerabilidad a autóctonos y foráneos. Esta crisis asemeja cada vez a más personas en la debilidad y en la infelicidad al contrario de lo que proclamaba el gran Tolstoi en Ana Karenina. Por decirlo de otro modo, nos hemos hecho a vivir en las rebajas sociales, pero lo que aún ignoramos es cuánto tiempo tardaremos en mutar en conversos y rechazar a los próximos.

Es una paradoja que cuando la desigualdad y la pobreza aumentan, el resultado sea el parecido y no la diferencia. Una de las posibles explicaciones es que la sociedad española se ha reducido. La sociedad vinculada, es decir, la que tiende la mano al otro. Por un extremo se han desentendido de ella los ricos; y por el otro lado se han desenganchado los pobres. Sucede además que los segmentos intermedios se resquebrajan y achican. Jesper Roine explica bien cuál ha sido la evolución que ha seguido el 1% de los acaparadores en los países más desarrollados y cómo se han distanciado del resto de la población en las últimas tres décadas. Por su parte, y para el caso de España, Manuel Lago nos describe el empobrecimiento de los desahuciados durante la gran recesión. El resultado de todo ello es que el foso social entre unos y otros es más ancho y profundo. Y lo que ocurre en esta crisis es que el puente levadizo que llamamos Estado de Bienestar se ha quedado corto, y no llega a tocar la otra orilla. Aquellos que se han quedado extramuros no tienen modo de cruzar al otro lado para incorporarse al quehacer social.

En efecto, según el análisis que hace M. Lago, a lo largo de la recesión todos los tramos salariales han perdido poder adquisitivo en España. El 10% que más cobra ha perdido el 3%, mientras que el 10% que menos cobra ha visto reducido su salario real en un 25%. El 30% de los trabajadores (4,3 millones de personas) tiene una nómina mensual que no llega a los 950 euros brutos. Es decir, uno de cada tres asalariados no llega a ser “mileurista”. Ocurre, además, que entre ese 10% de personas que tienen los salarios más bajos (411 euros/mes) el 73% son españoles, el 23% extranjeros y el 4% tiene doble nacionalidad. En términos absolutos 1 de cada 4 pobres son españoles, pero en términos relativos, y teniendo en cuenta que los extranjeros representan el 10% de la población total, son los inmigrantes los que más sufren la pobreza, y a los que ha golpeado la crisis primero y con mayor intensidad. También son los que antes han experimentado que la superación de la crisis no es sino el “empobrecimiento de la pobreza”, tal y como subraya el informe Foessa.

De modo que no somos los de antes, pero la mayoría, cada día que pasa, nos parecemos más. Después de una profunda recesión económica, una inacabada crisis política y medio siglo de crecimiento del individualismo, se puede decir, sin temor a equivocarse, que todos somos otros. Si antes de la recesión los inmigrantes eran los recientes, los menos aclimatados, los que estaban solos y vivían aislados, ahora es evidente que todos somos extraños en medio de un paisanaje desabrido y un paisaje descompuesto. La versión pesimista es que la crisis nos ha vencido y la optimista es que la mayoría ha resistido. Por en medio hay que recordar que algunos españoles y bastantes foráneos se han ido. Se han marchado para no volver; o quizás para volver, pero siendo distintos. No nos olvidemos de ellos, pero ocupémonos, en este texto, de los que se han quedado. Porque a ellos, a los que han resistido la prueba, no hay que examinarlos de cultura española. Ya conocen de primera mano cuál es la diferencia entre la Constitución escrita y la real, y han aprendido, por propia experiencia, de qué materiales está hecha la que repercute en su vida diaria.

Ya no se trata sólo de acoger a gentes que vienen de otros países, sino también, y, sobre todo, de incluir o excluir a los asentados. De verlos y considerarlos como unos ciudadanos más, como estudiantes, como policías y funcionarios. Siempre habrá flujos de recién llegados y nunca dejarán de entrar nuevos alumnos en las escuelas, pero la puerta que hay que abrir en la ley, en el trato y en las mentalidades es que esos 6 millones de personas que no han nacido en España forman ya parte del nosotros común. Tenemos que vernos como un puzle en el que las piezas no encajan sin hacer un esfuerzo. Eso es precisamente la sociedad: hacer un esfuerzo en común. Ciertamente hay gentes entre nosotros que piensan que los inmigrantes no son unos ciudadanos más, sino que lo que están es demás; que sobran y que nadie les ha llamado. Y esos ciudadanos tienen sus razones para sentirlo así porque son los más afectados por la falta de trabajo y de ayudas sociales y, por lo tanto, los que peor lo pasan en su día a día. Espero haber suministrado algunas pruebas y argumentos para que los vulnerables autóctonos no los vean como sus enemigos y que los consideren de los suyos.

Al final del recorrido que hemos desarrollado, aparece el conveniente cambio de modelo migratorio. Para su diseño se requiere de un debate público mediante el cual se construya otra imagen y otro concepto de la inmigración. La imagen del trabajador capacitado que necesita, para superar el bloqueo ocupacional, la igualdad de trato y de derechos. Y el concepto de una inmigración individual y familiar que no es sólo un flujo, sino que forma parte de la estructura social y de la comunidad política.

Bibliografía

Del Olmo, C. ¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en una sociedad individualista. Ed. Clave intelectual, Madrid, 2013.

Fernández Buey, F. Inmigración: propuestas constructivas. Revista electrónica La insignia (julio de 2005).

Fundación Foessa. “Etiquetas para la discriminación” en el Informe Desprotección Social y Estrategias Familiares. Análisis y Perspectivas, junio 2017, pp. 33-38.

INE. Movimiento Natural de la Población. Datos provisionales. Nota de prensa, 22 de junio de 2017.

Miyar Bustos, Mª. Presentación del nº 24 de la revista Panorama Social y FuncasBlog-boletín semanal 6-1-2017.

Eagleton T. Cutura. Ed. Taurus, 2016.

Izquierdo Escribano, A. "Política de inmigración y ciudadanía en el nuevo escenario: algunas propuestas". Panorama Social, nº 24, segundo semestre de 2016, pp .157-170.

Rendueles, C. Sociofobia. El cambio político en la era de la utopía digital. Ed. Capitán Swing, Madrid, 2013.

Lago, M. "Análisis de los deciles salariales: aumenta la pobreza y la desigualdad salarial". Gabinete Confederal de CCOO. Noviembre 2015.

Roine, J. Piketty esencial. Ed. Ariel, 2017.

[Este artículo es una ampliación de otro titulado “Etiquetas para la discriminación” que acompañaba el Informe de coyuntura de 2017 "La Desprotección social y las estrategias familiares” de la Fundación Foessa.]

29/6/2017

Las sirenas y los referéndums unilaterales no existen

José Luis Gordillo

Empecemos por el final. Según lo prescrito por el Derecho Internacional, a un Estado sólo se le puede considerar plenamente soberano si ejerce un control efectivo sobre el territorio que gobierna. Desde 2012, en Catalunya diversos dirigentes políticos, periodistas_ e intelectuales independentistas han coqueteado con la idea de proclamar una "declaración unilateral de independencia", a partir de la premisa de que el Estado español no va a permitir un referéndum de autodeterminación y mucho menos una secesión pactada. A todos los que han fantaseado con esa idea, lo primero que habría que preguntarles es cómo piensan tomar el control, el día después de la citada declaración, de las fronteras, los puertos y los aeropuertos catalanes, esto es, de esos lugares por donde transitan cosas tan vitales para la economía catalana como son las mercancías, los turistas y los recursos energéticos. Y también habría que preguntarles cómo piensan expulsar a los militares, guardias civiles y policías españoles que ejercen sus funciones en Catalunya. La cacareada DUI plantea otros muchos problemas, pero comparados con los anteriores, el resto son collonades como diría Josep Pla.

A poco que se piense sobre ese asunto, se llega fácilmente a la conclusión de que sólo hay dos vías para alcanzar los objetivos antedichos: la violenta y la no violenta. La primera tendría como resultado más que previsible unos cuantos muertos y heridos de los dos bandos, y la segunda muertos y heridos únicamente del bando que hubiera optado por la acción no violenta. En todo caso, lo que sucedería después del baño de sangre es imposible de prever. Podría ser, por ejemplo, el inicio de un prolongado conflicto violento de alta o de baja intensidad. Hay que amar muy poco a Catalunya y a los catalanes, para decirlo con los términos místico-patrioteros tan del gusto de los nacionalistas, como para fantasear con un escenario semejante, el cual parece imaginado por aquellos maoístas que publicaban un periódico titulado "Servir al pueblo" y que sus críticos traducían irónicamente como "Hervir al pueblo".

Las mismas mentes preclaras que han flirteado con la idea de la "declaración unilateral de independencia" han propuesto ahora un "referéndum unilateral de autodeterminación" o, lo que es lo mismo, la celebración de un referéndum para decidir, nada más y nada menos, que la secesión de Catalunya teniendo en contra al Estado español. Con independencia de que eso por sí mismo ya supone una ruptura con el ordenamiento jurídico vigente, creer que es posible llevar a cabo dicho referéndum en esas circunstancias es como creer en la existencia de los unicornios, las sirenas, los ángeles o el espíritu santo. Y eso lo saben perfectamente los miembros del actual Govern de la Generalitat.

Lo saben porque fueron elegidos en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 que ellos mismos bautizaron como plebiscitarias al constatar que el Estado español no les permitía celebrar, mira por dónde, un referéndum. Si éste no se podía hacer en condiciones, pensaron los del Junts pel Sí y la CUP, entonces alternativamente se podían convocar unas elecciones que el Estado español no podía prohibir porque estaban autorizadas por el propio ordenamiento jurídico español.

Ciertamente no fue la mejor de las soluciones posibles, pero al menos aquellas elecciones plebiscitarias se celebraron con las mínimas garantías exigibles a todos los procesos electorales y/o refrendatarios: censo electoral fiable, colegios electorales custodiados por la fuerza pública, junta electoral neutral, sistema riguroso de recuento de votos, elección por sorteo de los miembros de las mesas electorales y, esto es importante subrayarlo, procedimientos reglados para poder recurrir las posibles irregularidades, ilegalidades o pucherazos que se pudieran producir. Y, por cierto, en esas elecciones, que tuvieron una participación elevada, fueron a votar los del SÍ y fueron a votar los del NO y en la campaña electoral previa unos y otros pudieron exponer sus argumentos a favor y en contra de la secesión. Como sabemos, el resultado en votos de dichas elecciones (el único admisible para unas elecciones plebiscitarias) consistió en una derrota para las fuerzas independentistas.

Los parlamentarios de CSQEP han invocado las condiciones de la Comisión de Venecia como el mínimo exigible para apoyar un referéndum de autodeterminación convocado por el Parlament. Eso está muy bien, pero podrían haber añadido que era intolerable que, de entrada, ni siquiera prometieran las mismas condiciones con las que se celebraron las elecciones en las que ellos mismos salieron elegidos diputados. Como eso no lo van a poder asegurar porque, a diferencia de las elecciones del 27-S, ese hipotético referéndum va a ser boicoteado por el gobierno español, ya se puede afirmar con toda seguridad que el uno de octubre no va a haber ninguna clase de referéndum digno de ese nombre.

Ese día, sin duda, se llevará a cabo una importante movilización social en Catalunya. La forma que adopte puede ser algo parecido a una perfomance con urnas y colas de gente pidiendo votar. Es más que probable que ese día cientos de miles de personas se echen a la calle y, tal vez, se produzcan incidentes cuyo alcance y consecuencias no es posible prever en este momento. Esa movilización social e institucional va a tener enfrente un Estado español sumido en la crisis política más grave desde los tiempos de la transición. El 1-O podría ser un hito en la lucha por la plena democratización del Estado español si ese fuese el objetivo perseguido por los nacionalistas catalanes, pero el problema es que no lo es. Puigdemont, el día de la presentación de la pregunta y la fecha de dicha perfomance participativa, afirmó que para él eso sería un referéndum vinculante cuyo resultado empezaría a aplicar al día siguiente. Es decir, que si a la perfomance susodicha van a votar 500.000 personas y 350.000 votan a favor de la secesión, ésta comenzará el día después con una "declaración unilateral de independencia". Ese es el final deseado por los timoneles del procés cuyos desastrosos efectos prácticos ya se han apuntado al principio de esta nota.

Lleva razón Jordi Évole cuando dice que los dirigentes independentistas parecen haber apostado por la política del cuanto peor, mejor después de su derrota en votos en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015. Las fuerzas políticas partidarias de un referéndum de autodeterminación pero contrarias a la independencia (con un argumentario, por cierto, desconocido hasta la fecha: ¿cuáles son, por ejemplo, los argumentos in extenso de Unidos Podemos o de Catalunya en Comú para oponerse a la independencia?) harían bien en tomar distancias del bloque independentista. Prestarse a ser su masa de maniobra y a hacerle gratuitamente la campaña electoral a ERC no parece una buena idea a la vista de su aventurerismo suicida y manipulador. Si han decidido estrellarse contra las rocas atraídos por el canto de las sirenas de sus ensoñaciones onanistas, pues que se estrellen ellos solos. En ese sentido vale la pena señalar que entre las bases de los "comunes" ha empezado a circular una idea que convendría sopesar con detenimiento: convocar el uno de octubre una manifestación en Madrid (pues es allí donde no se permite a los catalanes decidir libremente su futuro) con el lema: "Por la regeneración democrática de España. Autodeterminación Sí. Independencia No".

Desde 2012 la agenda política catalana se ha centrado en un único asunto y ese asunto ha excluido a todos los demás. No es que no se hable de ellos, pero si se hace todo se posterga y se subordina al resultado del interminable procés. En Catalunya, desde hace cinco años, estamos esperando que llegue el gran día en que dé comienzo el milenio de los justos, pero ese día se retrasa una y otra vez. Mientras tanto, como ha escrito Guillem Martínez, la sociedad catalana ha quedado anclada al Gobierno de la Generalitat.

Por otra parte, el Parlament de Catalunya se dedica a aprobar leyes que después el TC declara inconstitucionales. Algunas Consellerías de la Generalitat, como la de Ensenyament, dan toda la impresión de estar sumidas en el caos administrativo. En relación con el conflicto catalán, casi todo el mundo da por sentado que al final van a ganar los unos y van a perder los otros. Pero hay una tercera posibilidad que casi nadie parece tener en cuenta, a saber: que el conflicto catalán se enquiste, se eternize y se acabe convirtiendo en el inicio del colapso de Cataluña y España. Antonio Turiel ha escrito un par de textos muy provocadores al respecto ("Cataluña ante el colapso" y "España ante el colapso" en su blog The Oil Crash) sobre los que convendría reflexionar. Lamento el tono tremendista de la nota, pero empieza a ser muy irritante el oportunismo político de vuelo gallináceo, la ligereza y la frivolidad con las que se opina sobre este asunto.

29/6/2017

Catalunya: ¿estación término?

Albert Recio Andreu

Las series de larga duración son uno de los productos preferidos de la televisión pública catalana, y en un mundo digital y mediático ya se sabe que la realidad acaba pareciéndose a la ficción. La historia del procés parece ser la obra de un guionista siempre dispuesto a introducir giros para que la serie no decaiga. Tampoco es tan extraño, porque hay razones para pensar que los guionistas de los medios públicos han intervenido de alguna forma para configurar algunas de sus etapas. Las exitosas y lúdicas manifestaciones del 11 de septiembre se parecen mucho, en su organización e iconografía, a las exitosas movilizaciones que organiza periódicamente TV3 (La Marató, una gran recolecta anual para financiar la investigación médica, la Festa dels súpers, etc.; incluso la masiva movilización en apoyo de los refugiados contó con la inestimable participación de este medio). Y ya se sabe que para que las series no decaigan se requieren puntos de tensión. Cuando escribo estas líneas estamos llegando, al menos en apariencia, al desenlace. Pero a fecha de hoy falta mucha información para tener alguna idea de por dónde irán algunos tiros. Hay demasiadas pistas falsas, y lo único a lo que me atrevo es a plantear algunas cuestiones que considero básicas, pese al riesgo de caer en la reiteración.

El procés es, como muchas otras cosas, el producto de una historia nefasta que nos conduce a una situación que puede resultar catastrófica. Por un lado, parte de la sociedad catalana siempre se ha considerado extranjera en España y siempre ha soñado con tener un Estado independiente. Es una posición asentada en agravios tanto pasados como nuevos (el desprecio hacia la lengua catalana por parte de las autoridades estatales, el diferente trato fiscal respecto a Euskadi, etc.), en un cierto sentimiento de superioridad y en un cierto sentimiento localista (el independentismo siempre ha estado más asentado en la Catalunya extrametropolitana, con más peso de lo rural). El independentismo y el nacionalismo conservador han basado su fuerza en esta franja de población, bien cohesionada como sociedad civil gracias a una densa variedad de entidades y organizaciones. Pero la activación del proceso ha sido en parte mérito del PP, que desde antes de la victoria de Aznar empezó a utilizar la cuestión catalana como un arma política para reforzar su hegemonía estatal. Solo cuando Aznar tuvo que gobernar en minoría amainó el ataque, pero el segundo mandato con mayoría absoluta fue nauseabundo. La historia posterior del fallido Estatuto de Autonomía (con la inestimable aportación del PP, parte del PSOE y el Tribunal Constitucional) generó un proceso de radicalización en la sociedad catalana, especialmente importante entre las capas medias urbanas (mayoritariamente catalanohablantes), en las que se produjo una emigración de parte de los votantes socialistas hacia el independentismo.

En el mundo independentista coexisten tres horizontes utópicos: el de los independentistas tradicionales, cuya gran aspiración es contar con un Estado, una sola lengua, una sola bandera, selecciones deportivas propias, etc.; el que podríamos llamar un “utopismo antipepero”, la creencia de que romper España es sobre todo la forma más fácil de perder de vista al PP y a la casta dominante en el Estado español, y el independentismo anticapitalista, que cree que con un nuevo Estado sería posible crear un marco institucional alternativo, de soberanía democrática y socialista. Esta posición ha estado tradicionalmente encarnada por la CUP, un partido que en bastantes cosas ha tenido como espejo el modelo del abertzalismo vasco, pero al que se han sumado también con bastante entusiasmo las distintas corrientes del trotskismo, tanto la gente del POR (Partit Obrer Revolucionari) integrada en EUiA como los anticapitalistas, que tienen una fuerte influencia en la versión catalana de Podemos. La visión de los trotskistas es más sofisticada que la de la CUP; tiene que ver con la fascinación que les han provocado las movilizaciones independentistas y con el convencimiento de que cualquier ruptura abre espacios a cambios más radicales.

La viabilidad real de la propuesta independentista es casi nula. No solo porque las élites del Estado español no tienen previsto dar ninguna oportunidad al proyecto (algo que, además, se ha visto reforzado por que la alternativa de la derecha a un PP erosionado es Ciudadanos, un partido nacido en Catalunya precisamente como polo opuesto del independentismo catalán, con el que comparte su obsesión monotemática), sino especialmente porque no hay apoyos internacionales dignos de crédito. El independentismo catalán nunca ha entendido, o querido entender, que la proliferación de nuevos estados en Europa del Este fue menos el reconocimiento de los derechos nacionales de pequeños países y mucho más la voluntad de desguazar el antiguo bloque soviético, de contar con un cinturón de microestados a los que poder manejar y donde llevar a cabo rentables operaciones económicas. El oeste no se toca, porque hacerlo desestabilizaría a los grandes países. Y si la geopolítica no funciona, solo queda la fuerza. Confundir el éxito de movilizaciones puntuales con la fuerza que se requeriría para manener un conflicto civil de desobediencia al Estado central es, a mi entender, desconocer la realidad de la sociedad catalana. Sobre todo de los sectores de profesionales, de funcionarios, de empleados públicos, que son los que deberían sostener un conflicto de este tipo.

No creo que los líderes independentistas ignoren sus propias debilidades (aunque en todos los partidos pululan grupos de fans irreflexivos que se creen la propaganda y que provocan la toma de decisiones erróneas). Por esto la marcha del procés, como los seriales, ha estado jalonada de momentos pensados para generar unas expectativas y unos resultados que cambiaran efectivamente la correlación de fuerzas y forzaran cesiones del Gobierno central. Este, y no otro, fue el papel de la consulta del 9-N y de las llamadas “elecciones plebiscitarias”. En ambas el independentismo alcanzó un resultado agridulce: constató su capacidad de movilización, pero no pudo obtener la mayoría absoluta social que lo hubiera legitimado para una acción más osada. De hecho, en los primeros momentos postelectorales se reconoció que no se había alcanzado el objetivo. Pero al poco tiempo el entusiasmo de los inasequibles al desaliento les hizo olvidar su falta de apoyos y volvieron a retomar la vía rupturista. Es curioso que hayamos pasado de unas plebiscitarias que perdieron (en su objetivo de obtener la mayoría absoluta) a la propuesta de un referéndum que en el momento de las elecciones consideraban “pantalla pasada” y que solo defendía la candidatura de los Comuns.

III

El referéndum, tal como está planteado, tiene nulas posibilidades de ser algo diferente de la consulta del 9-N, de una movilización a favor de la independencia promovida y gestionada por sus defensores. Un referéndum neutral exige unas condiciones que difícilmente van a producirse. La limpieza de cualquier proceso electoral depende de cuestiones formales que aquí no se van a dar. Una de las que estimo más pertinentes es que las mesas electorales están formadas por personas elegidas por sorteo. He participado en suficientes elecciones como apoderado para constatar el empeño que tienen estas personas en hacer un trabajo limpio (a pesar de que la mayoría se manifiestan antipolíticos y consideran que estar en las mesas es un castigo inmerecido). Ahora mismo no veo otra forma de celebrar el referéndum que recurriendo a voluntarios entre los convencidos del procés. Es uno más entre los múltiples déficits formales. Ello sin contar que si algo no va a producirse en absoluto es un mínimo debate sobre los pros y los contras de la independencia. La falta de buenos debates es endémica, pero en este caso estamos ante una situación de mera propaganda. Basta con sintonizar alternativamente los medios de comunicación controlados por los dos bandos.

Que el referéndum, en caso de celebrarse, no va a ser otra cosa que una movilización bajo la forma de una consulta es responsabilidad de quien lo organiza. Pero también de quien se niega a realizar un proceso legal bajo la excusa de que la Constitución lo prohíbe. Es un subterfugio utilizado tanto para dar un portazo a cualquier debate como para deslegitimar las demandas de la población catalana. En un país donde los referéndums no son vinculantes tiene que haber un espacio legal para someter a consulta lo que la gente quiere y, a la vista del resultado, adoptar medidas. A los que argumentan que sería una toma de posición unilateral (algo inevitable en cualquier proceso de separación) se les debería recordar que, en el caso de que un referéndum legal en Catalunya diera una mayoría clara al independentismo, siempre habría espacio para realizar una contraoferta que fuera a la vez votada en Catalunya y en el resto del Estado. La ley es a menudo lo suficientemente ambigua como para posibilitar interpretaciones diversas. Y, en este sentido, el inmovilismo centralista debe responder de sus propias intransigencias.

No está claro qué va a ocurrir en septiembre. Los independentistas, con sus prisas, sus promesas y sus equilibrios internos, no tienen más opción que lanzar el envite. No hacerlo a estas alturas les hundiría en el descrédito. Y ante este desafío caben pocas alternativas. Una, la de tolerar la consulta y después degradarla, ya se hizo el 9-N y tiene pocas posibilidades de repetirse. El PP y sus aliados no están dispuestos a permtirla. Si esta posibilidad se cierra, las alternativas son la aplicación de diversos grados de coerción para impedirlo o limitar la extensión real de la acción. Aquí se abre un abanico de salidas a cual más extremista. La derecha dura (que en este tema está formada por una fuerza transversal que incluye a sectores del PP, Ciudadanos y el PSOE) incita a suspender lisa y llanamente la autonomía (algunos incluso a poner fuera de la ley a algún partido independentista). Pero es más probable que se aplique algún nivel intermedio destinado a impedir la realización efectiva de la votación.

Para las fuerzas independentistas, lo mejor sería celebrar la votación y obtener un resultado lo bastante amplio como para declarar la independencia (a estas alturas, el sector más extremo ya considera que, vote la gente lo que vote, si el “sí” a la independencia es la opción mayoritaria esta puede quedar refrendada). Si la votación se frustra, su esperanza es que ello genere una nueva reacción en Catalunya que les permita seguir hegemonizando el proceso y ganar unas segundas elecciones plebiscitarias. Esta segunda opción, la de usar la frustración del referéndum como palanca para ampliar el apoyo al independentismo, depende de dos cuestiones complementarias: que la reacción de la población local sea catártica y que las sanciones impuestas por Madrid les permitan un buen margen de reacción a corto plazo. Con este abanico de opciones, es difícil aventurar qué va a hacer cada cual. Es evidente en todo caso que en septiembre pasarán cosas, y que ya no queda espacio para las prácticas dilatorias y elusivas que han aplicado ambos bandos. El contexto más probable es que la situación se empantane, con un Gobierno que tome medidas represivas que impidan el referéndum sin dar ninguna opción de salida y un independentismo desprovisto de buenas respuestas y dispuesto a mantenerse en su discurso paralizante.

Para la izquierda real, la que quiere articular una opción alternativa en la compleja Catalunya real, la situación es realmente complicada. Otra cosa son los entusiastas de la simplificación, que tienden a ver la realidad en términos binarios (como aquellos lápices bicolores, rojo y azul, de nuestra infancia) y toman partido acrítico por la opción que les parece mejor. La izquierda en Catalunya siempre ha defendido que somos una nación y que el derecho a la autodeterminación debe ser reconocido. Por esto se ha dado apoyo al derecho a decidir, porque el derecho a la autodeterminación de Catalunya, y de otros territorios, es una cuestión de principios. Otro tema es que se considere que la aplicación de este derecho pueda ser buena o mala. Defender un derecho no supone que uno esté de acuerdo con que su aplicación deba ser automática o necesariamente beneficiosa. Recientemente he participado en movilizaciones en apoyo de una mezquita en mi barrio. La mayoría de los que nos hemos movilizado no formamos parte de la comunidad islámica ni somos personas religiosas. Algunos incluso pensamos que la mayoría de las religiones son la base de las culturas del patriarcado y que tienen más de pernicioso que de socialmente útil. Pero defendemos el derecho de los musulmanes a tener sus centros aunque no vayamos a hacer proselitismo para la mezquita (o para la parroquia católica o la iglesia evangélica). Defender un derecho es compatible con tratar de regularlo y de reconocer los costes de aplicarlo.

Con la autodeterminación ocurre lo mismo. Aunque uno no sea partidario de ir creando países, reconocer el derecho es también una forma de propiciar soluciones civilizadas a conflictos entre territorios. Es, asimismo, reconocer que las fronteras no son espacios naturales sino el producto de procesos históricos azarosos (en los que a menudo han mediado conflictos bélicos) que pueden ser alterados con procedimientos civilizados. En España, donde el Estado central siempre ha sido más autoritario que en otras partes y donde la diversidad nacional es mayor que en otras zonas, en todos los momentos de cambio la izquierda ha reconocido, con mayor o menor placer, esta situación. Y después de años del nacionalismo excluyente practicado por la derecha, la cuestión vuelve a estar planteada. Por esto la propuesta de referéndum y de reconocer de facto el derecho a la autodeterminación es aceptada con buenas razones por Unidos Podemos y los diversos espacios comunes.

Pero aceptar este principio no presupone automáticamente que cualquier iniciativa independentista sea buena ni que la misma propuesta de independencia sea la opción preferible de articulación territorial. Hay un conjunto de cuestiones objetables a la propuesta independentista que solo voy a apuntar: los elevados costes de transición que para Catalunya y el resto de España comportaría la separación (basado en que hay un nivel de incertidumbre excesivo sobre los efectos económicos), la existencia de fuertes lazos de diverso tipo entre una parte importante de la población catalana — mayoritariamente en la clase obrera— con el resto del Estado, el desencadenamiento de pulsiones identitarias que se ha producido en otros países, que acaban generando tensiones en la sociedad y una presión sobre los desafectos (como ha ocurrido en diversos países del Este), el predominio de una concepción soberanista de la política que acaba imponiéndose sobre las necesarias iniciativas transnacionales para hacer frente a la mayor parte de los graves problemas globales... Y, por si todo ello no bastara, la experiencia de la ineficacia en la gestión (en muchos casos su neoliberalismo conservador) llevada a cabo por las principales fuerzas soberanistas, que son las que estarían en condiciones reales de controlar el proceso de independencia. La aspiración de la CUP y de los trotskistas a que la independencia pueda generar un cambio de hegemonía me parece que solo tiene cabida anteponiendo los deseos a un conocimiento profundo de la compleja sociedad catalana.

En este contexto, el papel de las fuerzas de izquierda aglutinadas en torno a Els Comuns es realmente complicado. En parte porque en su propio seno coexisten sensibilidades distintas y, en parte, porque tienen la necesidad de seguir defendiendo el derecho al referéndum y la oportunidad de celebrarlo, de hacer frente a las respuestas represivas de los rajoyistas y sus aliados. Pero también porque no pueden dar el visto bueno a un proceso que no es antidemocrático porque no es reconocido por Madrid, sino que no lo es porque no incluye (al menos en lo que ya se conoce) un mínimo de garantías democráticas. Y también porque no pueden dejar que un apoyo inaceptable al independentismo vuelva a dejar huérfanas políticamente a las franjas de clase obrera, las de los barrios de las ciudades y el área metropolitana a las que pretenden representar (y que constituyen su principal base electoral). Hoy más que nunca es necesario saber combinar la defensa de los derechos y los valores con propuestas que superen el camino unidireccional del debate catalán reciente. Un debate que difícilmente se cerrará en los próximos meses. La serie volverá a dar giros inesperados, a incorporar nuevos actores para que siga el espectáculo. Por esto también les conviene a los comunes salir de esta autopista hacia ninguna parte y buscar otros caminos. Así se ganaron elecciones municipales y se abrieron algunas esperanzas.

30/6/2017

Contra la impunidad del franquismo, segunda vuelta (II)

Rosa Ana Alija Fernández

En el número anterior se inició un repaso a las iniciativas más recientes de lucha contra la impunidad en España. El impulso renovado de esta lucha que se apuntaba en esa contribución, centrada en las iniciativas legislativas, la ha desactualizado en menos de un mes, tras la aprobación el 29 de junio de 2017 por el Parlament de Catalunya de la Llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que anula los juicios sumarísimos del franquismo. Esta segunda entrega se ocupará precisamente de la vía judicial, así como de los intentos de dar un nuevo significado al Valle de los Caídos.

Iniciativas judiciales

El escaso éxito del proceso iniciado ante la Audiencia Nacional en la década pasada para sentar los crímenes del franquismo en el banquillo —donde, en un giro dramático de los acontecimientos, terminó sentado el juez Garzón— ha exigido replantear el recurso a la vía penal como mecanismo idóneo para conseguir que se haga justicia en relación con las atrocidades cometidas durante la guerra civil y el franquismo y, en particular, que el Estado recupere los restos de los desaparecidos. Cabe recordar que aquellas personas que acudieron a los juzgados del lugar donde se habían producido las ejecuciones sumarias y los enterramientos (y, por tanto, donde presuntamente se hallaban los restos de las personas desaparecidas de forma forzosa) se toparon, en la inmensa mayoría de los casos, con una batería de argumentos orientados a contrarrestar sistemáticamente sus demandas de justicia. Así, de manera bastante acrítica, los juzgados se han desentendido de los casos invocando la prescripción de los delitos y/o el fallecimiento de los presuntos autores y/o la aplicabilidad de la ley de amnistía. Cualquiera de estos argumentos, o varios combinados, han servido para archivar las causas.

