Esta vez nos ha tocado a nosotros. Dieciséis personas elegidas al azar asesinadas y más de un centenar heridas. Una execrable masacre que, por desgracia, ya forma parte de la historia negra y criminal de Barcelona, Cataluña y España.

Vale la pena recordar -y nunca está de más hacerlo dada la tendencia general a repartir responsabilidades urbi et orbi- que la culpabilidad penal de los asesinatos es de los asesinos, sus mandatarios y de quienes les hayan ayudado decisivamente a cometerlos. Como decía el comunicado difundido por el Centre Cultural Islàmic Catalá, "[el atropello indiscriminado de las Ramblas] es un acto salvaje que nada más expresa la violencia sanguinaria de su autor y no representa a nadie más que a él, el cual ha asesinado a personas inocentes que estaban paseando con sus familias." Este razonamiento es válido frente a quienes culpan a Ada Colau de ser corresponsable del atropello por no haber puesto bolardos en las Ramblas, frente a los racistas islamófobos que culpan a los musulmanes por el mero hecho de serlo o, también, frente a quienes desvían la asignación individual de culpabilidades hacia algún concepto abstracto ("el sistema", "la globalización") que tenga buena prensa entre determinadas parroquias; un vicio muy feo pero frecuente en algunos ambientes muy engagés heredado de los tiempos en los que ETA mataba.

Ahora bien, según la legislación vigente, la responsabilidad penal por los delitos de terrorismo es larga, amplia y difusa. Así, de acuerdo con las últimas reformas introducidas en 2015 en el Código Penal (art. 576), "Será castigado con la pena de cinco a diez años (...) el que, por cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra actividad con bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este capítulo [delitos de terrorismo]" Este delito, según el apartado 4 del citado articulo, también se puede cometer por "imprudencia grave".

Imaginemos por un momento que en el curso de las investigaciones sobre estos u otros atentados se llega a la conclusión que algunas de las armas utilizadas por los terroristas del ISIS proceden de empresas españolas de armamento, las cuales fueron vendidas en primera instancia a Arabia Saudí o a Qatar (patrocinador del Barça hasta hace cuatro días). ¿Se podría aplicar el artículo mencionado a los directivos de dichas empresas y a las autoridades que autorizaron la venta? En todo caso, seguro que sería una grave violación del Tratado sobre el Comercio de Armas que España ha firmado y ratificado.

Más sobre el tema de las responsabilidades: hay que recordar, como ya hicimos en un nota anterior sobre los atentados de París, el contenido del artículo 590,1 del Código Penal español, que dice: "El que, con actos ilegales o que no estén debidamente autorizados, provocaré o diere motivos a una declaración de guerra contra España por parte de otra potencia, o expusiere a los españoles a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, serán castigados con la pena de prisión de ocho a quince años si es autoridad o funcionario, y de cuatro a ocho si no lo es"

¿Se aplicará alguna vez este artículo, en especial la parte referida a las autoridades, o solo está en el Código Penal para hacer bonito? Ya sabemos que al rey, Jefe del Estado y Mando Supremo de las FF.AA, no se le aplicará nunca porque tiene inmunidad aboluta según la Constitución, pero ¿y al resto de autoridades?

En cualquier caso, la reivindicación por parte del Califato de los atentados de Barcelona y Cambrils, en la medida en que sea auténtica y no una cortina de humo, obliga, al menos, a introducir en el debate público la implicación militar directa o indirecta (vía colaboración con la OTAN o vía bases militares yankees) del Estado español en las guerras de Afganistán, Iraq, Libia o Siria. Más allá de que se puedan derivar o no de ella responsabilidades penales, parece claro que sí tiene sentido sopesar las responsabilidades morales y políticas relacionadas con dicha implicación político-militar. Juzgue el lector por sí mismo leyendo, por ejemplo, los textos "El nuevo rey saudí del terror" de Nafeez Ahmed, "Arabia Saudí, el huevo dorado de la serpiente" de Antonio Maestre, "Cómo surge el ISIS, cómo se financia, quienes hacen la vista gorda" de Olga Rodríguez y el informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz: Exportaciones españolas de armamento 2006-2015. Armas españolas utilizadas en los conflictos de Oriente Medio, los cuales podrá consultar poniendo sus títulos en el google o en cualquier otro buscador.

2) ¿Choque de civilizaciones?

Toda matanza indiscriminada, ya lo hemos dicho antes en este boletín, genera una inmediata identificación con las víctimas y una demanda social a los poderes públicos (salvo desconfianza profunda hacia ellos) de seguridad, protección y de lucha efectiva contra los grupos que recurren a la propagación del terror como arma política.

Es obvio que para satisfacer dicha demanda es necesario reunir el máximo de información posible sobre el quién, el cómo y el porqué de las matanzas, pues de lo contrario las policías y los jueces darán palos de ciego que a la postre no tendrán ninguna eficacia práctica para evitar su repetición. Para combatir el mal es preciso conocer a fondo el origen del mal. Si el diagnóstico es erróneo, la solución propuesta derivada de él también lo será. Si la asignación de culpas individuales es errónea o incompleta, la posibilidad de nuevas matanzas permanecerá vigente. Por eso es tan importante intentar saberlo todo, abolutamente todo, sobre la génesis, planificación y patrocinio de los atentados.

Ahora bien, el conocimiento y la comprensión del conjunto de actos que desembocan en un asesinato en masa no se obtiene por regla general de la noche a la mañana, en contra de lo que parecen sugerir los periodistas que convierten las matanzas en espectáculo sensacionalista para, de esta manera, aumentar los índices de audiencia de sus cadenas o periódicos. Es una tarea lenta, laboriosa y poco espectacular que puede tardar meses o años en dar frutos creíbles y bien fundamentados.

La investigación de los atentados indiscriminados que han ocurrido desde 2001 en las metrópolis occidentales y que se pueden asociar (o que los gobiernos tienen interés en asociar) al islam político, se enfrenta a la voluntad clara de dichos gobiernos y de los medios globales que se hacen eco de sus mensajes, de ofrecer rápidamente una asignación de culpas que encaje en el frame (marco mental) del "choque de civilizaciones" difundido por Samuel P. Huntington. Pensemos por un momento que, en lugar de la caracterización que han hecho todos los medios de los autores de los atentado de agosto, se hubieran presentado a éstos con el siguiente titular: Jóvenes de Ripoll atropellan a turistas en las Ramblas de Barcelona e intentan hacer lo mismo en Cambrils.

Para quienes razonan desde ese paradigma teórico, los atentados se producen fundamentalmente por la incompatibilidad de la religión islámica con los ideales y valores de las "democracias" occidentales. A un lado estarían los fanáticos musulmanes y al otro los laicos, tolerantes, racionales y cosmopolitas ciudadanos de los países occidentales. Este choque, además, se presenta como una lucha existencial a vida o muerte, o ellos o nosotros. Frente a la simplicidad y redondez de este punto de vista, los únicos datos concretos que importan en relación con los atentados son aquellos que encajan en la visión del "choque de civilizaciones", el resto se consideran irrevalentes o anecdóticos. Hay variantes de esta forma de razonar en las que el "choque de civilizaciones" es sustituído por otros paradigmas más progresistas (por ejemplo, traer a colación la mayor o menor integración de los terroristas, su educación, desarraigo, etc.), pero que comparten con los seguidores de Huntington el mismo desinterés por "el análisis concreto del atentado concreto".

3) Radicalización

Los atentados de Barcelona y Cambrils son los primeros en que la cuestión de la radicalización ocupa un lugar central en el relato que han difundido los medios y los gobiernos sobre las motivaciones de sus autores. Este peligrosísimo discurso fue puesto en circulación desde instancias oficiales bastante antes de la última oleada de atentados en Europa.

En efecto, el Consejo de la Unión Europea aprobó, el 26 de abril de 2010, el documento nº 8.570/10 en el cual se asignaba a las policías europeas la función de vigilar a personas o grupos que propagasen "discursos de odio e incitación al terrorismo", como parte de un Plan de Acción Global contra la Radicalización y el Reclutamiento Terrorista. Las policías de los distintos estados miembros de la UE debían elaborar listas de "radicalizadores/reclutadores y de transmisores de mensajes radicales". Frente a una definición tan vaga como esa, los dirigentes europeos ya habían aclarado en otro documento anterior (nº 7.984/10) que se referían en lo fundamental a personas o grupos "de extrema izquierda, extrema derecha, nacionalistas, religiosos o de antiglobalización".

El PP y el PSOE, atendiendo a esta nueva orientación de la acción represiva de los estados occidentales, incluyeron en la última reforma del código penal los llamados delitos de sentimientos como el de la incitación al odio (art. 510, con penas de hasta cuatro años de prisión) y el de incitación al terrorismo (art. 579, 1, con penas de prisión en uno o dos grados inferior a la pena del delito de terrorismo). Éste lo comete quien "difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad o que, por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos de este capítulo [delitos de terrorismo]". En otros artículos, 510 y 579 bis, se prevé específicamente la pena de inhabilitación, además de las penas de cárcel previstas en otros preceptos, para los docentes culpables de incitar al odio y al terrorismo.

Con la introducción de estos delitos se abre la puerta a la criminalización de determinadas corrientes de pensamiento. Pensemos en alguien que difunde una reflexión razonada pero también apasionada sobre las consecuencias materiales de las intervenciones político-militares de los estados de la OTAN en Afganistán, Pakistán, Iraq, Somalia, Libia o Siria o sobre los efectos sobre el terreno de los asesinatos con drones por parte de EE.UU y sus aliados. ¿Puede esta persona ser acusada de provocar una "radicalización" en determinadas personas?, ¿puede ser acusada de incitar a odiar o incluso a cometer actos terroristas? Si cada profesor, periodista, intelectual, dirigente político o persona corriente y moliente tiene que pensar en ello antes de hablar en público o publicar un texto en internet, lo más probable es que acabe en el diván del psiquiatra.

La cosa no acaba aquí. Como ha ocurrido con atentados anteriores, las matanzas de Barcelona y Cambrils serán utilizadas por el gobierno español -tal y como ya ha anunciado Mariano Rajoy- para impulsar nuevas reformas del Código Penal que no evitarán el próximo atentado pero sí aumentarán el control policial sobre las poblaciones.

29/8/2017

No tenim por: voces y silencios tras el atentado

Albert Recio Andreu

Barcelona tenía todas las probabilidades de padecer un gran atentado. Es uno de los riesgos derivados de ser una metrópolis de primera división. A nadie ha sorprendido, por más que cada vez que ocurre el drama tiene un impacto emocional colectivo de gran intensidad. Son muertes inaceptables, de una guerra para la mayoría de personas incomprensible. Tanto más en una ciudad que se ha caracterizado por realizar enormes movilizaciones antibélicas en un ciclo que se inició con la lucha contra la OTAN y siguió con las guerras del Golfo e Irak. Una ciudad donde hace pocos meses se salió masivamente a la calle en defensa de la acogida a los refugiados.

Quizás por todo ello la respuesta ha sido bastante contenida. Sin demasiados histerismos y eligiendo como eslogan una respuesta en positivo. Sin duda, a ello ha ayudado la actuación de los dirigentes políticos, especialmente los del Ayuntamiento de Barcelona, donde no sólo se dio respuesta inmediata sino, sobre todo, donde se marcó el terreno de la respuesta política al duelo. Especialmente afortunada la organización de un acto transconfesional, así como forzar que la manifestación estuviera encabezada por los colectivos que dieron la respuesta directa al atentado además de una nutrida representación de entidades sociales.

Ha sido un atentado criminal, en el que han fallecido o han sido heridas personas inocentes. Un acto deleznable, como antes lo fueron los atentados de ETA. Aunque, al estar realizado por jóvenes de origen marroquí y estar insertos en el contexto de un conflicto global, adquieren otra dimensión y pueden generar una dinámica peligrosa. Al fin y al cabo, el conflicto de ETA (el atentado de Hipercor causó más víctimas que el de la Rambla) estaba integrado en un conflicto doméstico. Un conflicto donde además una parte de la población local tenía algún tipo de simpatía con la causa vasca, como puede apreciarse de los numerosos votos obtenidos en Barcelona por la candidatura de Herri Batasuna al Parlamento Europeo en las elecciones celebradas poco antes del atentado. Ahora es diferente: los autores, por más que lleven residiendo en el país desde hace mucho, son vistos como extranjeros, soldados de una guerra que algunos pretenden convertir en un conflicto civilizatorio. Y aquí es donde las cosas se complican.

Una de los aspectos más impactantes del atentado, junto al de los estragos y las víctimas, es el hecho que sus autores sean mayoritariamente jóvenes residentes en Ripoll (una población de 10.000 habitantes en el pre-Pirineo). Chicos que habían tenido una trayectoria “normal”, que hablaban el catalán, que participaban en la vida local. Ha circulado por las redes una emotiva carta de un trabajador social próximo a estos jóvenes en la que además de dar cuenta de su enorme pesar se pregunta ¿Qué ha pasado para que estos jóvenes hayan acabado así? Un discurso que con otros lenguajes se ha repetido en los debates mediáticos: cómo puede ser que gente que lleva una vida normal se deje conducir a tamañas barbaridades.

La pregunta es correcta. Las respuestas que se han dado, no. Porque al final todo se reduce a argumentar que la principal explicación es la capacidad propagandística de ISIS, su manejo en las redes, su habilidad en desarrollar prácticas sectarias para “comer el tarro” a unos chicos inocentes y llevarlos al matadero, etc. Es evidente que los yihadistas saben utilizar procesos de adoctrinamiento. De hecho, todas las organizaciones que han desarrollado la lucha armada de algún modo los practican, pues sin ese adoctrinamiento es difícil que la gente se decida a matar a otras personas sin más. Incluso en las guerras abiertas, en conflictos institucionalizados, los Ejércitos necesitan emplear de forma sostenida técnicas de persuasión para mantener la moral de combate. Por eso considero que esta es una respuesta inane de consecuencias políticas peligrosas, ya que al único espacio de acción que conduce es a aumentar la eficacia de la acción policial, cuando no a someter al colectivo musulmán a un control permanente. En definitiva, a su criminalización.

III

Hay un punto de autocomplacencia social con esta explicación. Sobre todo cuando se parte del supuesto que es gente plenamente integrada, porque ha cursado con éxito su formación escolar, participa en actividades sociales y tiene un empleo. Por desgracia, las cosas son siempre más complejas. Especialmente, allí donde están presentes comportamientos racistas o xenófobos. Y estos, por más que a la sociedad catalana no le guste reconocerlo, están presentes a diario en nuestra vida social. Y afectan a cuestiones subjetivas a las que son especialmente sensibles los jóvenes y los adolescentes. Tener estudios o tener empleo no evita ser objeto de un escrutinio negativo por parte de los otros, ser objeto de numerosas actitudes “microrracistas” (pues el racismo y el machismo tienen en común el considerar a la víctima como inferior, el haber normalizado valores de discriminación y poder). Heridas subjetivas que bien pueden derivar en algún tipo de extrañamiento respecto a la sociedad en la que se reside.

Desconozco el clima social de estos jóvenes de Ripoll. Desconozco si en su historia recibieron afrentas (directamente o en personas cercanas). Pero lo que sí me parece es que esta es una realidad que pulula en la vida social de muchos jóvenes de origen musulmán (y de otros orígenes). La experiencia de un colectivo siempre situado bajo sospecha deja posos de malestar que a veces se transforman en perversidad y locura colectiva.

Entiendo el desaliento del educador de Ripoll. Pero creo que ha olvidado hacerse algunas preguntas. De cómo es la vida social real de cualquier joven musulmán en nuestro país. De hasta dónde llega el buen trato a la gente que ha venido de fuera. No es que crea que estemos en una sociedad abiertamente racista. De hecho, la voluntad sincera de mucha gente de oponerse a la islamofobia, de no responder en clave identitaria al atentado, ha ayudado a reducir la tensión. Pero este conflicto existe, y muchos comportamientos sociales generan heridas a mucha gente. Esto debería formar parte de cualquier vía para entender las causas de la radicalización y buscar otras alternativas de acción.

La propaganda de ISIS es sin duda sectaria y persistente. Pero tienen buenos materiales con los que construir un discurso convincente. Y estas buenas razones nunca aparecen en los debates de los medios. Aunque sí los han puesto sobre la mesa en Barcelona las numerosas organizaciones sociales que llevan muchos años en lucha contra el militarismo, el belicismo y el imperialismo.

Los puntos sobre los que construir un argumento convincente son numerosos. Palestina, Gaza, la invasión de Iraq, el desastre libio, la tolerancia y complicidad occidental con los regímenes autocráticos árabes, el golpe de estado egipcio. Guerras, dictaduras, gobiernos corruptos que provocan enormes padecimientos a la población local. Y de la que el mundo occidental es cómplice por acción y omisión, no sólo como suministrador de armas sino como parte directa de unos conflictos cuyo objetivo fundamental es preservar el suministro de petróleo y mantener a raya a la población local.

Si uno quiere más argumentos, ahí está el tema de los refugiados. El tratamiento autoritario que reciben, la falta de soluciones efectivas al drama de los exiliados por la guerra siria, las políticas de policía marina en el Mediterráneo. De verdad ¿alguien puede creer que nuestro trato al mundo árabe es exquisito?

Es evidente que toda esta serie de desastres en la que nuestros Gobiernos son protagonistas no justifican el discurso yihadista. Éste no es bueno simplemente porque se construya sobre una base real de agravios. Pero no podemos pensar que un sector de la población musulmana no pueda enloquecer cuando se hace padecer tanto a gente parecida a ellos.

Ni los conflictos de Oriente Medio ni los problemas que plantean las migraciones globales tienen fácil solución. Pero sin asumir que estos son problemas cruciales para millones de personas y que hay que cambiar las políticas que se han aplicado, sin reconocer el grado de responsabilidad occidental y sin trabajar por buscar salidas, va a ser imposible que decaiga el espacio político del yihadismo.

Todo el mundo respiró en Barcelona por la rápida caída del comando. Y hasta hay una sensación de alivio por la muerte de la mayor parte de sus componentes. Nadie ha sido capaz de levantar la voz en los medios por el hecho que una parte de los muertos hayan caído por disparos policiales y que el único componente de acción directa del comando preso lo fue porque resultó herido en la explosión de Alcanar. Se puede entender que la muerte de cuatro miembros del comando en el atentado de Cambrils se produjera en un enfrentamiento a vida o muerte. Pero parece más extraña la muerte del último componente, el autor material del atentado de la Rambla, cazado por lo que parece ser desarmado en pleno campo. Es un final que se repite una y otra vez con los autores de los atentados yihadistas. Y plantea interrogantes en dos sentidos. Uno, que podemos estar asistiendo a la reaparición de la pena de muerte sin ningún control judicial (aunque por más procedimientos legales que se pongan la pena de muerte es siempre una canallada). La repetición del proceso en muchos lugares apunta a algún tipo de comportamiento consensuado entre los responsables de la lucha antiterrorista. No parece que esta sea una forma de mostrar superioridad moral. Dos, para saber cómo operan los procesos de conversión al yihadismo, como se forman las redes, ¿no sería mejor detener a estos individuos y tratar de extraer información a partir de su experiencia? Sobre todo cuando se considera a los mismos individuos como seres manipulados por las redes de ISIS. Jóvenes que es posible que ante un tratamiento adecuado puedan revisar su comportamiento. Guantánamo y su red de cárceles complementarias abrió otra red de trato de terror a los considerados enemigos. Ahora quizás hayamos tenido una versión del mismo a pocos kilómetros de la ciudad. Y hemos mirado para otro lado.

Siempre que ocurre un desastre de este tipo se producen demandas a la unidad y la cohesión como respuesta. Pero no se suele explicitar en torno a qué se propone dicha unidad. O es un mero recurso retórico o de lo que se trata es de sacar partido de la situación. De oportunismo de este tipo hemos tenido muchos ejemplos los últimos días. Para el “Govern català” se ha tratado de mostrar la eficacia de los Mossos d’Esquadra en la gestión del orden público, lo que nos llevaría a pensar lo buena que puede ser su gestión de una Catalunya independiente. Para el PP se ha tratado de utilizar el drama para todo lo contrario, mostrar la necesidad del Estado central y cohesionar la sociedad en torno a la cultura clásica del antiterrorismo. Creo que tenemos que agradecer que la intervención política de Ada Colau y su gente haya limitado estas iniciativas y haya así permitido espacios para que intervinieran voces diferentes. Y, sobre todo, han dado protagonismo al variado tejido social que intervino de mil y una formas en el momento del drama. Obligando, por ejemplo, a que policías, mossos y guardias civiles se tuvieran que mezclar con sanitarios, taxistas, camareros, personal de emergencias, operadores de telefonía, floristas… en la cabeza de la manifestación. Ya se sabe que siempre que alguien llama a la unidad lo suele hacer para acallar o neutralizar a un oponente. Y que, en el caso que nos ocupa, la unidad en torno a las políticas antiterroristas puede ser tóxica y convertirse en un mero cheque en blanco a las políticas represivas, belicistas e imperialistas que forman una parte del tejido político que ha propiciado el yihadismo. Desmontar un proyecto político reaccionario solo puede hacerse con puntos de vista diferentes. Y quizás estas voces diferentes las que han quedado acalladas en los debates públicos posteriores.