En este estado de cosas, ha habido actuaciones excepcionales que arrojan un poco de esperanza en este yermo panorama de impunidad. La más inesperada, por salirse de la pauta cómodamente adoptada por los tribunales españoles, fue la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almazán (Soria), en junio de 2015, de reclamar que se investigue el paradero de dos militares presuntamente responsables del asesinato de 10 civiles en Barcones (Soria) en agosto de 1936. Otra actuación impensable hace unos años fue la apertura judicial de una fosa en el cementerio de Guadalajara para exhumar los restos de un represaliado, como consecuencia de la cooperación judicial solicitada por la titular del juzgado número 1 de Buenos Aires (Argentina) que actualmente instruye la querella presentada en 2010 por diversas víctimas contra crímenes franquistas (y que no para de sumar casos). Como es sabido, la negativa de los tribunales españoles a enjuiciar los crímenes cometidos en la guerra civil y el franquismo llevó a las asociaciones a buscar justicia en otros foros, lo que se tradujo en la presentación de una querella en Argentina (la conocida como “querella argentina”), que fue admitida a trámite sobre la base del principio de justicia universal. No ha sido el único caso de recurso a tribunales extranjeros: en febrero de 2017 se admitía a trámite en México una querella presentada por Amnistía Internacional por el caso de una bebé robada durante el franquismo.

Algunas de las iniciativas que han buscado un enfoque distinto han sido ya presentadas en números anteriores de mientrastanto.e, como es el caso de la utilización de la vía civil para lograr que se exhumen cuerpos (enterrados en el Valle de los Caídos) sobre la base de las ya derogadas informaciones para la perpetua memoria, o la posibilidad de acudir al orden contencioso-administrativo para exigir la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos y de Derecho internacional humanitario cometidas por el gobierno de Franco, explorada por la plataforma promotora de la campaña Bombas de impunidad.

En los últimos meses, sin embargo, se está reactivando la vuelta a los tribunales penales, con un par de novedades relevantes. La primera es la implicación directa de algunos ayuntamientos (Barcelona, Durango, Vitoria, Pamplona) en la presentación de querellas, en un esfuerzo conjunto que enlaza con la fundación de la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria en octubre de 2016, de la cual forman parte municipios como Pamplona, Barcelona, Vitoria, La Coruña, Cádiz, Zaragoza, Rivas o Guernica. En algunos casos, se mantienen estrategias que ya son conocidas. Por ejemplo, en el caso de Durango, el objetivo es exigir responsabilidades por los bombardeos sufridos durante la guerra civil a manos de la aviación italiana, una línea de actuación en la que también está trabajando Guernica y que ya ha sido utilizada en Barcelona, donde el ayuntamiento (que asesora a Durango) se personó como parte en la querella por los bombardeos de la Aviación Legionaria. Sin embargo, esta línea no parece que vaya a dar grandes alegrías —más allá de la admisión a trámite de la querella y de que aún no se haya archivado—, dadas las enormes dificultades para probar la culpabilidad de los pilotos (si es que con suerte aún siguen vivos) y la escasa cooperación de los Estados implicados (al menos de Italia hasta la fecha).

La otra gran novedad que las otras querellas introducen es su planteamiento, ya que no tienen como objetivo último recuperar restos de personas desaparecidas —como ocurría en los casos llevados a la Audiencia Nacional—, sino —más en línea con la querella argentina— que los tribunales españoles condenen a personas que aún siguen vivas y que presuntamente habrían cometido crímenes contra la humanidad al participar en las prácticas represivas de la dictadura. Tales querellas pretenden, sobre todo, desmontar los argumentos que hasta ahora se vienen usando para dictar el archivo de las actuaciones y lograr, en particular, que se declare la inaplicación de la ley de amnistía y la inoperatividad de la prescripción. Así ocurre con la querella anunciada el 3 de marzo de 2017 por el ayuntamiento de Barcelona contra Carlos Rey González, el militar que ejercía funciones de juez ponente del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, y que firmó su condena a muerte en enero de 1974. Este pretende ser el primero de una serie de litigios estratégicos que el ayuntamiento impulsará por iniciativa propia, después de que —como antes se indicaba— se personara en el caso abierto por los bombardeos italianos sobre Barcelona entre 1937 y 1939 y en la querella argentina.

Por su parte, tanto el ayuntamiento de Vitoria (que también se ha personado en la querella argentina) como las Juntas Generales de Álava presentaron en 2016 sendas querellas en relación con la represión policial de huelguistas el 3 de marzo de 1976, que se saldó con cinco obreros muertos. Sin embargo, ambas han sido sobreseídas (la del ayuntamiento, en marzo de 2017), con el argumento de que no podía aplicarse a los hechos la calificación de crímenes contra la humanidad —y, por consiguiente, los hechos estaban prescritos—, decisión que el consistorio ha recurrido. También el ayuntamiento de Tarragona acordó en 2016 interponer una querella por la muerte de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, fallecido en 1976 al caer de un edificio, tras ser perseguido por dos policías cuando participaba en una manifestación en solidaridad con los trabajadores asesinados en Vitoria. Igualmente, el ayuntamiento de Pamplona presentó en marzo de 2017 otra querella por 17 casos de delitos de asesinato, desaparición forzada, lesiones, torturas o agresión sexual que pueden ser constitutivos de crímenes contra la humanidad. Las demás ciudades de la Red están asimismo recabando testimonios para poder articular sus querellas.

Por otra parte, el procesamiento de tres inspectores de policía (Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”, Manuel Gómez Sandoval y Tomás Nieto Berrocal) que detuvieron y torturaron a Luis Suárez-Carreño en 1973 es el objetivo de la querella que este interpuso en junio, la primera de varias más contra “Billy el Niño”. Esta nueva hornada de querellas individuales sigue el mismo planteamiento que las presentadas por los ayuntamientos, al centrarse en casos de violencia contra las personas que podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad, en lugar de perseguir casos de desapariciones forzadas con vistas a lograr la recuperación de restos.

Resignificación del Valle de los Caídos

El Valle de los Caídos también está en el punto de mira. Si su valor estético es discutible, su valor simbólico es innegable, en dos sentidos contrapuestos. Por una parte, el hecho de que en su interior aloje la tumba de Franco (además de la de Primo de Rivera) lo convierte en un mausoleo monumental destinado a honrar la memoria deshonrosa del dictador. Pero, por otra parte, en él se encuentran los restos de miles de víctimas de la guerra civil, con el agravante de que los restos de las víctimas republicanas fueron utilizados para rellenar la cripta megalómana del monumento sin la autorización de sus familias —se calcula que veinte mil restos mortales están sin identificar, aunque las cifras oficiales indican que son algo más de doce mil—. Este hecho, sumado a que numerosos presos políticos participaron en la construcción del lugar a cambio de una redención de su pena (no hay acuerdo en el número total: las cifras que manejan los historiadores oscilan entre los seis mil y los veinte mil), convierte el Valle de los Caídos en un símbolo de las tropelías cometidas por el franquismo contra los defensores de la democracia, cuyo recuerdo no puede ser dejado de lado.

El debate sobre qué hacer con el Valle de los Caídos colea desde la adopción de Ley de Memoria Histórica de 2007. Su artículo 16 pretendió eliminar las connotaciones políticas del lugar estableciendo que se rigiera exclusivamente por las normas aplicables a los lugares de culto y a los cementerios públicos, y prohibiendo expresamente que se celebraran en el recinto actos de naturaleza política y de exaltación de la guerra civil, de sus protagonistas, o del franquismo. Se perdía así la oportunidad de convertirlo en un lugar de memoria, algo que ya había sido indicado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su recomendación 1736 (2006) y por algunos grupos parlamentarios en sus proyectos de ley alternativos. Así, por ejemplo, la Proposición de ley sobre Memoria Histórica Republicana y Antifascista presentada por Esquerra Republicana de Catalunya en noviembre de 2005 proponía que fuera “museizado como centro de información y divulgación de la memoria represora en general y la de los penados que trabajaron en su construcción en particular, así como de toda la estructura represiva de campos de trabajadores desplegada por la Dictadura”. También la Proposición de Ley de promoción de la recuperación y fomento de la Memoria y Cultura Democráticas, presentada por el grupo parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ese mismo mes, planteaba que fuera transformado inmediatamente en Centro del Memorial de la Libertad, en el cual tendría su sede el Instituto de la Memoria Democrática que proponía crear y serviría además como Museo de la Represión, en el que se expondrían los elementos y vestigios franquistas recogidos en todo el Estado. Este proyecto, además, proponía que el Estado promoviera un acuerdo con los familiares de Franco para que sus restos mortales fueran trasladados al panteón familiar que sus herederos propusieran, corriendo el Estado con los gastos que dicho traslado originara.

Esta última sugerencia fue corroborada por la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, creada por el gobierno en 2011 para evaluar posibles actuaciones sobre el conjunto monumental, dado el deterioro que los años le han causado. En su informe, la comisión llegó a sugerir no intervenir y dejar que el tiempo lo redujera a ruinas, pero lo descartó por respeto a la memoria de las víctimas. A cambio, propuso resignificar por completo el monumento, convirtiéndolo en un memorial de las víctimas de la guerra, lo que implicaba trasladar el cuerpo de Franco al lugar que indicara la familia, o al lugar que se considerara digno y más adecuado, ya que él no había caído en la guerra. El debate se reabrió a finales de 2013, al presentar el grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados la Proposición no de Ley relativa a la ejecución de un Plan para resignificar la función del Valle de los Caídos y convertirlo en “un espacio para la cultura de la reconciliación, de memoria colectiva democrática, dignificación y reconocimiento a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura”, lo que incluía la exhumación del cuerpo de Franco y su traslado a otro lugar.

En 2015 Baltasar Garzón retomó la idea y, en ejercicio del derecho de petición, pidió al gobierno que se trasladaran los restos de Franco y se creara en el Valle de los Caídos un espacio de memoria. El Consejo de Ministros lo rechazó en septiembre de 2016. Esta decisión fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que en marzo de 2017 desestimó el recurso sin entrar en el fondo. En noviembre de 2016, otra proposición no de ley, presentada por Esquerra Republicana, insistió en la necesidad de seguir las recomendaciones de la comisión de expertos, sin éxito. Sorprendentemente, las tornas cambiaron en mayo de 2017, cuando, tras el debate sobre una nueva proposición no de ley del grupo socialista sobre la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, el Congreso de los Diputados aprobó sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos con el único voto en contra de la parlamentaria del PP Celia Alberto Pérez. El resto del grupo popular, que de partida se oponía, optó finalmente por abstenerse, si bien su portavoz en el debate, Alicia Sánchez Camacho, había insistido en que en la resolución de la Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002 todos habían acordado que no habría un uso partidista de lo que ocurrió en la historia de España, una jugosa afirmación que pone de manifiesto la plena actualidad del pacto de silencio adoptado en la transición. En cualquier caso, pese al resultado de la votación, conviene moderar el entusiasmo, ya que, al tratarse de una proposición no de ley, carece de carácter obligatorio para el gobierno, que como era de prever no se ha dado por aludido. Sea como sea, su aprobación es un pequeño paso que pone de manifiesto que algo está cambiando en la sensibilidad socio-política de este país, aunque para ello hayan tenido que pasar más de 40 años desde la muerte del dictador. Esperemos que no tengan que pasar 40 más antes de que en este país se asuma que condenar una dictadura y actuar en consecuencia no tiene nada de partidista, sino que es una deuda con sus víctimas, que merecen justicia, más que nada porque para ese entonces también ellas estarán muertas.

2/7/2017

De burbuja en burbuja

Cuaderno de incertidumbre: 21

Albert Recio Andreu

La crisis más reciente del capitalismo estalló, al igual que la de 1929, como una doble crisis financiero-inmobiliaria. En el período anterior al crac, algunos países habían experimentado una importante burbuja especulativa en la actividad inmobiliaria, alimentada por el sector financiero mediante una “generosa” política de crédito a promotores (los creadores de la oferta) y familias (los creadores de la demanda). En España, uno de esos países, los efectos de la burbuja aun antes de estallar ya resultaban mortíferos. La vivienda era uno de los problemas del país, precisamente en el momento en que se estaban construyendo más pisos que nunca. El mobbing inmobiliario, la dedicación de una parte desproporcionada de los ingresos a costear la vivienda, la inseguridad de los inquilinos o la falta de vivienda asequible eran problemas cotidianos que alimentaron movimientos sociales “por una vivienda digna” y sirvieron como paisaje legitimador del movimiento okupa. Con la crisis los problemas adquirieron otro cariz. Con la implosión financiera y el paro masivo, lo que vino fueron los desahucios, primero por impagos de la hipoteca y después del alquiler (o simplemente por ocupaciones de viviendas vacías). De la lucha por una vivienda digna pasamos, de la mano de la PAH y otras organizaciones parecidas, a la lucha contra las expulsiones. Y posteriormente a las ocupaciones de viviendas vacías.

Ahora estamos en una nueva fase. No sabemos si va a durar mucho, pero es evidente que la actividad de la economía mercantil se ha reactivado, y con ella reaparecen con semejante o mayor intensidad los problemas de vivienda, el mobbing, el aumento de los alquileres, etc. Parece una vuelta atrás en el tiempo, o más bien que vivimos en una economía en espiral que da vueltas en torno al mismo eje. Quizá la burbuja no sea tan potente y duradera como la anterior, pero lo que sí indica es que en materia de vivienda no se ha producido ningún cambio relevante en las políticas o que posiblemente estemos ante un elemento estructural (especialmente en las grandes ciudades) al que solo se puede hacer frente con intervenciones radicales.

Hay una cuestión de base que ya fue puesta de manifiesto por los primeros investigadores de la economía urbana: el espacio no es homogéneo; lo que se puede hacer en un territorio no se puede hacer exactamente en otro, la localización de una actividad en un lugar ofrece unas ventajas que no se dan en otra parte. En una economía capitalista esto se acaba traduciendo en una fuerte competencia por obtener los espacios más apetecibles, lo que promueve un aumento del precio del suelo y de lo edificado. Una vez que se desarrolla esta competencia en algunos centros urbanos, a menudo la oleada de aumentos de precios se reproduce en otras zonas, recreando el tipo de movimiento que expresa la sucesión de olas que se generan en un estanque cuando alguien tira una piedra.

Estas oleadas son más fuertes en las ciudades y poblaciones donde existen algunas características que las hacen especialmente atractivas. Las urbes globales, aquellas que reúnen más atractivos en el imaginario social, son las más intensamente afectadas por un fenómeno que se reproduce a menor escala en muchos otros lugares. Barcelona y Madrid son dos ejemplos claros de esta presión inmobiliaria, especialmente la primera.

Hay varias fuerzas que convergen en atraer a estas ciudades inversores inmobiliarios de todo tipo. La más vistosa, pero no la única, es el turismo. El turismo masivo se ha desmadrado con la llegada del transporte de bajo coste, especialmente el aéreo. Y el aumento del turismo requiere alojamiento y, por tanto, espacio. La proliferación de los apartamentos turísticos es la forma de prolongar el low cost del transporte al alojamiento. Y la paradoja es que este alojamiento barato compite aún más directamente que los hoteles con la vivienda residencial. Más que gentrificación, el turismo de apartamento es una competencia entre personas de baja renta (lo que en términos clasistas se llama “turismo de baja calidad”).

En otra dirección hay procesos de gentrificación que tienen que ver con dos efectos complementarios. Por un lado, la propia transformación de la actividad productiva de las ciudades globales y el desarrollo de sectores que emplean trabajadores sofisticados, con ingresos relativamente elevados y dispuestos a pagar más por residir en espacios interesantes. En Barcelona, por ejemplo, el desarrollo de actividades de diseño y tecnologías de la información está asociado con esta llegada de profesionales (recientemente, el grupo Inditex anunció que trasladaba dos centros de diseño en Tordera y Sallent, dos localidades situadas a unos setenta kilómetros de Barcelona, porque había constatado que es más fácil atraer diseñadores si el centro de trabajo se ubica más cerca de la ciudad). Por otro, los ricos globales que adquieren viviendas en los sitios “chic” como segundas o terceras residencias. Estos dos elementos sí que promueven la gentrificación de ciertos barrios, aunque en el caso de los últimos pueden generar procesos de vaciamiento de zonas concretas, al igual que ocurre en muchos pueblos turísticos fuera de temporada.

Una vez iniciado el proceso de inversión en un espacio, este se retroalimenta con cierta facilidad. Los inversores ven la vivienda como un activo especulativo más, y cuando hay expectativas de crecimiento de los precios o de aumento de la rentabilidad, siempre habrá un número suficiente de inversores dispuestos a comprar con las expectativas de alza. Basta tener algo de memoria para constatar que están reapareciendo, en ciudades como Barcelona, las pequeñas inmobiliarias (un negocio que requiere una baja inversión) y los anuncios de “compro piso” que proliferaban hace apenas una década. Las burbujas inmobiliarias no fueron un error del pasado, sino que son endémicas del urbanismo capitalista, especialmente en la era de las ciudades globales.

La especulación ha sido alimentada, como ocurrió en el pasado, por las políticas públicas. Cuando al principio de la crisis se reconocía que un problema específico de la economía española era que tenía una especialización productiva inadecuada, se apuntaba la necesidad de promover políticas orientadas a transformar la estructura productiva. Cuando se analizan las medidas aplicadas, se observa que estas políticas industriales han brillado por su ausencia. Con dos excepciones notables: la política energética, en que el PP ha introducido cambios regulatorios orientados a frenar el desarrollo de las energías renovables, y el sector inmobiliario, donde se han introducido medidas orientadas a reproducir una nueva fase de acumulación (concesión del permiso de residencia asociado a la compra de inmuebles, cambios en la ley de costas para favorecer la expansión de las zonas turísticas, creación de socimis, es decir, empresas de inversión en bienes inmuebles, que cotizan en bolsa y tienen un trato fiscal favorable...).

De todas estas medidas, la primera es la que posiblemente tenga un efecto más directo sobre la inversión urbana. También el peso de las socimis, aunque la mayoría de ellas se dedican sobre todo a la inversión en inmuebles ya consagrados a actividades mercantiles (hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas), si bien con una clara vocación especulativa, en que las plusvalías obtenidas por la compra y venta de inmuebles (en el sector lo llaman “política de rotación de activos”) tienen más importancia que los ingresos corrientes obtenidos a través de los alquileres que cobran. Quizá más incidencia que sobre el precio de la vivienda, estas inmobiliarias lo tienen sobre el sector hotelero y comercial, puesto que generan una presión de costes que las empresas acaban transfiriendo, o bien a los precios, o bien a los salarios y las condiciones de trabajo.

En suma, la conjunción de las dinámicas autónomas de la globalización, las políticas promovidas por el PP y las lógicas de la especulación de las nuevas empresas de inversión refuerza una nueva burbuja que tiene efectos devastadores en las ciudades más afectadas. Como sentencia un personaje, residente en Amsterdam, de un relato de Luis Magrinyà [1], “en todas partes de Europa —me dijo— la lucha por el metro cuadrado es brutal, pero aquí te aseguro que lo es más”. Seguramente Barcelona está ya al nivel de Amsterdam.

III

La crisis generó la opinión de que lo peor de las burbujas es que estallan, que generan una inestabilidad en el sistema y que su estallido se traduce en desempleo y quiebras empresariales. Es una percepción lógica en crisis abiertas. Pero pierde de vista que los males de la burbuja no solo están al final, sino en todo su desarrollo.

La renacida especulación urbana ha vuelto a poner de manifiesto los problemas que generan para una parte de la población el aumento del coste de la vivienda y la enorme inseguridad de su tenencia. En el caso español, en que durante muchos años predominó la compra de la vivienda, es especialmente grave para los jóvenes, para la gente que ha perdido la vivienda en la crisis y para los viejos inquilinos que han perdido la protección de las leyes antiguas.

La especulación inmobiliaria supone también una desviación de recursos financieros hacia actividades especulativas y una clara tendencia hacia un capitalismo de rentistas tenedores. La presión de los costes de los alquileres es uno de los principales culpables (junto con la promoción de las grandes superficies, las grandes cadenas comerciales y la compra por internet) de la crisis del comercio tradicional local, que genera desertización de espacios y la pérdida de diversidad productiva. La apuesta de los “ayuntamientos del cambio” por promover el comercio de proximidad puede quedar abortada por el alza de los alquileres (aunque también deben considerarse los elementos ya citados del nuevo comercio digital). Y ya he señalado que el incremento de los alquileres redunda en precios más elevados y en una mayor presión sobre las condiciones laborales. El caso de los hoteles es palpable: hoy la mayoría de ellos son propiedad de socimis, fondos de inversión, inversores ricos que tratan de extraer el máximo de renta de sus alquileres y favorecen que se adopten políticas de abaratamiento de los costes laborales para compensar. No parece casualidad que Barcelona sea una de las ciudades donde más ha proliferado la externalización del personal de habitaciones. En suma, la economía del rentista es un mal social. Un mal social grave, que impide un desarrollo urbano razonable y que genera graves problemas para la subsistencia decente de mucha gente. Por esto debe ser considerado un objetivo político prioritario, de las políticas urbanas en particular.

No estoy seguro de que calificar todo este proceso de “gentrificación” sea lo más acertado. Es dudoso que el turismo low cost gentrifique los barrios, sino que en algunos casos más bien genera un turismo de botellón. Algunas de las dinámicas de la especulación, como la compra de segundas residencias de lujo o la proliferación de centros comerciales (e incluso el nuevo comercio electrónico), más bien tienden a vaciar barrios y a empobrecer su diversidad funcional. Pero es que, además, se corre el peligro de que la crítica a la turistificación y/o gentrificación acabe identificando como el enemigo principal a personas con determinadas características y nos desvíe del núcleo del problema, que no es otro que la especulación capitalista y los intereses del rentista.

Hay que impulsar una enorme movilización social, resistencialista, cultural y política, en todos los planos para cambiar la cuestión. La creación de sindicatos de inquilinos, con apoyo en entidades vecinales y tejidos sociales locales, es algo imprescindible, tanto para garantizar una respuesta de resistencia activa a las agresiones directas (al estilo de la PAH y de viejas luchas vecinales) como para crear un polo de socialización de un problema que se vive de forma individual y generar un discurso político con propuestas de cambio institucional.

Algunas ya están planteadas, como la reversión de la ley de alquileres y su sustitución por otra que dé seguridad jurídica a largo plazo a los inquilinos. O la eliminación del derecho a la residencia asociado a la compra de inmuebles. O la desaparición de la figura de los apartamentos turísticos, que permite transformar viviendas residenciales en plazas hoteleras encubiertas. Otras propuestas, igualmente sensatas, exigen un debate a fondo para alcanzar hegemonía social. Me refiero a la de poner topes a los alquileres. La oposición a esta medida proviene de la economía liberal, que argumenta que al mercado no se le deben poner trabas. Pero a este argumento puede responderse fácilmente que los salarios han sido tradicionalmente objeto de políticas de contención por razones de estabilidad macroeconómica y competitividad exterior. No parece aceptable que no pueda aplicarse una medida de control del precio de los alquileres cuando existen muchas razones de justicia social y de externalidades que lo justifican. Es cierto que una regulación insensata puede generar problemas; por ejemplo, el franquismo impuso un control tan riguroso sobre los alquileres que en la práctica ocasionaba pérdidas a los propietarios de viviendas y acabó provocando la destrucción de gran parte de la vivienda de alquiler. Pero no parece imposible aplicar una política de precios que garantice una renta razonable pero no beneficios extraordinarios.

Un tercer paquete de medidas debería situarse en el plano de los impuestos. La especulación y la generación de plusvalías a corto plazo deben ser cortadas de raíz mediante la fijación de un impuesto de plusvalías prácticamente expropiatorio. El objetivo es liquidar este tipo de operaciones. Se podría pensar también en un trato fiscal diferenciado en función del tamaño de la vivienda (o, mejor, del número de metros cuadrados por habitante). Si queremos garantizar viviendas para todo el mundo en ciudades de elevada densidad, la única opción es imponer topes al espacio excesivo (o cuando menos modularlo). Se podrían modular niveles del IBI en función del espacio. No puede pasarse por alto, sin embargo, que en ciudades como Barcelona existe un volumen nada desdeñable de gente mayor con bajas rentas que reside en grandes viviendas que ha recibido por herencia. Para estos casos hay que implantar políticas sofisticadas que podrían incluir ayudas a la remodelación de estos inmuebles para darles un mayor uso social y garantizar condiciones de vida dignas a estas personas (la letra gruesa de las propuestas siempre necesita ser modulada por medidas ad hoc basadas en un buen conocimiento de la realidad). Los recursos fiscales obtenidos de estos impuestos diseñados para castigar la especulación y el uso excesivo del suelo podrían ayudar a financiar políticas públicas de vivienda más ambiciosas, tanto de nuevas promociones como de compra y rehabilitación de inmuebles ya existentes. También es posible introducir un impuesto a los no residentes que adquieran viviendas como forma de desincentivar las entradas de capital exterior que desestabilizan el sector.

En el caso de los edificios comerciales, estas medidas pueden generar a su vez unas rentas diferenciales a los establecimientos bien situados, que se beneficiarían de este descenso del coste del suelo. También en este caso debería pensarse en un mecanismo fiscal para que estas rentas revirtieran a la sociedad.

En suma, se trata de combinar un paquete de medidas que incluya cambios en los derechos de propiedad en favor de los inquilinos, la eliminación de figuras legales que favorecen la especulación y medidas fiscales que pongan barreras reales a la especulación y a las rentas de la propiedad. No es una propuesta radical, como podrían serlo la municipalización del suelo y el fin del capitalismo de terratenientes urbanos (una propuesta que también requeriría muchas modulaciones complementarias). Pero sí supone un cambio de óptica respecto a la propiedad y el mercado inmobiliario convencionales. Y es un tipo de propuesta que generaría una respuesta airada de la alianza financiero-inmobiliaria que gobierna las ciudades, y que cuenta con la capacidad de movilizar a la enorme masa de pequeños propietarios urbanos embaucados por los sueños del capitalismo popular.

Queda una larga batalla. A corto plazo, de mera y pura resistencia. De alzar la voz para quebrar la lógica de las políticas dominantes y generar un discurso alternativo sobre la vivienda, su fiscalidad y sus formas de tenencia. Para mostrar los elevados costes sociales que genera para las personas y los espacios el dominio de un capital financiero especulador. La derrota ya es nuestra. Falta luchar por la victoria.

Nota:

[1] Luis Magrinyà, “Luxor”, en Habitación doble, Anagrama, 2017.

30/6/2017

Energía nuclear y retroceso democrático

Miguel Muñiz

Denunciar que el poder político es, hoy por hoy, una marioneta en manos de los poderes económicos no supone ninguna novedad (el episodio de la modificación del artículo 135 de la Constitución lo ilustra de sobras). Pero impresiona comprobarlo cuando se pasa de decisiones impuestas por Altos Organismos (como la Troika), descendiendo al nivel de detalle.

Los hechos en torno al alargamiento a 60 años del funcionamiento de los reactores atómicos, demuestran quién manda en España y cómo ejerce su poder. Evidencian, si hay voluntad de saber, que nada que sea importante se decide hoy en las instituciones que, en teoría, ostentan el poder de decisión político [1].

Un apunte ilustrativo: bastaron 11 días para que el ministro Alvaro Nadal pasase de declarar que los impuestos nucleares eran poco menos que intocables, a manifestar que los tales impuestos eran revisables [2]. Que dicho ministro sea del PP, el campeón en la defensa de los intereses de la industria atómica, aumenta la importancia de lo sucedido: demuestra de que la industria nuclear es implacable para imponer hasta el último matiz de su agenda política.

Ese cambio de opinión del ministro ha sido el último episodio de una serie que comienza en 2012, con el cierre unilateral de Garoña por ENEL-ENDESA e IBERDROLA. El guión en todos es idéntico: la industria manifiesta su voluntad de forma más o menos explícita, a ello sigue un coro de declaraciones de expertos, analistas, representantes de organismos como el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) y los políticos; tras “marear la perdiz” durante más o menos tiempo, al final se acaba haciendo lo que había dictado la voluntad de la industria [3].

Lo políticos pueden participar en todo este teatro redactando, debatiendo, presentando, discutiendo, e incluso aprobando una serie de documentos cuya influencia real es igual a cero: se trata de preguntas, mociones, declaraciones, resoluciones, proposiciones no de ley, etc.; documentos que no pasan de ser una manifestación de intenciones dentro de una legislatura, papeles que justifican su presencia en las instituciones, que se presentan como “control”, y que contienen mensajes para el sector de sus votantes más fieles o especializados; así consta que “se hace algo”. También pueden presentar enmiendas a leyes redactadas por el gobierno, aunque este recurso, mucho más complejo, queda anulado cuando este recurre al Decreto-Ley en asuntos importantes.

En este escenario, lo acontecido con la Proposición de Ley (PL) de Unidos Podemos (UP) para debatir un calendario de cierre nuclear merece un análisis propio. Si UP hubiese optado por presentar una Proposición No de Ley (PNL) se hubiese producido una escenificación de tantas sin mayores consecuencias, con mucho estira y afloja, mucha matización del contenido de la PNL y mucha justificación de los equilibrios del mismo. Pero al ser una PL, y por el momento elegido, llevó a que fuese directamente vetada por el gobierno del PP invocando diversos motivos que se reducen a uno: su ingerencia en la política presupuestaria del gobierno. Realizando una interpretación muy interesada del punto sexto del artículo 134 de la Constitución y, además, haciendo uso de los datos de una consultora privada como argumento de autoridad [4].

El veto del PP significaba evitar que la PL entrase ni tan sólo a debate (donde, lógicamente, podía ser rechazada), pero también significaba evitar a varios grupos del Congreso el trago desagradable de tener que hacer manifiesta su postura sobre el tema nuclear más allá de las declaraciones ambiguas y los silencios calculados de sus programas electorales [5] y, por supuesto, significaba mantener un discreto silencio en un momento delicado, en que la cuestión atómica sufre una inconveniente, aunque reducida, atención mediática a causa de los 60 años de funcionamiento.

Unidos Podemos presentó un Recurso de Reconsideración del veto a la Mesa del Congreso [6], el recurso fue admitido a trámite por la Junta de Portavoces, pero fue rechazado en votación simple (sin justificación escrita) por la Mesa, dada la mayoría de los representantes del PP y Ciudadanos en la misma.

El texto del Recurso de UP, además de desmontar de manera rigurosa las excusas presupuestarias del gobierno del PP para vetar la PL, entra en una cuestión de fondo. El punto octavo merece una reflexión:

Octavo. El gobierno no puede vetar sistemáticamente las iniciativas de los grupos parlamentarios de la oposición.

El artículo 66.2 de la Constitución reserva a las Cortes la potestad legislativa y el artículo 87 de la Constitución establece que corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado la iniciativa legislativa. Es evidente que mediante la tráctica sistemática (e infundada) del derecho de veto, el Gobierno impide la iniciativa legislativa de la Cámara para otorgársela a él mismo en exclusiva, lo que supone una clara vulneración de los preceptos constitucionales mencionados.

El Gobierno no puede ejercer esta facultad constitucional del artículo 134.6 de la Constitución de forma arbitraria y con la clara intencionalidad política de privar a los Grupos parlamentarios de promover iniciativas legislativas.

De aquí se deducen cosas que afectan al propio grupo de UP, al movimiento de resistencia a la industria nuclear en general, y al contexto de democracia en que se está produciendo el conflicto de los 60 años.

- Unidos Podemos debe decidir si recurre al Tribunal Constitucional (TC) en coherencia con lo expuesto en el punto octavo. Si lo hace, el trámite puede demorarse en el tiempo (dada la tendencia a la parsimonia selectiva del citado Tribunal), pero también puede poner en evidencia un punto clave (la anulación del poder legislativo) que hace de la vida política una permanente escenificación teatral bien retribuida.

Por otra parte, tampoco se puede descartar una indiferencia general ante el resultado, como se ha comprobado con el escaso resultado de la sentencia del TC en el asunto de la “amnistía fiscal” del gobierno del PP.

- El movimiento de resistencia organizada a la industria nuclear también puede deducir varias consecuencias del veto, consecuencias que le afectan en mayor o menor medida al margen de los acontecimientos que se recogen en la HEMEROTECA de junio:

La primera es una nueva prueba de la solidez del vínculo entre PP y Ciudadanos en el tema nuclear, lo que invalida la estrategia de presión social y negociación política que caracteriza a una parte del movimiento [7].

Debe también valorarse a la luz de la limitada respuesta social a la Manifestación en Madrid del pasado 10 de Junio, en relación con el trabajo de difusión y activismo previo. El 10J mostró las capacidades y limitaciones del movimiento ecologista para atraer a otros sectores sociales sin salir de las pautas que marcan su actividad. El veto supone un mensaje hacia los grupos políticos que han hecho de la ambigüedad en cuestiones nucleares una señal de identidad y, como consecuencia, de la valoración de lo que se pueda realizar desde el movimiento.

También es importante constatar (otra vez) los límites de la actividad puramente política, incluso de la que, como en este caso, intenta ir más allá de escenificaciones institucionales.

Lo que lleva a valorar su importancia sobre la estrategia de incidencia política directa de otra parte del movimiento. Aquí, lo sucedido con la PL de UP establece un nuevo margen de duda sobre una de dichas estrategias: la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Al margen del posible rechazo de la ILP en la sesión del Congreso correspondiente (caso de conseguir las 500.000 firmas para presentarla), el veto muestra que la ILP puede ser bloqueada en la Mesa del Congreso antes de ser tramitada, usando los mismos argumentos aplicados a la PL de UP; con ello, el poder de generar debate social y trasladar el conflicto nuclear al conjunto de la sociedad que tiene una ILP, quedaría anulado.

Hay otros mecanismos de incidencia directa sobre los representantes políticos que no tienen que verse afectados por lo sucedido con la PL de UP, pero ese sería otro análisis.

- Finalmente, y aunque recordarlo suene a tópico, lo sucedido es un síntoma del retroceso en libertades democráticas que estamos viviendo a causa de la hegemonía ideológica neoliberal. El recurso a una interpretación amplia o restrictiva de la Constitución para vetar la función que debe ejercer el poder legislativo en un tema que afecta a la salud, la seguridad y el futuro del conjunto de la sociedad es una muestra de que las leyes y reglamentos (sin necesidad de proceder a grandes cambios) pueden usarse para proteger los intereses de los que mandan, y mantener dichos intereses lejos y fuera del debate democrático.

Cuando se cierra este artículo aún no se saben los resultados definitivos del sondeo del Grupo Impulsor de una ILP 2020 LIBRE DE NUCLEARES, pero tanto en el caso de que la respuesta aconseje promover una ILP, como en el caso de que sean insuficientes, resulta evidente que el trabajo de resistencia a los 60 años de funcionamiento nuclear continuará. Nos va demasiado en ello.

Notas:

[1] ver el artículo de CTXT “El dedo de Rajoy: razones para echarle” en http://ctxt.es/es/20170614/Politica/13261/mocion-censura-PNL-parlamento-rajoy-ctxt-parlamentarismo.htm
[2] El ministro Nadal lo declaró el 26 de mayo, cuando aceptó las condiciones de la industria nuclear sobre los plazos de renovación de permisos, y repitió dicha declaración el 8 de junio; en cambio, el 19 de junio declaró que los impuestos eran “revisables”.

[3] Entre 2012 y 2017 abundan los casos en que la industria nuclear y las empresas eléctricas enuncian sus intereses, intereses que se convierten en ley al poco tiempo. Sin necesidad de entrar en detalles puede apuntarse: la parada de Garoña sin consultar al gobierno, la petición de que se les concediese una nueva licencia de funcionamiento (una vez parada) sin tener que presentar toda la documentación de puesta en marcha, el que el nuevo permiso fuese por 17 años (en lugar de los 10 marcados por la ley) para llegar a los 60 de funcionamiento, la separación de la renovación del permiso de funcionamiento de la revisión periódica de seguridad, el retraso en dos años del plazo de petición de la renovación del permiso y, formulada pero no conseguida aún, la reducción fiscal de la industria nuclear.
[4] puede leerse el contenido completo del veto en http://partidoequo.es/wp-content/uploads/2017/04/Veto-PL-Nuclear.pdf, a destacar “1.Recaudación fiscal.

La contribución tributaria total de la industria nuclear en España 1 en el ejercicio

2013 ascendió a los 1.141 millones de euros. (1) (1) Informe “Impacto socioeconómico de la industria nuclear en España”, PwC. Pag. 2

[5] Ver http://sirenovablesnuclearno.org/zportada/eleccionseleciones2016.html para comprobar esta afirmación.

[6] el recurso de reconsideración puede leerse en http://sirenovablesnuclearno.org/nuclear/reconsideracionvetopp.pdf
[7] Ver http://www.rebelion.org/noticia.php?id=224553

[ Miguel Muñiz es miembro de Tanquem les Nuclears - 100% EER, y del GRUPO IMPULSOR ILP 2020 LIBRE DE NUCLEARES. Mantiene la página de divulgación energética http://www.sirenovablesnuclearno.org/ ]

29/6/2017

Cierres nucleares y cierres nucleares virtuales. Suiza y Bélgica como ejemplo

Miguel Muñiz

El pasado 22 de mayo los votantes suizos aprobaron en referéndum la “Ley de Energía”, el resultado de la estrategia del Gobierno Federal para el 2050 tras dos años de trabajo; se trataba, al parecer, de una elección difícil, habida cuenta que el folleto informativo de lo que se votaba tenía unas 60 páginas [1].

El referéndum, una práctica política habitual en Suiza, fue convocado porque el principal partido de oposición, la Unión Democrática de Centro, logro reunir 68.000 firmas (se necesitaban 50.000) para intentar evitar la aprobación de la Ley. El motivo: la Ley significaba el final, oficialmente reconocido, de la energía nuclear en Suiza. La consecuencia final de la declaración del 8 de junio de 2011 en que el Parlamento aprobó el abandono de la energía nuclear en plena conmoción por el inicio de la catástrofe de Fukushima.

Los tres países europeos en los que Fukushima provocó una reacción que fue más allá de simples declaraciones fueron Alemania, Bélgica y Suiza. Dejemos a un lado Alemania, el único de los tres que tomó rápidas decisiones políticas desplegando una transición energética aún en curso, y cuyos aciertos y contradicciones darían pie a varios libros.

Los casos de Bélgica y Suiza muestran, en cambio, la distancia entre una declaración política y su traducción a la práctica, especialmente si la industria nuclear y sus partidarios despliegan lo que Hermann Scheer denominaba políticas de contención y dilación.

Bélgica

Bélgica tiene oficialmente activos siete reactores que en 2015 suministraron el 37% de la electricidad. El 28 de octubre de 2011, los seis partidos que negociaban formar gobierno llegaron a un acuerdo para cerrar los tres más antiguos en 2015, y los cuatro restantes en 2025. Lógicamente bajo la influencia de Fukushima.

En el verano de 2012, se descubrieron graves problemas de agrietamiento en las vasijas de los reactores Doel-3 (unas 8.000 grietas, posteriormente ampliadas a 13.000) y Tihange-2 (unas 2.000). La oportunidad de proceder a un cierre inmediato por motivos de seguridad era evidente. Sin embargo, la autoridad reguladora (la FANC, el equivalente al Consejo de Seguridad Nuclear –CSN– en España) ordenó a los propietarios una inspección a fondo y un programa de comprobación del estado de los reactores (los famosos “test”). En mayo de 2013, la FANC autorizó su puesta en marcha, y el 9 y el 11 de junio, respectivamente, pese a que existían dudas sobre la seguridad de las vasijas, se conectaron a la red.

La licencia de Doel-1 caducó en febrero de 2015, pero en junio de ese mismo año el Parlamento votó prolongarla 10 años más, con lo que volvió a ponerse en marcha el 30 de diciembre. Doel-2 y Tihange-1 también obtuvieron prolongaciones hasta 2025; se trataba de aquellos tres reactores más antiguos que debían haber cerrado en 2015 (se conectaron por primera vez en 1974 y 1975).

De momento, el calendario de cierre de nucleares en Bélgica se desarrollará entre el 1 de octubre de 2022 (Doel 3), el 1 de febrero de 2023 (Tihange-2) y el año 2025 (los cinco restantes). Cuando el cierre se produzca habrán funcionado entre 40 y 51 años. Paralelamente, un estudio sobre la FANC publicado en abril de 2016 ponía en cuestión la credibilidad del organismo, en un curioso paralelismo con lo que está sucediendo con el CSN desde 2015 [2].

Lo acontecido en Bélgica, bien documentado en los informes de “The World Nuclear Industry Status Report”, muestra similitudes con lo que ha pasado en Suiza.

Suiza

Desde que el 8 de junio de 2011 el Parlamento suizo votó el fin de la energía nuclear, hasta la aprobación de la “Ley de Energía”, el forcejeo político no ha cesado.

Suiza tiene 5 reactores nucleares de los más antiguos del mundo: Beznau I (1969), Beznau II (1971), Mühleberg (1972), Gösgen (1979) y Leibstadt (1984), actualmente producen un 34% de la energía eléctrica que consume el país. Todos los reactores excepto Mühleberg, que debe renovar el permiso cada 10 años, tienen licencias de funcionamiento ilimitado, aunque sujetas a las revisiones de seguridad de la agencia reguladora (ENSI).

La importancia de la decisión tomada el 8 de junio de 2011 debe valorarse en el contexto del momento; las empresas suizas, siguiendo la pauta del “renacimiento nuclear” iniciado en 2001, se hallaban embarcadas en un ambicioso plan de construcción de siete nuevos reactores de gran potencia cuyos proyectos se fueron anunciando entre 2006 y 2010; se trataba de sustituir a los que se iban a ir cerrando.

El recurso al referéndum permite comprobar los altibajos en política nuclear. En 1990, y debido a la influencia de la catástrofe de Chernóbil, se aprobó una moratoria de 10 años en la construcción de nuevas plantas que consolidó el abandono de dos nuevos proyectos en 1988 y 1989 (con indemnización a los inversores incluida); pero en 2003, ya bajo la influencia del “renacimiento”, se rechazaron en referéndum dos propuestas de poner fecha final a la energía nuclear, promovidas por partidos y organizaciones ecologistas.

La central de Mühleberg, ubicada en Berna, es la que mejor representa la política de vaivén nuclear generada por la conmoción de Fukushima. En 2009 había obtenido un permiso de funcionamiento de la ENSI para 10 años, pero tras el 2011 se decidió que en 2019 se cerraría; no obstante, en 2012, una decisión judicial dictaminó el cierre anticipado de la central en 2013, con el argumento de que la seguridad nuclear era demasiado importante para dejarla sólo en manos de la agencia reguladora. Finalmente, en 2014, un referéndum del cantón de Berna rechazó el cierre anticipado y mantuvo la fecha de cierre del 2019; entre ambos sucesos, una decisión de la Corte Suprema en 2013 que revocaba la sentencia judicial de 2012 para evitar sentar jurisprudencia.

Fue en 2014 cuando comenzó a elaborarse la Estrategia Energética 2050, que sería la base de la “Ley de Energía” votada en mayo de este año. Alrededor de dicha Estrategia se ha desarrollado la etapa final del conflicto nuclear en Suiza [3].

Sobre el año 2050 como “fecha mágica” que permite hacer invisible el alargamiento de las nucleares ya se ha tratado en otras ocasiones [4]. En septiembre de 2015, el Consejo de los Estados (cantones suizos) decidió que no se pondrían límites legales al tiempo de funcionamiento de los reactores, y se opuso a que pasasen revisiones periódicas cada 10 años a partir de los 40 de funcionamiento, así como al concepto revisión periódica vinculada a la operación a largo plazo, pese a que la propuesta venía avalada por la ENSI.

La estrategia dilatoria era evidente, y no pasó inadvertida a los grupos sociales y políticos opuestos a la energía nuclear; por eso, el 27 de noviembre de 2016 se realizó un referéndum, promovido esta vez por el Partido Verde y otros partidos de izquierda, para fijar en 45 años el límite de funcionamiento de todos los reactores nucleares, algo que afectaba de manera inmediata a los tres más antiguos [5]. Y el referéndum se perdió, lo que indicaba un voto de confianza a la estrategia 2050, confianza que se ha reafirmado con la derrota de los partidarios de la energía nuclear en el referéndum de mayo de 2017.

Hasta aquí lo sucedido, pero ¿cuándo cierran las nucleares en Suiza?

Cómo se ha votado y qué se ha votado en realidad

Como no podía ser de otra manera, el debate nuclear desde 2011 no ha abordado ni cuestiones de salud vinculadas a la radiación, ni una transición energética profunda, ni implicaciones ambientales o éticas; los temas centrales han sido el dinero y la “seguridad” del suministro; se han sucedido amenazas sobre la subida de precios de la electricidad y la dependencia exterior (Suiza mantiene convenios continuados de suministro eléctrico con EDF, Francia) que provocaría el cierre de las centrales. Desde 2013 han proliferado encuestas que remarcaban la importancia de la energía nuclear, la percepción de seguridad de que gozaba, y la primacía de las necesidades de suministro. Nada que ver con un debate objetivo, ni motivado por imperativos ambientales.

Después de mayo de 2017, el único reactor nuclear suizo que tiene fecha de cierre es Mühleberg, y no por la “Ley de Energía” ni por la Estrategia 2050, sino por el resultado del referéndum del cantón de Berna de 2014; cerrará (si no se da un cambio inesperado) en 2019. Los otros cuatro reactores siguen teniendo un licencia indefinida y, mientras la ENSI no los declare inoperantes, pueden seguir [6].

Por eso se habla de períodos de 20 a 30 años para el cierre de las centrales nucleares, y se menciona el 2050 como el del final definitivo. La cuestión es que con semejantes fechas los reactores o habrán superado los 60 años o estarán ya cerca de superarlos. Y entonces surge la pregunta: ¿Era ese el sentido del acuerdo de cierre tomado en 2011 y que levantó tantos titulares?

La manipulación del lenguaje admite muchos matices; así como una ley que reprime y multa puede ostentar el nombre de “Ley de defensa de las libertades”, las palabras “cierre nuclear” o “fin de la energía nuclear” pueden significar, en realidad, “alargamiento del funcionamiento nuclear hasta que los propietarios de las centrales decidan cerrarlas”. Al final, y pese a tanto debate y tanto referéndum, el final de la energía nuclear en Suiza será el resultado de la voluntad de las empresas, y una burla a quienes han denunciado la destrucción que implican.

Apunte final

El 9 de abril de 2017, casi en vísperas de las elecciones presidenciales francesas, el gobierno comunicó el cierre de la central nuclear de Fessenheim, la más antigua de Francia. El anuncio suponía el cumplimiento de una promesa realizada por Hollande (Partido Socialista) en las anteriores elecciones. Incluso la ministra de Ecología, Ségolène Royal, alardeó del cumplimiento en las redes sociales.

La pega estaba en que la central oficialmente cerrada no tenía fecha real de parada. Se informó que cerraría cuando el absurdo proyecto nuclear de Flamanville 3 entrase en funcionamiento; se trata del EPR, el reactor que debía ser la estrella del “renacimiento nuclear” europeo, un proyecto que acumula más de 5 años de retrasos, lo que, vista la interminable cadena de dificultades a que se enfrenta, puede demorarse y demorarse..., aunque se cree que en 2020 estará en condiciones de funcionar [7].

La burla en este caso es doble: se “cierra” un reactor, pero sigue funcionando; y se propone sustituirlo por otro más potente; si el vaticinio optimista sobre Flamanville se cumple, Fessemheim habrá funcionado durante 43 años como mínimo.

Parece ser que la distancia entre política y realidad no es algo exclusivo de España.

Notas

[1] https://www.swissinfo.ch/spa/economia/adi%C3%B3s-centrales-nucleares_los-suizos-dicen-s%C3%AD-a-la-energ%C3%ADa-con-fuentes-renovables/43198362

[2] Los datos mencionados provienen de los informes “The World Nuclear Industry Status Report” correspondientes a los años 2012 a 2016.

[3] http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/switzerland.aspx

[4] Ver mientrastanto.e, nº 158. Junio 2017. “Estrategias nucleares en las altas esferas”.
http://www.mientrastanto.org/boletin-157/notas/maniobras-nucleares-en-las-altas-esferas-cronica-de-abril

[5] https://noticias.terra.com/mundo/europa/suiza-realiza-referendo-sobre-uso-de-energia-nuclear,657ace4c9fb8344b8d61a1890115a72cakhvo5h5.html y http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/9/suiza-referendo-retrasa-el-abandono-de-la-energia-nuclear

[6] Diversas informaciones. Ver http://www.lavanguardia.com/natural/20170522/422812157609/suiza-vota-referendum-cierre-progresivo-centrales-nucleares.html , y especialmente https://www.swissinfo.ch/spa/pasito-a-pasito_la-muerte-anunciada-de-la-energ%C3%ADa-nuclear-en-suiza/43200488 , https://www.swissinfo.ch/spa/economia/adi%C3%B3s-centrales-nucleares_los-suizos-dicen-s%C3%AD-a-la-energ%C3%ADa-con-fuentes-renovables/43198362

[7]
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/09/actualidad/1491736188_585980.html , http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-frances-cierre-central-nuclear_0_631336929.html

29/6/2017

Decrecimiento, redistribución, fiscalidad

Cuestiones básicas para una estrategia de los de abajo

Juan-Ramón Capella

Decrecimiento

El aparato productivo es ya poderosísimo. Pero ¿es aceptable el crecimiento cuantitativo? ¿El crecimiento económico puede solucionar nuestros problemas? No se entrará aquí en una reflexión en términos globales, sino únicamente locales. La sociedad española, ¿ha de producir más?

La respuesta a esta pregunta tiene que ver con dos cuestiones: la ecológica y la redistributiva.

La gran mayoría de los expertos en cuestiones ecológicas creen que las economías deben decrecer. Que es insensata la carrera del crecimiento (producir por producir), ya que destruye el entorno, se acumulan residuos y se agotan los bienes del suelo y del subsuelo. El decrecimiento formula en realidad una pregunta acerca de cómo quiere vivir una sociedad, y solo secundariamente una pregunta acerca de cómo vive.

Dos precisiones sobre el decrecimiento. Primera: su contrario, el crecimiento, puede ser de dos tipos: cuantitativo (producir más) o cualitativo (producir lo mismo pero mejor). Segunda: decrecer en general no implica hacerlo en todos los sectores. El decrecimiento es compatible en principio, en determinados casos, con el crecimiento cualitativo, e incluso, en algún sector, como la sanidad y la salud, con un deseable crecimiento puro y simple.

Sabemos que las necesidades de las personas son indefinidamenteelásticas, y variados los modos de satisfacerlas. Por eso un control colectivo de lo que son necesidades sostenibles —un adjetivo ya esencial cuando se habla de necesidades— debe establecer algún criterio de selección. Así, serían necesidades insostenibles aquéllas cuya satisfacción destruyera o limitara la posibilidad de satisfacción de necesidades básicas —entendiendo por básicas las de sustento, habitación, calefacción, vestido, movilidad educación y sanidad de todos—. Quede aparte la cuestión de que esas necesidades básicas pueden ser satisfechas de diversas maneras —se puede comer pan o langostinos, moverse en bici o en auto, p.ej.—, y esto no es inesencial, aunque no podamos detenernos en ello aquí. Por otra parte, serían necesidades antisociales las que en ningún caso pudieran ser satisfechas para todos los miembros de la sociedad.

A partir de criterios como éstos, u otros parecidos, se tendría que poder plantear a la ciudadanía a qué niveles de satisfacción de necesidades (establecidos en términos genéricos) aceptaría autolimitarse. Por ejemplo: ¿les bastaría a la gran mayoría de los conciudadanos un nivel de vida medio semejante al de Alemania en 1990? ¿Al de Alemania en 2000? ¿Al de Dinamarca en 2015? En todos los casos, como es natural, con mejor redistribución, más igualitaria, que la de los ejemplos citados. El filósofo alemán W. Harich fue el primero en plantear, creo yo, esta interesante cuestión

Una política de decrecimiento económico tiene numerosas implicaciones que es imposible plantear aquí. Estratégicamente hablando, los de abajo deberían combatir entre el conjunto de la población la idea de que el crecimiento económico es un maravilloso elixir curativo de los males presentes —el mantra reiterado de los neoliberales—, y tratar de exponer la necesidad del decrecimiento, con objetivos razonables. El decrecimiento no es ni mucho menos la austeridad forzosa impuesta por el capitalismo en sus crisis, pero evidentemente implica la idea de contención, de no estirar más el brazo que la manga. La noción de austeridad es siempre relativa, e histórica.

El crecimiento es el deus ex machina del pensamiento económico neoliberal e incluso de cierto pensamiento de izquierdas. Aunque en realidad es tan dogma de fe como la Inmaculada Concepción de la Virgen María o la Santísima Trinidad.

El otro lado de la pregunta sobre el crecimiento es el redistributivo. Pues cabe afirmar que en la sociedad que estamos considerando ya en la actualidad puede haber bienes suficientes para todos, pero están desigualmente distribuidos. Unos tienen mucho, demasiados tienen poco y otros no tienen nada.

Erario público y rentas directas e indirectas

La necesidad de conjugar una política de decrecimiento con la solución del problema social generado por el paro estructural de las sociedades tercioindustrializadas obliga a proponerse políticas fuertemente redistributivas. Unas políticas que serían necesarias incluso si —lo que sería suicida— no se hubieran planteado objetivos de decrecimiento.

Es necesario que todas las personas a las que el mercado de trabajo no acoge sean remuneradas socialmente. No se propone aquí una idílica renta básica universal, sino una renta básica exclusiva para las personas que no consiguen trabajar, mientras esta situación perdure; y una renta no miserable.

También es necesario que el erario público extienda (y financie) los servicios sociales a tareas de cuidado, imprescindibles por el proceso de envejecimiento medio de la población, y por tanto con el incremento de personas que precisan tales tareas. Y que compense a las personas que desarrollan esos servicios incluso cuando vienen haciéndolo respondiendo a imperativos morales en el seno de la sociedad familiar.

No se puede ocultar que una política en general redistributiva tendría que tomar en consideración también la necesidad de ir acomodando la población, su número, a las posibilidades de los objetivos productivos, y no solo los segundos a lo primero. La restricción del número de hijos al mero reemplazo sería deseable, sobre todo porque, al no ser la sociedad española una isla, sin duda seguirán afluyendo a ella personas que escapan a la muerte, a la guerra o a la más absoluta miseria en sus países de origen. La solidaridad internacional obliga a la acogida en términos razonables.

Lo señalado en el párrafo anterior muestra algunas de las dificultades a que ha de enfrentarse el decrecimiento. Es muy difícil que ciudadanías como la española acepten con naturalidad ciertas limitaciones que le son extrañas y que van contra la experiencia tradicional.

Por lo demás, el erario público debe regresar a la financiación de lo que tradicionalmente se ha entendido como fomento de las actividades producivas en sectores no apetecibles para la iniciativa privada. El Estado debe responsabilizarse de determinadas producciones; p.ej. la de medicamentos cuya fabricación no le resulta rentable a la industria farmacéutica. Ello por no hablar de cuestiones mayores, como una hipotética necesidad de nacionalizar determinados sectores productivos, como el eléctrico o las telecomunicaciones, que la iniciativa privada no produce a precios satisfactorios; o, tal vez, la nacionalización del sector financiero, incapaz de operar en términos distintos de los del neoliberalismo estricto y cuyos reiterados fracasos pagan los contribuyentes.

Hoy la vergonzosa protección gubernamental a los monopolios eléctricos se manifiesta en las dificultades puestas a la producción de electricidad —solar, eólica— para el autoconsumo, lo cual equivale a una obligación de mercadear. Por la misma regla de tres de los abominables gobiernos que impiden eso tendría que estar prohibido que los padres fabricaran juguetes para sus hijos.

Por otra parte el paro se puede paliar con inversiones productivas en el interior del país, que debería hacer el Estado si el empresariado prefiere lucrarse en el extranjero. Eso tropezaría hoy con la política ultraneoliberal de la Unión Europea.

Los problemas mencionados los complican las posibilidades abiertas hoy a las deslocalizaciones productivas. Una política económica de izquierdas tendría que ser tan florentina que dificultara o penalizara lasdeslocalizaciones sin ahuyentar la inversión extranjera en los sectores en que ésta fuera considerada conveniente.

[Como se puede ver por lo dicho hasta aquí, los estudiantes de las Facultades de Ciencias Económicas deberían luchar por cambios importantes en sus planes de estudios. Hoy esos centros son poco más que escuelas de negocios, pero en otros tiempos han sido instituciones en que se podía estudiar economía de verdad. Es preciso volver a eso y mejorarlo para formar economistas nuevos; los que hay, instruidos mayormente y durante décadas en el neoliberalismo, sencillamente no sirven.]

Desigualdad, fiscalidad y redistribución

Es obvio que el incremento de la desigualdad producido por las políticas neoliberales —España y los Estados Unidos son los países donde más ha crecido la desigualdad— ha sido terrible en España, no tanto —como se dice— para las clases medias cuanto para las clases trabajadoras. El 20% más pobre de la población es el que más ha perdido; y el empobrecimiento es mayor según en qué regiones, llevándose la palma Andalucía.

El crecimiento de la desigualdad es la principal consecuencia social de las políticas neoliberales. Según el Global Wealth Report de 2015 (apud Fontana), en la distribución global de la riqueza familiar el 1% de los más ricos poseía ya la mitad del total, o sea, tanto como el 99% restante, y para el 90% de la población sólo quedaba el 12,3% de la riqueza. Según Oxfam en enero 2016, en 2015 62 personas 62 tenían la misma riqueza que 3.600millones de seres humanos. Tal es la abominación de la desigualdad a nivel global.

Y, a nivel local, el último informe de Oxfam asegura que España es un país "de dos realidades": por un lado, el PIB crece desde 2014, por otro, la desigualdad aumenta y la situación de las personas más vulnerables empeora, hasta el punto de que España es el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad desde que estalló la crisis. En 2015, el 30% de la población más pobre perdió el 33,4% de su riqueza, mientras que la fortuna de las tres personas más ricas creció un 3%.

Los gobiernos del PP y del Psoe han aplicado las mismas políticas fiscales que los presidentes neoliberales norteamericanos, consistente en unos pocos artificios básicos: reducir los tramos del impuesto sobre la renta, aminorar la fiscalidad en los tramos altos, y dar importancia a los impuestos indirectos, como el IVA, que gravan sobre todo el consumo y a los más débiles (el IVA, las antiguas alcabalas, es un invento endiablado del que ya se quejaban los abuelos de los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos).

Reagan estableció solo dos tramos en el impuesto sobre la renta: hasta 30.000 dólares se pagaba el 15%, y el 28% a partir de ahí. El sistema fue perfeccionado por Bush y Clinton, pero significó un giro radical en la política fiscal norteamericana, tanto republicana como demócrata. Con Roosevelt ese impuesto tenía 24 tramos, y el superior tributaba al 94%. Durante 20 años lo que se ganaba por encima de 400.000 dólares tributaba en Usa al 90%. Truman subió eso al 91% y Eisenhower al 92%. Con Kennedy había 24 tramos que tributaban del 20% al 91%. Y eso no molestaba demasiado a las grandes fortunas porque ganaban muchísimo dinero.

Ciertamente, la redistribución de las rentas que esos impuestos posibilitaban no iba muy lejos debido al desmesuradísimo gasto militar de la época (ou sont les missiles d'antan, les bombes H d'antan, que por fortuna sólo han causado daños sociales antes de convertirse en obsoletos?). Eisenhower había descubierto que las puertas giratorias entre altos mandos militares e industria armamentista constituían un círculo vicioso que atenazaba la libertad de acción de la presidencia de la república; le dio nombre y todo: complejo militar-industrial. En cualquier caso la historia muestra que el dogma de los impuestos bajos a los ricos para que inviertan es tan falso como la santidad de Judas Iscariote.

De modo que el problema del paro está asociado para la izquierda, para los de abajo, a la temática de la fiscalidad. A la implantación de un modelo impositivo de muchos más tramos que los actuales, y que sea casi incautatorio para las rentas desmedidas que los poderosos se han asignado a sí mismos. Abordar el problema del paro está asociado a cerrar el abanico de las diferencias salariales y abrir en cambio el de los gravámenes fiscales. Una política que además podría aminorar la carga fiscal indirecta de los pobres, el IVA, gravando seriamente, en cambio, los bienes de lujo, antisocialistas, que jamás podrían ser disfrutados por toda la población: por ejemplo, campos de golf, embarcaciones de recreo y sus amarres, aviones privados, grandes residencias, etc.

La defraudación a la Hacienda Pública, la ocultación en el extranjero de rentas obtenidas en España, y cosas como éstas, deberán ser objeto de una seria represión penal. Va siendo hora de pensar en cárceles especiales para personas mayores, culpables frecuentes de este tipo de fraudes, y rechazar la idea de que en estos casos la edad exonera de la prisión. El fraude a la colectividad es uno de los delitos más repugnantes, pues se comete con deliberación, sin necesidad y sin ofuscación.

Análogamente habría que castigar con incautaciones e inhabilitaciones a los responsables de las empresas que disimulan sus ganancias en paraísos fiscales, práctica muy extendida entre bancos y poderosos que por otro lado se ocupan de publicitar sus falsas liberalidades, que suelen encubrir intentos de privatizar y mangonear más.

Como en cada asunto central de una estrategia de la izquierda o de los de abajo, se trata de darla a conocer a grandes conjuntos poblacionales, discutirla y experimentarla. Esta estrategia debe colocar los problemas en el primer plano de las consciencias, y ridiculizar a los graves tribunos televisivos dedicados a la putañesca modernización del oficio de marear la perdiz.

30/5/2017

Ensayo

Elisabet Torà Mañós

La Revolución de Rojava: el protagonismo de la mujer kurda en la defensa del pueblo

Situado en el foco de atención occidental a partir de la Segunda Guerra del Golfo, el enclave del denominado Kurdistán se presenta hoy como la nación sin Estado más grande del mundo que abarca una vasta región de Oriente Medio.

A pesar de múltiples discrepancias al delimitar su extensión geográfica debido a la negación categórica de su existencia a lo largo de la historia, cabe decir que su territorio se halla comprendido principalmente entre cuatro estados: Turquía (Kurdistán del Norte o Bakur en kurdo), Irak (Kurdistán del Sur o Başur en kurdo), Irán (Kurdistán del Este o Rojhilat en kurdo) y, finalmente Siria (Kurdistán del Oeste o Rojava en kurdo).

Heredero de un vaivén de injerencias, invasiones y dominios externos, el Kurdistán Sirio o Rojava ha dejado atónita a la opinión internacional al crear una suerte de Ente federativo de inspiración anarquista libertaria, que sitúa a la mujer en primera línea de combate en el contexto de una de las guerras más sangrientas del magullado Oriente Medio.

Para llegar a comprender la naturaleza de dicha realidad política, debemos remitirnos a dos factores clave que configuran el bagaje histórico del puzzle de Rojava y el papel protagonista de la mujer en él: la gestación y transformación del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y el Movimiento de las mujeres kurdas a lo largo de la historia.

La creación del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Turquía, en 1978, fue la culminación de una etapa de reivindicación que había surgido en la zona kurda a raíz del nacimiento de la República turca de la mano de Atatürk, cuya política se caracterizó por un viraje unionista que desembocó en una férrea persecución del pueblo kurdo. En el primer congreso del PKK, se elige a Abdullah Öcalan como líder del partido político. Es importante destacar ya desde un inicio la importancia de dicha figura líder, cuya trayectoria personal y política va a ser una fuente de inspiración constante para la composición del partido político.

El programa político gestado en este congreso se sitúa a caballo entre la lucha de clases y una suerte de nacionalismo kurdo integrador, que se plasma en un manifiesto llamado La vía de la Revolución Kurda. Ya en su redactado, podemos denotar el eje de la influencia marxista-leninista a través de elementos claves que apuntan a las bases del socialismo, utilizando una estrategia de guerrilla de corte maoísta.