Que la sociedad catalana haya salido respetablemente airosa de este ataque es bastante bueno (en una sociedad que se piensa así misma amante de la paz, abierta y democrática). Que no se profundice en la reflexión y se trate de sentar bases que consoliden estas aspiraciones es un riesgo que no nos podemos permitir.

8/2017

Julio y agosto, energéticos y nucleares

Miguel Muñiz

Dos meses en que han circulado informaciones claves, desde noticias y desmentidos sobre cierres de térmicas de carbón, hasta las aparentemente “exitosas” macrosubastas que han acabado con la adjudicación de 8700 MW de potencia renovable (eólica y fotovoltaica esencialmente) a instalar antes del 2020, pasando por rumores de fusiones y cambios empresariales… Dos meses en que, centrándonos en las nucleares, se han producido tres acontecimientos claves.

Primero, la creación de lo que algunos han llamado la Comisión de Expertos, es decir, el grupo de 14 personas que redactará el documento inicial de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (en adelante, LCCyTE); en segundo lugar, lógicamente, la decisión de no renovar el permiso de Garoña tomada por el gobierno del PP, y las implicaciones de la forma en que se ha tomado esa decisión y, finalmente, todo lo relacionado con el alargamiento a 60 años de los siete reactores nucleares que aún funcionan en España.

La Comisión de Expertos resulta de políticas dictadas desde la Unión Europea (UE) que tienen un calendario estricto. Dicha Comisión debe presentar, con enero de 2018 como fecha límite, un borrador al Gobierno del PP para que éste lo traslade al Congreso y a la UE; ese borrador abriría el debate político sobre la LCCyTE, que se debe aprobar en el Congreso y remitir a la UE antes de marzo de 2019. Por tanto, cuatro meses escasos para el redactado inicial (se ha publicado que la Comisión comenzará a reunirse el 6 de septiembre, ver HEMEROTECA de agosto), y 15 meses posteriores para el texto definitivo. Las informaciones de la HEMEROTECA de julio muestran que la creación de la Comisión ha seguido las prácticas habituales de improvisación, chapuza y visión a corto plazo que definen todo lo relacionado con la política energética.

El historial de los 14 miembros de la Comisión da pistas de por dónde van las cosas.

- Impone una reflexión sobre la condición de “experto”. Una persona experta (en la Comisión no hay ni una sola mujer) puede ser definida como aquella que posee conocimientos en profundidad en un determinado campo, que es capaz de analizar variables y sugerir pautas de actuación que tengan en cuenta las implicaciones, es decir, de valorar los “pros” y los “contras” de las actuaciones. Se supone que la condición de experto implica independencia de los intereses que puedan influir en el campo en cuestión; cosa aún más necesaria en el caso del cambio climático, que afecta al conjunto de las especies vivas, incluidos los seres humanos, y cuya responsabilidad recae sobre los intereses de las industrias energéticas.

Por contra, la recién creada Comisión de Expertos está formada mayoritariamente por personas vinculadas, directamente o indirectamente, a las empresas energéticas; en ella no figuran representantes del mundo de la investigación o la ciencia, ni de la sociedad civil. El criterio de selección ha sido tan evidente que el sector del gas ha protestado por la ausencia de alguien que represente sus “intereses”.

- Siguiendo esa lógica de los intereses, podría sorprender que una Comisión que debe redactar un documento sobre Cambio Climático y Transición Energética no cuente con representantes del sector del petróleo (que supone el 44,2 % de consumo primario en 2016) ni del gas (el 20,3 % de consumo primario en 2016); pero todo apunta a que la “Transición Energética” que se va a redactar se limitará a un esbozo de “transición eléctrica”; no hay voluntad de abordar los consumos de petróleo o gas, por muy vinculados que estén al cambio climático, ni de entrar en complejidades sobre los inevitables cambios sociales. El resultado más probable será un documento de escenarios de generación eléctrica 2030 – 2050; de ahí que la Comisión cuente con un representante del sector del carbón, por las implicaciones políticas de los rumores de cierre de centrales en los territorios afectados [1], el corto plazo prima.

- Si nos centramos en la cuestión nuclear las cosas se presentan aún más claras, en el ANEXO de la HEMEROTECA de julio puede comprobarse como 8 de los 14 Expertos opinan favorablemente sobre nucleares, otros dos no se manifiestan, pero pertenecen a organizaciones que las apoyan activamente; y otros dos pertenecen a organizaciones que guardan un silencio calculado. Todo apunta a que el borrador de la LCCyTE contendrá una defensa de la continuidad nuclear, una defensa que será muy difícil que se corrija en el Congreso dada las posturas de los partidos sobre el asunto. Por tanto, en enero de 2018 la industria nuclear ya tendrá criterios sólidos para hacer valer sus intereses ante el gobierno del PP, como veremos al tratar la tercera línea de acontecimientos.

- Para acabar de redondear el despropósito, el 18 de julio el gobierno del PP puso en marcha un “mecanismo participativo” paralelo a la redacción de la LCCyTE mediante una “web de participación” para recoger sugerencias. La web incluye un formulario en EXCEL con 23 preguntas clasificadas en 4 apartados

- Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.
- La necesidad y oportunidad de su aprobación.
- Los objetivos de la norma.
- Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Esas 23 preguntas son una declaración de intenciones. Para no alargar el análisis, y como botón de muestra, veamos las cuatro del apartado segundo: “2.1. ¿Considera que la Ley debe contener objetivos cuantitativos?; 2.2. En su opinión, ¿los objetivos de reducción de emisiones deben ser generales, sectoriales, o ambos?; 2.3. ¿Deben cubrir los objetivos de reducción de emisiones sólo a los sectores difusos (no incluidos en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión)?; 2.4. ¿En qué horizonte temporal deben establecerse los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero? Esta pregunta admite varias respuestas.” (los textos en negrita corresponden al formulario).

Cualquier persona que haya realizado un mínimo seguimiento de las informaciones sobre el cambio climático podrá captar el abismo existente entre la urgencia de aplicar medidas concretas, dictadas por un proceso de degradación cada vez más acelerado, y la parsimonia implícita en las preguntas del “mecanismo participativo” del gobierno del PP.

En resumen. Que en lugar de una Comisión que trabaje con plazos suficientes, formada mayoritariamente por investigadores, científicos y representantes de la sociedad civil, en la que los sectores de la industria energética tengan una presencia razonable para exponer sus puntos de vista, pero sin que puedan determinar el resultado final; el gobierno del PP ha creado una Comisión formada casi exclusivamente por personas vinculadas a la industria energética, y para cubrir un trámite de urgencia.

Todo apunta a que la LCCyTE será una repetición de lo sucedido en Cataluña, donde el gobierno PDECAT - ERC ha presentado las bases de un Pacto Nacional para la Transición Energética (PNTE), con su correspondiente hoja de ruta. En dicho Pacto se proclama que en 2050 Cataluña dispondrá de un suministro 100% renovable. En los documentos de presentación del PTNE, las nucleares de Ascó y Vandellòs “desaparecen” en 2050, cuando habrán cumplido de sobras los 60 años de funcionamiento, y la hoja de ruta se resuelve en un compendio de recomendaciones genéricas para pasar del “escenario actual” al “escenario 2050”, sin políticas ni calendarios definidos [2].

Garoña. Aunque sea repetir una obviedad hay que recordar que Garoña cerró en 2012 por decisión de ENEL-ENDESA e IBERDROLA [3], las compañías propietarias al 50%. Lo que el gobierno del PP anunció el 1 de agosto fue la decisión de no renovar el permiso, y lo hizo por un solo motivo: porque el 21 de julio (10 días antes) en la reunión de NUCLENOR, las dos compañías no llegaron a un acuerdo. IBERDROLA se negó a presentar alegaciones y pidió renunciar ya a la renovación de licencia; mientras ENEL-ENDESA pidió presentar alegaciones reclamando retribuciones para compensar las “pérdidas”.

Garoña ha cumplido de sobras su función tras cinco años de decisiones sobre una central insignificante que han llevado a cambios de normativa que blindan al conjunto de la energía nuclear. Pese a que todas las partes sabían que Garoña no tenía futuro han seguido representando su papel hasta el final: IBERDROLA, decidida a incrementar su nivel de beneficios, ha usado Garoña para un golpe de efecto en su exigencia de reducciones fiscales a todas las nucleares; ENEL-ENDESA ha mantenido la ficción de que podía volver a funcionar con una financiación adecuada; y el PP, por su parte, ha seguido insistiendo en que era necesaria para el sistema eléctrico. Hasta el último minuto.

Pero la comedia ha finalizado; en estos momentos el único debate sobre Garoña es el del futuro laboral de sus trabajadoras y trabajadores, un colectivo cuya actitud sumisa desde el cierre patronal de 2012 contrasta con la movilización y la combatividad desarrollada entre 2006 y 2009 por el futuro de la central --y en plena sintonía con ENEL-ENDESA e IBERDROLA-- cuando se debatía el “cierre a los 40 años”. Todo un caso digno de estudio sobre relaciones entre sindicalismo y política de empresa [4].

De todo esto lo que más nos afecta es la incidencia en los 60 años de funcionamiento de los siete reactores nucleares que aún quedan en España. No cabe entrar en los detalles del blindaje normativo [5], pues conseguidas todas sus reivindicaciones, las eléctricas se centran ahora en el último punto sobrevenido y controvertido: la rebaja fiscal. Esta última reivindicación se verá reforzada con el más que probable apoyo que la LCCyTE prestará a la propaganda nuclear como tecnología “amiga del clima”. Aunque el blindaje normativo también ha tenido una consecuencia inesperada sobre el gobierno del PP.

La exigencia de rebaja fiscal es compartida por toda la industria nuclear, pero hay diferencias en la forma de conseguir ese objetivo. El PP ha descubierto, aunque tarde, que poner todos los instrumentos de política nuclear en manos de las empresas tiene desagradables contrapartidas, pues la sumisión política no ha generado buen rollo y hay reclamaciones legales por medio [6]. Así que se han abandonado las dudas y anunciado un Decreto-Ley de cierre de instalaciones energéticas (ver HEMEROTECA de agosto) en una inesperada “marcha atrás”.

Ya en junio se produjeron declaraciones del ministro que, si las hubiese hecho alguien de Unidos Podemos, o incluso del PSOE, hubiesen provocado la correspondiente campaña de acusaciones “bolivarianas-venezolanas-estalinistas-perroflautistas” desde los portavoces de los que mandan; pero claro, si es todo un señor ministro del PP quién dice cosas tan contrarias a la ortodoxia neoliberal como que las eléctricas realizan manipulaciones contables para simular pérdidas en las nucleares, o que es necesario que el gobierno autorice o deniegue el cierre de centrales al margen de lo que digan las empresas [7], sólo se producen discretos carraspeos en alguna prensa especializada y cierta burla; pues, como ya se sabe, la defensa de los dogmas neoliberales se aparca cuando los intereses de quienes mandan o gobiernan están en juego.

La discreción informativa en torno al Decreto-Ley (DL) de cierre de instalaciones energéticas, da que pensar. Para empezar, el DL afecta sólo a centrales de carbón y nucleares, es decir, a centrales muy viejas que deberían ser cerradas sin dilación; para seguir, el gobierno del PP ha establecido también aquí otro “mecanismo participativo” previo a la redacción del DL, algo inusual. El anuncio del DL puede ser un toque de advertencia a los sectores más hostiles de la industria energética, o una ayuda política a ENEL-ENDESA, la compañía con mayor sintonía con el gobierno del PP; o un recordatorio de que quién tiene el poder político tiene, en última instancia, margen de maniobra. El anuncio del partido regionalista CHA de que utilizará el “mecanismo participativo” del DL es comprensible y coherente con la defensa, ya mencionada, de la térmica de Andorra.

Estamos ante un caso de conflicto entre el poder político y el poder económico, entre los que gobiernan y los que mandan; llevado con la discreción con que se producen estos desacuerdos entre amigos. Pero un caso ilustrativo sobre formas y fondos neoliberales: después de hacer política siguiendo el compás que marcaban las maniobras contables de las compañías eléctricas sin cuestionarlas (el “déficit” de tarifa como ejemplo), después de haber legislado a su entera conveniencia durante años, el poder político no está dispuesto a pagar las consecuencias vía incrementos de tarifas. Las contradicciones afloran. Los que mandan están blindados tras su poder de imponer secreto, silencio y discreción sobre sus actividades, pero los que gobiernan tienen que presentarse a elecciones, y son tiempos políticamente convulsos.

Hasta la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que, según el gobierno del PP, dejará “resueltas las incógnitas” de las empresas sobre el futuro nuclear, quedan 19 meses, y es fácil imaginar que ya estará en la agenda una negociación sobre impuestos nucleares, entre eléctricas y poderes políticos, especialmente el PP, pero también C’s, PNV, PDECAT, parte del PSOE, etc..

Todo esto hace que personas y organizaciones que trabajamos para acabar cuanto antes con los peligros y el sufrimiento que impone la energía nuclear, estemos en situación subalterna. Nuestra capacidad de protesta ya está contabilizada y asumida por el poder. Aún existe la posibilidad de incidir directamente en el poder político mediante un mecanismo de gran participación social como sería una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), pero su eficacia disminuye a medida que pasan los meses. Si consideramos marzo de 2019 como fecha extrema de renovación de los permisos de funcionamiento de los siete reactores (consolidación definitiva de los 60 años de funcionamiento) nos movemos en una ajustada cuenta atrás. Aunque existe ya una normativa que permite que la renovación de permisos se produzca en cualquier momento a partir del acuerdo sobre la rebaja fiscal. Lo cual sería peor.

Contando a la inversa, desde marzo de 2019, los tres meses de prórroga que marca la Ley de la ILP, los nueves meses de recogida de firmas, la presentación y la admisión del texto de la ILP a trámite, y la organización de la infraestructura necesaria [8], el plazo para iniciar el trabajo para una ILP que sea eficaz, es decir, que incida en la renovación de permisos, vencería entre finales de octubre y mediados de noviembre del presente año. Tenemos poco tiempo para conseguir que la base social dispuesta a movilizarse para hacer real el rechazo a la energía nuclear crezca y adquiera consistencia organizativa. En ello estamos.

Notas

[1] Datos estadísticos en http://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/consumos_e_intensidades_mensuales_2016_cierre.xlsx

Las noticias sobre el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel), considerada una de las más contaminantes de Europa, que han seguido el clásico esquema del si / no

(05/05/2017) http://www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel-provincia/teruel/2017/05/04/enel-cerrara-central-andorra-teruel-2020-segun-iidma-1173648-303.html ;

(10/05/2017) http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/mesa-mineria-pide-evitar-cierre-central-andorra-mas-ayudas_1200520.html ;

(12/05/2017) http://www.heraldo.es/noticias/economia/2017/05/12/endesa-niega-marta-gaston-que-cierre-central-termica-andorra-este-decidido-1175195-309.html ;

(27/05/2017) https://elrotativosemanal.es/la-central-de-andorra-quiza-no-tenga-los-dias-contados/

[2] Ver: http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/

Presentación en pdf: http://icaen.gencat.cat/web/.content/30_Plans_programes/38_PacteNacional/arxius/20173001_PresentacioBasesPantec_HCBaiget.pdf.

[3] Ver http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/garonano.html

[4] Retrospectivamente:

(11/08/2017) http://www.energiadiario.com/publicacion/el-comite-de-garona-se-marca-como-objetivo-evitar-los-despidos-en-la-central/

(01/08/2017) https://www.invertia.com/es/-/ugt-tilda-de-desagradable-erronea-y-cobarde-la-decision-de-cerrar-garona

(19/07/2017) http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170719/ugt-exige-al-gobierno-la-continuidad-de-garona-y-anuncia-movilizaciones-ante-el-posible-cierre-6178424

(23/04/2015) http://www.diariodeburgos.es/noticia/ZE079DE0B-C603-61B1-02ADA525D60EF0BD/20150423/nuclenor/reduce/plantilla/34/116/jubilaciones/tres/a%C3%B1os

(15/12/2012) http://www.eldiario.es/politica/presidente-empresa-Garona-cierre-reversible_0_79792220.html

(14/10/2009) http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1613123/05/17/Garona-el-comite-de-empresa-de-garona-presenta-recurso-en-la-audiencia-nacional-contra-del-cierre-en-2013.html

(02/07/2009) http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/1377717/07/09/El-Comite-de-empresa-de-Garona-anuncia-que-continuaran-las-movilizaciones-.html

[5] Un síntesis de todo lo conseguido en “Siete apuntes sobre la no-reapertura de Garoña y sus implicaciones” http://tercerainformacion.es/opinion/opinion/2017/08/03/siete-apuntes-sobre-la-no-reapertura-de-garona-y-sus-implicaciones

[6] (13/06/2017) El Tribunal de Luxemburgo juzgará los impuestos de la reforma eléctrica.

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8425274/06/17/El-Tribunal-de-Luxemburgo-juzgara-los-impuestos-de-la-reforma-electrica.html

[7] (08/06/2017) http://www.europapress.es/economia/energia-00341/noticia-nadal-advierte-electricas-no-rebajara-impuestos-nucleares-duda-perdidas-20170608172559.html

(16/06/2017) Nadal anuncia una regulación para el cierre de las centrales eléctricas.

http://cadenaser.com/emisora/2017/06/16/radio_zaragoza/1497641341_741321.html

(04/08/2017) Nadal inicia el trámite para poder controlar la generación energética por ley.

https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-08-04/central-electrica-ministerio-de-energio-alvaro-nadal-real-decreto_1425097/

[8] http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/ilpcast.html#calendario

[Miguel Muñiz es miembro de Tanquem les Nuclears – 100% Renovables, del Colectivo 2020 LIBRE DE NUCLEARES y del MIA en Cataluña; mantiene la web www.sirenovablesnuclearno.org]

8/2017

El fin de la crisis: algunos interrogantes

Cuaderno de postcrisis: 1

Albert Recio Andreu

Oficialmente, la crisis ha terminado. Al menos, es lo que argumenta la versión oficial sobre la base de considerar que el nivel alcanzado por el PIB del segundo semestre de 2017 supera al del segundo semestre de 2008, cuando se considera que empezó el desastre.

Pero ya se sabe que el PIB es una medida poco fiable de la realidad económica. Convertir toda la enorme variedad de actividades económicas en una sola cifra exige adoptar un número tan grande de convenciones técnicas (y decisiones políticas) que pueden hacer variar el volumen del PIB con relativa facilidad. Sin perder de vista las actividades sociales útiles que el PIB no contempla, así como su ignorancia de los efectos negativos de la actividad económica convencional sobre el fondo natural del planeta y sobre las condiciones de vida. Hay consciencia creciente de lo inadecuado de esta medida, pero el discurso oficial sigue aferrado a viejas ideas y por eso se sigue tomando está cifra mágica como eje de la evaluación económica. Y, como la cifra da ahora un nivel parecido al de hace nueve años, pues ya podemos decretar el final de la crisis.

Ante tamaño anuncio propongo un ejercicio simple, de corte convencional. Comparar una serie de estadísticas económicas del momento de inicio de la crisis (la culminación de un período de auge) con la situación actual. Y ver en qué medida podemos pensar que simplemente se ha salido de una crisis profunda, de la misma forma que una persona se considera restablecida de una enfermedad cuando una serie de análisis indican que ha recuperado los parámetros anteriores a la misma.

Podemos empezar por la crítica más conocida. La recuperación económica no ha recuperado los niveles de empleo y, además, el nuevo empleo creado es peor que el destruido en términos de condiciones laborales, salarios etc.

Basta tomar unas pocas variables para constatar que esta evaluación es cierta.

La Encuesta de Población Activa ofrece unos datos contundentes: entre el segundo semestre de 2008 y el segundo de 2017 la población activa (la que esta empleada o busca empleo) se ha reducido en 305.000 personas, se han destruido 1,83 millones de empleo y el número de personas desempleadas ha aumentado en más de un millón y medio. Es decir, más paro, menos empleo y más personas desanimadas que han dejado de buscar.

La destrucción de empleo se ha producido tanto en el empleo asalariado como en el no asalariado en proporciones parecidas. Al final del período, la tasa de asalarización ha crecido ligeramente, menos de un 1 por ciento (pasando de 82,5 a 83,4%). O sea que en conjunto hay una ligera mayor proporción de asalariados que de no asalariados, algo que no se corresponde con la percepción extendida que estamos asistiendo a la explosión del empleo autónomo.