En esta primera fase ya encontramos referencias a la igualdad de género, aunque el papel de la mujer se supedita a la tarea prioritaria del partido: la liberación nacional del pueblo kurdo. Por ello, la mujer ocupa un espacio en la arena política e incluso en el terreno militar, pero su participación no se diferencia de las de otros partidos socialistas de la época.

La transformación definitiva de la ideología del partido y del papel de la mujer en él llega a finales de los años noventa, con la detención del líder Abdullah Öcalan, el cual entra en contacto con las teorías elaboradas por Murray Bookchin sobre el municipalismo libertario de corte anarquista. A raíz de este acontecimiento, el partido adopta las tesis de este autor y crea la ideología del confederalismo democrático, que pivota alrededor de tres ejes: el ecologismo social, la economía cooperativista y la emancipación de la mujer.

En efecto, la metamorfosis ideológica del partido comporta una traslación de los objetivos prioritarios: la lucha de la mujer pasa de estar relegada a un segundo plano a constituir el vector de la emancipación femenina, que impregna todos los confines del ideario del partido político. Se establece un nuevo imaginario político basado en el mito de la existencia de sociedades matriarcales en la época neolítica que fueron desterradas a causa del advenimiento del capitalismo.

Si bien hemos establecido la importancia de la ideología del PKK y del líder Öcalan en el resultado actual de la emancipación de la mujer kurda, no debe ser olvidado el papel de la mujer —Jinen en kurdo— en la conquista de sus derechos dentro de los parámetros de la Revolución de Rojava.

Más allá de la militancia de partido, la organización de las mujeres comportó el empuje definitivo de la situación emancipatoria que encontramos actualmente en Rojava. A lo largo de la historia, miles de mujeres combatieron autónomamente en dos planos distintos: primero, en la sociedad kurda tribal a causa de la discriminación interna por el mero hecho de ser mujeres y, en segundo lugar, en un plano exterior contra la discriminación por formar parte de la minoría étnica kurda.

La figura simbólica por excelencia que encarrilará la reivindicación de la población femenina kurda será Sakine Cansiz, co-fundadora del Partido de los Trabajadores del Kurdistán e icono del Movimiento de mujeres kurdas. El fenómeno social de base que Sakine consiguió poner en marcha tuvo un reconocimiento sin precedentes en la mentalidad de la mujer kurda contemporánea. De este modo, se observa la adhesión a la lucha reivindicativa de miles de mujeres que veían en ella la oportunidad definitiva para conquistar sus derechos esenciales. A nivel simbólico, parecía importante establecer un icono líder de una mujer, en tanto que legitimaba la lucha del PKK para la igualdad hombre-mujer.

Rojava o el Sistema Democrático Federal del Norte de Siria (acepción usada para englobar a todos los pueblos que cohabitan en la región) y el papel protagonista de la mujer en dicho ente surgen a raíz de la cristalización de los dos factores anteriormente mencionados.

En efecto, la creación de dicha región autónoma comporta la traslación práctica del sistema propugnado por el confederalismo democrático a través de una plataforma de acción colectiva llamada TEV-DEM (Tevgera Civaka Demokratîk), que basa su actuación en la democracia directa participativa.

Se puede observar una estructura de decisión política basada en el modelo bottom-up, que presta especial atención a la representatividad de ciertos colectivos en cada instancia de decisión política. La paridad entre mujeres y hombres se asegura mediante un sistema de copresidencia donde un miembro debe ser mujer y el otro varón; del mismo modo se construye toda una organización femenina paralela al TEV-DEM para asegurar el verdadero empoderamiento de la mujer en todas las tareas de la acción política.

Las estructuras políticas mixtas han tenido como resultado práctico la influencia trasversal de la perspectiva de género en todas las esferas de creación de poder popular. Este hecho ha llegado incluso hasta la toma de poder militar con la creación de las Unidades Femeninas de Protección (YPJ) que se erigen como protagonistas de batallas como la de Kobane. Es de suma importancia destacar que dicha actuación combativa se enmarca dentro de los parámetros de la autodefensa legítima, pues el confederalismo democrático propugna el ideal de la no violencia.

La supervivencia del ente de Rojava en la guerra contra el Estado Islámico no puede entenderse sin la participación de la mujer. Ello se debe principalmente a dos aspectos: en primer lugar, la mujer adquiere un rol predominante en el ámbito militar, hecho que supone un desdoblamiento de los efectivos en combate y, como consecuencia, se obtiene una mayor eficacia en las operaciones tácticas sobre el terreno. En segundo lugar, la mujer de Rojava estudia la ideología del enemigo y sus puntos débiles: el Estado Islámico propugna que los combatientes abatidos por mujeres en el campo de batalla no tienen acceso al paraíso sagrado que sigue la muerte; por ello, los combatientes del islamismo radical temen el ataque a esta población femenina armada.

Sin embargo, la influencia del papel de la mujer no sólo se limita al contexto de la guerra con el Estado Islámico. En efecto, una consecuencia que ha traspasado los límites del conflicto regional se encuentra en la nueva manera de concebir a la mujer. Contrariamente al feminismo dominante en la tradición occidental, que propugna una lucha para conseguir únicamente la liberación de la mujer, en Rojava la emancipación femenina hace coincidir la libertad de las mujeres con la de la sociedad en su conjunto; de modo que no cabe una victoria de la lucha de la mujer sin el triunfo de la deconstrucción de la unión sacra entre el capitalismo y el patriarcalismo.

A pesar de los significativos avances, la sociedad de Rojava es consciente que resta aún mucho por hacer para alcanzar la emancipación femenina en la región. En efecto, en un contexto de ebullición política debido al fenómeno de la guerra y de la existencia de una Rojava que aglutina una multitud de poblaciones con tradiciones y modus vivendi totalmente distintos, el camino hacia la plena libertad de la mujer en los términos propuestos por Abdullah Öcalan se ve aún obstaculizado. No podemos obviar la presencia de una tradición patriarcal milenaria que ha engendrado un sistema social anclado en las bases de la desigualdad de género. No obstante, las medidas ya puestas en marcha han comportado victorias importantes en el terreno, hecho que muestra que se está produciendo una progresiva evolución social tendiente a la liberación de la mujer en el sentido propugnado por el municipalismo libertario.

30/6/2017

Pompeyo Ramis Muscato

El refugio de la memoria

Cuando llegamos a una edad muy avanzada —llamémosla “cuarta edad”—, no solo somos elementos extraños dentro de nuestra sociedad, sino que en cierta manera vivimos ausentes de ella. No es tanto que quienes nos rodean sientan poco agradable nuestra presencia cuanto que suponen que ya no deberíamos estar allí. Al cruzarnos en la calle con una persona anciana que no hemos visto desde hace tiempo, solemos pensar: “¿pero este hombre todavía vive?” Pregunta que implica la suposición de que ya no debería vivir. Sin embargo no se nos ocurre imaginar que, reconociéndonos él también, diga para sus adentros: “¡cómo se ha deteriorado este hombre!”. Por eso, al observar yo mismo la ruina física de quienes no he visto desde tiempo atrás, me convierto la oración en pasiva. Al principio este pensamiento puede resultar algo perturbador, pero con la costumbre se nos convierte en un sentimiento tranquilizante. La trayectoria de nuestra vida es parabólica. En ella veo cuatro fases: un ascenso, una breve altiplanicie, un descenso y una recta final imaginaria. En la fase ascendente el tiempo nos parece largo porque esperamos vivir muchos años más de los que hemos vivido. Los años de estudios primarios, de bachillerato y de universidad se nos hacen interminables porque son años de espera impaciente, en los cuales se cumple el dicho popular: “quien espera desespera”. Tan desesperante puede parecer la espera por una emergencia odontológica como por una cita amorosa. Ejemplos de esta clase solía utilizar Einstein para hacer comprender su teoría de la relatividad. Decía: “Cuando un hombre se sienta con una chica bonita durante una hora, le parece un minuto; pero si se sienta en una estufa caliente durante un minuto, le parecerá más de una hora. Eso es relatividad”.

Con la relatividad del tiempo se relativiza también la distancia entre las edades. A un muchacho de quince años, le parece vieja una señora de treinta. Cuando yo era estudiante, veía como viejos a todos los profesores, incluidos los que tenían menos de cuarenta. El más joven que tuve —no llegaba a los treinta y cinco— fue mi primer profesor de Filosofía, Lidwinus Vollering, un holandés ya mencionado en una entrega anterior. Teníamos como manual de apoyo el tratado Elementa Philosophiae Scholasticae, de Sebastian Reinstadler, en dos respetables volúmenes; el mejor manual de filosofía sistemática de cuantos he conocido. Conversando con él a la salida de la primera clase, le pregunté ingenuamente:

-Profesor, ¿cómo es posible que un tratado elemental de Filosofía sea tan extenso y en dos volúmenes?

-Porque es de un autor que agota los temas en extensión y profundidad. Yo mismo estudié con este mismo manual ¡cuando tenía tu edad! –añadió entusiasmado.

¡Huy! —exclamé—, ¡pues sí que es antiguo el libro!

El profesor me clavó una mirada oblicua y me dejó plantado. Enseguida comprendí mi imprudencia y quise correr tras él para pedirle disculpas, pero vi que no tenía sentido.

Ahora, cuando ya he iniciado la imaginaria “recta final” de la parábola, veo pasar volando el poco tiempo que me queda. No volaría tan veloz si me abandonara la salud física y mental de que todavía gozo, gracias a Dios, en este momento. Pero ¿hasta cuándo? Es un interrogante que me inquieta menos ahora que durante los años del “descenso”, quizá porque nos vamos acostumbrando a mirar cada vez más de cerca nuestra finitud. Dentro de las características comunes a todos los viejos, hay diversas variedades entre ellos, debidas a las circunstancias actuales y a las formas en que transcurrió su juventud y la mejor parte de su madurez. Hay ancianos resignados, inquietos, refunfuñones, quejumbrosos, nostálgicos. Incluso abundan los que rebuscan formas de vestir impropias de su edad, o se afanan en procurarse terapias de rejuvenecimiento. No son actitudes caprichosas, pues tienen sus razones: el natural aferramiento a la vida, o tal vez la nostalgia de una juventud y madurez colmadas de lujos y comodidades. Muchos dicen: “que me quiten lo bailado”, sin darse cuenta —pobre gente— de que ya se lo han quitado.

Diversas y largas de enumerar son las características de cada anciano. Los hay de porte apacible y dulce sonrisa desdentada. Otros la muestran lúbrica o picaresca. Mucho abunda la figura del “viejo verde”. Esta última condición depende de cómo transcurrieron sus juventudes. Ateniéndonos al antiguo dicho de “quien no corrió el caballo de joven lo corre de viejo”, los hay que son “verdes” por haber corrido demasiado el caballo, y otros por haberlo corrido poco. En cualquiera de los casos, considero arbitrario —aparte prejuicios sociales— llamar “verdes” a ciertos ancianos, porque si hay que decir “verdes”, todos los hombres lo somos a partir de la adolescencia —algunos incluso antes—; todos sentimos la misma llamada hacia los encantos del otro sexo, aunque convengo en que no es socialmente de buen recibo que un anciano manifieste inadecuadamente esta tendencia natural.

El mundo de los viejos es el mundo de la memoria. Grande y de suma importancia es esta potencia de la mente humana donde se “almacenan” las especies sensibles e inteligibles, que a veces evocamos unas tras otras por orden temporal. Es lo que llamamos reminiscencia o anámnesis. De estas materias primas guardadas en la memoria proceden las artes y las ciencias, como la harina de los graneros. Por muy avanzada que sea tu edad y muchos los impedimentos físicos que te castigan, vale la pena que sigas viviendo si conservas la memoria. Pero si la pierdes, no diré que serás un vegetal, sino algo peor, pues el vegetal tiene su puesto natural en la taxonomía del reino viviente, mientras que tú te convertirás en una máquina biológica mostrenca que no cumplirá ninguna función. Si ya pasaste, como yo, la línea de los ochenta, la memoria de lo que fuiste es la razón de lo que eres. Si la conservas, sigues siendo tú mismo. Pero dado que estamos transitando la recta final, ya no podemos hacer proyectos ni siquiera a corto plazo; pero eso no debe angustiarnos, pues sabemos que no es por incapacidad sino por falta de tiempo. Por eso la actitud más prudente de quienes ya rebasamos los ochenta es la de no hacernos la cuenta ni tan solo del día entero. Lo que no es mucho decir, pues no hay nadie que pueda hacérsela. No se trata de pesimismo ni talante derrotista, sino de una realidad tangible que cada día comprobamos al abrir la página de las noticias.

El anciano puede vivir contento en tanto no le abandonen los recuerdos. Aunque no le estén permitidos grandes ni pequeños planes a futuro, tiene detrás un largo sendero que desandar con la memoria. Los hechos y vivencias del pasado, pueden tener efecto terapéutico para el anciano, si pone voluntad en convencerse de que para él ya no es tiempo de proyectos, sino de evaluar, para su gozo o arrepentimiento, los resultados de los que realizó. Viéndolo serenamente, los recuerdos del pasado son el mejor diván en que el anciano puede recostarse. Si logras conversar contigo mismo sobre lo bueno y malo que te ha ocurrido a lo largo de tu vida, no echarás de menos la compañía que tal vez desearías tener. Inmerso quizás en sus recuerdos, decía Antonio Machado: “converso con el hombre que siempre va conmigo”. Pero los recuerdos no acuden fácilmente a tu memoria si no pones de tu parte un esfuerzo para suscitarlos. A menudo se nos hacen escurridizos, creyendo falsamente que es debido a la pérdida de memoria. A menudo confundimos la falta de memoria con la pereza de recordar. Dice Norberto Bobbio que los recuerdos hay que ir a buscarlos en los rincones más remotos de nuestra memoria. Cierto es que hay momentos en que es fatigoso recordar, pero si sabes tomar el pasado como parte inseparable de tu vida interior, entonces los recuerdos te serán saludables. Hay viejos entusiastas que dicen haber renunciado a sus recuerdos y que se levantan cada mañana con la ilusión de ver y sentir algo nuevo. Un ilustre anciano catalán me ha enviado un e-mail diciéndome que a sus casi ochenta y ocho años, tiene la esperanza de ver una Cataluña libre, independiente del Estado español. Creo muy poco en la sinceridad de esos arrebatos esperanzados. Lo único nuevo que un viejo puede encontrar al día siguiente es un pedazo de su pasado visto desde otra perspectiva; una nueva visión de lo que hemos pensado, de lo que hemos hecho, de lo que hemos amado. Aunque nuestra vejez no sea excesivamente larga, también nos afectan los cambios de los tiempos, sobre todo los actuales en que, volviendo la vista con plena conciencia diez años atrás, notamos una nueva curvatura en nuestra cosmovisión. Somos testigos de curiosas tecnologías a las que no tenemos acceso, porque en realidad ya no nos pertenecen. Sin embargo les damos nuevas interpretaciones en parangón con los actos y vivencias del pasado. Hay ancianos que, según van envejeciendo, se tornan más tolerantes, más afables, más sociables. Otros involucionan en dirección contraria: se vuelven intransigentes, huraños, misántropos; siempre dependiendo de cómo les afecten los cambios del presente en parangón con el pasado.

Reconecto con lo dicho: el anciano, en su última edad, es la síntesis de todo lo que ha sido en el pasado. Unos pocos, dotados de excepcional voluntad de vivir al son del último grito, tal vez logren materialmente conectarse a plenitud con la postmodernidad, pero su espíritu no se desconectará fácilmente de lo pretérito. Es imposible conducir una vejez con la mente y el corazón a la velocidad del tiempo. Deja que este corra sin que te lleve el acervo que tienes acumulado en tu espíritu. De él puedes vivir, pero no más que para ti solo. Porque a partir de la tercera década del siglo XIX, la experiencia y la prudencia del anciano dejaron de ser materia útil para las generaciones más jóvenes. Siglos atrás, cuando las tradiciones eran valores protegidos, los ancianos proyectaban sus recuerdos y vivencias más allá de ellos mismos. Se les veneraba, se les consultaba. Pero hoy día, con la ruptura epistemológica que han ocasionado la ciencia y la tecnología, la aceleración de los acontecimientos no deja espacios intermedios suficientemente largos para que arraigue ninguna tradición. Por eso los viejos no tenemos nada que transmitir a las nuevas generaciones; razón por la cual la sociedad de hoy ya no nos venera como veneraba a los ancianos de ayer. Todavía hay quienes lamentan que nuestros jóvenes ya no escuchen al anciano cual depositario de experiencia y sabiduría. No hay razón para ello, puesto que hoy día, es más útil la experiencia de un hombre de treinta años que la de un anciano de ochenta, debido a que se consideran mejores los proyectos que dinamizan la vida que las sentencias que nos la estancan en la tradición. Puede ser éticamente discutible lo que digo, pero es así como lo veo.

-Entonces, ¿la experiencia y la sabiduría de los viejos ya no valen nada? –me replicarás.

-Hay que distinguir. Si se trata de experiencia y experimentación con resultados que ameritan ser continuados y perfeccionados, entonces el anciano que trabaja sobre la experiencia de su saber es solo viejo en edad, pero no según la dinámica del siglo. Si Galileo y Newton hubiesen prolongado su ancianidad en pleno uso de sus facultades, habrían sido, cada uno en su tiempo, ancianos de experiencia útil, como aún lo son algunos de hoy, tan excepcionalmente como los mencionados. Pero fuera de esos casos rarísimos, la experiencia de quienes ya no tenemos nada que dar solo es válida para nosotros mismos. Por eso el refugio en la memoria, “conversando con el hombre que siempre va contigo”, será tu mejor diván para curar el tedio de tus horas bajas. Debemos aferrarnos a nuestros recuerdos antes que ellos nos abandonen, o nosotros a ellos. La parte de futuro que nos pertenece es tan poca y tan insegura, que no vale la pena dedicarle un minuto de nuestro presente.

Quizá lo mejor de tu memoria sea la galería de amistades que por ella desfilan. Primero, el grupito de amigos y amigas que hacíamos mesa redonda en aquel bar del cabo de las Ramblas, sentados en torno a una jarra de vino peleón, conversando de cine y de literatura y despotricando contra el régimen franquista, con el que, a pesar de todo, vivíamos contentos. Después, el amigo chistoso y ocurrente, al que aún recuerdo con una sonrisa nostálgica; aquel con quien podías hablar de todo lo divino y lo humano, y hasta de lo demasiado humano; la muchacha que te quería y se dejaba querer sin pedir nada a cambio; la que te hablaba de una blusa que le gustaba y no le alcanzaba el dinero para comprarla; el amigo amargado que en todo hallaba dificultades; el pasota al que nada le afectaba; el engreído con su gesto siempre displicente; el que acaparaba la palabra y te obligaba a ponerte al acecho para introducir la tuya; el que te agobiaba contándote sus problemas y nunca quería saber de los tuyos; el que jamás te daba la razón, o te la concedía con recortes; el que no perdía ocasión de humillarte y hacerte sentir inferior; el tímido y apocado que se fue a vivir a Noruega con una dama multimillonaria quince años mayor que él; incluso aquel odioso con quien siempre te propusiste romper pero nunca lo hiciste. Hace tiempo que perdí la pista de casi todos. De unos pocos he sabido que aún viven agobiados de mil achaques. Pero todos ellos, vivos o muertos, forman parte de mi vida, por lo que me sería imposible borrarlos de la memoria. Sigo conversando con algunos, guardando a otros entre paréntesis. Hay unos pocos, hombres y mujeres, muy particulares, cuya falta solo he sentido después que murieron. Se me fueron sin que pudiera, por dejación mía, decirles o preguntarles tantas cosas…

Hasta hace pocos años, un grupo de amigos formábamos cada semana una divertida tertulia sabatina. Todos, excepto dos, eran menores que yo. A cada uno le fue llegando su hora, hasta que me quedé a solas con el más joven de todos. Seguro que él pensaba lo mismo que yo: “¿Quién caerá primero?”. Era un ingeniero químico ilustrado, de quien aprendí muchas curiosidades. Fumador empedernido desde los quince años, ridiculizaba el consejo de su médico sobre la urgencia de abandonar el cigarrillo. Comenzó a padecer obstrucciones respiratorias. Tuvo una lenta agonía de más de un año por cáncer de pulmón. La última vez que lo visité, salió a recibirme lento, disminuido, inflado de corticosteroides, apoyado en un bastón y del brazo de su mujer. Nos vamos quedando solos, no de golpe sino por partes. Dice Séneca que la muerte de los amigos no nos debe doler más de la cuenta. ¿De qué clase de cuenta se trata? Homero concede el derecho de llorar a un amigo solo por un día. ¡Vaya!, como si las lágrimas fuesen la medida del duelo. Por lo que a mí toca, ninguna partida de amigo o amiga entre los más queridos me ha hecho llorar, pero mientras yo viva en plena memoria, ellos vivirán en mí.

-Pero aún te quedarán los amigos vivientes –me dirás

-Son tan pocos, que si los cuento con una sola mano, me sobran dedos. Por supuesto que yo soy el más viejo de ellos. Sea por la distancia, o por pereza, ni los visito ni me visitan. Muy de vez en cuando coincidimos en el velorio de algún colega o personaje conocido. En tales ocasiones, aparte de unas pocas mujeres que rezan el rosario, el resto de la concurrencia se reparte en grupos de amigos y conocidos que formamos improvisadas tertulias, en total desconexión del motivo luctuoso por el que estamos allí. En uno de esos encuentros, un exalumno me hizo esta observación:

-¡Es curioso, profesor!; sabiendo con certeza que algún día el difunto será uno de nosotros, ¿a qué se debe que los velorios se parezcan más a un jolgorio que a una manifestación de duelo? ¿Por qué miramos con tanta indiferencia la muerte de los demás teniendo la seguridad de que también ha de llegar la nuestra?

-Por dos razones —le respondí—: una porque nada de lo que ocurre usualmente causa perturbación. Como sabes, la realidad más común de todo el reino animal es la muerte. En segundo lugar, porque la muerte siempre es algo que ocurre a los demás, así como las fortunas y los infortunios, los accidentes, las tragedias, los homenajes, etc. son sucesos que ocurren a los demás y para los demás.

-¿Cómo es eso, profe?; si tengo un accidente, o me hacen un homenaje, o cuando me muera, ¿no serán cosas que me ocurrirán a mí?

-Sí, pero para los espectadores tú serás de “los demás”.

-Eso son juegos de palabras. Cuando me muera me moriré yo, no los demás.

-En el caso de tu muerte, con mayor razón serás de “los demás”, es decir, de los que ya no están entre los vivos. Y he dicho “con mayor razón” porque ni siquiera tendrás conciencia de que estarás muerto. Resumiendo: los muertos, los que sufren un accidente, los que son homenajeados, son siempre los demás.

-Algo confuso me deja usted; pero yendo a lo más concreto: le confieso que el mayor temor de mi vida es la muerte; aunque usted diga que seré de “los otros”, el que se va a morir seré yo. Este pensamiento, aunque no sea continuo, es el que más me agobia.

-A medida que te vayas haciendo viejo te agobiará menos, aunque sigas, como casi todos los viejos, aferrado a la vida. Si llegas a viejo con buena salud, te quejarás menos de la vejez que de lo poco que dura.

-Sinceramente: ¿usted no teme a la muerte?

-Lo que me da miedo no es la muerte sino morir.

-Profe… usted siempre con sus sutilezas. Pero dígame sinceramente otra cosa: ¿no le preocupa el más allá, el estado post mortem?

-Sinceramente te respondo: no recuerdo haber sentido un momento de angustia sobre el más allá.

-Entonces, ¿qué cree?

-Que el más allá será lo que tenga que ser. No hay nada que decir de lo que no podemos saber con certeza.

-Pero usted tiene una carrera de Teología, según tengo entendido; algo debería saber sobre un tema que ha angustiado a tanta gente.

-En Teología se aprende mucho, pero se aprende sobre todo a dudar. La razón de esa duda reside en que toda la argumentación teológica está en el género de la demostración probable. No en la demostración cierta, porque si las demostraciones teológicas lo fueran, no habría necesidad de la fe. Creer sería igual a saber. Pero no siendo así las cosas, en la Teología cabe la duda trascendental. Aún diría más: toda la Teología es un proceso intelectual con la finalidad de reducir al mínimo las dudas sobre las creencias reveladas, sin que se pueda ir más allá de las demostraciones probables. Por eso yo creo que la duda dogmática es sana si se conduce respetuosamente, y que es además perfectamente compatible con la fe. Tú puedes ser creyente sincero aunque guardes la duda entre paréntesis.

-Yo soy creyente, pero lo que me esclaviza son los dogmas.

-Libérate de los dogmas si los dogmas te esclavizan.

-¿Cómo?

Dejando de pensar en ellos. O repite lo que decía Tertuliano: Prorsus est credibile, quia ineptum est.

-Tradúzcamelo.

-“Con razón es creíble, precisamente porque es absurdo”.

-Sí, pero mientras tanto, ¿cómo hace un hombre de poca fe para liberarse de los temores del más allá?

-No tienes nada que temer. Haz el bien y evita el mal en cuanto puedas; cumple los principios de la ley natural, compórtate como buen ciudadano, y después de la muerte, que sea lo que Dios quiera. Pero en fin, dejemos las especulaciones teológicas para una próxima ocasión.

No quiero terminar esta entrega sin referirme al aspecto pedagógico de la memoria. El viejo encontrará buen refugio en la suya no solo según el número de vivencias que haya tenido desde la infancia y juventud, sino sobre todo por los estudios y lecturas de que se haya nutrido, al menos hasta los treinta y cinco o cuarenta años. Después de esta edad, las aprehensiones de diversa índole van sedimentando cada vez con menos consistencia. Tu memoria se hallará bien amueblada en la medida en que hayas tenido vivencias más intensas y te hayas entregado a lecturas de mayor consistencia. Los que mejor cultivan la memoria son los lectores empedernidos, que siguen leyendo durante toda su vida mientras la vista aguante. De muchas maneras podríamos clasificar a los lectores. Los que mayormente abundan son los lectores de novelas. Pero este es el género literario en que mayormente abunda el desperdicio. No vale la pena ir más allá de las novelas clásicas universalmente reconocidas por su valor literario, de fondo y de forma. No son muchas, pero tampoco tan escasas que te sobre vida para leerlas todas. Aun así, yo prefiero seguir el consejo de Séneca: “Más te vale entregarte a pocos autores que andar vagando entre muchos”. Es bastante probable que las novelas que podríamos llamar “de alta gama” sean aquellas que desearás releer cuando seas viejo, pues casi con la misma firmeza se fijan en la memoria los personajes reales que los ficticios, como Lázaro de Tormes, Don Quijote, Hamlet, Fausto, Quasimodo, Don Abbondio, y tantos otros. Como he dicho antes, la memoria es nuestro almacén de imágenes y aprehensiones intelectivas. De lo bien provisto que lo tengamos depende la mayor o menor frecuencia con que deseamos acudir a él. Que haya ancianos que no recuerdan ni quieren recordar, aun manteniendo sana y clara la mente, probablemente se debe a que la tienen desamueblada por desidia o falta de curiosidad.

Los pedagogos de la posmodernidad suelen descuidar la facultad más fresca y esponjosa que tienen los niños, que es la memoria. No discuto la eficiencia educativa de las técnicas pedagógicas actuales, dirigidas principalmente a suscitar la cognición infantil. Entiendo que técnicas tales como el constructivismo de Piaget inciden también en la memoria, pero solo indirectamente por cuanto es inseparable del entendimiento en los procesos de aprendizaje; pero no implican su ejercicio directo, que le es tan necesario como el de los sentidos externos. El método antiguo, el de los maestros que nos hacían aprender de memoria las conjugaciones verbales, los adverbios y las preposiciones, además de la fatigosa lista de los reyes godos y visigodos, nos proporcionaba un aprendizaje endeble por falta de estructuración, pero el esfuerzo mnemónico no era inútil, pues ejercitaba directamente la facultad más receptiva de la mente infantil.

Finalmente, una sugerencia medio en serio medio en broma. Si alguna vez ocurre la necesidad de castigar a un hijo díscolo, no sugiero violencias físicas, ni gritos ni amonestaciones humillantes. Hay la posibilidad de castigarlo haciéndole un favor: entregarle una cuartilla con un párrafo de discreta extensión —un soneto por ejemplo— y encerrarlo bajo llave hasta que se lo haya aprendido de memoria.

15/6/2017

El extremista discreto

El Lobo Feroz

Antecedentes de otro desastre anunciado

¿Cómo se ha llegado a esto?

Artur Mas, dirigente de Convergencia, en la oposición, tenía en su programa una reforma del Estatut de Catalunya en vigor.

Pasqual Maragall, presidente de la Generalitat catalana, le pasa la mano por la cara: Nosotros, no vosotros, haremos un nuevo Estatut.

Zapatero, candidato a Presidente del Gobierno, afirmó —con su característica inteligencia política—: "Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán." (13 noviembre 2003).

El Parlament de Catalunya incluye en el nuevo Estatut la denominación de nación, que puede significar dos cosas distintas: un hecho diferencial, cultural, o algo jurídico-político: una soberanía política propia (30 de septiembre de 2005).

Mariano Rajoy presenta cuatro millones de firmas contra el Estatut de Catalunya, recogidas por el PP, y las registra en el Congreso de los Diputados (acto sin valor, solo para la foto, claro). El dirigente del PP en la oposición parece enorgullecerse en el histórico momento.

El PP inicia una campaña de boicot a los productos catalanes en las comunidades autónomas que gobierna y en Andalucia. Una buena idea para crear muros divisorios que rindan grandes dividendos electorales... La manera PP de romper España.

Emocionalismo a ambos lados del muro.

En el Congreso el Estatut de Catalunya es objeto de recortes. Alfonso Guerra (PSOE) afirma: "Nos hemos cepillado el estatuto catalan como carpinteros" y "no lo reconoce ni la madre que lo parió".

El Congreso aprueba el Estatut cepillado el 31 de marzo 2006, con la oposición del PP.

El PP lleva el nuevo Estatut de Catalunya al Tribunal Constitucional.

Y cuatro años después Tribunal Constitucional dicta una sentencia confusa: recorta 14 artículos, y desaprueba cláusulas que otros estatutos mantienen sin problemas (2010).

Del otro lado, muchos alcaldes catalanes dedican dinero público a las manifestaciones secesionistas: alquiler de autocares para ir a manifestaciones, reparto de estelades... Como el franquismo el día de San José Artesano.

Govern y mayoría parlamentaria catalana deciden prescindir de la legalidad. Montan piquetes ante los tribunales, etcétera. Llegan a amenazar con no pagar la deuda de la Generalitat (cuyo tenedor es mayormente el Reino de España), pero ¿quién les prestaría si lo hicieran? No se presta a quien conocidamente no devuelve lo prestado.

Y, bueno: hasta aquí todo lo ha armado gente que vive de los impuestos.

Son geniales gobernando, todos ellos. Los lobos no la liaríamos mejor.

15 junio 2017

15/6/2017

De otras fuentes

Xesús Alonso Montero

Einstein e Gramsci en Cans

Hai moi poucos días subsanei unha das grandes lagoas na miña formación: estiven -xa era hora!- na parroquia porriñesa de Cans, escenario do singular festival de cinema (et non solum), que é, desde o ano 2003, un acontecer con dereito a figurar na máis severa antoloxía dos aconteceres culturais de Galicia. Alfonso Pato e os seus colaboradores son unha festa de saber, de incitacións e de imaxinación, ademais de seren exemplo de organización eficaz, que moitos non sospeitan na xente da farándula. Que facía eu o 25 de maio, ás 13 horas, en Cans (homófono de Cannes)? Fora chamado como profesor e como explicador no acto en que se descubriu unha placa de homenaxe a Francisco Fernández Buey (Palencia, 1943-Barcelona, 2012). Sabido é que se trata dun dos intelectuais máis sólidos e cultos da esquerda europea das catro últimas décadas, sempre no ronsel crítico do seu profesor en Barcelona Manuel Sacristán (1925-1985). Quen naceu en Cans foi seu pai, que casou cunha palentina, pero en Cans, Paco, de neno, nas vacacións, xogou cos seus curmáns e veciños, e tamén aprendeu cántigas, aturuxou e memorizou ditos e refráns. Por iso, cando no curso 1959-1960, eu explicaba en sexto curso o tema de Rosalía de Castro, no Instituto Jorge Manrique, de Palencia, a Paco non lle eran alleas a fonía e a música dos versos da Cantora. Da estirpe dos intelectuais rigorosos, xa daquela emitía os signos cos que deslumbraría, pouco despois, nas aulas universitarias de Barcelona na etapa de estudante e de profesor interino. Como eran signos cuestionadores, o Réxime, máis contrariado ca deslumbrado, foi moi duro con el: expediente académico, sancións como profesor, castigado no Sahara como soldado… Pero Paco -o intelectual gramsciano Francisco Fernández Buey- nin rompeu nin domeou o espiñazo. De todo isto falei en Cans o 25 de maio ante os veciños e moitos parentes, e tamén falei de que, como marxista, estaba na liña de Antonio Gramsci (1891-1937), do que era un dos grandes estudosos ademais de tradutor e antólogo. Non esquecín o título dun libro para algúns sorprendente: Albert Einstein. Ciencia y conciencia (Barcelona, El Viejo Topo, 2005). Comentouno con ledicia, no xantar, unha curmá súa especialista en Física. Como no xantar había poetas, recomendeilles a lectura dun ensaio de Paco, de 1994, que titulou Si Marx hubiera leído a Hölderlin (y a Leopardi).

[Fuente: La Voz de Galicia]

2/6/2017

Rafael Poch

Entrevista a Emmanuel Todd

Historiador, demógrafo, autor de algunos libros bastante sólidos en relaciones internacionales y de algunas obras mayores como Le Destin des immigrés. Assimilation et ségrégation dans les démocraties occidentales, Emmanuel Todd, 1951, es un pensador a veces desconcertante pero siempre original.

Muy polémico en Francia e indiferente a las críticas que suscita en el gran rebaño intelectual, Todd es un sólido estudioso de la antropología histórica del mapa francés y de los sistemas familiares. Nieto del filósofo Paul Nizan y pariente de Claude Lévi-Strauss, Todd considera que el euro es un desastre para Francia, que su país ya no cuenta para nada y que, tras la elección de Emmanuel Macron, se entrará en un escenario de turbulencias.

A pocos días de su jubilación se declara algo apartado de sus ocupaciones intelectuales habituales y con ganas de meterse en temas tan alejados de ellos como por ejemplo la arquitectura del Imperio Romano.

Estas elecciones parecen más el principio de algo que un desenlace, ¿no?

Para mi la verdadera novedad ha sido el voto a Mélenchon. Es la única fuerza que ha progresado de verdad, más de 8 puntos, cuando el FN solo ha avanzado 3,5 puntos. Ha quedado a la par. Creo que la emergencia en Francia de una fuerza de contestación al liberalismo y Europa que no es xenófoba es una verdadera esperanza. Dicho esto, no pasó a la segunda vuelta en la que se enfrentan la Francia de arriba y la de abajo. No veo nada esencialmente nuevo, sino algo parecido al fantasma del Tratado de Maastricht. Es decir, los dos campos de 1992 que finalmente han adquirido una forma política como en el voto del referéndum constitucional (de 2005). Lo primero que hice después de la primera vuelta fue sumar el total Macron+Fillon+Hamon, es decir de todos los que juraron lealtad a Berlín. Todos los favorables al euro y que de hecho no son más que eso, con algunos diciendo que harán ciertas cosas, como Fillon y Hamon, y otros que dicen que no harán nada en ese frente, el caso de Macron. Se obtiene un 50% con algunas migajas, es decir es como una repetición del voto de Maastricht. Me parece fascinante porque han pasado 25 años, el euro es un fracaso económico total, Francia acumula un paro estructural del 10%, se ha fragmentado su sociedad y el resultado es un conformismo increíble. ¿Por qué no ha aumentado aún más ese rechazo?

Lo primero que se me ocurre es observar la población. Entre 1992 y 2015, la población francesa ha envejecido. La edad media ha aumentado entre 5 y 6 años. Y en el contexto del euro, los viejos son prisioneros. No fue el caso del Brexit, ni de Trump en Estados Unidos, pero en Europa y en Francia los viejos viven bajo la amenaza de una liquidación de sus pensiones si se sale del euro. Hasta ahora se decía, “los viejos son conservadores”. Yo diría más bien que han perdido el derecho de voto. Les dicen, “si quieren mantener sus pensiones, hay que mantener el euro”. Es un factor de bloqueo y ese factor ha aumentado de una manera increíble.

Lo segundo es que una de las cosas que explican el temperamento democrático e igualitario en las sociedades avanzadas es la estratificación educativa. Antes era saber leer y escribir. Desde la guerra, se aumentó el nivel de gente con estudios secundarios, superiores… La gente con estudios superiores produjo una oligarquía de masas. No de élites, sino de masas, gente que vive en su propia salsa y que se cree superior. La gente que apoyaba a los Clinton en Estados Unidos, los universitarios partidarios del “remain” (en la UE) en Inglaterra, los jongleurs que oscilan entre izquierda y derecha en Francia… pero lo que se me escapó es que el número de esta oligarquía no es estable. Miré las estadísticas: en 1992 la proporción de gente con estudios superiores era del 12% y ahora son el 25%. Quiere decir que el segmento superior oligárquico de la sociedad ha doblado de tamaño en el periodo. Así pues: una población más vieja, más masa oligárquica, todo eso integrado arroja una base para el conformismo macronista que se ha desarrollado enormemente, mientras la situación general de los de abajo se ha deteriorado notablemente desde Maastricht. Una polarización. Y por eso creo que los macronistas están tan nerviosos. Yo vivo en ese medio. Te dicen, “cómo es que te vas a abstener…” “cómo vas a dejar pasar a Marine Le Pen…”, no hay el más mínimo riesgo de ello, pero no importa- el grupo alcanza una fuerza que le permite declarar una especie de timing out ideológico. La verdadera novedad del macronismo es que con él elegimos al representante de Berlín, no al Presidente de la República Francesa. La novedad es que él es el primero que lo dice abiertamente. Sarkozy hizo el mismo papel, pero señalaba chivos expiatorios, decía “es culpa de los árabes”. Hollande llegó diciendo: “soy un hombre de izquierda”, “mi enemigo es la finanza”, “cambiaré las cosas con Alemania”. Macron es el primero que dice: no haré nada, vais a aceptar vuestra sumisión oficialmente, cerráis el pico, es esto o el horror del lepenismo. Es un giro. La culminación de una búsqueda de dominio que existe desde hace 25 años.

A propósito de esta oligarquía de masas, en el ultimo mitin de Macron, ayer, dijo cosas como: “no a proteger a los pequeños, sino dar libertad”; “creo en la trayectoria de los individuos en la sociedad”; “hay talentos y no talentos, hay que construir la autoridad de los que saben” y citó a un intelectual enfrentado a los estudiantes de su universidad en 1968 que cuestionaban su autoridad, diciendoles: “Mi autoridad viene de que yo he leído más libros que ustedes”…

Ja, ja. Lo que me hizo reír de verdad fue la entrevista televisada de Macron con Delahuse. Allí dijo: “Marine Le Pen es una heredera; ella es la que representa a la Francia de los de arriba, yo soy un meritócrata”. Es un desconocimiento de lo que es la verdadera sicología de los herederos y los meritócratas. La gente no se da cuenta de que el hecho de que un meritócrata venga de un medio social medio —el caso de Macron— no hace en absoluto de él un defensor de la igualdad. Es exactamente lo contrario: es un tipo que está convencido por el sistema de su superioridad intrínseca. Un meritócrata será la peor amenaza para el sistema igualitario. Mientras que ciertos herederos, en el medio intelectual, son gente que sabe todo lo que deben a su familia, que saben hasta qué punto no se han hecho a sí mismos, y que, al final son mucho más modestos y respetuosos de la gente común.

Hace 36 años Mitterrand llegó al poder al fin del ciclo keynesiano. Ahora Macron llega al final de un ciclo neoliberal…

El drama es que la historia está regresando a su curso normal. Los franceses no acaban de aceptar el hecho de que hace mucho tiempo que no son ellos los que definen el sentido de la historia. Podrían haberse dado cuenta de ello en 1940. Creo que los treinta gloriosos, la recuperación de posguerra, reavivó una ilusión: la de estar escribiendo su historia. Francia tenía una tasa de crecimiento buena, aunque era de recuperación, es decir para alcanzar a los primeros. Luego la realidad de la historia que se creó fue el hundimiento de la URSS, la reunificación alemana…. Francia se encontró con su estatuto de potencia mediana. Habría podido hacerlo mejor. Con Mitterrand aún había la conciencia de que la Alemania reunificada era una potencia de otro calibre que Francia. Mitterrand fue sobrecogido por el miedo y se lanzó al euro. Una vez que Francia estuvo metida en el euro, se acabó. Para Francia, el euro es la salida de la historia. No se quiere admitir y es chocante cuando te mueves por el mundo —yo viajo frecuentemente a Japón— está claro que Francia ya no controla nada, en Europa… Y lo que es impresionante es la incapacidad de las elites francesas de admitirlo. Recuerdo haber tomado una copa con un ministro de derechas que me explicaba que los alemanes eran un desastre y que para conseguir algo tenía que ir a Berlín a ver a su homólogo alemán. No se daba cuenta que con aquel desplazamiento definía una perfecta relación de subordinación. Francia es un gran país, con una larga historia, pero no puede aceptar la realidad. Está en un proceso de sumisión que no se reconoce. En ese contexto, estas elecciones son la culminación.

Pero el Señor Macron reconoce perfectamente eso: dice que no piensa batallar nada con Alemania, que hay que hacer los deberes y punto.

Puede que Macron sea el hombre que admita que Francia ya no existe… Puede que esa sea su misión histórica: hacer comprender a los franceses que Francia ya no pinta nada. Soy muy mal sicólogo, voté por Hollande, nunca creía que fuera tan nefasto, pero no me atrevo a reducir a Macron a las fuerzas que tiene detrás, los bancos, etc. Soy un jubilado y no estoy capacitados para meterme en la cabeza de un tipo de 39 años que se encuentra convertido en Presidente de la República. Hay que concederle algo a la incertidumbre. Tuvimos una muy mala sorpresa con Hollande y no podemos excluir una buena con Macron.

…Es lo que me dijo el Señor Chevènement, “después de todo no hay que insultar al futuro”, y también el Señor Edgar Morin que mencionó a Juan Carlos nombrado por Franco y propiciador de la democracia, o Gorbachov que se carga el sistema del que salió…

Sí, se puede soñar. Pero hay que decir que cuando Macron habla de cosas concretas, de economía, etc., habla como un manual. Lo más probable es que tengamos una acentuación de lo que se ha hecho con Manuel Valls, lo que creará tensiones y un aumento de la violencia. Lo que hace al sistema francés menos estable que el alemán, español, etc, es que aquí todavía hay bastante jóvenes. En España, Italia, Portugal, la política que se aplica es desfavorable para los jóvenes, pero hay pocos, mientras que en Francia es desfavorable y continuamos fabricando jóvenes.

…Hay también cierta tradición social, ¿no?

Me gustaría poder decirlo, pero el ejemplo del referéndum de 2005 no es muy estimulante: votaron no, les colaron lo mismo con el Tratado de Lisboa y nadie se movió…Francia es un país decepcionante.

Depende con qué la compare, ¿no?

La comparo con el país de mi infancia.

Pero aquello era excepcional: una gestión magnífica de su debilidad en el mundo de posguerra tras haber sido derrotada militarmente, ocupada y deshonrada por el colaboracionismo. Y acompañando a esa proeza de De Gaulle, una potencia cultural extraordinaria, la Francia de Sartre, Camus, Barthes, Lévy-Strauss, Braudel, Bourdieu, Aaron… No me extraña que haya tanta nostalgia en la Francia de hoy: venían de un nivel muy alto.

Si, pero hoy, los países en los que pasan las cosas, son Estados Unidos e Inglaterra. Si pensamos en la crisis de la democracia, en el desprecio de la población, etc, donde se han producido las primeras reacciones ha sido allá, cierto, con un componente xenófobo: se trata del Brexit, de Trump. Los que inventaron la democracia representativa no fueron los franceses, sino los anglosajones, los americanos. En 1789 los franceses ya estaban en posición de alcanzarles. Es verdad que lo hicieron más masivo y más violento…

….y bastante más social, ¿no?

Sí, más igualitario. Pero los franceses fueron también más frágiles, con todos esos vaivenes que siguieron.

…los avances y retrocesos de 80 años hasta la consolidación de un orden republicano estable después de la masacre de la Comuna…

Sí, pero cuando miras hoy el mapa del voto del Frente Nacional, es el mapa de la Francia revolucionaria… El área de París y la cuenca mediterránea de tendencias igualitarias, donde la religión católica se hundió desde el siglo XVIII. Una especie de Andalucía en la que la gente sabía leer y escribir. Luego hay toda una periferia en el oeste, alrededor del Macizo Central, en los Alpes y el este, donde tienes una estructura familiar que propicia la disciplina con una fuerte impronta católica hasta 1950/ 1960. En España sería algo entre Cataluña y Galicia, regiones más disciplinadas. En 1789 las regiones que dominaban Francia eran liberales e igualitarias. Imagínese una España controlada por el espíritu andaluz y que de repente se ve controlada por los vascos. La disciplina vasca contra la anarquía andaluza. Es un cambio sensible. La Francia revolucionaria tenía en su centro dos tercios de andaluces y un tercio de vascos que aportaban el orden y aguantaban el chiringuito desde el punto de vista de la disciplina, y que cayó en un cuadro en el que ganan todas las fuerzas de la autoridad y la disciplina. Todo esto no parece muy serio pero se corresponde con las estructuras familiares que he estudiado: El voto a Le Pen corresponde con las regiones con gente de tradición liberal-igualitaria.

Mencioné antes a Mitterrand porque llegó al poder con un programa de nacionalizaciones, de transformación social nacional, y a los dos años se pasó al cuadro de la integración europea en clave neoliberal, en el fin del ciclo keynesiano. Macron está en una situación semejante: todo lo que propugna está caducado.

Si, pero ahora son los alemanes los que mandan. Lo que piensen los franceses no tiene tanta importancia.

Pero, ¿tienen los alemanes un proyecto, más allá de seguir consecuentemente la línea hacia su habitual desastre dominador?

Tienen una racionalidad limitada. Hay un agujero en la cultura alemana. En términos de sus elites Alemania no se ha recuperado del todo de la experiencia nazi. Las universidades están subdesarrolladas… Se dice que Alemania produce excelentes máquinas, pero es que la misma sociedad alemana es una máquina. Alemania resuelve problemas técnicos. No producen suficientes hijos, hacen venir emigrantes… Estoy seguro de que en la lógica alemana la destrucción de las economías italiana, española y portuguesa no ha sido un accidente. Estoy convencido de que la destrucción de esas economías (enseña una portada de Der Spiegel, felicitándose del flujo de jóvenes cualificados españoles, italianos etc hacia Alemania).

Cuando se le dice a Alemania que las medidas de austeridad que exige a los países del sur son destructivas, “sean razonables”, etc., hay una confusión: creo que ellos lo entienden perfectamente. Su objetivo es, precisamente, la destrucción de estas economías y la recuperación de esa mano de obra cualificada del sur. Es una racionalidad bastante sofisticada pero una racionalidad de medios, sin objetivo existencial. Hay una búsqueda de potencia, pero la búsqueda de potencia de un país que solo produce 1,4 niños por mujer en cada generación es muy extraña. Sus medidas son racionales. Hay una inteligencia de gestión de la economía a corto y medio plazo. Lo que han conseguido es extraordinario: tomar el control de la Europa del Este, subtratar parte de su producción allí, llegar a unos excedentes comerciales impresionantes… La conquista de la economía europea-occidental por el dinero alemán es muy superior a lo que se imagina.

¿Qué le parece la estructura sociológica del voto a Mélenchon?

Es formidable. Si establecemos cuatro bloques, Fillon es el voto del pasado: 40% de más de 65 años, los ricos. Luego tenemos la Francia del presente con este conflicto irresoluble entre los de arriba y los de abajo, y aquí tenemos el voto a Macron muy desviado hacia los de arriba, hacia la gente con estudios, y aún más hacia los que tienen dinero, muy débil entre los obreros. Desde el punto de vista de la edad, es bastante equilibrado aunque algo más acentuado hacia los viejos. El voto Le Pen: muy débil entre las categorías superiores, muy fuerte entre los obreros y muy joven. Y el de Mélenchon es un voto de reconciliación: importante entre los obreros (25%), con un 17% de cuadros superiores, masivo en las profesiones intermedias, es el más joven, por encima del 30%, y muy débil entre los viejos. (Piense que el mensaje que se les lanza es: si salen del euro ustedes pierden sus pensiones.) Así que el voto por Mélenchon supera el enfrentamiento entre la Francia de los de arriba y la de los de abajo. Es una Francia de todo el mundo. Para mí eso quiere decir que el voto a Mélenchon tiene futuro, porque una sociedad no puede vivir con un enfrentamiento como el que representan Le Pen y Macron. Es algo que te empuja hacia la guerra civil, porque una sociedad no puede vivir únicamente en la longitud de onda de sus elites y para su elites, ni tampoco sobre el presupuesto de que el pueblo es una maravilla humana. O sea que habrá que definir una síntesis. (Aclaro que siempre he militado por unas elites responsables, no soy un fanático del igualitarismo de ingresos, soy partidario de un capitalismo regulado, estoy a favor de la salida de la UE, pero no de la salida del capitalismo…) En Estados Unidos pasa un poco lo mismo: están en un estado de guerra civil fría: Trump ha sido elegido, el establishment no acepta su legitimidad, y el trumpismo tampoco acepta la legitimidad de los otros…Si quieren seguir siendo una nación equilibrada les hará falta una negociación entre los dos campos que defina una síntesis. Y lo que es curioso es que la estructura del voto a Mélenchon es una síntesis.

Yo soy más bien proamericano y creo que en geopolítica el programa de Melenchon podría ser mejor, pero su electorado me ha impresionado porque ahí está un poco todo el mundo; los hijos de emigrantes, los obreros, los cuadros superiores, los enseñantes, técnicos. Insisto: es una Francia para todos. Parafraseando a la “Manif pour Tous”, yo diría que Mélenchon es “La France pour tous”. La de Macron es la Francia para los ricos, la de Le Pen es la Francia de los no educados, y no son solución.

¿Podemos imaginar una cohabitación Macron-Mélenchon, si éste llegara a conseguir una marea en las legislativas?

Todo es imaginable, pero de momento lo que me choca es que todo el mundo se concentra en el Frente Nacional. Se dice que el FN intenta normalizarse, y se responde diciendo, “pero no es verdad”, etc. Pero a mi lo que verdaderamente me preocupa es la radicalización de la Francia de los de arriba. Ahora quieren gobernar a pelo, desnudos: ahora es el euroliberalismo, es así y vais a tener que obedecer. Me parece que el problema de Francia es la radicalización de los poderosos. Pienso en The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy de Christopher Lasch, (la idea de que las clases privilegiadas nunca han estado tan aisladas de su entorno) que cuenta lo que pasó en la época de Reagan y de Bush. En Francia estamos retrasados en eso, pero es lo mismo, una especie de reaganismo tardío con 30 años de retraso.

…Con el agravante de que aquellas recetas parecen caducas y que los propios americanos comienzan a enmendarlas...

Exactamente. Nada demuestra mejor que Francia está retrasada. A los franceses les cuesta reconocerlo. En Estados Unidos, el país que hizo avanzar la globalización, el debate sobre el proteccionismo hace furor, Sanders es proteccionista, Trump… Mientras tanto en Francia los políticos dicen que Le Pen es la cerrazón hacia el mundo y que Macron es la apertura. Y en política exterior, el FN es el partido que se interesa por todo lo que es nuevo en la escena: las potencias emergentes, el multilateralismo, es proanglosajón porque ha comprendido lo que significa el Brexit y Trump, el “Abenomics”, etc. O sea que en el plano geopolítico es más bien el Frente Nacional el que está en un plano abierto. Y el tipo que dice representar la apertura es el que no ha entendido nada de lo que pasa en Estados Unidos, que rechaza el Brexit, Putin, que no se si sabría situar al Japón en el mapa… O sea, al final una apertura hacia Berlín. Verdaderamente curioso.

¿Qué cree que va a pasar con la voluntad de imponer ya este verano, por decreto una reforma laboral aun más extrema?

El problema es que el euro está inadaptado a la economía francesa: no puede funcionar para un país que tiene una tasa de fecundidad de dos hijos por mujer. Ninguna política económica (francesa) puede funcionar en el contexto de la zona euro. Con Hollande hemos tenido un aumento del paro del 25%. Esto va a continuar. Me siento incapaz de decir en qué momento eso va a desencadenar la violencia. Hay muchos viejos y puede que Francia realice el escenario Fukuyama de fin de la historia, pero salir de la historia para Francia es entrar en la historia de Alemania. Y no está nada claro que la potencia alemana se mantenga. Puede que nos encontremos con la sorpresa del sistema europeo hundido en su centro. Es lo que pasó con la URSS. Pero de momento creo que podemos decir a los amigos de la Europa latina que Francia se ha deshonrado. Lo que los políticos franceses han aceptado de Alemania, actuar como ayudantes del poder alemán en la Europa del sur, es una inmundicia total. Lo que hizo Hollande con Grecia, enviar sus inspectores, eso fue verdadero petainismo.

En realidad solo los griegos hicieron verdadera resistencia: ni los españoles, ni los italianos hicieron gran cosa.

En realidad, si vamos al fondo de las cosas, la última gran estafa europea es decir que Europa es un polo sólido de resistencia liberal. En realidad la tradición liberal es Inglaterra, Francia con sus oscilaciones, los países bajos, Bélgica y Escandinavia y para de contar. Si te sitúas en la Europa de 1930, no hay más que regímenes autoritarios. Creo que en 2050 el historiador no se hará grandes misterios: mirará el mapa de 1930, verá el mapa de 1980, pondrá el mapa de 2050 y constatará una cierta continuidad autoritaria en 1930 y 1980 y dirá, “hubo un pequeño paréntesis democrático cuando Europa estuvo bajo control americano”.

La conquista de la UE por la extrema derecha ya está en su discurso. Se vio en la reunión de Coblenza. Marion Marechal Le Pen dice que hay que esperar a los avances de nuestros compañeros en países como Italia y otros para dar la batalla en las europeas de 2018, ¿cómo ve eso?

No creo mucho en la Europa-Imperio. La idea de partidos transeuropeos es una ficción. Las culturas nacionales son más fuertes que la divisoria izquierda/derecha. Vea, por ejemplo, lo que decían los socialistas franceses: nos entenderemos con los socialdemócratas alemanes para cambiar Europa. Como si la diferencia izquierda/derecha fuera más importante que las diferencias entre franceses y alemanes. Eso hace partirse de risa a los socialdemócratas alemanes que aún son más nacionalistas que los democristianos porque están implantados en las zonas protestantes, y en el Parlamento Europeo socialdemócratas y democristianos alemanes votan juntos, como alemanes, para defender los intereses de Alemania. No veo que eso vaya a ser diferente con la extrema derecha. Piense que en Francia hay en la extrema derecha un sustrato antropológico-histórico de rebeldía (antes hemos hablado del elemento “andaluz”) mientras que en Alemania la extrema derecha arraiga especialmente en las regiones prusianas, en el Este protestante, luteranas y para que esa extrema derecha funcione es como decir: “vamos a hacer una gran fuerza unida con los militares prusianos y el anarquista andaluz”.

Regresemos a Macron como producto

Creo que la clave está en la búsqueda por parte de las élites a un Partido Socialista moribundo en la línea de los pensadores italianos Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca cuyo efecto final fue Mussolini. La verdadera comparación entre Macron y algo sería con la emergencia de Mussolini que también vino de la izquierda.

Entonces su pronóstico para Francia es algo bastante turbulento y violento, ¿no?

Lo que se perfila es estagnación política, podredumbre, violencia difusa y lógicamente los acontecimientos importantes para la ruptura del sistema ocurrirán fuera de Francia. Es decir: crisis alemana, enfrentamiento directo entre Italia y Alemania —es una posibilidad de la que dudo un poco porque los italianos no tienen una elite política intelectual— enfrentamiento entre el sistema alemán y la angloesfera, porque el problema esencial de los alemanes es su incapacidad de pararse. Soy un gran admirador de Bismarck: es lo contrario de los cretinos como Napoleón o Hitler, el tipo que supo pararse. Fracasó porque presionaron a Guillermo II, pero esa idea de que la búsqueda de potencia un momento dado debe saber pararse. Creo que los objetivos que Alemania se plantea hoy están por encima de su fuerza. Y no creo que los americanos toleren la emergencia de un nuevo sistema alemán tan potente como el suyo. Creo que están comprendiendo que los alemanes les han utilizado en su expansión al este en Ucrania. A corto plazo vamos a tener un enfrentamiento entre el bloque continental alemán e Inglaterra a propósito del Brexit. Será una verdadera prueba para la diplomacia alemana: si son realistas deberían tener interés en hacer las cosas soportables para Inglaterra. Si los alemanes se antagonizan con el Reino Unido no tendrán ninguna posibilidad. Y volvemos a lo mismo: Francia no está en esta foto.

Tanto Mélenchon como Dupont-Aignan dicen que si Francia se enfrenta a la austeridad se creará enseguida un polo de países europeos del sur que la seguirán…

Italianos y españoles, con su baja fecundidad tienen una realidad demográfica muy diferente. De ahí un mayor conformismo y las dificultades de reaccionar. Pero hemos llegado a una situación tan grave, y esa es la gran debilidad de Mélenchon, que Francia no puede salirse de todo esto sin la ayuda de los anglo-americanos. La izquierda francesa, y en general los antieuropeístas franceses, están paralizados por su antiamericanismo. Hasta que no lleguemos a tomar partido entre Berlín y Washington, no resolveremos gran cosa: para salir del euro necesitamos la ayuda del dólar.

[Fuente: La Vanguardia]

7/5/2017

Agustín Moreno

La esperanza es siempre una victoria

Lo peor que le puede pasar a una fuerza política que se reclame transformadora es anidar en las instituciones y someterse a un funcionamiento burocrático y acartonado. Como la situación política es insostenible, alguien tiene que decir ¡Basta Ya! a la mafia política y empresarial que corrompe el sistema democrático. Y hay que hacerlo en la institución en la que reside la soberanía del pueblo: el Parlamento. Esa es la esencia de la moción de censura planteada por Unidos Podemos como una cuestión de dignidad democrática. Que cada cual se retrate con su posición, que opte por la indignación coherente o por la complicidad.

Veamos los problemas principales que tiene este país y que no dejan de crecer. Por un lado, la situación socioeconómica no da cuartel. El paro sigue siendo muy elevado y aumenta la desprotección de los parados; la precariedad ha venido para quedarse y crea una legión de trabajadores pobres a los que un trabajo no les llega para vivir; los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo y los beneficios empresariales se disparan; prosiguen los recortes a un Estado de Bienestar cada vez más raquítico y no cesan los desahucios. Las Marchas de la Dignidad tuvieron que salir a la calle el 27 de mayo a manifestarse de nuevo de forma multitudinaria contra el saqueo a los derechos de la clase trabajadora y la ciudadanía.

Por otro lado, cada vez hay una conciencia más clara de que nuestros recortes son sus latrocinios. La corrupción política y empresarial es galopante. Salpica a cientos de imputados cada semana, alcanza a los más altos cargos y a todas las instituciones, como se puede ver en la web “Casos aislados de una corrupción sistémica”. El gobierno degrada la magistratura, especialmente, al copar los altos tribunales de justicia para ponerlos a su servicio. Un ministro de Justicia reprobado y nombres como Pérez de los Cobos (TC), Espejel, Enrique López, Maza o Moix son algunos ejemplos del intento de apropiarse de las instituciones. ¿Dónde queda la división de poderes con una estrategia para controlar las instancias judiciales superiores, anular los buenos trabajos de jueces y fiscales y asegurar la impunidad de los corruptos?

Quizá lo peor que le pasa a un país no es la corrupción existente, sino la desmoralización ciudadana que provoca. Pensar que no se puede hace nada, que hay impunidad, que nadie dimite, conduce a tolerar las injusticias con resignación y, por tanto, a la pasividad social.

El partido del Gobierno, y especialmente su presidente, hacen un ejercicio permanente de cinismo al negar lo evidente. Solo esperan capear el temporal y que se vayan olvidando las cosas, prescriban los delitos o actúen sus amistades en la judicatura.

El PP respira solamente porque, más allá de la retórica, siguen contando con el apoyo de Ciudadanos que juega con eficacia su misión de frenar el cambio. Es patético su papel: cada vez que dicen “Ni uno más” aparecen docenas de imputados a los pocos días. Les pasará factura la “doctrina Rivera” de seguir apoyando al PP mientras propongan a un candidato “limpio”, como es el caso de Murcia, y lo anunciado para Madrid si Cifuentes resultase imputada.

Ante esta situación, es coherente la moción de censura presentada por Unidos Podemos. Para denunciar la escandalosa situación, para llevar la voz de la calle al Parlamento, para que se visualice que existe la opción de la honestidad política, para dejar en evidencia las complicidades dolosas. Es verdad que al PSOE le ha cogido en campaña de primarias y congreso, pero la vida política no se detiene por sus debates internos. Es correcto que UP haya ofrecido al PSOE retirar la moción para presentarla de forma conjunta y encabezada por los socialistas. Pero es un error que los socialistas la rechacen, porque esta moción de censura conecta mejor con el “No-Es-No” de las bases y el electorado socialista que otra nueva abstención impulsada esta vez por Pedro Sánchez.

Las mociones de censura no se ganan o pierden por la simple aplicación de la aritmética parlamentaria. La perderá Rajoy si, llevado por su frivolidad y cobardía, desprecia a más de cinco millones de ciudadanos y no da la cara. Quedarán tocados los que por activa o por pasiva le apoyen. La ganará quien demuestre que la situación es insostenible y que degrada profundamente al sistema democrático, que hay alternativa y que podemos estar cerca de ella.

No es una moción de censura perdida, aunque no tenga los votos suficientes. Menos aún si va acompañada de movilización en la calle como la que está prevista para el 24 de junio. Los hechos hablan más alto que las palabras y esta iniciativa política sirve para desenmascarar y para demostrar que se debe abandonar el pesimismo. Muchos ciudadanos se darán cuenta de que mientras haya quien pelee por la dignidad de la democracia aún queda un destello de esperanza. Y la esperanza es siempre una victoria.

[Fuente: Cuarto Poder]

6/6/2017

Julio González

CETA

9 Aspectos esenciales que se deben conocer

Finalmente, el CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) el Acuerdo entre la Unión Europea y Canadá va a ser sometido a votación en el Congreso de los Diputados. La nueva posición del PSOE (que no va a votar a favor del Tratado en el momento de su ratificación por España) ha abierto un debate sobre el alcance y efectos de este tipo de acuerdos que hasta ahora no se había tenido en nuestro país.

El CETA transciende, en mi opinión, el marco de relación entre Canadá y la Unión Europea. Es un modelo de los nuevos acuerdos que impulsa la Unión Europea y que, además, tiene una gran transcendencia por la conexión con los EE.UU. a través del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y EE.UU. Que el Acuerdo con Canadá sea mejor que los aspectos conocidos del TTIP no significa, en modo alguno, que proporcione una regulación suficiente ni que ésta resulte la más adecuada para una adecuada protección del interés general. Veamos algunos aspectos

1. ¿De qué discutimos sobre el CETA?