Si de la cantidad pasamos a la calidad, las dos medidas que podemos utilizar son el peso del empleo a tiempo parcial y el del empleo temporal. Aunque puede haber muchas razones por las que una persona decida trabajar pocas horas, en general el empleo a tiempo parcial va asociado a niveles de ingresos bajos y a empleos situados en la parte inferior de la pirámide ocupacional (en términos de salarios, reconocimiento, posibilidades de carrera etc.). El empleo a tiempo parcial ha crecido, pasando del 11,7% de todos los empleos al 15,2%. Pero aquí las diferencias se agudizan si se considera tanto el estatus profesional como el género. Mientras que, en conjunto, el empleo a tiempo parcial de los asalariados ha pasado del 12,1% al 16,5% del total, el de los no asalariados se ha reducido del 10% al 8,5%. El empleo a tiempo parcial representa el 26% del empleo asalariado femenino frente a solo el 7,8% para los hombres, aunque en ambos casos se experimentan aumentos porcentuales parecidos.

Solo los datos del empleo temporal podrían indicar una mejoría en la calidad del empleo. El porcentaje de empleo temporal se ha reducido en 2,5 puntos entre los dos períodos estudiados (del 29,3% al 26,8%), pero hay que ser cautos con esta evaluación. Al principio de la crisis había mucho empleo en la construcción, el sector donde el empleo temporal es siempre más elevado. Más bien lo que muestran estos datos que el empleo temporal está enquistado en el mercado laboral español, y esto a pesar de las diversas reformas laborales que ha debilitado de forma sustancial la protección al empleo, que para los economistas y políticos neoliberales es la razón que explica el crecimiento del empleo temporal.

Analizar el impacto de estos cambios en los salarios es más complicado por las propias limitaciones de las estadísticas salariales. Ya me ocupé de ello en una nota anterior («Empleo y condiciones de trabajo en la recuperación», mientrastanto, febrero de 2017). Hay evidencias que indican no sólo que los salarios se han moderado sino que esta moderación se ha centrado fundamentalmente en los niveles salariales más bajos. Las huelgas de las subcontratas de los aeropuertos, el movimiento de las kellys o de los autónomos de Deliveroo es una respuesta combativa a esta degradación laboral que las estadísticas recogen sólo parcialmente.

Con todo, algunos datos son contundentes. El peso de las rentas salariales en el PIB ha decrecido en casi 3 puntos (pasando del 49,8% al 46,9% entre 2008 y 2017). Es notorio poner en relación este dato con la tasa de asalarización a la que me he referido anteriormente, y que indica un aumento del peso de los asalariados de 1%. Es decir, que una proporción mayor de personas activas se reparten una proporción sustancialmente inferior de la renta total.

La Encuesta de Condiciones de Vida, por su parte, es un buen indicador de esta degradación de los ingresos y las condiciones de vida de una parte de la población, con el aumento a lo largo del período del porcentaje de población en riesgo de pobreza (del 19,8% al 22,5%) y del que está en riesgo de pobreza y exclusión (que pasa del 23,8% al 27,9%). Este último indicador suma a la pobreza monetaria la exclusión del mercado laboral. Quizás tan significativo como estos datos resulta el análisis de la distribución de la renta que incluye la encuesta. La población se clasifica por deciles, el primer decil lo forman el 10% de personas con menores ingresos, mientras que el 10º decil lo forman el 10% de los que ganan más. Una cuestión interesante es analizar en qué cantidad de ingresos se producen los cortes. Cuando se consulta este dato se observa que para los 8 primeros deciles (80% de la población) el punto de corte se produce a un nivel de ingresos sustancialmente inferior al de hace 8 años. Por ejemplo en 2008 el 10% más pobre eran personas cuyos ingresos no alcanzaban los 6255 € al año; en la última entrega (2016) el corte se sitúa en 5297 €, o sea casi mil euros menos que hace ocho años. El porcentaje de reducción es mayor en los deciles inferiores, pero sólo en el 9 y el 10 el punto de corte es superior. Más pobreza y más desigualdad. La recuperación sólo funciona para unos pocos.

III

El impacto social negativo de las políticas aplicadas en la crisis es evidente. Y justifica las críticas a las políticas de austeridad. Pero sus autores mantienen una posición que los hace inmunes a las mismas: gracias a estas políticas se ha producido la recuperación y se han sentado unas bases sólidas para seguir creciendo y recuperar también empleo de calidad. Por eso conviene ver si realmente esta recuperación es realmente tan sólida, si se han aplicado reformas que han reforzado las estructuras productivas del país. Cuando empezó la crisis, la economía española mostraba enormes problemas que en el plano macroeconómico se concretaban en un tremendo déficit exterior y en un consiguiente endeudamiento externo.

El déficit exterior es un reflejo en parte de la estructura productiva de un país y de su estructura de consumo. Un país autárquico equilibrado permitiría satisfacer todas sus necesidades sin intercambio con el exterior. No hay evidencias de que tales países existan, pues la mayoría de países tienen relaciones con el exterior y el equilibrio refleja que el país produce una serie de bienes y servicios que vende en parte fuera para comprar en cambio aquello que no produce. En la práctica, muchos países no logran este equilibrio, y aquí nacen problemas para ellos mismos y para el conjunto de la economía mundial. Cuando empezó la crisis, España tenía un enorme déficit exterior, del orden del 6% del PIB (básicamente debido al enorme desequilibrio en la balanza de bienes). En cambio, en los últimos trimestres existe un superávit superior al 2%. Esto parece justificar a los que han defendido que el ajuste salarial era imprescindible para ganar competitividad y que el sacrificio salarial es la base de la recuperación.

Analizadas al detalle, las cosas son bastante más complejas. De una parte, el superávit se ha producido fundamentalmente por dos cuestiones: la enorme caída del precio del petróleo —el elemento más importante en la creación del déficit comercial—, y el fuerte aumento de los ingresos por turismo. Es cierto que se han producido mejoras en todos los sectores de especialización, y que ha aumentado el volumen de exportaciones. Pero esto puede deberse a múltiples causas: desde una reducción de importaciones de productos extranjeros más caros por la crisis al simple relanzamiento del mercado automovilístico, que constituye el principal producto de exportación, y cuya dinámica depende de las lógicas productivas de las grandes multinacionales del sector (y donde los costes salariales españoles ya eran sustancialmente inferiores antes de la crisis). Cuando se analiza la evolución de la estructura del PIB y del empleo no se advierte que se haya producido un cambio estructural profundo en el área productiva. El sector manufacturero ha seguido perdiendo empleo y peso. El turismo se ha reforzado en cambio como la gran “industria” nacional que nos convierte en un exportador de “materias primas” particular. Que la situación no ha cambiado mucho lo expresan los datos de la estructura del PIB: en los últimos trimestres, a medida que la recuperación se acelera, se está debilitando el superávit exterior y crece el déficit comercial. Cualquier aumento serio de los precios de los combustibles puede volver a generar enormes dificultades.

El otro gran problema era el elevado grado de endeudamiento de la economía española. Al inicio de la crisis, éste era fundamentalmente privado, de las familias y sobre todo de las empresas. Parte del ajuste, especialmente el plan de salvamento del sector financiero, consistió en transformar deuda privada en pública. Las cifras de deuda exterior (pública y privada) y de deuda pública ofrecen un panorama peligroso. Las cifras del segundo semestre de 2017 indican que la deuda exterior de España ha alcanzado un record en términos absolutos (1,91 billones de euros) y se sitúa ligeramente por debajo de su máximo histórico en términos relativos (un 170% del PIB frente a un 174,6% de máximo en 2010). Aún en términos netos (descontando los activos financieros españoles en el exterior) se sitúa en el 86,5%, lo que supone un nivel de endeudamiento elevado. Si esta situación no se traduce en una grave tensión es fundamentalmente por la política monetaria del Banco Central Europeo, que ha generado una enorme liquidez y ha comprado ingentes cantidades de deuda. Pero un cambio en las políticas del BCE por cualquier tipo de razón puede poner a España en una situación de alta presión y en nuevas exigencias de ajustes insoportables. Por su parte, la deuda pública, tras los generosos planes de ayuda al sector privado, se sitúa en el torno del 100% del PIB, sólo soportable en el contexto de bajos tipos de interés. Las políticas de austeridad no se han traducido en una reducción sustancial de la deuda, como se ha propuggnado, sino todo lo contrario. El endeudamiento es endémico en el capitalismo actual por los desajustes que genera el modelo y por la enorme proliferación de mecanismos financieros que promueven su expansión.

No hay por tanto ninguna evidencia sólida que indique que realmente se ha producido un cambio en profundidad en el modelo productivo que justifique la promesa de una recuperación sólida que acabe con la pobreza y la precariedad. Son sólo circunstancias favorables —como el bajo precio de los combustibles, la política monetaria expansiva o el hiperdesarrollo turístico— las que han permitido generar una sensación de mejoría que, cuando menos, se presenta potencialmente inestable.

La crisis económica de 2007 ha tenido graves costes sociales en nuestro país. Toda crisis los tiene, y las políticas aplicadas (en parte impuestas por los organismos internacionales, en parte promovidas gustosamente por las clases dirigentes locales) no han hecho más que agravar sus costes. Y han provocado cambios estructurales (como la reforma laboral, la liquidación de un sistema financiero para-público, los ajustes en servicios públicos básicos, la reforma inconclusa del sistema de pensiones…) que conducen a un modelo social de elevadas desigualdades y problemas recurrentes para enormes masas de población. No sorprende que, para algunos, la crisis sea vista como una cortina de humo para justificar estas políticas. Aunque sea un razonamiento inadecuado: la crisis es un producto normal del funcionamiento de una economía capitalista con tendencias al caos. Lo que ocurre es que una vez planteado el problema y el desastre, ha sido fácil para las élites aplicar las políticas más adecuadas a sus intereses (y más próximas al “sentido común” de sus intelectuales orgánicos).

La crisis, en gran parte resultado por el modelo de globalización neoliberal, curiosamente ha provocado un reforzamiento (con variantes) de la misma. En parte porque las élites no se han tenido que confrontar con una oposición que tuviera tanto fuerza social como ideas y proyectos mínimamente sólidos y estructurados. Veníamos de un largo período de derrotas y debilitamiento de los movimientos sociales, de las clases subalternas, y hemos sido incapaces de reconstruir a corto plazo una alternativa.

Lo más dramático es que, además de imponer medidas de un coste social brutal, no parece que las mismas hayan permitido superar los problemas macro y microeconómicos que están en la base de los problemas económicos convencionales de la economía española (desempleo, precariedad, déficit exterior, etc.). Y, por eso, las demandas de ajuste volverán a reaparecer en cuanto cambien los factores coyunturales que ahora dan un cierto respiro.

Cambiar el modelo productivo es más fácil de decir que de hacer en economías capitalistas, donde existen poderes económicos muy consolidados, donde las grandes empresas tienen dificultades para transformarse, donde las instituciones y poderes internacionales ejercen una presión desmesurada sobre las políticas locales… Y también en sociedades que han tratado de salir de la lógica capitalista y que tienen enormes dificultades para salir de sus viejas líneas de especialización, no sólo por la presión de los bloqueos externos. Y esta dificultad de cambio choca con la persistencia de problemas económicos de todo tipo: desequilibrios macroeconómicos, endeudamiento insoportable, paro, pobreza, desigualdad, degradación ambiental… Problemas que exigen transformaciones radicales. Transformaciones que demandan políticas bien pensadas, ideas y fuerzas sociales capaces de salir del marasmo en el que, digan lo que digan los voceros del poder, seguimos atrapados.

8/2017

Semántica de 'comunista'

Juan Ramón Capella

La denominación 'comunista' significó asignar a un movimiento social el nombre de su objetivo último, final. Por extensión son llamados 'comunistas' los activistas de ese movimiento.

La denominación no era exclusiva de los marxistas: la compartían con los anarquistas, pero es indudable que el nombre dado al texto que conocemos como Manifiesto del Partido Comunista, o Manifiesto comunista, fue decisivo para la aceptación y la universalización de esta manera de nombrar. Los comunistas fueron los revolucionarios sociales por antonomasia.

Esa denominación se ha vuelto problemática. Ha designado a los revolucionarios de los siglos XIX y XX, pero también a poderes políticos de distinta naturaleza: al régimen surgido de la Revolución de Octubre, la Unión Soviética, a pesar de que, diez años después de aquel triunfo de los pobres, la contrarrevolución staliniana, impulsora de un capitalismo burocrático de Estado, calificado retórico-políticamente de socialista, lo desnaturalizó por completo.

Los enemigos capitalistas del poder soviético lo calificaron siempre de "comunista" (tal vez comprendiendo bien que no era tal). También llamaron así a los poderes de los estados que conformaron el glacis de la Urss tras la segunda guerra mundial, las llamadas "democracias populares": Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria. Como es natural, el "comunismo como régimen" se ha hundido al ser derrotado en la guerra fria.

Volvamos atrás: 'Comunista' pasó a designar pues tanto a activistas de un verdadero movimiento social, como a ese movimiento, pero también a regímenes políticos que, aunque cada vez más indirectamente vinculados a ese movimiento, eran más bien su reverso y su negación o, si se quiere, representaban un fracaso del movimiento mismo. 'Comunista' adquirió así varios significados muy distintos e incluso contrapuestos, aunque la cultura capitalista dominante ha tratado siempre de confundirlos todos en un totum revolutum: los distintos usos de ciertas palabras con sentido político forman parte de la lucha de clases en el terreno de las ideas, en el terreno de la cultura.

El hundimiento en 1991 del sistema político-social soviético, y por tanto también de su sistema de alianzas y, sobre todo, de su retórica política causó estragos en el movimiento comunista real —en minorías de activistas comunistas de Rusia, Alemania, Italia, Francia, Portugal y España, por limitarnos a Europa—: multitud de personas descubrieron inesperadamente que la Urss no era lo que habían creído que era (aunque tampoco eran pocos los activistas que no se engañaban a su respecto), y que la denominación 'comunista' correspondía ahora a un proyecto fracasado, a una revolución que no había conseguido sus fines.

La evolución del otro gran centro revolucionario socialista, la República Popular China, que a la muerte de Mao pasó a ser rápidamente un mandarinato vagamente socializante que abrió el camino a una economía mixta, con peso abrumadoramente creciente del sector capitalista privado, reforzaba esa tendencia a enviar la denominación de 'comunista' al museo de la historia. El mandarinato chino mantiene el nombre de partido comunista, pero es dudoso que conserve de su origen algo más que su retórica.

El Partido comunista italiano, por su parte, el más dotado ideológica y políticamente, y seguramente el más numeroso de Europa occidental, renunció a su nombre (malamente y dividiéndose). Antes había tratado de diferenciarse del autoritarismo pseudosocialista inventando la denominación de eurocomunismo, pero sin atreverse siquiera a llamarse comunismo democrático, el nombre que mejor le cuadraba. Otros partidos análogos se subsumieron en alianzas con nombres distintos (en España, Izquierda Unida). Y el movimiento real —porque seguía habiendo movimiento real— tendió a adoptar denominaciónes alternativas. Los foros sociales mundiales fueron producto de ese movimiento relativamente renovado, muy plural. Y de un modo u otro subsisten en el siglo XXI las minorías revolucionarias que no se deciden unánimemente a seguir llamándose comunistas. Las hay incluso que siendo objetivamente la prolongación de ese movimiento rechazan enérgicamente la denominación, por miedo a contaminarse.

Sin embargo, son muchísimas las personas que siguen considerándose o podrían considerarse con orgullo comunistas. Para empezar, los más firmes combatientes de la República Española contra el ejército insurrecto. La inmensa mayoría de los combatientes en la resistencia francesa, italiana y de otros países en la Segunda guerra mundial. Muchísimos de los combatientes que en Stalingrado golpearon fuertemente por vez primera a las tropas hitlerianas eran en verdad comunistas (basta leer el recomendabilísimo libro de Vasili Grossman, Vida y destino, para comprenderlo). Como comunistas fueron los principales oponentes al franquismo, cuya lucha está en el origen de las libertades democráticas de España. No: los activistas comunistas no tienen por qué avergonzarse: que se avergüencen los que los combatieron y quienes les denigran. Que se avergüencen de sí mismos los que abren sus tragaderas a las demonizaciones de los comunistas.

Se debe recordar siempre que fueron comunistas los principales combatientes contra el fascismo, el nazismo y el franquismo. Que sin ellos las libertades políticas estarían indefinidamente recortadas. Que los ideales comunistas inspiraron la resistencia de millones y millones de personas contra la explotación y la extorsión; no sólo la resistencia soviética en Stalingrado al ejército nazi: también la resistencia vietnamita y el triunfo de aquellos campesinos frente a los Estados Unidos. De ahí el prestigio de Ho Chi Minh, de Guevara o de Antonio Gramsci. Se debe recordar que, creyendo en los ideales socialistas, muchísimas gentes aportaron de buen grado su esfuerzo para la industrialización de la Urss, para su acumulación originaria, con grandes sacrificios personales, y algo semejante ocurrió en países tan distintos como Cuba o Checoslovaquia. Denigrar a los comunistas significa asociarse a la ideología capitalista y burguesa, y no sólo hacer burla de los vencidos momentáneos de una lucha que no ha llegado a su fin.

Pero ¿hay un objetivo último?

Hemos de comprender que no hay "objetivo final". Que el "objetivo final" comunista no existe; que es una mala y adialéctica manera de entender el proceso de la liberación social emprendido por las personas que han buscado una revolución que materializara su ideal de justicia. El comunismo como sociedad sólo existe en los cerebros, y es preciso modificar esa imagen errónea que el exceso de ilusiones y el defecto de reflexión han formado en los cerebros.

(Que el objetivo "final" no sea una fantasía no significa que no pueda tener final la civilización capitalista.)

Si el objetivo "final" no existe —porque se alejará una y otra vez, porque siempre surgirán nuevos problemas en las sociedades, y sobre todo porque ninguna victoria de clase es definitiva—, existen sin embargo lo que en el pasado se llamaron "objetivos intermedios". Esos objetivos no eran últimos, sino pasos para aproximarse a una sociedad más justa. El movimiento alternativo del presente puede ser efectivamente revolucionario si es capaz de afrontar los problemas graves que la sociedad tiene planteados y aportarles solución; el movimiento alternativo del presente es revolucionario si moviliza a grandes conjuntos de personas para dar respuestas los problemas que la actual sociedad tiene y reproduce.

Por mencionar algunos de estos grandes objetivos revolucionarios:

Una sociedad donde no pueda existir la explotación de unas personas por otras.

Una sociedad que deje atrás las estructuras del patriarcalismo: una sociedad donde ser mujer, o ser hombre, ser homosexual o transexual, no implique discriminación ninguna, no sólo institucional sino en el trato entre las personas. Si esta lucha revolucionaria es una necesidad entre nosotros, mucho más lo es en otras sociedades, donde se criminalizan, con anuencia de sus poblaciones, muchos comportamientos humanos legítimos.

Una sociedad pacifista; que no intente resolver los problemas colectivos ni individuales recurriendo a la fuerza y a la guerra.

Una sociedad no depredadora del medio ambiente natural; una sociedad que repare el daño causado por la producción a la naturaleza y la conserve sin deterioro.

Una sociedad cuya democracia se caracterice ante todo por la distribución del poder entre el pueblo, y no sólo por los procedimientos institucionales de su ejercicio.

Una sociedad internacionalista, que ayude a las demás sociedades en sus dificultades para la emancipación.

Las personas que se comprometen ante sí mismas a perseguir junto con otras estos objetivos son revolucionarias por mucho que tengan que maniobrar o hacer concesiones para aproximarse a ellos. Esas personas son las que tienen que decidir el nombre que quieren darse en esta fase de la historia de las luchas por la emancipación social. El nombre, sin embargo, importa menos que la cosa, y la cosa es el propio compromiso.

8/2017

El Kurdistán iraquí: ¿una nueva realidad política?

Elisabet Torà Mañós

Con el comodín de la quiebra del Estado Iraquí bajo el brazo, el Kurdistán de la interminable saga de la familia Barzani ha logrado el consenso parlamentario regional necesario para finalmente accionar el botón de inicio del proceso independentista el próximo 25 de septiembre de 2017, mediante la convocatoria de un referéndum. La profecía del desmembramiento de un Irak de marca colonial inglesa, constituye ya una realidad fáctica frente a la cual todos los actores del tablero de juego del extenuado Oriente Medio se ven obligados a posicionarse.