Esta cuestión es muy general pero introduce el debate en un punto donde hay riesgo de demagogia. Sólo desde una perspectiva reduccionista se puede decir que, cuando se discute sobre la regulación contenida en el CETA, el debate es sobre proteccionismo o globalización. De hecho, creo que si planteamos la cuestión de este modo se comete un gran error (interesado o no).

De entrada, la globalización es imparable porque la base técnica que ha conseguido relativizar tiempo y espacio la tenemos entre nosotros y porque ha generado un cambio de planteamientos socio económicos que no permitirían volver a tiempos proteccionistas. Ni siquiera en los EE.UU. de Trump. La cuarta revolución industrial, de hecho, la potenciará.

El debate es sobre las reglas que queremos que rijan la globalización. El CETA se inserta en unas modalidades de acuerdos comerciales, cuyos otros grandes exponentes son el TPP, el TTIP o el TiSA, que no sólo incluyen reglas sobre comercio sino que tienen una base constitucional que modifica de forma integral nuestro entendimiento de la regulación económica. Lo hace, además, sobre una base que olvida las reglas esenciales del Estado social que está en el artículo 1.1 de nuestra Constitución.

De hecho, examinando el CETA se observará, por poner un ejemplo, que el valor que protege es el comercio, olvidando otros que son dignos de protección. ¿Cuál es, por ejemplo, el objetivo de la regulación fitosanitaria? Además de proteger la salud, se incorpora un correctivo: “garantizar que las medidas sanitarias y fitosanitarias («MSF») de las Partes no creen obstáculos injustificados al comercio”.

De hecho, en el propio parlamento europeo ya se han advertido de algunas consecuencias negativas del CETA. Recordemos que la comisión EMPL (Empleo y Asuntos Sociales) del Parlamento Europeo aprobó en diciembre pasado, con 27 votos favorables y 24 contrarios, su informe sobre el CETA en la que pide al Parlamento Europeo rechazar el acuerdo por la pérdida de unos 200.000; la pérdida de condiciones de trabajo especialmente para el menos cualificado y la ausencia total de políticas de impulso a la pequeña y mediana empresa.

2. ¿Qué es el CETA y cómo se ha negociado?

El CETA (Comprehensive and Economic Trade Agreement) es el acuerdo suscrito entre Canadá y la Unión Europea para articular sus relaciones comerciales. Las conversaciones para llegar al acuerdo se han realizado de forma poco transparente, incumpliendo los principios del Tratado de la Unión Europea. Resulta poco asumible que el mandato negociador sea de 2009 (las correspondientes conversaciones empezaron en Montreal el 10 de junio de 2009) y que hasta el 15 de diciembre de 2015 estos documentos no fueran desclasificados y hechos públicos. Esto es, más de un año después de que concluyeran las negociaciones, el 26 de septiembre de 2014 en Otawa.

El Acuerdo tiene 1600 páginas que se dividen en 30 grandes artículos y otros tantos Anexos que matizan la propia redacción del Acuerdo. Los problemas políticos que se generaron con su ratificación —no sólo con la sociedad sino en algunos Estados, como Bélgica— obligaron a que se suscribiera un Instrumento interpretativo conjunto que, aparentemente, forma parte del texto del mismo aunque no dejan de existir dudas de su validez jurídica a la luz del hecho de que no se ha aprobado de acuerdo con los mismos procedimientos que el propio Tratado.

Posiblemente, al CETA se le puede imputar lo mismo que se ha señalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur, que tiene un contenido muy parecido a éste: que la Unión Europea se ha extralimitado en la negociación; de tal manera que “el mero hecho de que un acto de la Unión, como un acuerdo celebrado por ésta, pueda tener ciertas repercusiones sobre el comercio con uno o varios Estados terceros no basta para concluir que dicho acto deba incluirse en la categoría de los acuerdos comprendidos en la política comercial común”. Justo esto es lo que está haciendo usualmente la Unión Europea: utilizar la política comercial para incluir regulación que afecta a otros aspectos, sociales, ambientales o económicos.

La negociación del CETA se ha hecho, como se señaló con anterioridad, con un grado de secretismo similar a la del TTIP. De hecho, durante mucho tiempo ni siquiera se tenía demasiado conocimiento público sobre estas negociaciones. Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha censurado la forma en que las instituciones europeas han limitado el debate público sobre estos tratados: “Por tanto, nada justifica tampoco excluir del debate democrático los actos jurídicos que pretenden que se revoque una decisión por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo internacional, igual que ocurre con los actos que tienen por objeto impedir la firma y la celebración de tal acuerdo, los cuales, en contra de la tesis defendida por la Comisión, producen innegablemente efectos jurídicos autónomos, al impedir, en su caso, una modificación anunciada del Derecho de la Unión”.

3. ¿Cómo se ha aprobado el CETA en la Unión Europea?

El debate que hubo hace un año sobre la forma de aprobación del CETA en la Unión Europea dejó dos importantes conclusiones: es un acuerdo mixto que se está aplicando provisionalmente.

Desde el primer punto de vista no es precisa la unanimidad, sino que es suficiente la mayoría cualificada, esto es un mínimo del 55 % de los miembros del Consejo que incluya al menos a quince de ellos y represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65 % de la población de la Unión. Hay que tener presente que no fue la opción inicial de la Comisión europea: para la comisaria Mallström este paso atrás de la Comisión se produce “por razones políticas” de los Estados, ya que: “From a strict legal standpoint, the Commission considers this agreement to fall under exclusive EU competence. However, the political situation in the Council is clear, and we understand the need for proposing it as a ‘mixed’ agreement, in order to allow for a speedy signature”.

El segundo aspecto es más importante: la comisión impulsó que se aplique de forma provisional, desde el momento en que se apruebe por las autoridades europeas competentes. Una posición que respalda Trideau, Primer Ministro canadiense Esta aplicación provisional afectaría a las materias de competencia exclusiva de la Unión Europea y que fuentes canadienses fijan en aproximadamente un 90% del Tratado.

Ya de entrada un porcentaje de tal magnitud deja como accesoria la participación de los Parlamentos nacionales. Algo que no resulta admisible especialmente teniendo en cuenta el impacto constitucional que tiene el CETA.

4. ¿Reconoce el CETA el derecho a regular de los Estados?

Sí. Este es un principio básico de Derecho internacional y por tanto no puede restringirlo. Pero de nuevo cuando se plantea esta pregunta se hace con una trampa. El problema no es el derecho a regular sino el derecho a cambiar la regulación sin indemnización hacia el inversor exterior por los supuestos daños que padezca por comparación a la situación anterior.

En efecto, el CETA recoge uno de los elementos más criticables del Derecho de inversiones que es la posibilidad de que se configure un derecho a la indemnización, incluso en los supuestos en los que la norma discutible sea conforme con nuestra Constitución, tal como ha ocurrido recientemente en relación con el laudo arbitral sobre las energías renovables. En este caso, el coste ha sido superior a 120 millones de euros.

De este modo, dos son los principios que regulan la protección de las inversiones y que constituirán el análisis del litigio: “trato justo y equitativo” y “protección integral”. La cuestión es, por tanto, cuándo aparece el derecho a la indemnización en el caso de que se proporcione un daño a las expectativas de beneficio de los inversores. Los elementos que podrían incorporarse a la indemnización también están contemplados de forma amplia en el artículo 8.

La regulación de las medidas carve-out (que son las que permiten excepcionar del régimen arbitral a los cambios legislativos) está rodeada de cautelas: se admitirá “la adopción o el mantenimiento de medidas razonables por motivos prudenciales”. De hecho la falta de concreción de la cláusula de la medida justa y equitativa transforma en totalmente discrecional para el órgano de resolución de conflictos la solución que se proporcione a una modificación del status del inversor

5. ¿Qué aspectos básicos tiene el “tribunal de inversiones?

Llámese como se llame, tenga jueces en lugar de árbitros, no deja de plantear el problema esencial de que se trata de un procedimiento especial que marca la desigualdad entre los operadores jurídicos, como veremos con posterioridad. Y que, además, privatiza la justicia ya que se considera que los inversores privados no pueden recurrir ante la justicia ordinaria, a pesar de que se supone que los estándares tanto en Canadá como en la Unión Europea son buenos.

A ello se añaden los siguientes elementos que se deducen del régimen recogido en el artículo 8 de CETA:

a) Por un lado, el del órgano colegiado para la resolución de la controversia, al que ahora de forma más púdica se denomina Tribunal, posiblemente para eludir la presión popular en contra de los arbitrajes de inversiones. Este órgano colegiado está compuesto por 15 miembros (5 europeos, 5 canadienses y 5 de terceros Estados), especialistas no en Derecho administrativo económico sino en Derecho internacional Público y en regulación de arbitrajes internacionales. No es sino la manifestación más clara de que el Derecho aplicable no va a versar sobre la legitimidad de la medida estatal sino sobre otros aspectos, tal como veremos con posterioridad. Este mecanismo estará abierto sólo a inversores exteriores, con lo que se produce una discriminación en el sentido de que “el nacional es de peor derecho” que el de la otra parte contratante.

b) En segundo lugar, la asimetría en los problemas que se pueden plantear. No se plantea siquiera la posibilidad de que el inversor privado haya incumplido los acuerdos alcanzados con el Estado. Por el contrario, hay una presunción de que será el Estado el que se aparte de las reglas del acuerdo con el inversor internacional, a través de una medida que suponga un daño para el particular. Hay antecedentes (incluso algunos en España) de que cuando plantea el Estado un reintegro de subvenciones por el incumplimiento de sus cláusulas, llevar el litigio a un conflicto de inversiones suele resultar satisfactorio para el empresario. De hecho, las propias peticiones de información a los inversores encuentran limitaciones en cuando a los objetivos que pueden perseguir.

De hecho, la necesidad de proporcionar un sistema jurídico diferente para la protección jurídica del inversor internacional no hace sino que surjan las dudas sobre la calidad de nuestro sistema jurídico: a) ¿Nuestro sistema jurisdiccional no proporciona un proceso con todas las garantías como exige el artículo 24 de la Constitución? ¿Es incapaz de proporcionar una solución justa a un ciudadano extranjero? b) En el caso europeo ¿este sistema dual es compatible con el monopolio en la interpretación del Derecho europeo que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? c) ¿No proporciona un tratamiento anticompetitivo entre empresas del mismo ámbito, que tendrán justicias diferentes y derecho distinto para el tratamiento de sus problemas con la Administración? d) El tratamiento igual en el acceso al mercado ¿lo transformamos en un tratamiento desigual a la hora del control judicial y hacemos al nacional de peor derecho que al extranjero? e) ¿No sirve en ningún caso para el control de las inversiones por parte de los inversores internacionales?

6. ¿Tienen los inversores españoles los mismos derechos judiciales que los canadienses?

No. De hecho, la regulación de la resolución de conflictos sobre inversiones va a abrir una brecha importante en cuanto a las empresas que compiten en el mismo sector.

Los empresarios nacionales que quieran impugnar una decisión del Estado tienen que acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Los extranjeros pueden hacerlo a los Tribunales arbitrales. El procedimiento es distinto, más lento en el judicial y más propenso a los empresarios el arbitral.

A los empresarios nacionales se les aplicará la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para decidir si un cambio hecho por el Estado genera derecho a indemnización, lo que exige que la norma sea inconstitucional. A los canadienses, se les aplica el baremo del trato justo y equilibrado, que no exige que la norma nacional sea contraria a la Constitución, sino sólo la producción de un daño que no se debería haber producido, incluso sobre sus expectativas de negocio.

7. ¿Qué efecto tiene el CETA sobre nuestra democracia?

El CETA, al igual que el TTIP o el TiSA, va a hacer nuestra democracia más débil y va a restringir la capacidad de regulación por parte del Estado. Esencialmente porque los numerosos procedimientos de cooperación regulatoria que incorpora harán que las decisiones esenciales sobre la legislación procederán de estos comités, opacos en su mayoría, y con acceso sencillo para los lobbies. De nuevo, las asociaciones ambientales y sociales tendrán una mayor dificultad derivada de su menor peso económico y su menor capacidad de presión.

Ahora bien, ¿qué es la cooperación regulatoria? La OCDE la ha definido como “cualquier tipo de acuerdo formal o informal entre países para promover cualquier forma de cooperación en el diseño, vigilancia, implementación o gestión a posteriori de la regulación, con el objeto de impulsar la convergencia y la consistencia de las normas jurídicas más allá de las fronteras”.

De hecho, cuando se analiza el CETA, o el TTIP, no nos podemos quedar en su contenido actual. No es un punto de llegada sino un punto de partida para modificar sustancialmente la forma en la que se regulan las actividades económicas, tanto en el fondo como en la forma. La cooperación regulatoria supone aplicar un embudo sustancial a la democracia: no es que nuestro Parlamento haya cedido competencias en el Parlamento europeo o en las demás instituciones europeas; sino que uno y otro se auto-restringen en el Consejo de la Cooperación Regulatoria, cuya legitimidad democrática es nula; funciona sin transparencia y no permite un debate público sobre los principios de la normativa.

8. ¿Cómo configura el CETA la Cooperación regulatoria?

El segundo elemento al que quiero hacer referencia en relación con la cooperación regulatoria es el modo de estructurarla recogida en el artículo 21 del CETA.

La estructura de la cooperación regulatoria parece ser una respuesta a las críticas que se llevan haciendo desde hace tiempo. De hecho, el capítulo relativo a la cooperación regulatoria (el 21) no es el más relevante, sino que se complementa con otros aspectos mucho más relevantes en donde se concentra el poder regulatorio que sale de este Tratado.

Desde esta perspectiva, conviene destacar:

a) La creación de un Foro de la Cooperación Regulatoria. No obstante, tal como se ha señalado, los mecanismos de cooperación reforzada no se limitan a este Foro, que, en mi opinión, ni siquiera es el más relevante. En efecto, el CETA está plagado de mecanismos y Comités de cooperación normativa, lo que facilita sustancialmente la labor de cooperación normativa, dentro de los cuales se encuentra el Foro de Cooperación Regulatoria. Los demás se refieren a materias tales como Comité de Comercio de Bienes; Comité de Inversiones y Servicios; Comité para las Medidas sanitarias; Comité de Contratación Pública. Esta labor de coordinación de los comités de cooperación se encomienda al CETA Joint Committee, cuyas decisiones son obligatorias para las partes.

b) El mandato de cooperación y de armonización de criterios y contenidos en relación con cada uno de los aspectos de la regulación. Con ello, lo que a la larga se está haciendo es incorporar un filtro para evitar que la regulación posterior —ya sea en Europa de las autoridades comunitarias, especialmente el Parlamento, o de los Estados miembros— pueda introducir reformulaciones que alteren las reglas previamente aprobadas en el Foro. En esta línea se juega con el hard law y soft law como mecanismos para regular, dependiendo de qué política legislativa sea la más adecuada.

c) El llamamiento a la participación de entidades privadas, tanto en el Foro para la Cooperación Regulatoria como en el CETA Joint Committe. Una participación en el desarrollo de los procedimientos de regulación que está planteada de forma genérica, de tal manera que se proporciona el mismo respaldo a ONG y a empresas y asociaciones de empresarios. La práctica muestra que es ilusoria esta igualdad en la medida en que los fabricantes afectados por las regulaciones tienen unos recursos y una formas de participación muy superiores a los de la sociedad civil.

9. ¿Está prevista alguna medida en relación con el Brexit?

Las circunstancias políticas de la Unión Europea han cambiado desde que se concluyeron las negociaciones. Hoy resulta pertinente preguntarse cómo se va a aplicar un Tratado cuando uno de los Estados ha manifestado su voluntad de salir de la Unión Europea. El Brexit tiene un impacto muy relevante en el CETA fruto, entre otras, de las cláusulas pesqueras que incorpora. ¿Realmente va a resultar indiferente que esté o no el Reino Unido en la Unión Europea para examinar la bondad de las cláusulas que incorpora el CETA?

Como ha señalado el economista francés Thomas Piketty, se puede decir que el CETA es un tratado que responde a otra época, a una filosofía ultra-globalizadora que no es compatible con las necesidades actuales ni de justicia, ni de protección de consumidores, ni de protección del medio ambiente. Y que, por ello, no puede ser aceptado.

[Fuente: Global Politics and Law]

23/6/2017

Luis Díez

Los planes especiales de armamento (PEAS) se revelan como una chapuza política

Los Planes Especiales de Armamento (PEAS), en los que España lleva gastados más de 30.000 millones de euros de dinero público, están llamados a convertirse en uno de los mejores ejemplos históricos de cómo el capital obtiene beneficios sin arriesgar un euro. La investigación y el desarrollo de sistemas de armas, muy útiles para la guerra y bastante inútiles para la defensa de la sociedad, se realiza a expensas de unos recursos públicos con muy poco beneficio para el empleo y el capital propiamente dicho. El modelo de consorcio empresarial de varios países europeos más Turquía resultaría detestable para el padre del liberalismo económico, Adam Smith. El artilugio burocrático-industrial se parece bastante a aquellas sociedades de indias que monopolizaban el comercio con las colonias y les impedían comerciar con terceros países.

Sin embargo, por decisión de los gobiernos implicados, los miles de millones de euros de dinero público destinados a los PEAS no computan como “deuda pública”. He aquí la primera anomalía. El déficit no es un problema para inyectar directamente más de mil millones de euros cada año al complejo militar-industrial. La inversión en sanidad, policía, educación o el pago de las pensiones genera deuda cuando los ingresos fiscales son inferiores al gasto, pero los grandes programas plurianuales de gasto en armamento no se contabilizan o quedan fuera del exceso.

Los grandes programas de armas datan de finales de los noventa y principios del 2000, bajo los gobiernos de José María Aznar, el presidente que hizo trampas para librarse de la mili y embarcó a España en la guerra de Irak con Bush y Blair. La financiación de los PEAS se realizaba sin que las empresas elegidas arriesgaran un euro de capital inicial. La investigación y el desarrollo del futuro avión europeo de combate EF2000 se realizaba con cargo al presupuestos del Ministerio de Industria. El gobierno adelantaba el dinero publico para financiar la I+D+I al consorcio de empresas de varios países, fabricaban los productos y cuando Defensa los recibía y pagaba, las empresas agrupadas en esas agencias sobrecargadas de siglas, devolvían al Tesoro español la financiación prestada a cero interés.

De este modo, para participar en el diseño y fabricación del cazabombardero EF-2000 y recibir 70 aviones para la Fuerza Aérea, se han realizado y comprometido unos pagos de 10.629,86 millones de euros. Quiere decirse que cada avión cuesta 151,8 millones de euros, una suma que supera el 33% de las estimaciones iniciales, y ello a pesar de que España, que iba a adquirir 84 aparatos, ha renunciado a 14, aunque finalmente serán 12 menos para reponer los dos que se estrellaron. Hasta el momento, la Fuerza Aérea ha recibido 61 aviones y, según el secretario de Estado de Defensa, Agutín Conde, los 9 restantes irán saliendo de las fábricas del consorcio Eurofighter y Eurojet (cada consorcio tiene 4 empresas de cada uno de los cuatro estados participantes) antes de que finalice 2018.

Pero después del enorme gasto en el caza europeo, ahora resulta que para sustituir a los históricos F-18 adquiridos en los años ochenta a Estados Unidos a través del famoso Programa FACA que gestionó el que luego fuera ministro de Defensa con Aznar, Eduardo Serra Rexach, el Gobierno de Mariano Rajoy está evaluando la compra de 70 cazas F-35 Lightning II, Relámpago, fabricados por un consorcio encabezado por la estadounidense Lockheed Martin y con un precio inicial estimado en 6.000 millones de euros. Esto significa que cada unidad costaría 85,7 millones, la mitad menos que el EF2000 y explica el principal cometido de Pedro Morenés, antecesor de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, como embajador en Washington. Después de todo Morenés sigue siendo un hombre de la industria armamentista.

La desarrollo de adquisición del F-35, un avión de los denominados invisibles, ha estado plagado de problemas y sobrecostes desde su mismo inicio, hasta el punto de que el presidente Donald Trump prometió que cancelaría el proyecto. El aparato, de despegue y aterrizaje vertical, apenas puede llevar carga bélica cuando opera en este modo, lo que le priva de la versatilidad del Harrier: operar desde cualquier punto. Además, es un auténtico hierro volante, incapaz de enfrentarse a ningún otro aparato en combate aéreo. También se descubrió que el cañón interno que debía equipar al avión, literalmente no cabe y, para colmo de males, parece que los rusos ya han desarrollado radares capaces de detectar al F-35. En Estados Unidos Boeing trabaja a marchas forzadas para producir versiones actualizadas de los F-18, como ya hizo con los F-15, que puedan suplementar o sustituir al muy deficiente F-35.

Las averías del programa A400 para el avión de transporte europeo también resultan sonadas y costosas. El avión de carga posee capacidad para 40 toneladas y el diseño (o copia) de las capacidades logísticas y tácticas ha retrasado el programa por más de cuatro años. Resulta insólito que el avión llamado a sustituir a los Hércules tenga retrasos por no haber conseguido sistemas militares básicos como el lanzamiento de cargas y de personal, la autodefensa (DASS) y por haber registrado fallos con los motores y los equipos de aviónica. Los británicos han obligado a las fábricas españolas a equipar mejor sus dos primeros aparatos.

Por si fuera poco, España iba a pagar 4.333,52 millones de euros por 27 aviones, pero el coste se ha incrementado hasta 5.019 millones mientras el pedido se ha reducido a 14 aparatos. Esto significa que cada avión costará 358,5 millones, casi el doble de los 160,4 millones estimados incialmente. Además los aviones serán entregados al Ejército del Aire con capacidades por debajo de lo contratado al menos durante los dos primeros años después de la puesta en servicio. Pero no hay que preocuparse porque la industria realizará los retrofit para alcanzar la configuración final sin ningún coste suplementario, según el compromiso adquirido.

No termina aquí la sucesión de endiabladas chapuzas disfrazadas con siglas burocráticas, ya que similar fenómeno se ha registrado en la adquisición y montaje de los helicópteros Tigre. A los retrasos y fuertes variaciones a la baja hay que añadir en este caso el salto de 1.353,5 millones a 1.515 para contar con 18 de esos aparatos de combate, y eso después de haber renunciado a la adaptación de 6 comprometidos en el contrato inicial con Eurocopter TIGER (ECT) para la célula y con el consorcio MTR (MTU/Turbomeca/Rolls Royce) para el motor.

Como es sabido, el pago de los PEAS por parte de Defensa se arbitró mediante créditos extraordinarios por real decreto. De ese modo quedaban fuera de la discusión del Presupuesto anual, a pesar de que los desembolsos eran conocidos y estaban programados. Zapatero suspendió los pagos de Defensa no aprobando los decretos en 2010 y 2011, los peores años de la crisis. Pero inmediatamente Rajoy ordenó el pago y firmó los decretos de su ministro Morenés hasta que el Tribunal Constitucional ha sentenciado que esos recursos, perfectamente previsibles, han de integrarse en el Presupuesto ordinario. La anualidad de 2016 y de este año supera los 1.800 millones de euros.

Luego ya, según los últimos informes del Tribunal de Cuentas, los cuarteles generales penalizan a los ingenieros y expertos militares que optan por adscribirse a las oficinas de gestión y control de los PEAS, con destino en Alemania, Francia, Bélgica o en nuestro país. Su condición militar queda en suspenso, “al mismo nivel valorativo, por ejemplo, de quien se encuentra suspendido de empleo por ejecución de sentencia firme, o incluso en una condición peor que quienes se encuentran en servicio activo sin destino, por ejemplo, por falta de idoneidad, por imposición de una sanción disciplinaria y de una condena”.

Esta paradoja impide, por ejemplo, que se cubran las plazas de especialistas con personal militar, de modo que en 2015 sólo una de las tres plazas para cubrir las pruebas de los helicópteros Tigre estaba cubierta. Los controles de gestión e ingeniería son realizados o subcontratados por la empresa ISDEFE, que recibe encomiendas de gestión de Defensa por más de 80 millones de euros anuales. Esta entidad, en la que prestan servicio un millar de ingenieros y especialistas, está presidida por el secretario de Estado de Defensa, en este caso, el exalcalde de Toledo y exconsejero de Red Eléctrica, Conde. Su puesto en ese consejo fue cubierto por el exdirector de la Guardia Civil, otro histórico del PP, Arsenio Fernández de Mesa.

[Fuente: Cuartopoder]

21/6/2017

Luis Suárez-Carreño

Por qué me querello

De pronto se convierte uno en noticia. Periodistas de muchos y variados medios se interesan por mí. Concretamente, por mí hace cuarenta y tantos años, a raíz del anuncio de mi querella por torturas contra Antonio González Pacheco, alias Billy el niño, y otros 2 policías de la Brigada Social, la policía política de Franco.

Me piden recordar y relatar una y otra vez: ¿Qué pasó en comisaría? ¿Cómo fueron los interrogatorios? ¿En qué consistían las torturas? ¿Qué diferenciaba al tal Pacheco, y cómo sé que él era uno de los torturadores? ¿Por qué he decidido querellarme ahora contra él al cabo de tanto tiempo? ¿Creo que esta querella va a prosperar?

Un día también de finales de junio, en medio de una ola de calor como la actual, me detuvieron y empezaron 3 días de torturas. Exactamente 44 años más tarde he interpuesto la querella judicial: un salto de casi dos generaciones.

Pero, ¿tiene algún sentido volver a esos hechos? ¿A quién le importan a estas alturas?

Sorprendentemente, resulta que, a juzgar por los mensajes que he recibido, le importan a mucha gente. Viejos amigos y amigas, desde diferentes rincones del planeta, han oído la noticia de esta primera querella por torturas durante el franquismo, han reconocido mi nombre o mi foto y me han escrito, wasapeado, o enviado a través de cualquier otro medio un mensaje de apoyo.

Esas respuestas de personas en algunos casos con las que no tengo contacto desde hace años, me han emocionado, desde luego, pero también me animan. Al igual que los comentarios de la gente de la prensa, que por supuesto no me conocía en su mayoría de nada y que, tras la conversación formal, me expresaba su simpatía personal por la causa emprendida; o quienes en redes también lo hacían, por ejemplo, en los comentarios semi-anónimos a los artículos en la prensa digital.

Hay que agradecer la atención, el esfuerzo desplegado por muchos medios de comunicación más allá del interés periodístico de la noticia, motivado por la conciencia democrática de los propios periodistas y su independencia respecto al poder.

Pero hay un agradecimiento aún más obligado y que a menudo se obvia por más que las víctimas y protagonistas de las querellas seamos plenamente conscientes de su labor. Son los abogados y abogadas que trabajan desinteresadamente en armar jurídicamente las querellas. Son quienes impulsan la justicia desde el ámbito de la ley, desde su firme compromiso con los derechos humanos, pero también desde sus conocimientos técnicos, quienes hilvanan una estrategia compleja de asalto al muro ciego de eso que llamamos para simplificar ‘la justicia’.

Quiero detenerme en este colectivo profesional, en particular quienes están trabajando en las querellas contra la impunidad del franquismo desde entidades como la APDHE (Asociación Pro Derechos Humanos de España) o la ALA (Asociación Libre de Abogadas y Abogados), porque sin su entrega altruista nada haríamos en materia judicial. Las víctimas carecemos de los conocimientos y de los recursos para llevar adelante, sin su concurso y pilotaje, estas iniciativas en pro de la justicia, sin comillas esta vez.

Y hablar de abogados entregados a la justicia y los derechos humanos lleva, inevitablemente, aquí y ahora, a mencionar a Carlos Slepoy, quien por apenas dos meses no ha podido presenciar este hito histórico en la lucha contra la impunidad del franquismo a la que él entregó buena parte de su vida. Carlos falleció el 17 de abril pasado, pero su ejemplo y humanidad, inmensos, nos siguen acompañando y estimulando cada día.

Frente a esas reacciones positivas a mi querella, contrasta el ruidoso silencio de la mayoría de los representantes de los partidos de nuestro arco parlamentario, que no se han dignado expresar su apoyo o simpatía a esta iniciativa, ni han tomado contacto conmigo o con alguna otra víctima cuya querella está en curso, ni con el equipo de juristas, para interesarse o simplemente informarse.

No hace falta mencionar al gobierno y las instituciones varias de él dependientes, ya sea en el ámbito de los derechos humanos, de amparo a las víctimas, del sistema judicial, etc. Las víctimas del franquismo no existimos para este gobierno ni hemos existido para ninguno de los anteriores que en esta democracia han sido; nuestro recalcitrante empeño en reclamar el derecho a la justicia sólo provoca incomodidad en el poder, no somos sino un incordio.

Intentaré responder aquí, una vez más, a las preguntas iniciales, muy razonables, sobre el sentido y oportunidad de estas querellas. Efectivamente, las querellas llegan muy tarde, demasiado, pero sucede que el estado ha bloqueado con todos sus medios los intentos emprendidos hasta ahora de juzgar los crímenes del franquismo; ahí queda, como hito y aviso a navegantes, la persecución del Tribunal Supremo al juez Garzón en el año 2010, y su suspensión como magistrado en respuesta a su intento de abrir una causa por crímenes del franquismo.

Nos vimos obligados entonces a recurrir a la justicia fuera de España acogiéndonos a la legislación internacional sobre justicia universal, plenamente aplicable a los crímenes de lesa humanidad como son la mayoría de los de persecución política cometidos por el franquismo. Surge así la llamada ‘querella argentina’ que aún está activa, a pesar, de nuevo, de la sistemática denegación de colaboración por parte de nuestro gobierno y judicatura.

El camino recorrido ha sido largo y en general ingrato, una travesía del desierto que desde el poder se ha ignorado en la confianza que nos cansáramos o extinguiéramos de forma natural. Y no hay duda de que muchas víctimas no han llegado hasta aquí, pero también a estas personas y a su memoria les debemos este último esfuerzo quienes aún tenemos la suerte de seguir en la brecha.

Porque lo que está en juego en estas querellas es mucho más que nuestro derecho a la justicia como víctimas; es la dignidad y la salud democrática de esta sociedad aún lastrada por una herencia totalitaria que corroe las instituciones. La impunidad es un tóxico que degrada moralmente a nuestro sistema, le priva de legitimidad; una democracia construida sobre un pacto de injusticia y mentira solo puede dar lugar a una sociedad acobardada e hipócrita.

Las generaciones que nos siguen exigen de la nuestra, como prueba de credibilidad, un gesto de honestidad hacia la historia, un legado de verdad y coraje. Nos juzgará en consecuencia por la forma en que hayamos resuelto como sociedad las hipotecas de la transición:

Por una parte, la pervivencia de un chantaje impuesto bajo coacción por los herederos de la dictadura, cuyo precio es, además del modelo de estado o la negación del derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas, la impunidad del franquismo y la continuidad de su aparato de estado.

Por otra, la institucionalización de la discriminación mediante un doble rasero en el trato a las víctimas de la violencia política, exaltando y utilizando electoralmente a las víctimas oficiales del terrorismo; castigando con el desprecio a las que lo son del terrorismo de estado bajo la dictadura y en la propia transición.

Y, respecto a la pregunta del millón, ¿prosperará esta vez la querella en el terreno judicial?, nadie puede asegurarlo, sabemos que muchos jueces y juezas son dóciles a los órganos de gobierno de la judicatura, a su vez correa de transmisión del gobierno. Pero también estamos convencidos que los hay realmente demócratas e independientes. Confiemos en que sea alguno de estos a quienes toque decidir sobre nuestras querellas.

En todo caso, es la presión social la que tiene la última palabra. Nos anima la sensibilidad que están demostrando algunos de los medios de comunicación, así como muchos colectivos y corrientes políticas emergentes en ruptura con la herencia de la Transición que, por ejemplo, desde los ayuntamientos del cambio también están adoptando importantes iniciativas contra la impunidad del franquismo. Esta creciente marea social por la justicia y la memoria democrática nos hace pensar que esta vez los tribunales lo van a tener más difícil para ponerse de perfil.