Así, Masoud Barzani, líder del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) y presidente de la región autónoma, ha sentenciado la celebración de un referéndum con la siguiente pregunta: “¿Quieres un Kurdistán independiente?”, entendiendo como Kurdistán el territorio iraquí bajo su control de facto. Sin embargo, bajo esta faceta de firme tenacidad, encontramos un galimatías de términos y condiciones sin resolver, a saber: fronteras, financiación, seguridad y, sobre todo, relaciones exteriores.

En efecto, el apoyo a la constitución de este nuevo estado parece reducirse a un nivel local, puesto que a nivel tanto regional como internacional la opinión generalizada fluctúa entre la crítica sin ambages al gobierno, por considerar este referéndum un subterfugio antidemocrático y oportunista, y la consideración acerca de la inadecuación del momento para proceder con dicha iniciativa, debido al contexto geopolítico de guerra.

Dentro de las potencias manifiestamente contrarias a la gestación de un nuevo estado kurdo no es de extrañar encontrar a Irán y Turquía, pues en dichos países existen bastiones kurdos importantes que no dudarían en intentar cumplir sus propósitos independentistas particulares. No obstante, los lazos político-económicos trazados con las potencias vecinas podrían dar lugar a respuestas inesperadas.

Si bien la cuestión del independentismo kurdo es tan antigua como la artificial creación del estado iraquí, las reivindicaciones insurreccionales de los años sesenta en dicho territorio no parecían tener más perspectiva de futuro que las acaecidas en los otros tres países bajo cuyas fronteras se extiende el Kurdistán histórico: Irán, Siria y Turquía. Sin embargo, la llegada de Saddam Hussein al mando del régimen baathista de Irak precipitó definitivamente los acontecimientos.

De entre las cenizas del genocidio provocado por la Operación Anfal [1] —la peor pesadilla para los kurdos iraquíes—, la coalición al mando de Estados Unidos para la invasión de Irak en 2003 pareció tener al menos un bando adepto: los kurdos. En efecto, dicho contexto favoreció la fundación de una región autónoma kurda (KRG) que consiguió acceder a zonas geoestratégicas importantes como Kirkuk.

La viabilidad de dicha región se encuadró en el marco de una nueva Constitución, aprobada en 2005 con el respaldo del 80% de la población, que tenía como objetivo primordial asegurar la unidad de Irak, dividida entre facciones sunnís, chiís y kurdas. De ahí que se dispusieran una serie de artículos constitucionales destinados a asegurar su convivencia; un buen ejemplo de ello es el artículo 140, según el cual el gobierno iraquí debía convocar referéndums (con fecha límite de 31 de diciembre de 2007) en enclaves conflictivos como el de Kirkuk para determinar la voluntad de los ciudadanos de pertenecer o no al KRG.

El primer motivo para entender la precipitación hacia el independentismo del Kurdistán iraquí es la negativa del gobierno central en vehicular la aplicación práctica de las garantías constitucionales comentadas. El segundo tiene que ver con la economía: como indica Nezan, presidente del Instituto Kurdo de París, en el periódico francés Libération[2], desde 2014 el gobierno iraquí ha paralizado las dotaciones del 17% de la financiación de la región autónoma kurda, a lo que ésta ha respondido con el desarrollo de su sector petrolífero para financiar a su propio ejército de peshmergas [3]. Las victorias en el campo de batalla y la masiva acogida de refugiados de guerra constituyen el tercer y último pilar que explica el detonante de la decisión de convocar un referéndum.

Vistos los acontecimientos recientes, los peshmergas son merecedores de su propia denominación, pues ante la irrupción del grotesco fantasma de ISIS en Irak —y contrariamente al ejército oficial iraquí, que abandonó literalmente la defensa del importante enclave de Mosul—, los peshmergas kurdos han sido los principales combatientes contra los extremistas sunnís en territorio iraquí, logrando victorias importantes en enclaves como el de Sinjar.

Las operaciones militares emprendidas para frenar el avance de ISIS han desencadenado la creación de una solidaridad kurda que ha tenido como efecto directo la ayuda mutua entre los peshmergas iraquíes y las facciones kurdas de Turquía y Siria (el brazo armado del PKK y el grupo armado YPG respectivamente). Las victorias sobre el terreno no podrían haber acaecido sin la necesaria cooperación de los distintos bandos que conforman el Kurdistán histórico. No obstante, dicho atisbo de unión transfronteriza entre kurdos no deja de ser un destello de solidaridad hacia los miembros del pueblo kurdo, sin implicaciones consecuentes.

Ciertamente, el Kurdistán histórico sigue estando dividido en dos bloques geográficamente definidos. Por un lado encontramos el bastión del Partido Democrático del Kurdistán (PDK) con Masoud Barzani como líder y establecido en Irak, mientras que por otro lado encontramos la facción del PKK liderada por Abdullah Öcalan y que extiende su ideario en Siria con el Partido de la Unión Democrática (PYD). La diferencia entre ambos bloques es puramente ideológica, pues mientras el Kurdistán Iraquí de Barzani hunde sus raíces en una estructura de base tribal, el PKK propugna un ideario de confederalismo democrático con influencia claramente anarquista.

Teniendo en cuenta la existencia de un ente federativo autónomo en el norte de Siria regulado por el PYD, la constitución de un Kurdistán iraquí independiente podría comportar la coexistencia última de dos kurdistanes vertebrados por realidades políticas marcadamente diferentes pero con el trasfondo de un enaltecido pasado común.

Dicha paradoja marcaría el comienzo de una nueva era en la oxidada historia del magullado Kurdistán, una etapa que hay que leer con los ojos puestos en los estragos producidos por la división del territorio kurdo en cuatro países por parte de las potencias coloniales.

Notas

[1] Conocida también como Campaña Anfal o Genocidio Kurdo, consistió en una operación militar contra los kurdos y otras minorías étnicas del norte de Irak durante la guerra entre Irán e Irak.

[2] Nenzan K. (1 de julio de 2014), La Fédération, seule issue au conflit. Libération (tribune)

[3] Acepción que hace literalmente referencia a “aquellos que se enfrentan a la muerte”.

Para saber más

Anderson, L., Stansfield, G. (2005), The Future of Iraq: Dictatorship, Democracy, Or Division?. Ed. Palgrave Macmillan.

Aziz, M. (2011), The Kurds of Iraq: Ethnonationalism and National Identity in Iraqi Kurdistan.Tauris Academic Studies.

Gurbey, G., Hofmann S., Seyder, F. (2016), Between State and Non-State: Politics and society in Kurdistan-Iraq and Palestine. Ed. Spinger.

Freedman, O. (2002), The Middle East Enters the Twenty-first Century. University Press of Florida.

O’ Leary B., McGarry J., Salih, K., The Future of Kurdistan in Iraq. University Press of Pennsylvania.

Olson, R. (2005), The Goat and the Butcher: Nationalism and State Formation in Kurdistan Iraq since the Iraqi War. Ed. Mazda.

Stansfield, G. (2003), Iraqi Kurdistan: Political development and emergent democracy.Routledge.

Voller, Y. (2014), The Kurdish Liberation Movement in Iraq: from insurgency to statehood.Routledge.

8/2017

Gabinete de engendros del Dr. Caligari

Comentario de la proposición de ley del referéndum de autodeterminación

Ramón Campderrich Bravo

El objeto de la presente nota es hacer un somero comentario del documento denominado Proposició de llei del referèndum d´autodeterminació, presentado para su tramitación por el grupo parlamentario Junts per sí en el parlamento autonómico catalán. El texto que se comenta sin el menor ánimo de exhaustividad ni ínfulas literarias en estas líneas es el correspondiente a mediados de agosto, por lo que no se puede descartar que en el momento de la publicación de esta nota dicho texto haya sufrido modificaciones o, incluso, haya sido aprobado con la misma o diferente formulación. Más concretamente, me centraré, sobre todo, en las principales supuestas razones, jurídicas y ético-políticas, invocadas en el texto para justificar la realización de un referéndum unilateral y 'vinculante' de independencia, así como la eventual posterior proclamación unilateral de independencia de Cataluña. Esas supuestas razones se exponen en una escueta exposición de motivos de apenas tres páginas. Muchas de las cosas que se dirán a continuación pueden parecer obvias, pero, a veces, resulta necesario recordar lo obvio.

1. Razones predominantemente jurídicas

Razones vinculadas al derecho internacional

El punto que ocupa más espacio en la exposición de motivos para justificar el texto normativo subsiguiente es la libre determinación de los pueblos, también denominada en ocasiones libre autodeterminación de los pueblos, interpretada como inclusiva de un derecho a la secesión o separación constitutiva de un nuevo estado independiente sujeto de derecho internacional. Con este fin se alude a los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales concertados en el marco de la O.N.U. en 1966, ambos suscritos por España, el artículo 1.2 de la Carta de N.U. y ciertos misteriosos dictámenes recientes del Tribunal Internacional de Justicia (O.N.U.), que no se especifican. Rebatir estas proclamas es muy simple.

La interpretación de los textos mencionados no depende, como es lógico, de lo que sobre ellos afirmen los diputados de un parlamento regional, el cual, por descontado, carece de toda relevancia jurídico-internacional. Depende de los gobiernos de los estados y de las organizaciones internacionales sujetos de derecho internacional, de la jurisprudencia de los tribunales internacionales y de la posición dominante en la doctrina iusternacionalista. Y al respecto existe un consenso a la hora de afirmar que el derecho a la libre determinación o autodeterminación de los pueblos no incluye un derecho a la secesión o separación de una parte del territorio de un estado ya existente para constituir un nuevo estado, entre otras cosas porque el principio del respeto de la soberanía de los estados y de su integridad territorial son también principios básicos consagrados en la Carta de N.U., en la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia y en la costumbre internacional [1]. La base de esta negativa a reconocer un hipotético derecho a la secesión o separación tiene su razón de ser: su reconocimiento introduciría aún mayor caos en la ya de por sí caótica sociedad internacional de estados.

En efecto, el derecho a la libre determinación de los pueblos entendido como derecho a constituir un nuevo estado sólo ha sido atribuido por el derecho internacional a los pueblos sometidos a dominación colonial respecto de sus metrópolis coloniales, y Cataluña jamás ha sido reconocida por nadie como territorio colonial ni reúne, desde luego, los requisitos para serlo [2]. De hecho, tampoco a los pueblos coloniales, al atribuírseles el derecho a constituir un nuevo estado, se les reconoció un derecho a la secesión o separación de un estado matriz por la sencilla razón de que el derecho internacional no considera (ni, por lo demás, la inmensa mayoría de los derechos internos de las potencias coloniales lo hicieron) que el territorio sometido a dominación colonial sea territorio integrado en el territorio del estado metropolitano. De ahí que se tendiera a defender la intangibilidad de las demarcaciones de los territorios coloniales existentes antes de la independencia de los mismos y se condenasen los intentos de las potencias coloniales de dividir unilateralmente esos territorios o de fomentar secesiones recién proclamada la independencia formal (por ejemplo, secesión de Katanga en 1960).

Más allá de la cuestión de los territorios y pueblos sometidos a dominación colonial, el derecho a la libre determinación de los pueblos también se predica de los pueblos ya constituidos en estados, las minorías, los pueblos indígenas y los pueblos que viven en el territorio de un estado ocupado militarmente por otro estado. Ninguno de estos supuestos puede servir para justificar un derecho a la secesión o separación para constituir un nuevo estado:

a) El derecho a la libre determinación de los pueblos ya constituidos en estados implica un derecho a establecer su sistema político, socioeconómico y su organización político-territorial sin interferencias externas, y, en lo que nos concierne, este derecho está atribuido en exclusiva desde la perspectiva del derecho internacional al pueblo español, en el cual quedan comprendidos, desde esa misma perspectiva, todos los nacionales españoles residentes en Cataluña.

b) Las minorías, en cuanto tales, no tienen atribuidos en realidad derechos por el derecho internacional, sino que son cada uno de sus miembros los que son titulares de derechos de ejercicio individual o colectivo. Entre esos derechos –enumerados precisamente en los Pactos de derechos del ámbito de la O.N.U. tramposamente invocados en la exposición de motivos– se encuentran derechos formulados en términos negativos –todos los que suponen prohibición de discriminación o trato desigual– y derechos formulados en términos positivos –respeto de sus singularidades culturales; ni siquiera un derecho, como tal, a la autonomía política–, pero no aparece por ningún lado un derecho a la constitución de un nuevo estado. Es evidente que, desde un punto de vista jurídico-político, los derechos de las minorías nacionales son respetados por el estado español: los catalanes no padecen, por ahora, discriminación respecto al resto de sus conciudadanos españoles y el considerado por los propios nacionalistas catalanistas principal rasgo cultural de la catalanidad, el idioma catalán, está protegido y promovido en Cataluña hasta el punto de tener un estatus privilegiado en esa región respecto al idioma oficial común, el español o castellano, y ser la exclusiva lengua vehicular en la enseñanza no superior, con la consiguiente intolerable discriminación de la población castellanohablante [3]. Más aún: la organización político-territorial del estado español confiere un amplísimo ámbito de autonomía jurídico-política a Cataluña, lo que excede con creces las exigencias del derecho internacional.

c) En cuanto a los pueblos indígenas, cuyos derechos han sido tomados últimamente en consideración por el derecho internacional con una amplitud algo mayor que los derechos de las minorías (en ámbito regional americano), no creo que sea necesario extenderse lo más mínimo. No es posible calificar a los catalanes de pueblo indígena. Los pueblos indígenas son pueblos de cultura originariamente no occidental y formas de vida premodernas hasta tiempos relativamente recientes o, incluso, todavía hoy. En concreto, son tales los pueblos organizados en bandas o aldeas de cazadores y recolectores y los pueblos amerindios. Nada que ver, por consiguiente, con los catalanes. En cualquier caso, tampoco cuentan los indígenas con un derecho jurídico-internacional a la secesión o separación constitutiva de un nuevo estado, lo que, por lo demás, carece de todo sentido para la inmensa mayoría de ellos.

d) Tampoco los catalanes son un pueblo ocupado militarmente desde el punto de vista jurídico-internacional (ni desde cualquier otro punto de vista). Los pueblos ocupados militarmente son pueblos ya constituidos en estados cuyo territorio, en parte o en su totalidad, es ocupado por una potencia extranjera (ejemplo típico: la ocupación de Irak por Estados Unidos y sus aliados en 2003). Por supuesto, aquí no estamos ante ningún derecho a constituir un nuevo estado, sino ante la obligación de la potencia ocupante de restablecer el status quo anterior a la ocupación, esto es, la independencia del estado ocupado o la reintegración del territorio ocupado al estado de pertenencia. De ahí que, por ejemplo, las acciones de Rusia encaminadas a anexionarse Crimea o a promover un estado títere en el este de Ucrania sean contrarios al derecho internacional.

Razones vinculadas al derecho interno español

En la exposición de motivos aparecen asociadas a las relativas al derecho internacional o a las de carácter ético-político, pero, aún así, cabe su distinción a efectos analíticos de las anteriores. Son tan fantasiosas como las vinculadas al derecho internacional.

En primer lugar, se alude a los artículos 96 («els tractats internacionals formen part del seu ordinament intern» [del ordenamiento jurídico español]) y 10.2 («les normes relatives als drets fonamentals i les llibertats públiques s´interpretaran d´acord amb els tractats internacionals aplicables en aquesta matèria») de la Constitución española vigente, que, mientras no exista un estado catalán independiente miembro de pleno derecho de la sociedad internacional, rige también, obviamente, en el territorio de la comunidad autónoma de Cataluña. Aparte de que los textos jurídicos no deben ser interpretados aisladamente sino en combinación con los demás del mismo nivel jerárquico, como cualquier jurista sabe, lo que significa que no es admisible escoger sólo los preceptos constitucionales o jurídico-internacionales que interesan y olvidarse de todos los restantes, ya se ha visto que los tratados internacionales invocados en la exposición de motivos no cubren un imaginario derecho a la secesión o separación constitutiva de un nuevo estado y su correspondiente 'subderecho' a celebrar un referéndum unilateral de independencia vinculante. Visto esto, es una pérdida de tiempo dedicar más palabras a esta cuestión de traer a colación los artículos 96 y 10.2 de la Constitución de 1978. Téngase presente, por otro lado, que el reconocimiento de un derecho a la secesión o separación es sumamente excepcional en derecho constitucional comparado, incluso en relación con los estados federales. Los casos más conocidos son las repúblicas 'socialistas' o de 'democracia popular' de la URSS, Yugoslavia y Checoslovaquia, en cuyo contexto resultaba fácil hacerlo, pues se trataba, en la práctica, de regímenes de partido único cuyos fundadores confiaban en que la unicidad de la cúspide del aparato del partido garantizaría que ese pretendido derecho jamás fuera ejercido [4]. Por descontado el derecho constitucional español no contempla un derecho a la secesión semejante.

En segundo lugar, se alude a la «ruptura del pacte constitucional espanyol de 1978 que representa l´anul.lació parcial i la completa desnaturalització de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya de l´any 2006 […] mitjançant la Sentència 31/ 2010 del Tribunal Constitucional». Como argumento jurídico-constitucional, éste es un argumento infumable, erróneo a más no poder, quizás debido a que los redactores de la exposición de motivos no han superado aún las ideas del pactismo medieval. La Constitución española de 1978, como todas las constituciones del constitucionalismo español desde la de Cádiz de 1812, no se presenta jurídicamente como el resultado de un pacto entre diversos entes territoriales o pueblos jurídico-políticamente diferenciados preexistentes que dan lugar a un nuevo estado antes inexistente o a una nueva constitución, como parece presuponer la frase transcrita más arriba y como sería el caso (y sólo hasta cierto punto), por ejemplo, de la Constitución de los Estados Unidos, sino como el producto de la voluntad soberana del pueblo español (en el cual se incluyeron a los catalanes) [5]. Políticamente, la Constitución de 1978 fue el producto de los acuerdos entre los diversos partidos políticos y elites político-sociales que protagonizaron la vida política de la transición, organizaciones o grupos sociales que no cabe identificar con pueblos o territorios con entidades político-jurídicas propias y autónomas, desde luego [6].

2. Razones predominantemente políticas

Sin descartar las posibles conexiones que estas razones tengan con el mundo jurídico, son tres, a mi juicio, las fundamentales que se expresan en la exposición de motivos.

Para empezar, tenemos que en la exposición de motivos se llega a sugerir, sin el menor rubor, que los catalanes sufren hoy por hoy una opresión específica por el hecho de ser catalanes. Esta idea es la que los redactores de dicha exposición parecen querer inducir en la mente del lector de la misma cuando se dice «l´aprovació d´aquesta Llei és la máxima expressió, doncs, del mandat democràtic de les eleccions del 27 de setembre de 2015 en què, en la decisió que pren el Parlament de Catalunya de culminar el procés amb la convocatòria del referèndum d´autodeterminació, hi conflueixen la legitimitat històrica i la tradició jurídica i institucional del poble català –només interrompuda al llarg dels segles per la força de les armes–, amb el dret d´autodeterminació dels pobles consagrat per la legislació i la jurisprudència internacionals i els principis de sobirania i respecte pels drets humans, com a base de tot l´ordinament jurídic» y, más adelante, cuando se dice «aquesta Llei representa la resposta democràtica a la frustració generada [sobre el carácter falaz de esta afirmación, véase nota 6] pel darrer intent promogut per una majoria molt àmplia d´aquest Parlament [me imagino que se refiere a la aprobación de la reforma del Estatuto autonómico de 2006] per garantir al poble de Catalunya el ple reconeixement, la representació i participació en la vida política, económica i cultural del l´Estat espanyol sense cap tipus de discriminació.» Frente a la primera cita, aparte de lo que se indicará en cuanto a la «legitimitat històrica», cabe contraponer la constatación de que desde hace décadas los catalanes no están sometidos a opresión específica alguna por su procedencia geográfica por parte del estado español, ni éste los discrimina, poseen un amplio régimen de autonomía política, que puede ser mejorado en el futuro en el marco de la actual constitución española [7] o de una nueva constitución reformada, y tienen instrumentos sobrados para desarrollar libremente su catalanidad cultural, si así lo desean –pues sólo faltaría que los pobladores de Cataluña estuviésemos obligados a ello, queramos o no–.

También cabe constatar, en contra de lo que quizás pueda sugerir el texto comentado, que la dictadura franquista terminó en los años setenta y que los actos de fuerza a los que probablemente se refiere el texto se ejercieron sobre instituciones medievales de tipo europeo-continental que poco o nada tienen que ver con las ideas de democracia y pueblo contemporáneas (la revuelta de los años cuarenta y cincuenta del siglo XVII contra Felipe IV, más social que político-institucional, y la Guerra de Sucesión, que no guerra de secesión, a principios del siglo XVIII), contra ejércitos y facciones políticas que buscaban la restauración del Antiguo Régimen en toda España (guerras carlistas en el siglo XIX) o contra la mayoría de los españoles por igual (Guerra Civil, en cuya génesis y desarrollo el separatismo catalán jugó un papel muy reducido, en contra de lo que parte de la propaganda de los golpistas facciosos pudiera hacer pensar). Frente a la segunda cita, e insistiendo en lo que se acaba de señalar, es sencillamente una aberración y un insulto a las poblaciones en verdad oprimidas por sus rasgos singulares o su origen pretender que el estado español viola los derechos humanos de los catalanes o los somete a una opresión específica. En mi modesta opinión, basta comparar la situación actual de los catalanes con la de los sudafricanos negros en los años del apartheid, la de los kurdos en Turquía o en el Irak de Saddam Hussein o la de los palestinos, para no darle más vueltas al asunto.

¿Significa todo lo dicho hasta ahora que los catalanes no sufren opresión ni violaciones de sus derechos humanos, en particular, los llamados sociales? Claro que no: sólo que la opresión que padecen es la misma que la que padecen el resto de españoles, por no decir la que sufren el resto de los habitantes de los países mediterráneos de la Unión Europea, como consecuencia de las políticas neoliberales todavía en boga, políticas, por cierto, de las que han sido entusiastas no sólo los sucesivos gobiernos centrales españoles, la Unión Europea y las instituciones intergubernamentales económico-financieras, sino también los gobiernos convergentes de la Generalitat de Cataluña. Y, de hecho, todos sabemos que hay comunidades autónomas españolas que han padecido y padecen las consecuencias sociales de esas políticas en un grado mayor que Cataluña.

La 'estrategia de la tensión' aparentemente seguida por los independentistas unilateralistas para intentar generar una hasta hoy ausente opresión específica en Cataluña colocando al gobierno central en la alternativa de tener que optar entre claudicar ante todas sus exigencias o recurrir a instrumentos de coerción institucional cada vez más intensos es una inmoral combinación de arrogancia chovinista y oportunismo político que bordea la locura y el fanatismo.

Otra razón, o, mejor dicho, pseudorazón, alegada en la exposición de motivos es la ya citada «legitimidad histórica». Aquí probablemente asoma las orejas la componente romántico-conservadora del nacionalismo independentista inspirador de la proposición de ley. Se trata de la manía de utilizar la historia, debidamente falseada o tergiversada, para justificar determinados planteamientos políticos, como si el hecho de que en un pasado remoto, por lo general medieval, existieran ciertas instituciones jurídico-políticas idealizadas por las corrientes historiográficas nacionalistas, las cuales lograron subsistir a duras penas durante los primeros dos siglos de la modernidad en continua degradación progresiva, pudiera ser una fuente de legitimidad razonable de secesiones, independencias o anexiones [8]. La historia ha de ser crítica y desmitificadora, no un instrumento para erigir mitos nuevos. El objetivo primordial del historiador y, por extensión, del intelectual, ha de ser la búsqueda de la verdad, una utopía ciertamente inalcanzable, pero que debe guiar su hacer por encima de cualquier otra consideración. Quien sacrifica ese ideal en aras de otras consideraciones para fomentar un uso bastardo de la historia, no creo que merezca ejercer de historiador.

Finalmente, se habla en la exposición de motivos analizada, como hemos visto, de «un mandat democràtic sorgit de les eleccions del 27 de setembre de 2015» para realizar un referéndum unilateral y 'vinculante' de independencia y para, a la vista de su resultado, llevar a cabo una proclamación unilateral de independencia. Los redactores de la exposición de motivos no pueden ser más desvergonzados en este punto. Las elecciones del 27 de septiembre fueron unas elecciones autonómicas, nada más, y por eso su convocatoria no dio lugar a ninguna medida coercitiva estatal o impugnación ante los tribunales. Fueron llamadas por los partidos independentistas unilateralistas unas elecciones plebiscitarias, concepto absurdo y de resonancias muy poco democráticas (en efecto: las dictaduras suelen preferir hablar de plebiscitos en vez de referéndums). En todo caso, se supone que en los plebiscitos, interpretada la palabra con tal vez indebida flexibilidad como equivalente a referéndum democrático, lo que cuentan son los votos que se dividen entre dos únicas alternativas posibles, no el número de diputados que en las elecciones consigue cada uno de los muchos partidos políticos que concurren a las elecciones. De todos modos, teniendo en cuenta que los partidos no independentistas fueron más votados que los que sí lo eran declaradamente, no consigo ver por ningún lado dónde está el susodicho mandato democrático.

En definitiva, da la impresión de que la única justificación detrás de la Proposició de llei del referèndum d´autodeterminació, al menos si nos limitamos al análisis de su exposición de motivos, es un puro voluntarismo o decisionismo ciego, muy neo-schmittiano, emanado de emociones 'existenciales' de pertenencia patriótica o étnico-cultural (y, por consiguiente, esencialmente irracional). Un tipo de posicionamiento político que sólo trajo desgracias en el pasado siglo XX.

Si bien la intención de este escrito ha sido centrarse en el estudio de la exposición de motivos del documento titulado Proposició de llei de referèndum d´autodeterminació, quisiera también incluir en él algunos comentarios sobre los aspectos del texto articulado que me parecen más criticables:

1.- Siendo la ley propuesta, en cuanto se apruebe la proposición, nula de pleno derecho (ni siquiera llega a la categoría de anulable), careciendo el gobierno autonómico, muy probablemente, de los medios adecuados para llevar adelante un referéndum de independencia que no sea una mera sombra de uno de verdad y no habiendo en absoluto consenso en la sociedad catalana acerca de la conveniencia y legitimidad de la realización de un referéndum unilateral de independencia 'vinculante', con posterior declaración unilateral de independencia, no merece la pena dedicar tiempo a la regulación pormenorizada del proceso de convocatoria, organización, celebración y determinación del resultado del referéndum contenida en el texto articulado –un calco, en líneas generales, de la legislación española, la cual, además, se declara de aplicación supletoria–: el referéndum no ofrecerá garantías y será antidemocrático. Son varios los indicios añadidos que apuntan en esta dirección:

a) El gobierno y los partidos independentistas han sido, son y serán juez y parte en todo el proceso: son ellos quienes han apostado por el unilateralismo divisivo de la sociedad catalana y han demostrado en todo momento que el único resultado que les vale es el favorable a la independencia unilateral; durante todos estos últimos años han dejado claro con su actitud y acciones que su meta es conceder únicamente valor a un referéndum que arroje un resultado favorable a la independencia. En ese sentido, el referéndum unilateral es para ellos la figura ideal pues su unilateralidad es un chantaje para los votantes catalanes no catalanistas (e, incluso, para muchos de los que lo son), ya que implica participar no sólo en un referéndum ilegal, sino ilegítimo, entre otras razones, por haber sido diseñado atendiendo sólo a los intereses y valores del radicalismo independentista (como, de hecho, prueba el militante lenguaje empleado en la exposición de motivos y en parte del texto articulado). La referencia a la participación de «observadores internacionales» que se hace en el artículo 15.1 traiciona una cierta inseguridad respecto al carácter democrático y las garantías del proceso electoral de quienes lo pretenden montar, pues un referéndum de cuyas democraticidad y garantías no se duda, no necesita «observadores internacionales» [9].

b) En el artículo 11.2 se señala que «les formacions polítiques amb representació parlamentària tenen dret a utilitzar el 70% dels espais informatius públics gratuïts en els mitjans de comunicació de titularitat pública […]. El 30% restant es reparteix entre les organitzacions interessades acreditades d´acord amb el nombre de signatures presentades.» No es preciso ser muy avispado para hacerse una idea de en qué organizaciones están pensando los redactores y promotores del texto analizado: el entramado de entidades catalanistas que giran en torno a los partidos independentistas y que, como es de dominio público, alimenta con sus subvenciones la Generalitat de Cataluña. Esa reserva de espacio de publicidad electoral a ese tipo de entidades beneficia descaradamente a la propaganda independentista.

c) El artículo 4.4 establece que «si en el recompte dels vots vàlidament emesos n´hi ha més d´afirmatius que de negatius, el resultat implica la independència de Catalunya. A aquest efecte, el Parlament de Catalunya, dins dels dos dies següents a la proclamació dels resultats oficials per la Sindicatura Electoral, celebrarà una sessió ordinària per efectuar una declaració formal de la independència de Catalunya, concretar els seus efectes i iniciar el procés constituent.» Pocas veces quien suscribe esta nota ha leído textos jurídicos recientes tan disparatados como el acabado de transcribir. En primer lugar, no se establece un mínimo de participación ni se exige una mayoría cualificada de los electores para considerar aprobada por el 'pueblo' la propuesta de independencia, como es usual en derecho comparado y como convendría a una sociedad carente de un amplio consenso sobre el tema. Según lo que propugnan las entidades independentistas, la independencia debe ser proclamada, con independencia, valga la redundancia, del número de electores participantes en el referéndum (ilegal y sin garantías de una adecuada organización). Así, si, pongamos por caso, participa tan sólo el 20% del censo electoral, y hay más votos a favor que en contra (lo que vendrá asegurado por el hecho de que sólo los independentistas convencidos o los despistados acudirán a semejante cita electoral [10]), se deberá entender que concurre un fundamento suficientemente sólido para proclamar la independencia. En verdad, risible y, desde luego, muy poco democrático, a mi entender. En segundo lugar, no se entiende la extraordinaria prisa por proclamar la independencia unilateral y poner en marcha el proceso constituyente del nuevo 'estado'. Tanta prisa es más bien una señal de imposición autoritaria (y fantasía desbocada), más que de racionalidad democrática.

d) No se debe olvidar que la pretensión de los independentistas unilateralistas en el momento de escribirse estas líneas es tramitar la proposición por un nuevo e inédito, en el derecho parlamentario español posterior al franquismo, «procedimiento de urgencia extraordinario», aceleradísimo y sin apenas posibilidad de debate contradictorio ni posibilidad de presentación de enmiendas, el cual fue aprobado para la ocasión el pasado mes de julio por los partidos independentistas y ha sido impugnado desde diversas instancias ante el Tribunal Constitucional (que lo ha suspendido). Algo así como un procedimiento militar sumarísimo de urgencia, pero en el ámbito parlamentario. Está claro que la tramitación de la proposición de ley de referéndum a través de este procedimiento no milita precisamente a favor del carácter democrático y de las garantías del proceso en cuestión.

e) Por último, importa hacer notar que la formulación de la pregunta del referéndum, incluida en el artículo 4.2 («Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?») se debe en exclusiva a una decisión extraparlamentaria de los partidos y entidades independentistas que estos pretenden imponer al resto mediante el recurso al «procedimiento de urgencia extraordinario» acabado de mencionar. Lo mismo se puede decir de la fecha de celebración del referéndum: el 1 de octubre de 2017 (artículo 9.1), fecha fijada y hecha pública de antemano por el gobierno autonómico, al margen de toda negociación parlamentaria. Todo lo cual también es indicativo de la falta de democraticidad y de garantías de todo este precocinado proceso de referéndum.

2.- Si nos ceñimos a la literalidad de la proposición de ley comentada, ésta, una vez aprobada, podría colocar al ciudadano en una posición difícil e injusta. El articulado de la proposición de ley prevé la imposición de sanciones administrativas a quienes hayan sido designados para formar parte de las mesas electorales y no hagan acto de presencia, puesto que tendrían la obligación de integrarlas y desempeñar las tareas correspondientes a los miembros de una mesa electoral, salvo alegación de causas documentalmente justificadas aceptada por la «sindicatura electoral de demarcació» (interpretación conjunta de los artículos 23.5, 31.1, 31.3 y 31.4). Pero, como ya se ha dicho antes y vuelvo a reiterar ahora, la ley de referéndum propuesta y la realización misma del referéndum previsto en ella, así como, por tanto, todos sus actos preparatorios, son nulos de pleno derecho (ni siquiera anulables, pues están privados de la más mínima apariencia de validez jurídica). En consecuencia, participar en ellos es colaborar en la realización de un acto antijurídico, que en el caso de personas que asuman cierta responsabilidad en su materialización, podría dar lugar a sanciones conforme a la legislación estatal. Puesto que esta vez, siempre ciñéndonos al texto de la proposición de ley, se pretende que los miembros de las mesas electorales sean designados por sorteo de entre quienes figuren en el censo electoral en lugar de acudir a voluntarios o empleados públicos, se coloca a la totalidad de la ciudadanía en la tesitura potencial de tener que participar en la organización de un acto ilegal, por temor a ser sancionado por la administración autonómica. Por supuesto, estas sanciones serían tan nulas de pleno derecho como todo lo demás en este fantasmagórico referéndum y podrían ser recurridas con éxito ante los tribunales, y las entidades privadas colaboradoras en los procesos de ejecución administrativa deberían negarse a colaborar, pero la amenaza de ser sancionado está ahí, sin que ningún ciudadano, visto el comportamiento hasta la fecha de los cargos públicos y líderes políticos autonómicos, pueda descartar que la «sindicatura electoral de demarcació» competente tenga la ocurrencia de decidir sancionarle por no asistir a la convocatoria para ser vocal o presidente de mesa electoral (ilícita jurídicamente). La consecuencia de estas previsiones de la proposición de ley será aumentar la inseguridad jurídica asociada a la política normativa duplicativa de la Generalitat de Cataluña, pero, en este caso, no sólo para los empleados públicos, sino también para los ciudadanos, en general, o, al menos, para aquellos desprovistos del gen patriótico catalanista que no estén dispuestos a sacrificarse por la Nación irredenta.

3.- El texto articulado de la Proposició de llei del referèndum d´autodeterminació contiene otra formulación disparatada desde el punto de vista jurídico: se encuentra en la disposición final primera. En esta disposición se afirma que «les normes de dret local, autonòmic i estatal vigents a Catalunya en el moment d´aprovació d´aquesta Llei es continuen aplicant en tot allò que no la contravinguin» (léase también en este mismo sentido la disposición adicional). Dicho con otras palabras: se declara la ley comentada norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico catalán, lo que será un completo sinsentido jurídico en el instante de su aprobación y refuerza la calificación de esta simple ley autonómica, si se aprueba, como nula de pleno derecho por manifiestamente inconstitucional y antiestatutaria. A un nivel más simbólico-político, esta previsión y la declaración hecha en el artículo 2 («el poble de Catalunya és un subjecte polític sobirà i, com a tal, exerceix el dret a decidir lliurement i democràticament la seva condició política» [11]) implican que la aprobación de la Proposició de llei de referèndum d´autodeterminació constituye ya una implícita declaración unilateral de independencia (contraria a derecho), por lo que, conforme al texto de la ley de referéndum misma, en el referéndum no se decidirá nada por vez primera, sino que se ratificará o rechazará una decisión previamente adoptada. Aunque, en realidad, toda esta especulación no tiene mayor importancia a efectos prácticos, por lo que en seguida se dirá.

4.- Para concluir esta nota, conviene recordar la obviedad de que la aprobación de la ley del referéndum de autodeterminación, la realización del referéndum unilateral de independencia y la declaración unilateral de independencia no suponen por sí solas la constitución de un nuevo estado independiente ni pasan de ser un ejercicio de fantasía jurídico-política. Como hemos visto, el derecho a la secesión o separación constitutiva de un nuevo estado no es un derecho respaldado por el derecho internacional ni por el derecho del estado español, que es el único titular jurídico-internacional de la competencia para atribuirlo. Naturalmente, es un hecho, sin embargo, que en la historia de la sociedad internacional se producen fragmentaciones del territorio estatal que, con el paso del tiempo, crean nuevos estados considerados miembros de pleno derecho de esa sociedad. Ahora bien, la creación de esos nuevos estados depende del denominado principio de efectividad –el nuevo estado en formación ha de ser capaz de controlar de facto un territorio y la población en él asentada y el estado del cual se separa ha de perder ese control– y su operatividad jurídica, política y económica es casi imposible sin el reconocimiento jurídico-político de un número significativo de estados, ya sea unilateral ese reconocimiento o a través de una organización internacional de la cual se es miembro. No parece que una Generalitat que proclamase unilateralmente la independencia en octubre de 2017 esté en condiciones de satisfacer el principio de efectividad o de conseguir algún reconocimiento internacional significativo en muchísimo tiempo [12].

Notas

[1] Entre la infinidad de citas posibles, se escoge la siguiente: «[…] todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas» (Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de N.U.).

[2] «Los territorios coloniales o no autónomos (por emplear el eufemismo de la Carta) son aquellos cuyos pueblos no han alcanzado la plenitud de gobierno propio, sino que se hallan en situación de subordinación o dependencia respecto a la potencia administradora, de la que están separados geográficamente, y respecto de la cual existen diferencias esenciales en la organización administrativa, política, jurídica y económica, así como en el desarrollo histórico de cada pueblo.» [González Campos, J., Sánchez Rodríguez, L.L., Andrés Sáenz de Santamaría, P., Curso de derecho internacional público, Civitas-Thomson, Cizur Menor, 2008, pág. 887, que parafrasea la Resolución 1541 (XV) de la Asamblea General de N.U.].

[3] Por lo demás, la población catalana no es en absoluto homogénea. Incluso entre sus pobladores de nacionalidad española y vecindad civil catalana existe un grupo tanto o más numeroso identificable por el mismo rasgo cultural que tanto les gusta subrayar a los nacionalistas catalanistas: el grupo de los hispanohablantes o castellanohablantes. Por tanto, la 'minoría' de la que estamos hablando aquí no se identifica con los pobladores de Cataluña, sino únicamente con una parte de ellos, ya que, como señala Juan-Ramón Capella, en Cataluña conviven varias naciones culturales.

[4] En cualquier caso, ese derecho a la secesión sólo se podía ejercer válidamente siguiendo los procedimientos jurídicos establecidos con ese objeto por la Federación.

[5] En la fórmula de algunas constituciones del siglo XIX, el producto de la voluntad conjunta de las Cortes (el pueblo español) y el rey.

[6] En cuanto a la referencia específica al Estatuto de 2006 no puede ser más engañosa. ¿Habrá que recordar que los redactores del Estatuto no podían dar al Estatuto el redactado que les diese la gana, pues debían respetar en su redacción la Constitución de 1978 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? ¿Habrá que recordar, sobre todo, que la población catalana 'pasaba' bastante del dichoso Estatuto hasta que el mundo nacionalista catalanista decidió convertirlo en uno de los componentes centrales de su propaganda victimista, como prueba el hecho de que sólo un 48,85% de los electores participaron en el referéndum de ratificación del proyecto de reforma del Estatuto y sólo algo más de un tercio –36,1%– del censo electoral votó a favor del mismo?

[7] Consúltese Muñoz Machado, S., Vieja y nueva Constitución, Crítica, Barcelona, 2016, pp. 161 y ss.

[8] Las anexiones son parte del programa político a largo plazo de algunas corrientes catalanistas: remito al lector a la ideología de los «Països Catalans». Una plasmación gráfica de esa ideología irredentista-expansionista es el cartel propagandístico para el 1-O de pretendida inspiración leninista hecho público por la CUP estos días. El cartel se centra en un mapa que incluye, además de Cataluña, el este de Aragón, Rosellón, la Comunidad Valenciana y las Baleares (no me he fijado si también han puesto en el mapa l´Alguer, El Carxe y Andorra).

[9] Hasta el momento, la Generalitat y los partidos y organizaciones independentistas han cosechado sólo fracasos en su búsqueda de observadores internacionales independientes acreditados ante las organizaciones intergubernamentales con competencias en ese ámbito. Desesperados, intentaron hacer pasar una organización montada por ellos por un observador internacional a efectos de su registro en la O.N.U. Lógicamente, la O.N.U. no se digno siquiera a estudiar la petición una vez comprobada la dependencia gubernamental del ꞌobservadorꞌ (caso 'Diplocat', cfr. El País, 7 de julio de 2017, edición electrónica).

[10]Salvo que agrupaciones de partidos como CSQEP/ECP se armen un lío monumental y animen a la gente a participar en el acto inventándose alguna categoría imaginativa para designarlo de un modo distinto a como lo hacen los independentistas.