En definitiva, lo tenemos muy claro: sólo el ejercicio de la justicia permitirá arrojar una luz objetiva y veraz sobre los crímenes del franquismo, al igual que sólo tras Nuremberg pasó el holocausto nazi a los libros de historia. Esa verdad, escrita en papel timbrado de un tribunal, será el último legado de mi generación a nuestros descendientes, por el que éstos, a su vez, juzgarán nuestro valor y honestidad.

[Fuente: Público]

1/7/2017

Josep Fontana

La destrucció dels nostres drets socials

M’angoixa veure la indiferència amb què veiem com es destrueixen els nostres drets socials, sense fer res per evitar-ho. Ens han fet creure que tot era conseqüència de la crisi i que, a mesura que es vagi produint la recuperació tot tornarà a ser com abans. I no és veritat.

Fixem-nos en l’exemple dels Estats Units. Els republicans, que governen amb majoria absoluta, s’han proposat acabar amb el sistema d’assegurances sanitàries que havia creat Barack Obama —l’Affordable Health Care, més conegut com Obamacare— que utilitzava recursos del rics per ajudar a mantenir l’assegurança a l’abast dels pobres. L’objectiu dels republicans no és reformar ni millorar el sistema, sinó simplement estalviar als rics els pagaments amb què l’havien de sostenir (a banda també es faran retalls considerables a Medicaid, el sistema que Johnson va crear fa cinquanta anys). Paul Krugman, premi Nobel d’economia, ha explicat clarament l’abast i les conseqüències d’aquesta poítica: “desenes de milions experimentaran dificultats financeres, i desenes o tal vegada centenars de milers sofriran morts prematures, tot en benefici del tall d’impostos per a un grup de gent rica. El que és encara més sorprenent és que els republicans no fan gairebé cap esforç per justificar aquesta transferència en massa de recursos cap amunt. Ho fan perquè poden, perquè creuen que el tribalisme dels seus votants és prou fort com per assegurar-los que seguiran donant suport a uns polítics que estan arruïnant les seves vides”.

Pensareu que aquesta és una qüestió específica dels Estats Units, però no és així. El que passa és que entre nosaltres no ha fet falta modificar les lleis; n’hi ha prou amb reduir els recursos que es dediquen a la sanitat pública, amb resultats tan escandalosos com el de les llistes d’espera per a una intervenció quirúrgica. Al conjunt de l’estat espanyol, segons dades del 31 de desembre de 2016, 614.000 persones esperaven per terme mig 115 dies abans de rebre una intervenció: en el cas de Catalunya —que està en la pitjor situació de totes les comunitats autònomes— eren 157.701 persones que l’estaven esperant, amb retards mitjos d’uns sis mesos.

Si la salut i les vides dels ciutadans fossin, com sembla que hauria de ser, la principal preocupació dels polítics, caldria esperar que el que s’estigués debatent als parlaments fos precisament la necessitat de dotar com cal la sanitat pública. No és pas així; el que preocupa essencialment Ciudadanos, per exemple, és la regulació de la “reproducció assistida”, un tema pel qual Albert Rivera s’ha proposat iniciar una campanya.

Potser caldria que comencéssim tots plegats a preocupar-nos per tal d’impedir que ens acabin d’arrabassar uns drets socials dels quals depèn nogensmenys que la nostra supervivència.

[Fuente: La Lamentable]

25/6/2017

Carlos Jiménez Villarejo

Europa hostil, refugiados sin derechos

"Llegadas de inmigrantes y/o refugiados a Europa por el Mediterráneo (en 2017): 49.400. Muertes y/o desapariciones (hasta esta fecha: Más de 1.300". (Revista Refugiados de ACNUR)

Comencemos por dos citas necesarias.

Existe una hostilidad brutal en los países de la Europa central y oriental contra los refugiados que llegan de Siria e Irak y de tantos otros países….Cada vez resulta menos creíble la vocación humanitaria de Europa.

J.A. Rojo. El País, 23/3/2017.

Nos alejamos, ponemos distancia al sufrimiento de quienes son como nosotros. Convivimos con esa injusticia y consentimos que miles de personas pierdan su vida, comprometan su dignidad, y anulen su condición humana solamente por buscar un destino mejor…Hemos tolerado, estamos tolerando esta inacabable tragedia.

Declaración de MEDEL (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades-Palma de Mallorca, 11/3/2017).

Como puede advertirse, hablamos de migraciones forzadas, refugiados e inmigrantes, que cada vez con mayor intensidad sufren la represión de las políticas europeas, que ha alcanzado un punto máximo en la Declaración de Malta del Consejo Europeo de 3 de febrero de este año.

Después de proclamaciones retóricas de "respeto a los derechos humanos y a los principios europeos", desarrolla –en términos de Javier de Lucas ('Erre que Erre. La UE capitula de nuevo ante el nacionalismo xenófobo'. Blog Lucasfras's. 6/3/2017)– una "política migratoria de retorno", que el autor califica de "error", "canallada" y "fracaso".

Los términos de dicha Declaración no pueden ser más preocupantes y rechazables. Declaran como "elemento clave" de la política migratoria "garantizar el control eficaz de nuestras fronteras exteriores, y contener los flujos ilegales hacia la UE". Para ello, mantienen el "compromiso" con Turquía expresado en el Acuerdo de 2016 y, lo que es más grave, "ante los centenares de personas que ya han perdido la vida en 2017"; están decididos, no a salvar las vidas de los migrantes, sino a "reducir significativamente los flujos migratorios a lo largo de la ruta del Mediterráneo central" a través de "intensificar nuestra cooperación con Libia, sus vecinos del norte de África y del África subsahariana".

Y añaden aún más, que las "autoridades (libias) adquieran el control sobre las fronteras terrestres y marítimas" para impedir que constituya una ruta para quienes huyen de las guerras, el terrorismo, la violencia y el hambre. Libia, donde no hay Estado, que ni siquiera ha suscrito los Pactos de Nueva York de Derechos civiles (1966), se convierte en el principal aliado de los jefes de Gobierno de los 28 Estados de la Unión. Una verdadera vergüenza.

Para ese fin antidemocrático, los responsables políticos citados apuestan, entre otras medidas, por "apoyar la guardia costera nacional libia" y "reducir la presión sobre las fronteras terrestres libias", es decir, intervenir directamente sobre Estados externos de la Unión. Y, resumiendo, concluyen apelando a "reforzar la capacidad de retorno de la UE", o sea, a incrementar las devoluciones forzadas.

En definitiva, los Gobiernos de la UE asumen, como propias, las medidas fascistas contra dichas personas de, entre otros, los gobiernos de Hungría y Polonia.

Todo esto, otorga mayor justificación y fuerza al recurso que diversas entidades cívicas y sociales de Barcelona presentaron el 29 de noviembre de 2016 contra el Acuerdo de la UE con Turquía del anterior 18 de marzo, con el propósito de garantizar la defensa y protección internacional de los refugiados. Refugiados que Europa rechaza cada vez con mayor virulencia en lo que significa, en palabras del profesor Javier de Lucas, una claudicación de las instituciones europeas ante la ola de reacción xenófoba, racista y contraria a la lógica de la prioridad de las libertades".

Europa, parece olvidar, en lo que respecta a los refugiados, cuál es su origen, según la Convención de Ginebra de 1951: la persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él".

Ahora, ante ellos, la respuesta es la expulsión y devolución a sus países de origen.
Por este motivo, ante la afluencia masiva de refugiados procedentes de la guerra de Siria y de situaciones similares de crisis violentas de Oriente Medio, un grupo de entidades cívicas y sociales de Barcelona impugnó ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo el Acuerdo de la UE con Turquía del 18 de marzo del pasado año. Turquía –Estado con Rusia, más condenados por delitos relacionados con la tortura por el TEDH– que, por un precio de 9.000 millones de euros, estaba dispuesto a acoger a los miles de refugiados que accedieron a las islas griegas, que fueron devueltos –y maltratados– a aquel Estado autoritario y represivo. Lo que tampoco preocupaba ni preocupa a las autoridades europeas. La UE, decía un editorial de un prestigioso diario, por esta causa "es digna de figurar en los anales de la ignominia".

[Fuente: eldiario.es]

20/6/2017

José Martí Gómez

Trabajar para ser pobres

El Gobierno jalea que se están creando miles de puestos de trabajo gracias a su política económica. Es la cara optimista de la moneda. La cara pesimista nos dice que muchos de esos puestos de trabajo no dan para dejar de ser pobres.

Ser camionero en este país nunca ha sido un chollo. Recuerdo los años setenta, con los centros de contratación en determinados bares donde lo que se pagaba por la carga no era ninguna bicoca.

La cosa ha ido a peor. Me contaban el otro día lo que ya parece normal: a un camionero de Barcelona se le contrató para un viaje de ida y vuelta a París. Con carga en el viaje de ida. Sin carga en el viaje de vuelta. Dos días de viaje. Se le pagó la gasolina, el cuchitril para dormir y el condumio en bar de carretera. Como paga, 60 euros.

–¿Y aceptaste? –le preguntó el hombre que le escuchaba.

–¿Qué iba a hacer? No tenía otra oferta mejor– le replicó el camionero.

Un médico me explica:

–Veinte horas semanales en urgencias en un hospital. Otras veinte horas semanales trabajando en mi especialidad en otro hospital. Una mañana a la semana en una mutua. Y todo para no llegar al sueldo de un albañil.

Una periodista norteamericana llevó a cabo un reportaje que llegaba a la conclusión de que muchos trabajadores de Estados Unidos duermen en albergues de beneficencia porque su salario no les da para alquilar un piso. Aquí se está entrando en esa espiral.

Las mujeres que trabajan en hoteles, los camareros de muchos bares, los periodistas… profesiones que viven en precario.

Los que viven en pareja y tienen hijos perpetuarán la maldición: los pobres de hoy dejarán en herencia a sus hijos la pobreza del mañana.

Se ha roto el ascensor social.

Nadie lo repara.

[Fuente: La Lamentable]

12/6/2017

Josep Fontana

Notícies d'un president esquizofrènic

He anat perdent les ganes de comentar les notícies del món davant la irracionalitat del que es pot llegir en aquests dies a la premsa mundial. A la nord-americana, per exemple, les especulacions sobre l’actuació dels russos –que tots pensàvem que havien perdut la “guerra freda” i ara resulta que dominen el món– han arribat a extrems propers als pitjors moments del maccarthisme.

Només que ara resulta que el primer condemnat per ocultar les seves relacions amb els russos, el tinent general Michael Flynn, que va ser el primer assessor de seguretat nacional del nou president, ha reconegut que per a qui havia estat treballant durant la campanya electoral la seva empresa, Flynn Intel Group, era per als turcs, que els havien ofert més de mig milió de dòlars per 90 dies de treball [1].

Les notícies sobre Trump són tan abundants, i tan hostils, que és difícil sintetitzar-les; però entre les més originals hi ha la de Kali Holloway que a AlterNet ens ofereix “el vídeo que suggereix queTrump pateix Alzheimer”, i les previsions de Musa al-Gharbi, de la Universitat de Columbia, que a The Conversation sosté que “A la major part dels nord-americans no els agrada Trump”; però que “Trump serà molt probablement reelegit en 2020”, i s’esforça a convèncer-nos d’aquesta paradoxa.

Les notícies més freqüents són les que anticipen, o que donen per feta en la pràctica, la destitució del president, per bé que Stephen Rodrick avisa: “De veritat volem de president a Mike Pence?”, que seria el seu successor obligat: un obscur personatge reaccionari de qui “el més remarcable és que no té res de remarcable”, que és justament la raó per la qual el va triar Trump com a vicepresident.

Aquesta guerra oberta entre la premsa i el president, que aquest no dubta en estimular pel seu compte, té una motivació oculta, ens explica Robert Parry, i és que els grans medis, i en especial el New York Times i el Washington Post, estan aconseguint augmentar les seves xifres de difusió com a conseqüència d’aquesta nova “edat d’or” del periodisme.

Mentre el president es dedica a fer-se enemics en el turisme internacional, la guerra a l’Orient proper no sembla controlar-la ningú. Els militars es dediquen a bombardejar Síria quan els ve de gust, sense un pla d’actuació previsible, amb el resultat que “un total de 225 persones, incloent 36 dones i 44 nens, han estat morts per ‘foc amic’ en les darreres quatre setmanes”[2], mentre a l’Iraq, a la batalla per Mossul, iniciada durant la presidència d’Obama, un periodista nord-americà ha filmat soldats iraquians torturant civils. “És que no hi havia assessors nord-americans en aquell moment”, ha explicat el coronel Dillon [3].

No és estrany, per tant, que les accions de les indústries d’armament, estimulades a més per les vendes que Trump ha fet a Aràbia saudita, hagin augmentat la seva cotització a la borsa, “a l’espera d’algun gran conflicte”.

Mentre tant, ens explica Robert Shiller, premi Nobel d’economia [4], els ciutadans d’això que anomenem el món desenvolupat vivim en l’esquizofrènia, entre “l’esperança que les coses estan millorant”, com ens repeteixen cada dia els nostres dirigents, però “sense perdre la por que encara poden ser víctimes d’algun esdeveniment catastròfic”. “Quan la gent imagina escenaris de desastre –conclou–, els polítics haurien de respondre adequadament”. Malauradament, no sembla que estiguin a l’altura d’aquesta exigència. Sobretot els nostres.

Notes

[1] Noah Feldman a Bloomberg, 19 de maig de 2017.
[2] The Independent, 23 de maig de 2017.
[3] New York Times, 26 de maig de 2017.
[4] Project Syndicate, 23 de maig de 2017.

[Fuente: La Lamentable]

29/5/2017

Gregorio Morán

Juan Goytisolo, una anomalía

¿Qué es una anomalía cultural? Esta podría ser la pregunta que cabría hacer para un examen de grado en el bachillerato —si es que esto existe todavía— o para la tesina de un meritorio, incluso para un sólido trabajo de doctorado.

¿Qué es una anomalía cultural? Una verruga en la inteligencia, en la sociedad cultural. O lo que es lo mismo, una ruptura, una atipicidad, un desajuste en la ordenada y clasificada cultura española. ¿Por qué Nietzsche, por ejemplo, no constituye una anomalía en la cultura germánica y sin embargo Max Aub lo es en la literatura española? Porque el primero se define como una singularidad, que es muy otra cosa que una anomalía. Forma parte, con sus particularidades, de una tradición cultural, pero en nuestro caso no. Las anomalías son rupturas que carecen de precedentes y que son consideradas personajes al margen de lo que se daría en llamar “nuestra literatura canónica”.

Porque se trata de su obra, por supuesto, pero también de la actitud social de los poderes académicos, institucionales, que conceden la atribución de quién es quién, y no digamos en estos tiempos donde las instituciones poderosas por excelencia no son sólo las académicas sino las empresariales. Una editorial puede hacer de un plumilla un influyente intelectual, o un novelista en la estela de Balzac. Lo que decide es la actitud del medio hacia quien escribe o piensa o monologa, y eso rebaja a niveles penosos lo que llamamos escritor, pensador o monologuista.

Antes de entrar en Juan Goytisolo conviene detenerse en un detalle, nada literario. Pocos hombres concitaron tantos odios y desdenes como este hombre que un día decidió salirse por la tangente y ser él mismo. En el siglo XX hay otros dos casos similares al suyo: Valle-Inclán y Max Aub. Son atipicidades de nuestra cultura española, quizá vinculada en primer lugar a la cultura general y a la vida política tan arrebatada como fueron nuestros cuarenta últimos años hasta la muerte del Caudillo. Pero siguió. Nadie planteó nunca una ruptura con las instituciones que decidían lo correcto de lo insólito. La mediocridad de una época lo empañó todo, hasta tal punto que los fantasmas dominaron el territorio.

Si echan una mirada atrás se darán cuenta de que lo mejor de nuestra literatura siempre fue anómala, desde la picaresca a Cervantes, pero eso no explica nada, sencillamente es una seña de identidad. Pero estamos hablando del siglo XX y los primeros años del siguiente. Nada similar a los años sesenta del pasado siglo, donde aún todo parecía posible.

En la cultura no hay agujeros. Hay épocas mejores y otras deleznables, pero siempre están pobladas de mesnadas de escritores, artistas, trepadores, gentes que se consideran la representación esmerada de su tiempo. El espacio siempre está lleno de basura, o de talento, porque la tradición académica de los pueblos antiguos exige beneficios en forma de pagos, funcionariados, academias…

Seguí a Juan Goytisolo en sus anómalos libros: Señas de identidad (1966), La reivindicación del conde don Julián (1970), Juan sin Tierra (1975), prohibidos en España y que leíamos en ediciones mexicanas. ¡Habría que hacer un vademécum de la literatura hispana deudora de los editores (españoles en el exilio) que sirvieron para desasnarnos!

Le conocí tardíamente por sus llamadas en domingo a propósito de las sabatinas en La Vanguardia. Un día me propuso presentarle un libro en Barcelona –Telón de boca(2003)– y me sentí honradísimo. Luego me invitó a cenar, cosa nada fácil en un hombre que medía tanto sus silencios. Su sentido del humor y su carácter, no exento de gracia. Su relato del encuentro de Camilo José Cela y Jean-Paul Sartre me aportó un ángulo que no conocía. El sarcasmo de Juan Goytisolo. ¡Que un tipo solicite una entrevista con Sartre para que le firme una botella de coñac Fundador! Es una herencia de Valle-Inclán.

Tuvo el valor de escribir un artículo elogioso sobre El cura y los mandarines, el único que apareció en El País, y me avisó antes de hacerlo y le advertí de los riesgos que para él iba a tener un libro que el periódico había decidido que no existiera. Y lo hizo, “Del oportunismo como una de las bellas artes” (2015); muchos, casi todos, no hubieran osado. No obstante, no se escapó de una observación privada que cada vez que la recuerdo me hace sonreír: “Tu libro es muy bueno y muy necesario. Sólo hay una cosa que yo corregiría. Cuando te refieres a Jesús Aguirre, el cura y duque de Aguirre, le apodas en dos ocasiones ‘maricón’. La primera vez está bien y es correcta, pero yo creo que la segunda es innecesaria”.

Me solía llamar cuando venía a Barcelona para tomar un café, cosa que nunca hicimos, siempre nos limitamos a hablar durante hora y media sin nada de por medio. En una de esas ocasiones aproveché para preguntarle qué le había encontrado al libro de Joan Sales, Incierta gloria, que logró colocar en la editorial francesa Gallimard. “A mí me parece una variante de José María Gironella –le dije–. No tiene la más mínima altura literaria”.

Me respondió que no lo había leído pero que sus amigos catalanistas de entonces –pienso en Castellet– le insistieron tanto que él lo puso a disposición de los editores franceses. Me alivió, porque siempre le había considerado un lector agudo, pero no un paranoico defensor de prosistas mediocres, parafacistas y ultracatólicos.

Pero todo esto es superficie. Lo profundo no es que abandone París, donde vive con Monique Lange, la mujer inteligente y sensible que lo entiende todo, incluso que deje la capital del mundo, incluso a ella misma y se traslade a Marrakech, ese mundo árabe que entonces llamaba la atención y que ahora se ha convertido en una de las sociedades abominadas por Occidente. Era lo último que le quedaba a esta anomalía literaria, después de construir otra historia de España desde la llegada de los árabes, más cultos que los bárbaros visigodos de cristianismo inquisitorial y represivo.

Lo que faltaba. La anomalía Goytisolo revisa nuestra historia antigua con esa cierta ingenuidad que demostró Américo Castro de las religiones pacíficas. No hay religiones monoteístas pacíficas y fue necesario llegar al siglo XXI para confirmar que las sociedades se vuelven fanáticas, incluso criminales. Y ahí, en una casa de Marrakech vivió el hombre que en los años sesenta trató de aportar racionalidad a lo que luego se desmadró y le pilló en el medio. Sarajevo.

Toda la historia de Juan Goytisolo es un fracaso ideológico que algún día quizá se demuestre luminoso, pero falta mucho para eso. Lo único que tenía claro, y lo entiendo, es que no quería ser enterrado en España. Sus días finales son patéticos. Huir de España para morir fuera de los suyos. Lo entiendo cuando miro la bandera que me han designado, el himno que me impusieron, las instituciones con las que me castigaron. Pero confieso que hay una diferencia, entre muchas otras, entre él y yo. Yo no buscaré un lugar para que me entierren que sea laico en una sociedad de fanatismo religioso. Ir a que te entierren en Larache –único cementerio civil de Marruecos–, donde iba a caer la Legión Española, me produciría unas ganas de llorar, por tanta derrota, que acabaría en Gibraltar, junto a los monos.

[Fuente: La Vanguardia]

17/6/2017

La Biblioteca de Babel

Jorge Riechmann

Tuits para el Siglo de la Gran Prueba

Disparos con parábola

Plaza y Valdés, 2017, 144págs.2017

Una nueva y sugerente publicación de Jorge Riechmann. Basada en los tuits que ha ido escribiendo en los últimos años sobre el peligro sistémico de la crisis ecológica generada por el capitalismo. Sobre valores y actitudes de resistencia. Dando cuenta de pensadores valiosos y de reflexiones necesarias. Es un buen compendio de los trabajos más extensos que ha ido publicando Jorge en los últimos años. Tiene la frescura del texto corto, del fogonazo que ayuda a pensar. Y permite constatar la densidad cultural y el compromiso de su obra. Una obra que sigue la estela del pesimismo optimista que inauguró Gramsci. Una magnífica oportunidad para acercarse o volver a un pensador imprescindible para una izquierda necesaria.

A. R. A.

30/6/2017

Tébar Rubio-Manzanares, I.

Derecho penal del enemigo en el primer franquismo

Publicacions de la Universitat d´Alacant, 2017, 259págs.2017

El Derecho penal de posguerra significó la prolongación de la

guerra por otros medios contra el enemigo interior.

I.Téibar Rubio-Manzanares, p. 237.

Lo justo es todo lo que conviene a la Nación, aunque perjudique a

los individuos, a los grupos o a las clases, y lo injusto, recíproca-

mente, es todo lo que perjudique a la Nación, aunque convenga

a este individuo, a aquel grupo o a esotra [sic] clase.

Antonio Luna, jurista falangista, Justicia, p. 22.

El nacionalismo fue un terrible flagelo para las sociedades europeas del siglo XX [1]. Dio lugar a las formas más extremas de autoritarismo conocidas en Europa occidental a lo largo de toda su historia moderna, el nazifascismo y el franquismo. Ese autoritarismo se manifestó en grados diversos en las diferentes esferas de la vida social y en la totalidad de las instituciones sociales. El ámbito jurídico y, dentro de ese ámbito, el punitivo, no fue una excepción. La investigación de historiador de la Universidad de Alicante, Ignacio Tébar Rubio-Manzanares, se ocupa precisamente de ese último ámbito en relación con el período de la historia del régimen franquista comprendido entre enero de 1938 (constitución del primer gobierno formal de Franco) y diciembre de 1944 (aprobación del primer Código Penal de la dictadura). En suma, el libro de Tébar tiene por objeto el análisis del derecho represivo del franquismo posterior a la fase inicial de represión violenta masiva e indiscriminada sucesiva al golpe de estado del 17 de julio de 1936. A partir de 1938, esa política de represión inicial dio paso a otra política represiva jurídicamente institucionalizada y más selectiva, pero no por ello menos criminal.

La represión masiva de los primeros tiempos de la Guerra Civil, cuyo paradigma fueron las matanzas causadas por la 'columna de la muerte' del general Yagüe en Extremadura, que hicieron palidecer hasta a los mismos militares y diplomáticos de la Alemania nazi, obedecía a un plan elaborado por los militares sublevados contra el gobierno legítimo de la II República española, como demuestran las instrucciones reservadas del general Mola, los Bandos de guerra de 1936 y la práctica sobre el terreno del bando faccioso [2]. Cuando esa política represiva se hizo innecesaria, y ante la proximidad de la victoria final en la guerra, se procedió a elaborar un derecho represivo más selectivo. Tébar se propone describir el contenido y la función de ese derecho, analizado en sus aspectos legislativo, doctrinal y jurisprudencial, inspirándose en las ideas de Schmitt, Fraenkel, Kirchheimer y Foucault. Se centra específicamente en la represión político-social, aunque hace interesantes reflexiones sobre el marco más general de la represión social.

Los principales documentos legislativos analizados en el libro son: la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 (LRP); la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940 (LRMC); el Código de Justicia Militar de 14 de abril de 1931 (CJM), en su reinterpretación franquista; la Ley de 12 de julio de 1940 legitimadora de la extensión de la jurisdicción militar; la Orden Circular de 25 de enero de 1940, sobre clasificación de los delincuentes políticos; la Ley de reforma del CJM de 2 de marzo de 1943; la Ley de Amnistía de 23 de septiembre de 1939 de personas afectas al Movimiento Nacional autoras de delitos “que pudieran entenderse como protesta contra el sentido antipatriótico de las instituciones republicanas” cometidos entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936; la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933, en su lectura franquista [3]; y la Ley de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941 [4]. En cuanto a los documentos doctrinales, el autor ha estudiado ensayos, tratados académicos y artículos de revistas especializadas de juristas y psiquiatras vinculados de un modo u otro a la justificación de la represión político-social franquista, muy en particular la obra de dos juristas muy influidos por el intelectual conservador colaboracionista nazi por excelencia, Carl Schmitt: Francisco Javier Conde y Luis Legaz y Lacambra. Por último, en lo que respecta a la dimensión jurisprudencial del derecho represivo del primer franquismo, el historiador alicantino ha analizado con grandísimo detalle una selección de los autos y sentencias de los tribunales militares, de los tribunales políticos especiales y de los órganos judiciales penales ordinarios con sede en la provincia de Alicante, además de la documentación relativa a los procesos de Miguel Hernández, Julián Besteiro, Julián Zugazagoitia y Lluís Companys.

A partir del estudio de ese material, el autor caracteriza el derecho represivo de la inmediata posguerra como un derecho centrado en un derecho penal alejado de los modelos garantistas y cuyos rasgos configuradores más sobresalientes son los siguientes:

- Se trata de un derecho de autor, no de un derecho del 'hecho'. Lo que significa, en lo fundamental, que tanto o más relevante que el supuesto delito cometido es la supuesta personalidad o modo de vida del autor, a efectos de determinar su grado de culpabilidad y la dureza de las penas a imponer. Esto es, este derecho se propone sobre todo castigar a un determinado tipo de persona, definida, en el caso del derecho represivo franquista, por sus ideas o su militancia política o por su estilo de vida. El hecho delictivo pasa a ocupar un segundo plano o es concebido como la expresión de un cierto tipo de autor, al cual se le castiga por sus inclinaciones u opciones políticas o vitales.

- Vulnerar el principio non bis in idem. La acumulación de condenas penales o parapenales a un mismo sujeto por un mismo hecho y por idénticas razones era común en el primer franquismo. Son numerosos los casos de acumulación indebida —desde una óptica garantista— sobre un mismo reo de condenas dictadas por un tribunal militar, por uno de los tribunales especiales de la LRP o la LRMC y por un órgano de la jurisdicción ordinaria.

- Retroactividad. Las leyes represivas franquistas solían contemplar la aplicación de sus disposiciones en perjuicio del reo a hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de esas leyes: a partir del 14 de abril de 1931 (proclamación de la II República española), de octubre de 1934 (alzamiento de los mineros asturianos), de febrero de 1936 (victoria electoral del Frente Popular) o del 17/18 de julio de 1936 ('alzamiento nacional'), según los casos.

- Ser una manifestación de una 'justicia al revés', en expresión acuñada nada menos que por uno de los jerarcas más prominentes del primer franquismo: Ramón Serrano Súñer. Los tipos delictivos favoritos a los que recurrió la jurisdicción militar y las jurisdicciones especiales para condenar a sus víctimas fueron los relativos al delito de rebelión, previstos en el CJM de 1931 (tipos de adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión y excitación a la rebelión). Este es quizás el aspecto más abyecto, repulsivo y antigarantista de la justicia de Franco y los sublevados: los verdaderos culpables del delito de rebelión castigaron como rebeldes —por mantenerse en su puesto, por luchar contra la rebelión o, a veces, simplemente, por no sumarse a ella— a quienes se mantuvieron fieles al gobierno legítimo y legal o actuaron en su defensa.

- Tipos vagos, escasamente definidos. Aunque la legislación franquista no admitió expresamente la analogía en el ámbito penal, tampoco lo necesitó. Las leyes represivas especiales y la reforma del CJM, aparte de un sector de la legislación heredada del pasado, preveían los hechos delictivos sancionables en términos muy vagos y, por tanto, aplicables a las situaciones más diversas, conforme a las conveniencias coyunturales del régimen.

- Penalidad desproporcionada. Los castigos por 'rebelión' no sólo eran muy duros —pena de muerte, trabajos forzados, penas de prisión de veinte o más años, destierro, confiscación de bienes…—, sino que tampoco guardaban demasiada proporción con la supuesta gravedad de los hechos delictivos cometidos (a veces, la adhesión a la rebelión equivalía a la pena de muerte, y, otras, por los motivos más fútiles, a veinte años de prisión; en otras, y por razones muy endebles, se condenaba a una pena más severa por excitación a la rebelión —delito teóricamente menos grave— que por auxilio a la rebelión —delito más grave—).

- Responsabilidad objetiva. En ocasiones, el franquismo legalizó este tipo de responsabilidad premoderna. Así, por ejemplo, los tribunales especiales de la LRP decretaban con base en esta ley la confiscación de los bienes del condenado ejecutado en cumplimiento de una sentencia de un tribunal militar que habían pasado a manos de sus familiares directos, por mucho que estos no hubieran sido condenados a nada por tribunal alguno. Esta confiscación no respetaba los límites al embargo de bienes fijados en las leyes civiles y laborales ordinarias.

- Ausencia de garantías procesales. Como es de imaginar, los procesos penales militares y los previstos por las leyes represivas especiales franquistas no tenían la menor consideración hacia los derechos de los acusados. En los procesos sumarísimos ordinarios y en los sumarísimos de urgencia, las modalidades procesales usualmente empleadas ante la jurisdicción militar, la presunción de inocencia y el derecho a una defensa profesional y comprometida con el acusado brillaban por su ausencia. De hecho, se partía de una presunción de culpabilidad, establecida por los denunciantes, si eran personas afectas al régimen, y por los informes preliminares de las 'fuerzas vivas' de la nación (alcalde, párroco, el jefe local de Falange). La defensa era encomendada casi siempre a tenientes o capitanes sin formación jurídica, los cuales, por lo demás, no tenían la menor intención de arriesgar sus carreras por defender a sus enemigos republicanos (aunque en esto, como en todo, hubo excepciones). Por otra parte, era muy habitual montar 'macroprocesos' mediante los cuales se ventilaban al mismo tiempo en una sola sesión varias causas a la vez. La tortura, como puede suponerse, estaba al orden del día y, puesto que la sola confesión era suficiente prueba para condenar a alguien, al fiscal y al tribunal le resultaba bastante fácil condenar con todas las de la ley —franquista— a una persona, si así se lo proponían de antemano.

- Anticipación de la respuesta penal. Al ser un derecho penal de autor, en el cual llega a importar más la personalidad del autor, en nuestro caso, sus ideas o militancia política o su estilo de vida, que los supuestos hechos delictivos cometidos, no es de extrañar la tendencia del derecho represivo franquista a anticipar la respuesta penal y a equiparar la contundencia de esa respuesta con independencia de la fase del iter criminis juzgada. En este contexto, publicar artículos a favor de ciertas ideas consideradas contrarias al régimen o expresarlas en público era ya atentar contra él y se castigaba en muchas ocasiones con la misma pena la tentativa que el hecho consumado.

- Gran extensión de la jurisdicción militar y de las jurisdicciones especiales en detrimento de la jurisdicción penal ordinaria. En un sistema procesal garantista la jurisdicción militar está reservada al enjuiciamiento de militares en estricta relación con su actividad profesional (salvo en los supuestos de estados de sitio declarados constitucionalmente) y las jurisdicciones especiales (extraordinarias) están prohibidas, excepción hecha de las correspondientes a los tribunales penales internacionales. Este, naturalmente, no era el caso de franquismo: el peso de la represión político-social siguió recayendo en la jurisdicción militar y las jurisdicciones especiales una vez acabada la guerra, como ya se habrá podido deducir de todo lo dicho hasta ahora.