[11] La retórica de la soberanía popular o nacional es, en realidad, una mala y obsoleta retórica, a pesar de su uso común en el ámbito jurídico interno e internacional y filosófico-político. Y esto es así porque, entre otras razones y no obstante los intentos producidos en este último medio siglo por introducir cierto grado de flexibilidad en el manejo y la conceptualización de la idea de la soberanía para adaptarla a las transformaciones jurídico-políticas y económicas experimentadas en los últimos tiempos, sigue siendo inherente a esa idea la imposibilidad de que en un mismo territorio haya dos soberanos superpuestos: soberano es el sujeto que ostenta, por definición y por etimología, el poder supremo y, por tanto, por encima de él, no puede existir ningún otro poder, de tal manera que no comparte el poder con ningún otro sujeto más que en la medida en que consiente en ello. En consecuencia, en el territorio de Cataluña sólo puede existir un sujeto soberano: o el 'pueblo español', del que forman parte sus ciudadanos catalanes, o el 'pueblo catalán'. Es obvio que la lógica del todo o nada propia de la retórica de la soberanía puede ser una amenaza, al menos en sociedades cultural y políticamente complejas, para la convivencia colectiva pacífica. Quizás sería ya hora de prescindir de la retórica de la soberanía y de ingeniar otra distinta, compatible con la democratización de las sociedades humanas en un mundo muy diferente al de las revoluciones liberales y socialistas de los siglos XVIII a XX.

[12] Véase al respecto en esta misma revista: Gordillo, J.L., Las sirenas y los referéndums unilaterales no existen, nº 159.

8/2017

¿Hombres feministas?

José Ángel Lozoya Gómez

Es posible que ser “hombres por la igualdad” (HX=) nos haga feministas, pero llamarnos “hombres feministas” ni siquiera nos hace hombres por la igualdad.

Comparto la necesidad de incorporar la opresión de los hombres por parte del Patriarcado al análisis del mismo que se hace desde los feminismos, y veo la importancia que esta opresión tiene en las políticas públicas que es necesario impulsar, especialmente en el ámbito de la educación y de la prevención de riesgos; pero no participo de la necesidad de compartir el adjetivo “feminista”, que tanta historia atesora en el movimiento de mujeres, ni veo la necesidad de reivindicar nuestro protagonismo en una historia y unos cambios sociales de los que llevamos tan poco tiempo participando.

Creo firmemente en que cualquier mujer tiene derecho a reivindicarse como feminista (aunque ese derecho no la exima de considerar que no basta con ser mujer); pero, con la historia que arrastramos, me parece razonable exigir que los hombres sí tengamos que demostrar hasta qué punto somos igualitarios antes de que algunas feministas nos reconozcan como parte de su movimiento de liberación.

Sé que los HX= hemos tenido que soportar que otros hombres, a los que a veces hemos considerado amigos, nos llamen quintacolumnistas por defender las reivindicaciones del movimiento de mujeres y oponernos a los privilegios masculinos, al mismo tiempo que algunas feministas nos vean como a uno de esos muchos semblantes con los que el Patriarcado demuestra cada día su tremenda capacidad de adaptación a los cambios, logrando que parezca que todo cambia para que todo siga igual.

También he visto que, a fuerza de coherencia en nuestra lucha contra las violencias machistas y los privilegios masculinos, hemos conseguido en unas pocas décadas ir venciendo las resistencias y desconfianzas de aquellas feministas que nos veían como a los mismos perros con distinto collar. Hemos logrado que muchas feministas nos reconozcan como una novedad histórica porque, sin negar nuestra pertenencia al colectivo que disfruta del poder Patriarcal, los HX= hemos declarado nuestra disposición a renunciar a nuestros privilegios y estamos dando pasos en ese sentido. Con ello hemos conseguido que muchas feministas nos reconozcan como actores permanentes y necesarios que han llegado para quedarse; hemos conseguido que se planteen el lugar que ocupamos en la lucha por la igualdad y el tipo de relación que quieren tener con nosotros.

Hoy son mayoría las que nos ven como cómplices del feminismo, y cada vez son más las que nos consideran sus aliados; este proceso de confluencia a largo plazo es de lo más prometedor, porque un cómplice suele compartir objetivos y a veces llega a ser colaborador necesario, pero siempre es un actor secundario, mientras que un aliado suele ser una suerte de socio con quien es necesario contar, hablar y llegar a acuerdos, en una relación que, aunque no sea entre iguales, es casi de tú a tú. Este diálogo ha dado lugar a cierto reparto de papeles, no siempre explícito, por el que los HX= siempre hemos reconocido que las feministas lideran el cambio social mientras que nosotros dedicamos la mayor parte de nuestras energías a convencer al resto de los hombres de la necesidad de que se incorporen al mismo.

Nuestro movimiento no ha crecido tanto como para pensar que sea necesario alterar el equilibrio logrado. Tampoco debería ser necesario recordar que los HX= seguimos teniendo dificultades para ver muchos de los privilegios que tenemos más naturalizados, porque hemos sido socializados en el machismo y la misoginia, y porque en nuestra vida cotidiana no solemos ser tan coherentes como en nuestros discursos. Los HX= pagamos un precio por alejarnos del modelo hegemónico de masculinidad, pero sería abusivo decir que hayamos sufrido el machismo y la misoginia, que hayamos tenido que soportar lo que la mayoría de las mujeres: que se nos deje de escuchar por ser mujeres, que se nos haya agredido sexualmente hasta en el autobús, que nos hayan enseñado la polla por la calle…

Sabemos además que necesitamos mantenernos siempre en guardia, ser permanentemente críticos con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que hacemos, porque seguimos perteneciendo al grupo de los opresores, seguimos disfrutando de los privilegios estructurales que dependen de la pervivencia del Patriarcado y seguimos siendo vistos como agresores potenciales en muchas situaciones cotidianas.

Por todo esto me cuesta llamarme feminista, y porque me siento cómodo tratando de asumir la responsabilidad que supone seguir experimentando nuevas formas de deconstrucción de la masculinidad, visibilizando algunos de los inconvenientes que se derivan de convertir la masculinidad en el referente de la igualdad entre los sexos, y procurando consolidar un discurso capaz de contrarrestar la influencia neomachista (que aspira a convencer a los sectores más vulnerables de que pueden compensar su pérdida de poder real incrementando el poder de los hombres sobre las mujeres).

No quisiera llegar a confundir los derechos de las feministas con los nuestros. Por eso, y por mucho que me halague que una feminista me considere o me presente como feminista, no me siento legitimado para reivindicar que se me reconozca como tal.

[José Ángel Lozoya Gómez es miembro del Foro y de la Red de hombres por la igualdad]

8/2017

25 años sin Octavi Pellissa (1935-1992)

Josep Torrell

Octavi Pellissa Safont murió el 31 de julio de 1992. En el discurso de despedida de los Juegos Olímpicos, Pasqual Maragall, el alcalde de Barcelona, le rindió homenaje como «un ciudadano ejemplar». Pero pasados 25 años de su muerte, la estela de este ciudadano ejemplar parece haberse sepultado en el olvido. Es vergonzoso que un país pierda la memoria de su mejor gente.

Octavi privado

En el momento de hacer el Memorial Octavi Pellissa (1935-1992) –con una retrospectiva de su filmografía—, Pere Portabella escribió en el Programa de la filmoteca:

Mi relación con él iba más allá del hecho de ir concretando algunas ideas en un guión. Era una relación mucho más amplia y que venía de lejos. En los momentos más difíciles de la dictadura como después, hasta que murió, tener a Octavi al lado ha sido una suerte.

Era inteligente, culto, lector infatigable y conversador irónico. Su sarcasmo era demoledor. Tan irreductible ideológicamente como coherente con su compromiso político. Detestaba los dogmas y los sectarismos; escapaba de cualquier forma de alienación aunque fuese en la política. Supo compaginar la crítica rigurosa con la sensibilidad creadora, condiciones éstas excelentes para guionistas. Cocinero de mucho y dado a la pura contemplación de la naturaleza, era de las personas que he conocido con mayor capacidad para administrar y gozar del ocio. Hasta tal punto que daba la impresión de que nunca perdía el tempo, cuando no hacía nada.

El dinero y el éxito le resbalaban. Infatigable a la hora de movilizarse por cualquiera de las muchas causas en las cuales participó de forma destacada. Dejo la piel en ellas, pero siempre con una cierta elegancia y sin perder el sentido del humor.

La travesía del desierto que nos ha tocado vivir, con Octavi acababa por convertirse casi en un paseo entretenido y enriquecedor, aunque fuese el fruto de una derrota. La coherencia y la dignidad eran la base de su fortaleza moral y ética, hasta límites incompatibles con muchas de las servidumbres del sistema. En este sentido, fue un perdedor; y aunque parezca una paradoja, un perdedor ejemplar y un referente imprescindible para mucha gente de este país. [1]

Pellissa público

Octavi Pellissa era alguien que observó la segunda mitad del siglo XX como protagonista pero, a la vez, en un plano distante: le gustaba más sugerir que mandar.

La trayectoria pública de Octavi Pellissa puede resumirse en cinco grandes hitos. El primer hito fue el ser el primer estudiante militante del partido comunista en la Universidad de Barcelona. En realidad, Pellissa había decidido ya crear una célula comunista al empezar el curso 1955-1956, con un grupo de amigos íntimos como eran Joaquín Jordá, Salvador Giner y Luis Goytisolo.

En 1956, el PSUC aprobó la política de «pacto por la libertad», y decidió crear un sector de intelectuales dentro del partido, fundamentalmente universitarios (a cargo de Manuel Sacristán) y profesionales (a cargo de Francesc Vicens). Miquel Núñez se encontró con Pellissa y, tras una conversación, le pasa el contacto con Manuel Sacristán. A finales de agosto de 1956, Sacristán dijo a Vicens, muy elogiosamente, que éste es nuestro estudiante (donde el singular ahorra mayores explicaciones).

Ser del PSUC en aquellos años consistía en hacer proselitismo entre los compañeros de universidad o bien mecanografiar con papel carbón algunos artículos de Mundo Obrero para repartirlos luego por algunos buzones. Pellissa facilitó la incorporación de nuevos estudiantes comunistas, como Feliu Formosa, Jordi Solé Tura, Joaquim Vilar, Marcel Plans, Joaquín Marco, Álvaro del Rosal, Josep Mª Gil Matamala, Ricardo Bofill y Jacinto Esteva.

El 14 de enero de 1957 empezó la segunda huelga de tranvías, que duró catorce días. La Brigada Político Social desplegó una oleada de detenciones para intentar acabar con la huelga. Uno de los detenidos tenía en su casa una libreta comprometedora. Pellissa huyó a Ginestar, donde fue arrestado. Pasó 18 días en la Jefatura Superior de Policía de Vía Layetana, siendo torturado. Pero no habló, protegiendo a sus compañeros de universidad: no cayó ninguno más. Esto fue puesto como un ejemplo heroico para los estudiantes comunistas. Manolo Vázquez Montalbán recordó como el ejemplo de Pallissa era citado con respeto, tiempo después. [2]

Pellissa estuvo seis meses en la cárcel Modelo, de dónde salió con libertad provisional. Al enterarse que el Tribunal Militar pedía para él seis años de prisión, planteó ante el partido la posibilidad de exiliarse y el partido accede a la petición. Octavi contaba veintidós años.

El segundo hito fue el encuentro en París con Benigno Rodriguez, el encargado de mantener contacto con los que venían del interior. Benigno Rodríguez —tipógrafo, autodidacta y voraz lector de poesía— había sido el encargado del diario Milicia Popular del Quinto Regimiento (1936-1937) y responsable de los cursos de bachillerato abreviado que se impartieron a los soldados del frente. Posteriormente fue uno de los secretarios personales del presidente Juan Negrín. Pellissa quedó impresionado por su inteligencia; en su estancia en la Alemania Democrática a menudo hablaba de él con respeto y admiración. Cuando leyó Coto vedado de Juan Goytisolo se molestó mucho por el trato displicente que daba Goytisolo a Rodríguez, incluso cambiándole el nombre.

Benigno Rodríguez y Pellissa fueron los impulsores del encuentro, en 20 de febrero de 1959 en Colliure, entre la intelectualidad del interior y la del exilio con motivo del aniversario de la muerte de Antonio Machado. El encuentro fue un éxito y así ha pasado a la historia. En la memoria de Pellissa quedaron grabadas las repercusiones políticas de un acto esencialmente cultural.

El tercer hito fue su exilio en la República Democrática de Alemania como becario. El período 1960-1966 lo pasó allí. Al llegar a Leipzig se matriculó en la carrera de Economía Política, pero en la RDA esta carrera no implicaba estudiar economía sino la peculiar ideología que denominaban marxismo científico. El primer año lo dedicó a aprender alemán, y tiempo después sería su excelente dominio del alemán el que le permitiría vivir de las traducciones.

La experiencia de vivir en la RDA marcó profundamente a Pellissa. Por de pronto, porque las nociones de verdad y mentira no permitían entender nada de lo que allí ocurría. En una obra teatral apenas empezada, ¡Alemania, Alemania!, quizá fechable hacia comienzos de 1991, ponía en boca de un personaje, alter ego de Pellissa, lo siguiente:

Las palabras apenas tenían interés, en cambio los silencios parecían verdaderos. El aislamiento y la reclusión obligaban todavía más a aquellos alemanes a interiorizarse. […] El estado era antifascista por definición y los ciudadanos no, pero estos donde debían repetían imperturbables los eslóganes que los nuevos tiempos imponían. Nunca vi con tanta claridad que las nociones de verdad y mentira eran superfluas. Hasta que lo vi, no se me había ocurrido que se podía ser cínico con naturalidad. Antes creía que para ser cínico se requería un esfuerzo o por lo menos una sobrecarga de intencionalidad. Pensaba que había personas cínicas; no se me había ocurrido que podía haber comunidades enteras cínicas. […] Uno pensaba que la capacidad de alentar un doble pensamiento tenía sus límites. Pero en cambio, para esa gente, la doblez era tan espontánea que parecía natural. [3]

Esta percepción le llevó a ser cada vez más irónico y, a la vez, a pensar en qué era lo que movía a los demás. De la ironía, dio pruebas ya en la RDA. Citado por la policía por una cuestión de trámite, acudió a comisaría con dos profesores. El capitán miró su pasaporte y observó que era miembro de PSUC, y le interrogó porque no era miembro del verdader0 partido comunista. Pellissa, en vez de responder contando la especificidad catalana, le contesto algo así:

¡Hombre! Me sorprende que usted me diga esto, porque yo creía, en mi ingenuidad, que el Partit Socialista Unificat de Catalunya venía a ser lo mismo que el Partido Socialista Unificado de Alemania; es decir, que usted y yo estábamos luchando por lo mismo. Pero…

El capitán se levantó hecho una furia ante aquel tono y se disponía a romperle la cara al insolente, pero al ver a las autoridades académicas se contuvo y se contentó con llenar a Pellissa de insultos y ordenarle que se fuera.

La policía española hizo llegar que estaba dispuesta a que volvieran todos los estudiantes sin tomar represalias y olvidando todos los procesos pendientes. Pellissa volvió del exilio a finales de 1966, con un pasaporte válido por nueve días (6-14 de diciembre), pero sólo con posibilidad de entrar en España. El 13 de diciembre, cruzó la frontera española y se fue a vivir a casa de sus padres, en el barrio de Sants. Tenía treinta y un años.

En Barcelona, reanudó de inmediato la relación con Manuel Sacristán, que se mantuvo viva hasta la muerte de Sacristán. Para éste fue importantísimo el testimonio de Pellissa de cómo era la RDA, que corroboraba que ese tipo de sociedad era totalmente ajena al socialismo.

El cuarto hito fue su colaboración en el PSUC clandestino de 1967 a 1975. Pellisa era —con Xavier Folch— el encargado de recoger firmas para los documentos de protesta y el encargado de solicitar obra gráfica para recabar fondos. Pellissa no quiso nunca tener un cargo ni responsabilidad alguna en el partido.

Cuando el Proceso de Burgos, Pellissa fue el más firme defensor de que había que unir la izquierda tradicional con la gauche divine, que también rechazaba las penas de muerte del juicio militar de Burgos, y que habia que buscar un lugar dónde encerrarse fuera de Barcelona (donde la acción no hubiera durado nada). El triunfo de esta opción y la decisión de ir a Montserrat permitió el éxito del encierro de 287 intelectuales del 12 al 14 de diciembre de 1970. El encierro de Montserrat fue la portada de la prensa de todo el mundo y preparó el camino unitario hacia la Assemblea de Catalunya.

La represión y las multas por el encierro de Montserrat tuvieron como consecuencia la constitución de la Assemblea de Intel.lectuals y Artistes; Pellissa estaba en la comisión coordinadora —con Jordi Carbonell, Xavier Folch, Josep Maria López-Llaví y Pere Portabella—, de dónde salió el lema de libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía, así como la coordinación con las otras fuerzas del resto del estado. Cuando, más tarde, en 1971, se creó la Assemblea de Catalunya, asumieron como definitorios estos cuatro puntos.

Una noche de 1973, a finales de febrero, conoce en Boccacio a Lídia García-Cairo, una activa militante de enseñanza. A los pocos días se fue a vivir al piso de Lídia en la Meridiana. Cuatro meses más tarde alquilaron un piso en Pinar del Río nº 59, en el barrio de Congreso. Aquél se convirtió en un piso franco para la dirección del PSUC y la edición de Treball. En 1980 cambiaron de ciudad yendo a Badalona, a una vivienda de la Rambla Prat de la Riba numero 41, el último traslado que hará.

Pellissa cae el 28 de octubre con los 113 de la comisión permanente de la Assemblea de Catalunya en la iglesia Maria Mitjancera, en la calle Entença, cerca de la cárcel Modelo. Pellissa estuvo más de dos meses en la prisión, y fue el último en salir.

Después del III congreso del PSUC, en 1973, le encargan a Pellissa montar una agrupación de gente de cine, que se compondrá de Carles Durán, Marina Curia, Pepa Arenós, Maruja Torres y Carles Santos.

El quinto hito fue ya la creación del Centre de Treball i Documentació (CTD). El 1975, ante los primeros síntomas de la crisis del PSUC, el historiador Ramon Garrabou y Pellissa se plantearon la creación de un lugar donde poder reunirse y discutir libremente quienes se consideraban comunistas. Tenía 41 años.

En los primeros meses de 1977 abrió sus puertas el Centro de Treball i Documentació, en la calle Gran de Gracia números 128-130, principal 1ª, donde estará 25 años. El Centro organizará charlas y seminarios con fuerte repercusión social. La dirección será colegiada, con Pellissa, Ramon Garrabou, Jordi Amat y Josep Maria Fradera. Desde entonces hasta el momento de su muerte, Pellissa es inseparable del Centre.

En 1984 el Centre co-organiza las Jornades per la Pau i el Desarmament en el Palacio de Congresos de Montjuic con ocho mesas redondas y la participación de Dorothy Thompson y Edward P. Thompson en torno al Desarme Unilateral Europeo (END). El eco mediático es importantísimo y la asistencia llenó las ocho sesiones. El Centre no volverá a alcanzar este nivel de asistencia hasta el final de la guerra del Golfo.

El desmontaje por piezas del PSUC y el éxito de las Jornades per la Pau i el Desarmament orientan el trabajo del Centre a ser el portavoz de los motivos políticos más urgentes. Cada da vez más, será un centro de agitación y reunión de lo que queda de la izquierda barcelonesa. Así, se crea una Associació per les llibertats i contra els abusos de poder que en 15 de febrero de 1988, coincidiendo con los bailes de Carnaval, organiza un acto en Zeleste en el que participaron Manuel Vázquez Montalbán y Cristina Almeida. Con motivo de la convocatoria de la huelga general del 14 de diciembre el Centre consiguió una lista de firmantes a favor de la huelga muy respetable (tan respetable que salió en casi toda la prensa).

Parecía que el CTD estaba en el camino correcto. Cuando la guerra del Golfo se convocó una asamblea multitudinaria en el paraninfo de la Universidad Central, el 2 de marzo de 1991, y se acordó convocar un mitin en el Palacio de Congresos Per què ha servit aquesta guerra? La convocatoria fue un éxito: asistieron más de mil quinientas personas, pero no salió en ningun periodico. Simplemente, a nivel oficial, no existió: la estrategia del centro era justa y acertada, pero por eso mismo se convirtió en peligrosa.

Sin embargo, el CTD siguió adelante. Cuando más agresiva era la propaganda anticomunista, se organizó el 3 de octubre de 1991 en el Auditori Sant Jaume el acto multitudinario La democràcia de mercat, únic mon possible?, en el que participaron Alfons Barceló, Paco Fernández Buey y Manolo Vázquez Montalbán. [4]

Octavi Pellissa no ha tenido suerte con los biógrafos, pero sí con los retratos novelados. En 1973 (en España, 1975), Luis Goytisolo publicó la novela Recuento, donde rememora los tiempos de su antigua militancia comunista. Éste es el primer relato novelado de Pellissa (Leo). En 1977, Manuel Vázquez Montalbán hace un homenaje a quienes formaron parte de la primera célula del PSUC, convirtiéndolos en la trama de La soledad del manager: Pellissa es Marcos Núñez. Juan Goytisolo le cita En los reinos de Taifas (1986) y Luis Goytisolo le recuerda de nuevo en Estatua con palomas (1992) y en Cosas que pasan (2009).

En 2008 salió el volumen Apunts sobre la clandestinitat. Diaris 1975-1992 (El Viejo Topo, Mataró), unos diarios que se ignoraba que existiesen.

El balance de estos 25 años sin su presencia es francamente pobre. Quizá empiece a ser hora de que el consistorio de Ada Colau haga el gesto mínimo de ponerle nombre a una calle o a una biblioteca pública. Algo por donde empezar.

Notas

[1] Pere Portabella: Memorial Octavi Pellissa, Programa nº 28, 12-18 abril 1993, Filmoteca, Barcelona.

[2] Manuel Vazquez Montalbán, Juan Goytisolo: «Recordando a Octavi Pellissa», en mientras tanto nº 55, 1993, págs. 49-58.

[3] Octavi Pellissa: «Alemania, Alemania», en mientras tanto nº 97, invierno 1995, págs. 127-132.

[4] El 18 de junio de 1992 participa en las jornadas sobre Llibertats i seguretat ciutadana, organizada por la Associació Catalana de Juristes Demòcrates (y publicada póstumamente en mientras tanto nº 52, 1992, págs. 33-36).

8/2017

Ensayo

Pedro Ibarra y Ramón Zallo

El proceso de paz en el País Vasco y las antinomias entre memorias inclusivas o excluyentes

1. Introducción

Lo característico de un proceso de paz convencional es la bilateralidad. El fin de un conflicto violento se articula mediante un acuerdo entre las dos partes implicadas que se comprometen —con más o menos garantías y ambas— a tomar las medidas necesarias para hacer que la paz sea permanente.

El proceso de paz o de pacificación en el País Vasco estaba parado en los últimos tiempos tras la declaración de ETA de alto el fuego en 2011. Sin embargo, su desarme (abril 2017) reactivó públicamente el proceso en un escenario que se caracteriza por la unilateralidad, ya que hasta ahora todas las decisiones correspondientes al proceso de paz sólo las formula ETA. La otra parte —el Gobierno español— no ha tenido ningún compromiso de acción o compensatorio respecto a las decisiones de ETA ni dialoga de ninguna manera. Las respuestas del Gobierno en un sentido proactivo, si las hubiera, nunca aparecerían ligadas a la ejecución de un acuerdo de mutuas concesiones dentro de un status de bilateralidad. Ni siquiera hay intercambios ceremoniales gestuales y mudos (acción y respuesta esperada).

Hay que recordar que entre los cinco puntos de la Declaración de la Conferencia de Paz de Aiete (Donostia, San Sebastián) del 17.11.2011, representantes sociales y políticos nacionales e internacionales consideraron adecuado que el Gobierno español tomase una serie de medidas —presos, ciertos cambios políticos etc.— para lograr una paz duradera. El Gobierno no adquirió ningún compromiso como respuesta. Sin duda la declaración sirvió o animó o arropó (o las tres cosas) a la inmediata declaración de cese definitivo de la acción armada y unilateral de ETA (20.11.2011) pero, en cambio, no animó a compromiso alguno de contraprestación gubernamental. Hubiese resultado y es deseable pero no cabe denunciarle por ruptura de compromisos que no asumió.

Fue una decisión unilateral a cambio de nada pero que provocó el traslado de la exigencia de resolución definitiva de las consecuencias de la violencia (presos, armas, reconocimientos, etc ) a determinados sectores, redes y grupos de la sociedad civil vasca. Esta con argumentos de razón y búsqueda de una convivencia más armónica —o al menos más justa— demanda una paz sólida y democrática que incluya una respuesta a las secuelas derivadas.

A diferencia de otros países que han tenido conflictos violentos y que han gestionado campos distintos como causas, procedimientos y secuelas, por tratarse de tres cuestiones relacionadas y vividas coetáneamente, en el caso del País Vasco deberán ir por carriles distintos, gestionarse de forma separada y en orden inverso para evitar bloqueos.

En lo relativo a las secuelas, sólo uno de los actores violentos —ETA— va tomando una serie de medidas sucesivas y sin contraprestación. La última ha sido la declaración del colectivo de presos (via Euskal Preso Politikoen Kolektiboa, EPPK) tras un referéndum interno conocido el pasado 1 de julio, facilitando acogerse de manera individual y si lo desean al sistema convencional de redención de penas y al esquema de grados penitenciarios y sin otros límites que «el arrepentimiento y la delación».

La responsabilidad de la cuestión de los presos ha pasado de ETA a EPPK que «dentro de la dinámica de la Izquierda abertzale, se pone en manos del pueblo y del desarrollo del proceso independentista, uniendo la libertad de todos los presos con la libertad de Euskal Herria» termina el documento a consulta, redactado en noviembre de 2106 y ahora refrendado.

A futuro es de esperar, tras los pronunciamientos de los Parlamentos Vasco y de Navarra, que en ese plano se produzcan acercamientos de presos a cárceles vascas o próximas a los domicilios de presos y presas y una atención especial al problema de los enfermos graves. En lo relativo tanto a los procedimientos como a las causas son los procesos de confrontación política con solución democrática quienes los encauzarán.

2. Desarme unilateral

El reciente desarme también ha debido ser unilateral. ETA entrega las armas y la otra parte —Gobierno— ni da ni garantiza que vaya a dar nada. Sin embargo la forma en cómo se ha producido presenta algunos rasgos peculiares.

La verificación de la ejecución de la entrega de armas se llevó a cabo por una comisión no estatal —Comisión Internacional de Verificación constituida el 28 de setiembre de 2011— y con la intermediación de 172 «artesanos de la paz» —todos ellos de Euskal Herria Norte— que el 8 de abril vigilaron los zulos —agujero en euskera—, los lugares donde ETA guardaba las armas, para la entrega de las localizaciones y su puesta a disposición de la autoridad policial y judicial francesa. El mismo día en Baiona (Euskal Herria Norte, País Vasco Francés) y en presencia de unas 10.000 personas de todos los rincones del País Vasco se llevó a cabo un acto masivo organizado pos los «artesanos» y protagonizado por múltiples representantes de la sociedad civil vasca. Con estas escenificaciones simbólicas pero necesarias para que se produjera el desarme ETA ha tratado de suavizar esa estricta unilateralidad. La sociedad civil, con especial participación de la de Euskal Herria Norte, ha tenido que asumir un arriesgado protagonismo facilitador e intermediario ante la parálisis que aquejaba a los Estados, rehenes de sus mensajes inmovilistas y anclados en el esquema de victoria o derrota, aunque ahí es el Estado francés el que marcó la pauta condicionando la actitud del español.

También es posible considerar un proceso relacional entre distintos actores que matiza lo anterior. En este sentido no es descartable que la misma ETA, al margen de intermediaciones, considerase que había llegado el momento de cambiar su estrategia de desarme: de un esquema condicional a otro incondicional tal como se ha producido. En este proceso el papel de los Artesanos de la Paz se presenta centrado en la vehiculización y legitimación de desarme previamente tomada por ETA; también aparecen en la logística, y empujando en esa dirección, otros agentes como Foro por la Paz, ELA o Gobierno Vasco.

A esta mediación y apoyo de la sociedad civil al acto de la entrega se le pueden atribuir dos objetivos.

a) Rechazaba la pretensión del Gobierno de que la entrega de armas fuese un acto con una escenificación de derrota, mediante la cual ETA entregaba las armas al Estado y se entregaba a sí misma. Con la participación civil, se ha evitado la inaceptable opción para ETA de entregar de armas como expresión de derrota, posibilitando que se lleve a cabo con intermediación y arropamiento social, sin que el Estado le trate como derrotada (y menos aún a la corriente político social que históricamente le avaló: la izquierda abertzale).

b) Ligado al objetivo anterior, esa movilización social ha podido suponer un cierto reconocimiento del protagonismo de ETA ante algunos sectores de la sociedad vasca, sí, pero para su desarme y no para su existencia. El mensaje de ETA, a través de este proceso de entrega, era hacer ver que mantiene alguna capacidad de relación con una parte de la sociedad vasca, aunque su lectura de que «tomamos las armas por el Pueblo vasco y ahora las dejamos en sus manos» (reciente comunicado de ETA) no responde a la realidad puesto que nadie le mandató, ni las armas quedan en manos civiles. Lo cierto es que solo de forma simbólica entrega sus armas a la sociedad en la que nació y que le pide que las abandone. La presión social para su disolución próxima queda a la decisión de sus militantes mediante otra consulta interna.

En una situación de derrota lo único que puede hacer el derrotado es entregar las armas al enemigo victorioso y salir huyendo. No es el caso. Llama la atención (John Carlin El País 17.4.2017) que el Gobierno Español criticara duramente el desarme de ETA e insistiera en que no modificará su actual política de penitenciaria mientras no haya disolución de ETA. Lo razonable hubiera sido la satisfacción por la entrega de las armas por parte de una organización que le combatía. Pero la presencia de la sociedad civil en el proceso ha cuestionado el supuesto aislamiento radical y con escenario de derrota de ETA.

Tampoco resulta sostenible describir o interpretar el citado proceso de desarme desde el otro extremo, como orientado por una relativa bilateralidad. ETA fracasó en su confrontación política y armada que inició hace ya más de 50 años. No alcanzó los objetivos ni totales ni parciales, el Estado se fortalecía, las bases le dejaron de apoyar, dañaba a la legalidad y legitimidad de la corriente de izquierda abertzale y además sufría una gran pérdida de capacidad operativa. Ello implicaba la pérdida de sentido estratégico y de la convicción de que alguna vez se pudiera ganar algo con esa estrategia. La sociedad vasca en general, por boca de ELA (Gernika 1997), ya le dijo que «sobra y estorba». Y así se lo hizo saber con posterioridad la propia izquierda abertzale oficial.

Por un lado, en el proceso cívico/social de desarme llevado a cabo ha pretendido la cobertura social no de ella misma sino de su desarme. Siendo en consecuencia más ficción que realidad que lo hubiera acordado con la sociedad civil vasca, cuando esa sociedad civil simplemente ha hecho una labor de intermediación y, sobre todo, de legitimación, facilitando un gesto necesario para hacer menos traumático y más digno el acto de ir apagando la luz (Baiona) y de obtener una mejor posición en el capítulo de reparación de daños «de guerra». En última instancia ETA ha entregado sus armas a su enemigo eterno. Y este no le dado… ni agua. Solo que lo ha hecho a su manera y deseo y con protección social.

Por otra parte, la participación de sociedad civil en el proceso de desarme sí mejora la posición de los antiguos valedores políticos de ETA, la izquierda abertzale, dándole más reconocimiento para sí y sus demandas actuales. También ha revalorizado el rol de esa sociedad civil, especialmente en el País Vasco Norte.

3. Presos

Cara al futuro, este proceso de desarme ha sido un punto de inflexión: desbloquea avances y permite reorientar la solución de las consecuencias pendientes del conflicto. Era un hito de tránsito.

Con la participación de sociedad civil en este proceso, que incluye la exigencia de autodisolución, la mayoría de la sociedad vasca ha reforzado en la práctica su exigencia de solución justa a la situación de los presos de ETA. De hecho, se están produciendo movilizaciones frecuentes a favor de los presos gravemente enfermos.

Probablemente eso no vaya a hacer cambiar a muy corto plazo la política penitenciaria del Gobierno Español, de destrucción —especialmente moral pero también física— de los presos como forma de venganza. La reciente resolución de no excarcelar a pesos moribundos hasta que les queden tan solo dos meses de vida, forma parte de esa lógica de crueldad destructiva que ha indignado por su desprecio de los derechos humanos, el retorcimiento de legalidades, etc. Pero tampoco parece probable que vaya a poder mantener durante mucho tiempo esta miserable actitud frente a la creciente presión social que ya ha animado al propio Gobierno vasco a pronunciarse de forma más conminatoria en una temática que, pareciendo del pasado, ha ganado en actualidad, y que, en caso de inacción, arriesga la credibilidad del gabinete Urkullu.

4. Memoria histórica

4.1. Necesidad de memorias

Como parte del proceso político para el salto a otra época se van a necesitar unos años de recuperación de memorias, a fuego casi lento, sobre lo ocurrido en Euskal Herria en los últimas décadas. Pero como esas recuperaciones pueden estar interesadamente aquejadas de amnesias, conviene apuntar algunos criterios que dificulten actitudes oportunistas y nos acerquen más a memorias con autocrítica que a memorias como relatos de parte.

De hecho estas memorias, que se querrían sinceras y desnudas, combinando ciencia (Historia), política (fortalecimiento democrático y ajustadas a las demandas ciudadanas) y ética (de los derechos humanos) ayudarían a recomponer los destrozos que han dejado en el tejido social décadas de violencia y resetearían, sanando, a las fuerzas políticas en pugna que ejercieron, según los momentos, unas veces de víctimas y otras de victimarios. Reconocer esta alternancia entre los agentes —con todas los importantes puntualizaciones que se requieran, porque lo peor siempre fue la muerte— es sustancial.

Matar estuvo fatal, conculcar derechos humanos estuvo muy mal, negar derechos políticos estuvo mal y, al mismo tiempo, desde el punto de vista de la secuencia política que cebó un conflicto que degeneró, el orden fue el contrario: la falta de salidas al conflicto político de fondo sirvió de argumento para una lucha armada que, al alimón con el Estado, degeneró en vulneraciones de derechos humanos, empezando por el de la vida o la integridad física.

La sociedad vasca hoy considera que la izquierda abertzale debe tener un papel central tanto en el impulso y ejecución de la convivencia como en el relato sustentador de la memoria. Debe decir algo del pasado y de su pasado, tiene derecho a hacerlo y, además, puede hacerlo. Tiene legitimidad y obligación, junto con otros sujetos colectivos, para participar en la construcción colectiva de la memoria. El relato compartido, o al menos los relatos tentativamente confluyentes de lo que ocurrido, debe ser base sobre la que se cimenten las prácticas reconciliadoras y unos resultados satisfactorios.

4.2 El problema del contexto

La focalización del relato en lo negativo nos plantea hasta qué punto el relato sobre vulneraciones deba ser, o no, solo una parte insertada en un relato general. Sin duda el surgimiento, el mantenimiento y el desarrollo de esas violencias ilegítimas sobre los derechos humanos y libertades básicas, tanto por parte del Estado como por parte de ETA, tiene relación con el contexto político y social de aquellos largos años. Son vulneraciones que pretendían ser respuestas políticas.

Parece por tanto conveniente la inserción del relato en la descripción de un contexto general. No se puede evaluar separadamente determinados acontecimientos. Siendo estos parte de un proceso general, la evaluación de ese proceso general penetra y tiñe esos concretos acontecimientos, que no deben ser tratados de forma aislada sino como formando parte, como las expresiones, de una estrategia general.

Pero por otro lado un exceso de contextualización puede diluir el relato especifico. Una descripción del contexto con múltiples cadenas causales puede hacer perder relevancia a los acontecimientos constitutivos de la memoria histórica o justificarlos.

Así las vulneraciones que se dieron desde final de la Guerra Civil hasta la actualidad tienen su origen en la existencia de un conflicto general político y nacional. Pero su puesta en marcha y ejecución no fueron una consecuencia inevitable, indeseada y marginal respecto a las estrategias generales y contrapuestas que definieron y marcaron los conflictos. Tienen relevancia por sí mismos y por tanto son acreedores de una valoración autónoma. La descripción de la forma y amplitud de esos conflictos generales no puede hacerse de tal manera que permita que los dramáticos o criminales acontecimientos puedan aparecer como inevitables o inexorables. En absoluto. Hay graves responsabilidades a determinar, aunque se contextualicen.

5. Un imaginario peligroso de confrontación

El cuadro mental y estratégico que generaría un escenario imposible para un encuentro social es el de «vencedores y vencidos», porque lleva implícita la continuidad de un esquema bélico, de confrontación irremisible hasta la destrucción del contendiente; lo más ajeno que se pueda imaginar a una lógica de reconciliación que es el que interesa a la sociedad. La sociedad civil entendió que hacer posible una paz que también pacifique los espíritus significa generosidad, apostar por la integración social y tener la iniciativa.

El esquema militarizado, confrontado con el inspirado en los derechos humanos o con el que encara la integración social, va a estar presente en todos los órdenes de la gestión de la etapa post-ETA. Así, en la cuestión de la ubicación de los presos o en el tratamiento de los enfermos graves, esos esquemas dan lugar a comportamientos opuestos (fieros o humanitarios).

Lo mismo en el sentido de Justicia. Una excepcionalidad normativa, judicial, policial y penitenciaria, ajena al Estado de Derecho y concebida solo para la lucha antiterrorista en un tiempo de excepción y que significó penas excepcionales, por fuerza obliga a revisar los casos en que se aplicó e incluso a revisar esas legislaciones. La vara de la justicia entonces se movió por los vericuetos de la Justicia Ejemplar, tildando de terrorismo lo que obviamente no lo era (con una secuela reciente en el caso de agresión etílica de Altsasu a dos guardias civiles) o con penas que no contemplaban la reinserción. El cambio de paradigma, ahora, ¿solo habría de traducirse en una Justicia Retributiva (quien la hace la paga con proporcionalidad formal) o debería ser una Justicia Restauradora con importancia, más que de la pena misma, de la relación entre víctimas, victimarios y sociedad, en busca de sanar el daño social?

Yendo más allá, habida cuenta de que el problema de la violencia en Euskal Herria no ha sido de delincuencias políticas personales sino de confrontación violenta de una parte social con el Estado y que victimizó también a otra parte social, ¿no habría de entrar, pasado un tiempo prudencial, también por la vía de la Justicia Transicional? Recordemos que es una justicia apropiada para asentar una transición política entre épocas distintas, que busca equilibrar exigencias jurídicas (verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición) y reconciliación política y construcción de una paz duradera, reinterpretando el ámbito penal desde la idea de sanar el cuerpo social y contando para ello con el respeto a todas las víctimas. Los terceros grados, los cumplimientos excarcelados de condenas y los indultos individuales serían la vía. La justicia no puede ser amnésica, pero su interpretación y la acción política no deben ir contra la normalización socio-política. La sociedad quiere pasar página, con la factura de la justicia reinterpretada, pero con la generosidad de cerrar una historia.

Pero lo transicional no solo afectaría a una parte sino a todas, reflejando una Verdad y Justicia también sobre los comportamientos de los poderes de Estado e implicando su regeneración, para que nunca en el futuro unas vulneraciones justifiquen otras vulneraciones. Por ejemplo, se trataría de hacer imposibles las torturas por la instauración de protocolos garantistas.

Claro que el hecho de que la pax vasca sea unilateral y parcial va a dificultar enormemente que se instale, por la vía de la negociación, esa Justicia Transicional que se implantó en Irlanda, Sudáfrica, Centroamérica o ahora en Colombia. Va a tener que ser fruto de la presión social; convenciendo primero a las elites y después a las instituciones vascas y luego a las estatales.

De todos modos está el precedente de la «generosidad» amnésica de la Transición respecto a una derecha que ejerció una violencia extrema durante 40 años. Con todo, tiene una oportunidad para implantarse a medio plazo, habida cuenta que el cese el fuego no ha sido por una imposibilidad técnica de continuar (siempre ha habido nuevos jóvenes dispuestos a dar el paso y había armas) ni por derrota político-judicial (ETA no estaba desarticulada aunque sí muy tocada).

Ha sido más bien el resultado de un desestimiento de ETA, forzado por la sociedad vasca (el unánime «en mi nombre NO» y con riesgo de descalabrar a la izquierda abertzale acosada, además, judicialmente en la década pasada). La retirada de apoyo o comprensión a ETA por parte de la izquierda abertzale social y política canalizó ese desestimiento pero también sentenció el fracaso estratégico de la vía emprendida en 1977. Y deben explicarlo.

Pero eso no equivale a una derrota de la corriente. De hecho, el electorado de la Comunidad Autónoma de Euskadi convirtió a Bildu en 2ª fuerza en 2012 con un 25%. Para ser una derrota fue muy dulce. El cuerpo social entiende que debe existir una izquierda abertzale importante, como fuerza política e incluso como opción de gobierno para el futuro y como animador de cambios.

6. Criterios para las memorias

En primer lugar, una memoria lo más verídica e integral posible, que se fije como un recuerdo colectivo selectivo de un pasado vivido, necesita reconstruir la historia ocurrida desde la Historia, entendida como interpretación plausible y metódica de todos los hechos y situaciones, incluidas las injusticias sufridas. Pero puede haber también Historias, y todas ellas «científicas». Desde luego, hay que distinguir entre Historia y Memoria, pero existe el riesgo de que se imponga un relato dominante de Memoria que haga poca justicia a la historia y sea una mera proyección de una Historia selectiva y descontextualizada. No es un juego de palabras sino la constatación de un escenario muy subjetivizado que exige hilar fino.