- Control gubernativo de la ejecución y revisión de las penas. El gobierno franquista siempre se atribuyó la potestad de graduar la ejecución penal al margen de todo control judicial y revisar las penas en función de sus conveniencias. Con el paso del tiempo y por una serie de razones nada humanitarias (consolidación del régimen, masificación carcelaria, necesidad de mano de obra, imagen internacional), el régimen fue conmutando penas o revisándolas a la baja. Pero en la inmediata posguerra también impuso con total arbitrariedad la revisión de condenas en perjuicio del condenado.

- Politización de la justicia. En resumidas cuentas, la administración de justicia del primer franquismo estaba por completo politizada. Desempeñaba una misión política propia de regímenes autoritarios: detectar y neutralizar, incluso mediante la eliminación física, potenciales enemigos internos del régimen. A esta misión política estaban entregados en cuerpo y alma los tribunales militares y los especiales, pero esa misión llegó a contaminar también la jurisdicción penal ordinaria, según nuestro autor.

¿Cuáles fueron las funciones más relevantes del derecho regulador de la represión político-social del primer franquismo que se acaba de caracterizar siguiendo el ensayo de Ignacio Tébar? Por descontado, las concepciones tradicionales acerca de la finalidad del ius puniendi del estado, la retribucionista y la utilitarista, estaban presentes en ese derecho. Éste respondía tanto a una finalidad retributiva como a una finalidad preventiva. Ahora bien, en el derecho franquista se acentúo mucho el componente retribucionista y lo hizo en los aspectos más autoritarios de esa concepción, más por influencia del nacionalcatolicismo que del fascismo. El derecho represivo antigarantista de la posguerra era necesario para que los enemigos de la patria y la religión verdadera, los 'rojos' [5], expiaran sus pecados político-religiosos. Por esta razón, el derecho del nuevo régimen distinguía, en último término, entre 'redimibles' y 'no redimibles', siendo el destino de los últimos la muerte (ante el pelotón de fusilamiento o por los malos tratos en la prisión o el campo de trabajo) y el de los primeros la 'reeducación' en los valores católicos y patrióticos a través del adoctrinamiento y el trabajo no libre. Por otra parte, el derecho represivo del primer franquismo debía también satisfacer las ansias de venganza de las víctimas, reales o supuestas, de los gobiernos progresistas de la II República española y de las fuerzas revolucionarias durante la guerra civil, fuerzas cuya violencia fue consecuencia directa o indirecta del golpe de estado de julio del 36 y de la brutalidad de los facciosos. Ello condujo a que en no pocas ocasiones el tribunal de turno estuviera más interesado en encontrar a un 'rojo' condenable cualquiera al cual 'cargarle el muerto' que al responsable efectivo del hecho criminal en cuestión.

Junto a la intensificación de los rasgos retribuicionistas del derecho represivo, éste pretendía cumplir, inevitablemente, fines de prevención. Sin embargo, estos fines preventivos, cuando nos referimos al ámbito represivo político-social, no eran, desde luego, los predicables de un estado de derecho, sino otros muy distintos. Ante todo, se quería establecer una clara y tajante diferenciación entre el miembro legítimo de la comunidad nacional y su enemigo, el cual debía ser combatido por todos los medios para impedir que un régimen impopular al acabar la guerra pudiera ser derrocado [6]. En este punto, las concepciones retribucionistas y utilitaristas que estaban detrás del derecho represivo franquista se entrelazaron: el régimen franquista hizo uso de ese derecho como un instrumento más en la caza del intelectual, del dirigente de partido político o de sindicato o del militar desafectos a los sublevados y leales a los ideales republicanos con el objeto de evitar la reconstitución de cualquier liderazgo cultural, social o político alternativo al nacionalcatólico. Este tipo de 'delincuente político' solía ser clasificado en la inmediata posguerra en la categoría de 'no redimible' y, en consecuencia, liquidado, al considerársele un perverso corruptor de la naturaleza pura de los españoles, forjada en los valores tradicionales de la Iglesia católica.

Todo lo expuesto en esta reseña induce a concluir que la condena oficial al más alto nivel del régimen franquista por su naturaleza criminal, con la misma intensidad que se condena el nazismo, el fascismo o el estalinismo, es un paso conveniente para la construcción de una nueva sociedad española libre de la doble amenaza representada por la mutua retroalimentación entre el nacionalismo conservador español y los nacionalismos identitarios subestatales [7].

Notas:

[1] Y no sólo para las sociedades europeas: también para las que surgieron de procesos de descolonización. El nacionalismo en África o Asia, si bien pudo tener en su momento un cierto valor progresivo, al impulsar los movimientos de liberación de las metrópolis coloniales, reveló su carácter deletéreo tras la consecución de la independencia formal. El problema principal no consistía en que las fronteras coloniales fueran 'artificiales', pues no hay fronteras 'naturales', sino en la pretensión de homogeneidad étnico-cultural que subyace al nacionalismo y que contrastaba con la realidad de sociedades que carecían (y carecen) de dicha homogeneidad fuera cual fuese el trazado de las fronteras que se proyectasen. Naturalmente, los desmanes nacionalistas en África y Asia estaban relacionados también con la política neocolonial de las ex metrópolis y de las dos grandes superpotencias de la Guerra Fría. Tampoco la combinación entre ideología socialista o comunista y nacionalismo ha tenido buenos resultados, como demuestran, además de muchas dictaduras 'modernizadoras' subsaharianas y árabes, la Unión Soviética de Stalin, la China de Mao o el mayor régimen genocida de la historia contemporánea (en términos de la proporción de las víctimas sobre el total de la población sometida a su control): la Camboya de Pol Pot.

[2] Véanse Preston, P., El Holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Debate, Barcelona, 2011, y bibliografía allí citada.

[3] Hay que reconocer que la primera ley general y sistemática española que penalizaba en España determinados modos de vida, incluso si sus protagonistas no habían cometido ningún delito, fue impulsada por el partido socialista y aprobada por el poder legislativo de la II República española. Fue, además, redactada en buena medida por uno de los mayores juristas españoles del siglo XX, Jiménez de Asúa. Todo esto debe servir de prevención al científico social contra la tentación de idealizar cualquier experiencia política histórica.

[4] Reto a quienes de buena fe –esto es, por pura ignorancia o prejuicio– sigan defendiendo el carácter no criminal del franquismo y su imposible equiparación ética a las dictaduras nazifascistas, o la tesis de la igual distribución de responsabilidades entre ambos bandos de la guerra civil, a que se lean el libro de Tébar para conocer el contenido de las leyes enumeradas. Si son seres racionales y con consciencia moral, seguro que desechan su antigua imagen del franquismo.

[5] Término con el cual los franquistas identificaban todo el campo republicano, como se sabe.

[6] La impopularidad del proyecto político franquista se revela bastante obvia si tenemos en cuenta que se impuso mediante un cruento despliegue de violencia y tras una guerra interna de casi tres años que sólo fue posible ganar gracias a la ayuda de las dos grandes potencias fascistas, Italia y Alemania, la hostilidad diplomática y económica de Gran Bretaña hacia la II República española, la inhibición de Francia y la lejanía y aislamiento del único apoyo militar sólido de aquélla, la URSS.

[7] Este es el caso, me temo, del actual nacionalismo catalanista. Al respecto, me remito a la exhaustiva trilogía del profesor Martín Alonso (El catalanismo, del éxito al éxtasis. I. La génesis de un problema social; El catalanismo, del éxito al éxtasis. II. La intelectualidad del proceso; y El catalanismo, del éxito al éxtasis. III. Impostura, impunidad y desistimiento, todos ellos publicados por la editorial El Viejo Topo en los años 2015 y 2016).

Ramón Campderrich Bravo

7/2017

José Luis López Bulla y Javier Tébar Hurtado

No tengáis miedo de lo nuevo

Trabajo y sindicato en el capitalismo globalizado

Plataforma Editorial, 2017, 134págs.2017

Por un sindicalismo innovador y global

España ha tenido una “historia obrera” nada despreciable a pesar de haber sido un país donde el desarrollo industrial fue escaso y de poca dimensión comparado con otros como Reino Unido, Francia o Alemania. El siglo XX fue el periodo marcado por el “conflicto de clase” y donde se producen los principales episodios y teorizaciones acerca del mismo. Dos sindicatos asumen el protagonismo exclusivo de dicho proceso, CNT y UGT, hasta la guerra civil. No es posible entender la evolución política de España sin prestar atención, y no escasa, precisamente al conflicto obrero. La política de izquierda, desde la fundación del PSOE en 1879 y el surgimiento del PCE en 1921, además de otros partidos provenientes de esa cultura obrera, se halla impregnada, como no podía ser de otro modo, por esa percepción de la vida social entendida como conflicto entre capital y trabajo.

La dictadura franquista marcó un hiato histórico y cultural que todavía hoy estamos pagando. Solo a partir de finales de los años cincuenta del pasado siglo y durante los siguientes quince años renace un proyecto social y político ligado a la temática industrial, obrera o de conflicto de clase. Es la época de las comisiones obreras, esa “cuadrilla variopinta” —término que, usado por uno de los autores del libro que tenemos entre manos— expresa muy bien las características informales y magmáticas de las primeras organizaciones obreras. Luego la “cuadrilla” se convertirá en sindicato en 1976, con cientos de miles de afiliados y una potente organización que, a pesar de sus debilidades actuales, es, sin lugar a dudas, un baluarte indispensable y un ariete decisivo para acometer cualquier política social en estos años.

Los autores del libro que comentamos proceden y han dado vida y teoría a Comisiones Obreras. El primero, José Luis López Bulla, formó parte desde principios de los sesenta de esa “cuadrilla variopinta”; es por tanto uno de sus primeros dirigentes, y ha sido el secretario general de la CONC (las Comisiones Obreras de Cataluña) durante veinte años. El segundo, Javier Tébar, es de la generación de la Transición y se incorpora ya al sindicato organizado de CC.OO. desarrollando en el mismo, desde la Fundación Cipriano García, un trabajo de historia, memoria y teoría sin duda necesario en estos tiempos de mudanzas. Estamos, pues, ante dos generaciones y dos miradas: la del sindicalista y la del historiador.

El libro es una pieza a dos manos, o tres si tenemos en cuenta también el Prólogo de Antonio Baylos, importante jurista del trabajo, en el que desarrolla algunos aspectos generalmente descuidados dentro y fuera del sindicato. Cada autor se responsabiliza con su firma de la parte que le corresponde aunque en algunos casos se entiende un cierto diálogo sobre cuestiones que ciertamente habrán sido motivos de intercambio intelectual entre ambos a lo largo de estos años. Otras publicaciones de López Bulla y Tébar demuestran la actitud colaboradora y sinérgica que han desarrollado estos autores en los últimos años.

Veamos la primera parte, firmada por López Bulla y que da título al conjunto del libro: No tengáis miedo de lo nuevo. El uso del verbo se dirige a sus antiguos y nuevos compañeros en el mundo del trabajo sindical, en los que seguramente ha pensado cuando escribía el libro, como si López Bulla se viera en un cierto compromiso ético y sindical para hablarles de cómo deben actuar como sindicalistas. Y el mensaje es claro: ante lo nuevo, ante los innovadores e inmensos cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo, la peor actitud que se puede tener es acobardarse y encerrarse en un fortín. Al contrario, el dirigente sindical apuesta por lanzarse a la confrontación intelectual, cultural y activa con esa “novedad” y tratar de, como se hizo en periodos anteriores, ganar el terreno para conseguir beneficios para la clase y para el conjunto de la sociedad.

El autor parte del convencimiento de que no son buenos tiempos para el sindicalismo, que está sufriendo en carne viva los continuos procesos de mutación tecnológica en el mundo productivo. Su convencimiento es nítido: el antiguo centro de trabajo industrial fordista está liquidado, muerto, enterrado. Un nuevo concepto y práctica de centro de trabajo —él lo denomina ecocentro— está expandiéndose por toda el área donde el capital se desarrolla, que es el orbe. Y tratar de combatirlo con viejas recetas sindicales aprendidas en las fábricas y técnicas fordistas es iluso e inútil (p. 48). Una de las causas de la actual crisis sindical (desafiliación, pérdida de influencia social, exceso de institucionalización, envejecimiento de su afiliación, burocratización de los procesos de concertación y negociación, etc.) estaría ahí: el desajuste entre cambios productivos y tecnológicos y una estrategia sindical ya superada.

Ya en su propia introducción al libro, López Bulla es claro al decir dónde ve el corazón del problema: éste “no es la globalización sino la revolución tecnológica y productiva de esta fase con sus consecuencias de innovación y reestructuración” (p. 34). El asunto no estaría, por tanto, en combatir la anatomía del mercado como tal (globalización de mercados) como las profundas mutaciones que se están produciendo dentro del moderno, global e innovado centro de trabajo. Por tanto, el objetivo de la lucha sindical (y política, diría yo) no es tanto combatir la globalización como incidir en el desconocido pero inmensamente importante universo de las relaciones sociales productivas. De nuevo surge la alternativa de replantear la lucha de los contrarios, el capital y el trabajo, de una nueva forma, con una nueva gramática, reconstruyendo viejos códigos y adaptándolos a la nueva situación. La apuesta es polémica pero esencial si la izquierda social quiere encontrar un sitio desde donde poder seguir siendo fuerza influyente.

Son bastantes más aspectos los que López Bulla trata en su breve ensayo. Al otro instrumento que ha servido para ampliar el dominio del capital, el taylorismo, le dedica bastantes líneas. Javier Tébar, en su segunda parte, analiza también con buenos aportes históricos este mismo problema. Sin duda, según Bulla y Tébar, ahí radica una parte considerable de la derrota de la izquierda social. Y no es casual que sea López Bulla quien trate este asunto de forma periódica y detenida: él ha sido introductor de las ideas de Bruno Trentin en el ámbito sindical español. López Bulla tiene traducida buena parte de la obra del desaparecido dirigente italiano, entre ella la canónica La Ciudad del Trabajo, sin duda uno de los tratados más sugerentes e interesantes de los últimos treinta años sobre el mundo del trabajo en el área capitalista. En opinión de Alain Supiot, Trentin ha sido no solo un hombre comprometido en la acción sindical y política sino que se le puede considerar un pensador de primer orden. En su Ciudad, Trentin señalaba la herida decisiva en la derrota de la izquierda occidental: “la asunción acrítica por parte de la izquierda de la llamada organización científica del trabajo” (Tébar, p. 113). Esto es, que a través del taylorismo la izquierda, fuera esta reformista o revolucionaria, asumió el cuerpo teórico e ideológico del sistema de management del capitalismo industrial. Es sorprendente que —según nos cuenta Fernando Díez Rodríguez en su Homo faber— tanto Léon Blum como Trotsky y Lenin fueron defensores de este método de gestión de la empresa. Dicho cuerpo teórico, el núcleo de la filosofía taylorista, estaría en la ruptura dentro del mismo trabajador entre saberes y ejecución, lo que significa a nivel de fábrica la ruptura entre planificación y ejecución de la producción. Tanto Bulla como Tébar subrayan con rotundidad esa línea de argumentación consistente en desembarazarse de las filosofías del management industrial (sea taylorista o sus continuadores) si se quiere construir en verdad un proyecto de liberación en y del trabajo.

Finalizando con la parte del dirigente sindical me gustaría aludir a dos propuestas que, en la perspectiva de la renovación o innovación sindical, formula López Bulla. Una se refiere a lo que él denomina Pacto Social por la innovación tecnológica. Con dimensión europea, lo aplica al ámbito español afirmando que “para el sindicalismo español es el camino para reconstruir las consecuencias de la crisis económica, trascender la reforma laboral y sus efectos y, finalmente, resituar al sindicalismo en esta fase de innovación-reestructuración” (pp. 53-54). Ese pacto, nunca entendido como un típico acuerdo concertado en clave de rentas ni salarios, sería “un itinerario que pone en el centro de sus preocupaciones y reivindicaciones [entiendo que quiere decir las del sindicato, J.A.] el hecho tecnológico y los derechos de ciudadanía dentro y fuera del ecocentro de trabajo” (p. 54), y que afectaría no solo a las estructuras confederales sino a los territorios y sectores así como a los ecocentros. Las resonancias de aquel Piano del Lavoro que la central italiana CGIL de Giuseppe Di Vittorio acometió en 1949 me parecen evidentes. Tal Pacto social por la Innovación Tecnológica recuerda también, ¿o se inspira?, en la etapa más fecunda que ha podido tener la experiencia institucional y social de Europa, cuando durante el periodo del mandato de Jacques Delors, en los años entre 1985 y 2000, se pusieron en marcha políticas de diálogo social que afectaron al conjunto de la Unión y que supusieron en algunos casos avances interesantes en ciertas plataformas reivindicativas de los sindicatos. Hoy, lamentablemente, asistimos a políticas desde la Comisión y desde la UE diametralmente diferentes y contradictorias con aquellas.

Hay otras propuestas interesantes e innovadoras que se presentan (en relación con los modelos organizativos, la participación en el centro de trabajo, la representatividad, el papel del conflicto y la huelga en la vida social, etc.) pero si tengo que cerrar esta parte del comentario del libro lo haría resumiendo lo que el autor formula en el Tercer Tranco de la obra. Se trata de un cuarteto de objetivos que debería tratar de alcanzar el sindicato de estos tiempos y que dibuja las características de su batalla: 1) interpretar los procesos reales que se producen en el centro de trabajo; 2) intervenir en la organización del trabajo a través de una reformulación de la codeterminación que, como aclara Bulla, no es precisamente la cogestión; 3) proponer una panoplia de derechos en el trabajo entre los que destaca el derecho al saber, al conocimiento, a la formación, y 4) aclarar con quién se quiere acometer ese proyecto de renovación, es decir, cuáles serían los “amigos y socios” del sindicato, aquellos aliados que dentro y fuera de la empresa están por construir ese espacio o reino de la libertad en el trabajo.

El historiador Javier Tébar asume la segunda parte del libro a la que titula Volver al trabajo, volver al sindicato. En la misma desarrolla algunos de los asuntos que con la firma de López Bulla ya hemos comentado (taylorismo, management, crisis del sindicato, etc.) y, además, introduce nuevas perspectivas relacionadas con otros asuntos de indudable actualidad. Vayamos con ellos.

Tébar parte de la base de que el trabajo sigue siendo una categoría central en la vida de las personas y que son falsas o interesadas esas “profecías” acerca del “fin del trabajo”; lo que está ocurriendo, sin duda, es un proceso de transformación con dimensiones históricas de ese factor en la vida de las personas y en el mundo social y que, por tanto, se trata de “leer” esa mutación y saber incorporar a la institución sindical en tal proceso. En un resumen muy breve: el final del fordismo, de la dimensión industrial del trabajo y de la manera de relacionarse el capital y el trabajo que ha sido dominante desde finales del siglo XIX, no significa que este haya terminado su ciclo de vida. Seguir pensando eso, y precisamente desde posiciones de izquierda, es contribuir precisamente a mantener el trabajo subordinado al capital, a la corriente de pensamiento dominante.

Paralelo a este debate, carente muchas veces de hondura en los medios de comunicación y por el que se deja llevar cualquier listillo que aparece por la escena pública, está el del “fin de la clase obrera” (este mucho más interesado y posiblemente más antiguo). Tébar, acompañándose de ejemplos de autoridad, repasa en una breve síntesis ideas básicas acerca de esta cuestión. De nuevo asistiríamos a un “entierro de la sardina” —esa es la expresión usada por el autor— acerca de esa clase. Para él, la evaporación del trabajo industrial —hecho constatable en Europa en los últimos decenios— no ha significado el final del trabajo manual; este se ha transformado en bastantes casos hacia el sector terciario y al mismo tiempo ha hecho crecer de forma impresionante la fuerza de trabajo industrial en otras partes del planeta (Asia, por ejemplo). Lo que sí se ha activado es un proceso, complejo y decisivo para la pérdida de resortes de la izquierda política, de difuminación o desfiguración del mundo obrero y de sus culturas. Nunca como en estos últimos años se nota este abandono de la escena política, seguramente involuntario, por parte de los trabajadores y de sus representaciones políticas. Recientes elecciones en España, en Francia, en Italia muestran cómo esa clase obrera no ha ido precisamente al paraíso sino parece ser que ha sido enviada al limbo. Había o hay interés en que eso se produjera y, al parecer, incluso desde sectores de la izquierda política −vieja y nueva− hay interés en despintar el proyecto político de cualquier textura relacionada con el trabajo. Da la impresión de que se tiene interés en que los trabajadores, la clase trabajadora, dejen de tener esa identidad colectiva y vuelva a ser una “cuadrilla variopinta”. No de otro modo se puede interpretar algunas posturas intelectuales que insisten en destacar, a la hora del conflicto social, valores de segundo orden (precariedad, género, nacionalidad, procedencia, etc.) para debilitar o hacer más invisible el significado unificador de “clase”, de conjunto social sometido a un trabajo subordinado. Tébar es radical en este asunto: alguien tendrá que revelar “cómo y cuándo se ha producido ese final, dando una explicación a partir de pruebas y no de prejuicios” (p. 95).

Tébar nos dice que el trabajo, sin embargo, ha venido aumentando en las últimas décadas en el mundo; la fuerza de trabajo mundial es mayor que hace veinte años. Y ello en un contexto de innovación tecnológica permanente, de automatización y robotización sin precedentes. Está ocurriendo, delante de nuestros ojos, un proceso de transformación de las fuentes del trabajo, de mutación de los nichos de empleo, de trasferencias geográficas a nivel mundial de esa fuerza de trabajo. Una auténtica revolución, sin adjetivos. Esta no puede ser puesta en duda ni es posible impedirla: hay que asumir que, en esta época de comienzos del siglo XXI, la humanidad vive ya en el interior de una «membrana tecnológica» (pp. 101-103) que está dando como consecuencia muchos y variados resultados. Unos, por ejemplo, de impulsos y recualificación decisivos al valor del trabajo intelectual, y otros con consecuencias desastrosas para la vida de la gente: subempleos, desvalorización del trabajo humano, carencia de derechos, infotaylorismo, aumento de la fragmentación y parcelación de las tareas, en definitiva, mayores dosis de alienación y cosificación del ser humano respecto de su actividad. Una dualización que es a la vez laboral, educativa y social. Es todo un reto de dimensiones utópicas lo que la humanidad tendría por delante: acompasar a nivel humano la actividad del trabajo.

En ese contexto de mutación histórica, Tébar sitúa otros aspectos relacionados con el trabajo sindical que, por no extendernos en exceso, no podemos sino citar: la recomposición del trabajo directo asalariado en trabajo autónomo, la degradación de los yacimientos de empleo, el nomadismo laboral de las nuevas generaciones, la relocalización del empleo según áreas geográficas y culturales, etc. Todo en el marco de un intenso y profundo cambio de los clásicos modelos productivos. La crisis de la forma sindicato viene de ahí. Frente al populista discurso acusador de un sindicato como “minoría extractiva”, hay que ser más serio y consecuente y tratar de distinguir el grano de la paja. El manido y socorrido sintagma de la “crisis del sindicato” no es una película de “liberados” que no quieren trabajar o de “clientelismo laboral”. Responde a las causas que he tratado de resumir y con las que tanto Bulla como Tébar se baten en las páginas de este libro.

Pero no todo es objeto de crítica, ni mucho menos. A pesar de ese mainstream que desprecia al sindicalista y su función social, contamos con una plataforma de conquistas consolidada que no se puede despreciar. Existe ya un nuevo panorama sindical a nivel internacional: la Confederación Sindical Internacional (CSI), producto de la fusión de las antiguas CIOSL y CMT, agrupa a 166 millones de trabajadores, afiliados en 309 organizaciones de 156 países (p. 129). No es ninguna tontería y nadie que se dedique en serio a la actividad pública debería despreciar este hecho. Es indudable que si estos sujetos sociales globales van asentándose, madurando formas de movilización y profundizando sus lazos de comunicación e intercambio entre ellos y con las demás organizaciones, podamos asistir en un futuro a acciones de tipo global, en el marco de la empresa global o mundializada. Con este libro, López Bulla y Tébar entran claramente en ese terreno de la “no frontera” o, mejor dicho, del “más allá de las fronteras”, de la superación de nacionalismos sindicales o de patrimonios corporativos. O el sindicato se globaliza, traspasa fronteras, sin perder sus señas de identidad cercana y su memoria histórica, o puede quedar como reliquia de un tiempo que fue.

Una apostilla: no sé cuántos ejemplares ha impreso la editorial. Imagino que una parte importante será leída por sindicalistas y otros trabajadores, por sociólogos del trabajo, juristas…e incluso por algún economista. Pero sugiero a los autores o a la editorial que un porcentaje de ejemplares lo destinen a políticos en activo. Me parece que la distancia entre la política profesional que hoy se practica en España y el mundo del trabajo —el verdadero mundo, en mi opinión— es de dimensiones siderales. El parlamento español —y tomo esta referencia como paradigma de la política en su totalidad, pero podría usar otros parlamentos autonómicos— es una campana vacía respecto de la vida de la gente, al menos en su dimensión del trabajo. Pocos políticos son capaces de mantener una tertulia televisiva sobre estos asuntos y ellos mismos son los que están contribuyendo a esa invisibilización del trabajo en el que el capital estaría interesadísimo. Y, sin embargo, el trabajo está ahí. Este libro ayuda a desvelarlo y comprenderlo.

Javier Aristu

10/6/2017

En la pantalla

Laure Delesalle

Debt Machine

El pasado mes de junio el Banco de España reconoció que los más de 60.000.000.000 euros empleados en el rescate de instituciones financieras a raíz del crack del año 2008 jamás se recuperarán. Un dinero público que ahora sería vital para la sociedad española con el fin de financiar pensiones —la paga extra de junio a los pensionistas ha dejado exhausto el fondo de reserva de la Seguridad Social y a la expectativa de nuevas aportaciones para poder reconstituirlo—, servicios públicos y otras formas de gasto público social. Resulta indignante que mientras ese dinero ha sido entregado a las instituciones financieras prácticamente a fondo perdido, sin establecer condiciones para proteger el interés público y obtener la recuperación parcial o total del dinero empleado en el rescate bancario (configuración del rescate como préstamo a pagar colectivamente por las instituciones financieras, no como una especie de subvención incondicionada; nacionalización permanente total o parcial de entidades financieras; sometimiento a una regulación muy estricta que reduzca el poder de los bancos de hacer lo que les venga en gana; reestructuración de todo el sistema financiero nacional con miras a la protección del interés público; empréstitos forzosos al estado en condiciones ventajosas para las administraciones públicas), ese trato tan humanitario no se aplique a la deuda pública de países que atraviesan serias dificultades y, por tanto, a las desastrosas consecuencias sociales de la dureza con que se trata a los estados deudores al borde de la bancarrota. Esta paradoja, que hace hervir la sangre a toda persona civilizada, no es más que una manifestación, entre otras muchas, de la dictadura de las instituciones financieras que caracteriza la política y la economía actuales.

El documental que se presenta en estas líneas versa precisamente sobre las causas políticas, económicas e ideológicas de fondo de esa dictadura de los grandes acreedores —que son también grandes deudores en muchas ocasiones—. El documental se centra en la deuda pública de los estados occidentales, sobre todo de los pertenecientes a la eurozona, en el contexto de la creciente financiarización de la economía de las últimas tres décadas que ha convertido con creces el sector financiero globalizado en el principal sector económico en detrimento de los sectores realmente productivos, ya sea el extractivo, el industrial o el de servicios no financieros. Contiene una explicación muy clara del fenómeno de la ʹdeudodependenciaʹ generalizada respecto del mercado financiero mundial, que amenaza con someter las economías europeas a periódicos hundimientos o colapsos y con convertir la vida de la inmensa mayoría de los europeos, en especial la de los residentes en los países más endeudados —Grecia, Portugal, España, Italia y, hasta cierto punto, Francia—, en un constante sobresalto o incluso en un auténtico infierno: infierno que, de hecho, muchos de ellos ya viven. También se analizan posibles soluciones (revisión del valor de la divisa; reestructuración de la deuda por los gobiernos, no por decisiones de las instituciones financieras privadas o internacionales; asunción colectiva interestatal de la deuda pública en determinadas condiciones; asistencia financiera en formatos diferentes al préstamo; reregulación financiera en defensa del interés público; reforma fiscal antiespeculativa y penalizadora de los grandes patrimonios), la mayoría de las cuales son impracticables sin una democratización de la UE y una estrecha coordinación de las políticas de todos los estados de la eurozona para acabar con la antes mencionada dictadura de los grandes acreedores.

Debt Machine es un documental dotado de un enfoque muy pedagógico, divulgativo, que evita en lo posible los tecnicismos y la jerga especializada, pero en cuya elaboración han participado académicos y políticos familiarizados con su temática. Por lo tanto, resulta ideal para que el no experto que no desea investigarlo se informe del asunto o para su utilización en cursos dirigidos a no economistas. Desgraciadamente, se requiere saber leer y entender inglés para su comprensión, pues no se ha hallado una versión en español.

Debt Machine es una coproducción de Arte, Yuzu Production y Al Jazeera, lo cual nos permite romper una lanza en favor del canal internacional de esta última cadena de televisión, pese a su relativa mala prensa por estos pagos. Se trata de un canal de calidad media muy superior a la de los medios de comunicación españoles, incluidos los catalanes, no obstante su dependencia financiera de la monarquía qatarí. Es preciso recordar que la monarquía absoluta saudí ha exigido su cierre como condición inexcusable para levantar el bloqueo que en estos momentos Arabia Saudí y sus aliados aplican a Qatar. Lo cual da una idea de lo molesta que Al Jazeera es para los sátrapas liberticidas de la península arábiga y el norte de África.

Ramón Campderrich

30/6/2017

Otra vuelta de Tuerka: Pablo Iglesias conversa con Perry Anderson

En esta edición del programa Otra vuelta de tuerca el entrevistador, Pablo Iglesias, acepta cambiar el formato habitual y pasara a ser entrevistado por el invitado. El invitado es Perry Anderson, el cual le pregunta básicamente sobre diferentes aspectos de la política española.

30/6/2017

Foro de webs

Marxismo Oggi

http://www.marxismo-oggi.it/

Vuelve a la escena política Marxismo Oggi, histórica revista de la izquierda italiana fundada en 1987 y que cesó sus publicaciones en 2012. Esta vez en formato digital, Marxismo Oggi se propone realizar un trabajo de tipo teórico dirigido a recuperar las categorías del marxismo aplicadas a la realidad actual; y a hacerlo desde ese mismo enfoque multidisciplinar e interdisciplinar que caracterizó a la historia de la revista en su primera etapa.

30/6/2017

...Y la lírica

Jorge Luis Borges

Los justos

Un hombre que cultiva un jardín, como quería Voltaire.

El que agradece que en la tierra haya música.

 El que descubre con placer una etimología.

Dos empleados que en un café del Sur juegan un silencioso ajedrez.

El ceramista que premedita un color y una forma.

Un tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada.

Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto.

El que acaricia a un animal dormido.

El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho.

El que agradece que en la tierra haya Stevenson.

El que prefiere que los otros tengan razón.

 Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo. 

7/2017

Boletín 159

Notas del mes

Ensayo

El extremista discreto

De otras fuentes

La Biblioteca de Babel

En la pantalla

Foro de webs

...Y la lírica

Es necesario replantearse el modelo migratorio

Las sirenas y los referéndums unilaterales no existen

Catalunya: ¿estación término?

Contra la impunidad del franquismo, segunda vuelta (II)

De burbuja en burbuja

Energía nuclear y retroceso democrático

Cierres nucleares y cierres nucleares virtuales. Suiza y Bélgica como ejemplo

Decrecimiento, redistribución, fiscalidad

Ensayo

El extremista discreto

De otras fuentes

La Biblioteca de Babel

En la pantalla

Foro de webs

...Y la lírica