En segundo lugar ha de ser un punto de partida la determinación y utilidad de los hechos. Para lograr unos hipotéticos relatos con algunos elementos comunes es necesario establecer una serie de hechos reconocidos como veraces por todos los que hacen el relato y quienes lo asumen y aceptan. Así el relato pretende que ese reconocimiento compartido sea un elemento relevante que facilite (más exactamente, que haga posible) la reconciliación. Ello hace inexcusable que el relato focalice más la atención en la descripción de hechos que han generado daños con víctimas.

El relato debe, por un lado, describir hechos y conductas que vulneraron de manera injusta, injustificada e ilegítima derechos humanos básicos —vida—, la integridad física de personas y las libertades fundamentales. Y todos los grupos habrán de reconocer la veracidad de esas vulneraciones.

Por otro lado el relato, además de describir qué es lo que ocurrió, tiene como función describir eso que ocurrió como algo negativo y describir de donde proviene esa negatividad. A aquellos que no vivieron aquellos males, se les querría concienciar de que eso que ocurrió no pueda volver a ocurrir, tanto por su intrínseca perversidad como porque todos los que participaron en esos acontecimientos como portavoces o como sujetos activos o pasivos de los mismos coinciden en reconocer esa maldad y en el rechazo a la repetición.

El reconocimiento del daño, su evitabilidad y su no-legitimidad permitirá a quienes lo reconozcan entrar en un proceso de reconciliación en condiciones de acercamiento fructífero.

En cuarto lugar parece conveniente, por coherencia, remitirse no solo al periodo democrático sino a los últimos ochenta años, es decir a guerra civil, franquismo, transición y democracia, con su hilo causal y sus notables puntos de inflexión. Tampoco cabe hacer solo una Historia de las violencias o de unas violencias, porque el foco se nos empequeñecerá hasta la obsesión (terrorismo/política antiterrorista) mientras se escapan otros campos decisivos desde la matriz de los derechos humanos y políticos tanto individuales como colectivos: interacciones políticas, sociales y económicas; análisis de poder y élites; proyectos y reivindicaciones…

Por más que tenga prioridad, nos impacte con más fuerza o nos golpee de forma más viva el dolor de los últimos años, elegir solo una época cuando todas están encadenadas o referirse solo a un tipo de violencia no ayudará mucho a entender —sin por ello justificar— el por qué de las situaciones y de las lógicas de los agentes. Distinguir entre el conflicto (político) vasco y el conflicto de la violencia es sustancial. Aunque están relacionados, no son lo mismo pero, al mismo tiempo, comprender lo ocurrido pasa por una mirada permanente en las dos direcciones e interiorizando que no hay conflicto de comunidades o de identidades culturales (sería irresponsable hurgar en ello) sino de proyectos político-sociales con referencias nacionales.

De ninguna manera se trataría de hacer un totum revolutum, sino una secuencia y decantación rigurosa puesto que, según las épocas, memoria, reparación y justicia tienen distintos grados de desarrollo. Así, se diga lo que se diga, el conocimiento —vía periodística, policial y judicial— es bastante amplio desde 1977 en relación a algunos de los actores, como ETA, la izquierda abertzale, o euskalgintza (movimiento social diverso con acciones a favor de la cultura vasca y el euskera: revistas, eskola publikoa e ikastolas, AEK, Ibilaldiak, EHE), puesto que policía y jueces se han dedicado a ello intensivamente todo ese tiempo; mientras que no sabemos casi nada de cloacas, GAL y muchas decisiones políticas opacas desde 1977 hasta hoy. En cambio, la Historia desde la guerra civil hasta las primeras elecciones democráticas ha sido exhaustiva y sin embargo silenciada como Memoria con consecuencias (fosas, responsabilidades, callejeros, exaltaciones, ...), por no hablar de posibles reparaciones y ya no digamos de justicia por crímenes de lesa humanidad.

En quinto lugar, esas memorias no pueden ser al gusto o dictadas por los distintos tipos de víctimas, porque su objetividad se resentirá. Algunas de sus asociaciones no distinguen la justicia de la venganza, chantajean emocionalmente a la sociedad y son funcionales a estrategias políticas. Son un problema para las propias víctimas. Y, sin embargo, las memorias no son de y para las víctimas, aunque sean protagonistas muy relevantes de la historia y la memoria. Reducir la Historia solo a un relato sobre víctimas y victimarios de un tipo o de otro sería un flaco favor a la explicación de la historia y a la memoria a construir colectivamente.

Tampoco pueden ser relatos para las respectivas parroquias. La destinataria es la sociedad vasca (y también la sociedad a escala estatal), a la que se le debería devolver ordenada cada versión de lo acontecido y siempre con una consideración central a las víctimas.

En sexto lugar, el país lo conforman y construyen (en conflicto) todas las sensibilidades. No hay sectores o ideologías que representen las esencias colectivas, ya se vistan con los ropajes de la herencia, del sacrificio o del Estado de Derecho. Tradicionalmente la sociedad civil ha sido la que mejor ha sabido gestionar el respeto interno a los diversos sentimientos nacionales y a la cultura, a la comunidad y a la sociedad comunes, incluso en la acción política en un marco de gran conflicto. Nunca ha sido la sociedad vasca una sociedad anómica, enferma o sumida en una espiral de silencio, sino politizada e implicada, al contrario de lo que sostienen (¡casualidad!) quienes se oponen a que pueda decidir por su cuenta y por la vía solo democrática su futuro.

Habrá memorias y relatos en plural durante bastante tiempo, desde la subjetividad de las identidades nacionales y políticas, y habremos de conformarnos con tener solo algunos puntos comunes acreditados. Por ejemplo, no sería poco el de la primacía de los derechos humanos empezando por el más sagrado, el de la vida, que se cercenó especialmente por parte de ETA en los últimos años, aunque no en exclusiva. Junto al derecho a vivir se trata de rastrear también una memoria de la tortura y la conculcación de no pocos derechos políticos. Como base para una mínima puesta en común, las memorias de cada cual han de responder a todos los interrogantes en lugar de refugiarse en el «y tú más».

Está en sus manos que se trate o bien de memorias complementarias hacia una verdad más completa o bien de memorias irremisiblemente alternativas con lógicas contrapuestas e inmiscibles como verdades de consumo para cada parroquia, pero no verdades para la sociedad como un todo. Lamentablemente nos acercamos a esta segunda versión si la Ponencia de Memoria y Convivencia no lo evita.

Claro que formular una Historia que vaya más allá de una visión de derechos humanos elementales obliga a asumir un punto de vista político —no compartido por todos pero en cambio profundamente democrático—, y es que la legitimación de un Estado de Derecho pasa por el reconocimiento de los derechos nacionales de las comunidades con mayorías continuadas al respecto. Negarlos desde las mayorías de Estado es usar la ley contra la democracia.

En séptimo lugar, hay sujetos redactores. Lo deseable consiste en que todos los grupos políticos, colectivos sociales, instituciones etc. concedan su aprobación a esta memoria convencional, a este relato compartido. Y que todos ellos, a su vez y previamente, hayan relatado y redactado su parte —su protagonismo— en la reflexión conjunta.

Sin embargo, la desconfianza respecto a la crítica proveniente de los Otros tampoco puede conducir a la construcción de un relato propio conformado exclusivamente por negar lo afirmado por el Otro. Es cuestión a tener presente, para entrar con limpieza en el análisis del propio relato.

En octavo lugar cada agente tiene su particularidad. Así el «suelo ético» del que hoy se habla está lleno de aceite resbaladizo. El «suelo ético» debería ser principalmente el espejo en el que cada cual mire sus propias miserias y las verbalice, en lugar de ver, hipócritamente y por interés, solo la paja y la viga ajena. Ni ventilador ni varas de medir distintas. Facilitarían las cosas unos ignacianos ejercicios espirituales de todos y cada uno.

Sin el reconocimiento de hechos (verdad) y de responsabilidades no serán posibles ni conciliación ni reencuentros sociales. Esto no tiene nada que ver con los arrepentimientos y perdones individuales que forman parte de una esfera subjetiva, no exigible en política laica sino con responsabilidades políticas de los colectivos revisando sus políticas pretéritas y autocriticándose en algún grado por ellas.

En noveno lugar, no debe haber víctimas de primera y de segunda en función de quién fue el victimario, sino en función de la gravedad e injusticia sufrida. Si la muerte nos iguala a los humanos, el grado del daño también. Todas las víctimas merecen respeto, reconocimiento, reparación y justicia. Jerarquizar a las víctimas por el quién, o según afinidades, sólo puede entenderse por los réditos políticos que se pretenden extraer y no por un criterio de justicia. También conviene distinguir entre las auténticas víctimas (fallecidas, heridas, extorsionadas, perseguidas, torturadas..) y los familiares sufrientes de esas víctimas, ya que la utilización de estas últimas con fines partidarios ha sido escandalosa. El discurso moral virado en una sola dirección, apropiado en exclusiva y arrojado contra los otros, puede convertirse en el gusano que, llevando implícito un proyecto político, arruine la manzana de la conciliación.

Previsiones y deseos

Que la sociedad civil haya tenido que asumir una función vicaria y avalista en el desarme, frente a la lógica de la rendición total que el Estado ha pretendido, es meritorio pero no augura el mejor de los escenarios para canalizar las secuelas de estos años. Aunque seguro que fuerza respuestas obligadas de los gobiernos (el Estado francés obligado a consentir el desarme, presos graves, futuros acercamientos…). El silencio del Gobierno español tampoco facilita unas estrategias autocríticas hacia la verdad, sino más bien anuncia su persistencia en la lógica de vencedores y vencidos que pretenden Estado, PP y PSOE.

El Estado y los partidos de Estado no quieren asumir lo que está en juego y, contrariamente a la idea mediática de que es un tema amortizado, tiene todo el aspecto de que a través de casos (el desarme, los presos gravemente enfermos Uribetxebarria y Oier Gómez…) puede ser un factor movilizador de primera importancia que además cebaría la radicalización y extensión de la reivindicación nacional.

La izquierda abertzale tiene mucho que ganar si lidera la búsqueda sincera de una verdad más integral y se equivocará si condiciona su reflexión autocrítica a la de las otras fuerzas. Puede reconstruirse en ese proceso de empatía con la sociedad civil.

Tampoco hay perspectivas de que el fin de la violencia y el desarme de ETA activen salidas políticas democráticas al conflicto político que le dio origen y que permanece. Es más, cunde la convicción de que ETA era la excusa para no abordar un problema político estructural que sigue a la orden del día.

Ni siquiera en un cuadro a cinco fuerzas (PNV, Bildu, Elkarrekin-Podemos, PSE y PP) en la Comunidad Autonoma de Euskadi en el que ninguna puede bloquear y carente de mayorías sociales que piensen en una dirección resolutiva, los aparatos pueden mirar solo por su interés, calculando precios de distintas alianzas postelectorales. Ese vuelo bajo puede sacrificar oportunidades para avanzar en la paz consolidada y en un cambio de marco. En Navarra, en cambio, los pasos han sido más firmes por parte de las fuerzas (Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) que apoyan al gobierno de Uxue Barcos.

Necesitamos entender lo que pasó. No para condicionar los derechos humanos a intereses políticos sino para construir nuestras memorias colectivas y nuestra convivencia desde parámetros sólidos y con pasarelas. Es mejor hacerlo de motu proprio a que lo tenga que aventar, de repente y sacando los colores a algunas fuerzas, una Comisión de la Verdad que ya resulta necesaria y que habría de ser independiente, plural y con respaldos.

[Pedro Ibarra y Ramón Zallo son catedráticos de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea]

8/2017

Antonio Antón

Superar el enfoque populista

Hace casi una década se inició una crisis sistémica (socioeconómica, política, territorial y europea), con un amplio movimiento de protesta social (2010-2014) y un prolongado ciclo electoral (2014-16), con una recomposición del sistema político y la consolidación de las llamadas fuerzas del cambio. De ello he realizado una explicación detallada. La interpretación de este proceso, por su novedad y la profundad de sus cambios, es compleja. Ha requerido dar un paso más en la reflexión teórica: revisar las teorías convencionales que presentan diversas insuficiencias y limitaciones. En particular, las más influyentes en el seno de las izquierdas y fuerzas alternativas como el marxismo, las teorías sobre los movimientos sociales y la contienda política y el discurso populista.

El presente trabajo es un paso más en esa dirección de aportar reflexiones para avanzar en una teoría alternativa desde la valoración crítica del populismo como doctrina influyente en dirigentes de Podemos, eje de las fuerzas del cambio. Las necesidades prácticas y estratégicas de las fuerzas alternativas son muy grandes y la capacidad teórica pequeña; además, está acompañada de una gran fragmentación e inadecuación con la realidad actual, con la correspondiente dificultad para ejercer una función de ‘desvelamiento’ o interpretación crítica que sirva para la transformación.

Parto de la exigencia colectiva de una elaboración y un debate teórico específico, vinculado con el cambio político pero superador del inmediatismo de la acción social y política cotidiana. Nos atañe, particularmente, a la intelectualidad progresista, lamentablemente, la mayoría de ella condicionada por esquemas del pasado e intereses del presente. El objetivo no es elaborar una teoría completa o una mezcla ecléctica de las teorías disponibles. La oportunidad es dar un impulso a la teoría social y política que favorezca la transformación sociocultural, económica e institucional y facilite la cohesión de las fuerzas del cambio. La interpretación la hago desde la hermenéutica social y el realismo analítico e histórico.

Aquí, resumo tres aspectos, las aportaciones e insuficiencias de la teoría populista de Laclau, una valoración general como teoría política y la necesidad de un pensamiento crítico transformador.

Ambigüedad ideológica e idealismo discursivo de la teoría populista

La teoría populista de E. Laclau y Ch. Mouffe, como teoría del conflicto, aporta, respecto de las teorías funcionalistas y el consenso liberal o el determinismo economicista, criterios interpretativos más realistas para analizar el proceso de crisis sistémica, protesta social y conformación de un sujeto sociopolítico de cambio, experimentado esta última década en España. Pero presenta importantes limitaciones, no solo para interpretar el proceso sino, sobre todo, para facilitar una orientación estratégica al mismo.

La primera insuficiencia de la teoría populista es su ambigüedad ideológica: El populismo es, simplemente, un modo de construir lo político (Laclau, E., La razón populista, 2013: 11). O bien: Por ‘populismo’ no entendemos un ‘tipo’ de movimiento –identificable con una base social especial o con una determinada orientación ideológic–- sino una ‘lógica política’ (ídem.: 150).

Hay una diversidad de movimientos sociales con rasgos comunes de tipo ‘populista’ (polarizado) pero son muy distintos, incluso completamente opuestos, por su carácter ‘sustantivo’, su sentido respecto de la libertad y la igualdad de las capas populares. Ese carácter ‘indefinido’ del papel y la identificación ideológico-política de un movimiento popular es el punto débil de esa teoría populista. Es incompleta porque infravalora un aspecto fundamental. Vale poco una teoría que es solo una ‘técnica’ o una lógica procedimental (antagonismo) compatible con movimientos populares contrapuestos por su contenido. La garantía de basarse en ‘demandas’ salidas del pueblo, sin valorar su sentido u orientación, es insuficiente. Ese límite no se supera en el segundo paso de unificarlas, nombrarlas o resignificarlas (con significantes vacíos) con un discurso y un liderazgo cuya caracterización social, política e ideológica tampoco se define. El ‘momento’ populista es secundario; lo principal es si hay crisis política por y con dinámicas igualitarias-emancipadoras.

La particularidad en España es que los límites de esa teoría se han superado y completado por el contenido cultural, la experiencia sociopolítica y el carácter progresista y de izquierdas de unas élites asociativas y políticas, dentro de un movimiento popular democrático con valores de justicia social; es decir, por el tipo de actor (o sujeto) existente.

La segunda insuficiencia de Laclau es el ‘idealismo discursivo’, la sobrevaloración del papel del discurso en la construcción de la realidad sociopolítica.

La teoría populista es incompleta, como análisis y ‘orientación’ para avanzar en la igualdad-libertad-solidaridad; o, para conseguir hegemonía y conquistar el poder.

Laclau engloba o clasifica a todos los movimientos populares bajo el mismo concepto de ‘populistas’, atendiendo a una particularidad: su polarización con el poder… para alcanzarlo. En consecuencia, ese punto de partida es insuficiente y no desvela o critica lo principal: el papel sociopolítico-cultural o sentido ético-ideológico de un movimiento popular (y el poder). El aspecto fundamental de la realidad sociopolítica sobre la que clasificar e interpretar a los movimientos populares debe ser su significado en el eje igualitario-emancipador o autoritario-regresivo. No es sobre la vieja tipología izquierda/derecha dada la confusión sobre el significado de izquierda; pero sí sobre su sentido político-ideológico e histórico en relación con la igualdad-libertad-fraternidad o las relaciones de dominación. El análisis (científico) de la ‘realidad’ se debe complementar con una actitud política-ética transformadora. Además, esa realidad se debe seleccionar e interpretar desde un enfoque social y crítico o, si se prefiere, ético-normativo.

En ese autor hay también una infravaloración del contenido político-ideológico o ético de un movimiento popular y, en consecuencia, del tipo de cambio político que promueve. Esa pluralidad de realidades en que se concretaría su teoría demuestra una desventaja, no un elemento positivo o conveniente. Es incoherente al juntar tendencias con diferencias y antagonismos de sus características principales. Esa comparación basada en el ‘mecanismo’ común refleja su ambigüedad ideológica y confunde más que desvela la realidad tan diferente, incluso opuesta, de unos movimientos u otros (ya sea Le Pen con Podemos, el nazismo con el PCI de Togliatti, el populismo latinoamericano con la Larga Marcha de Mao o los Soviets, o el etnopopulismo y el racismo con los nuevos movimientos sociales y de los derechos civiles).

¿Para qué sirve meterlos todos en el mismo saco de ‘populistas’? ¿Para destacar la validez de una teoría por su ‘universalidad’, su amplia aplicabilidad histórica?. Pero, esa clasificación, qué sentido tiene; ¿solo el de resaltar un ‘mecanismo’ constructivo, el del conflicto nosotros-ellos, en oposición al consenso liberal y en vez de la clásica lucha de clases?. Esa diversa y amplia aplicabilidad no demuestra una teoría más científica (u objetiva) sino menos rigurosa y más unilateral respecto de lo sustantivo: su sentido político liberador.

Esa ambigüedad político-ideológica refleja su debilidad, su abstracción de lo principal desde una perspectiva transformadora: analizar e impulsar los movimientos emancipadores-igualitarios de la gente subalterna. Para ello la teoría populista sirve poco y distorsiona. Como teoría del ‘conflicto’ (frente al orden) es positiva en el contexto español, con actores definidos en ese eje progresista-reaccionario. Partir de los de abajo le da un carácter ‘popular’. Pero lo fundamental de su papel lo determina según en qué medida conecta y se complementa con un actor sociopolítico concreto, con su cultura, experiencia y orientación sustantiva… igualitaria-emancipadora (como en España). Aquí, sus insuficiencias se contrarrestan con el sentido progresivo (justicia social, democracia…) de la ciudadanía activa española y sus líderes, incluido los de Podemos, que se han socializado en la cultura progresista, democrática… y de izquierda (social).

Laclau pone de relieve algunas deficiencias de la clásica interpretación estructural-marxista y su lenguaje obsoleto. Pero tampoco es realista; comparte su idealismo, aunque se va al otro extremo constructivista. Y, sobre todo, infravalora elementos internos sustantivos (éticos o ideológico-políticos) para evitar su conexión con actores autoritarios-regresivos. Es su inconveniente y la crítica principal.

En definitiva, dada la importancia de las necesidades políticas y estratégicas del movimiento popular en España, la diversidad de corrientes de pensamiento entre las fuerzas alternativas y, específicamente, la tarea de cohesión y consolidación de la nueva representación en torno a Podemos y el conjunto de sus aliados y confluencias, es imprescindible un esfuerzo cultural y un debate teórico para avanzar en un pensamiento crítico que favorezca la transformación social. Aun sin luces largas (estrategia global) hay que enfocar mejor con las luces cortas (análisis concreto, arraigo con la gente), contando con la experiencia y las mejores tradiciones de los movimientos emancipadores de los dos últimos siglos.

La teoría política como análisis y guía para la acción

La teoría de Laclau no solo interpreta dos tipos (y otros intermedios) de populismos similares (en la lógica) y antagónicos (en su contenido, significado y orientación), sino que sirve para construirlos y transformar las relaciones de poder. Este pensador no valora solo el análisis, sino la conquista de la hegemonía y el poder. Su teoría es, fundamentalmente, normativa. Pero sin caracterizar el poder y el sujeto transformador, así como su interacción, se queda incompleta, indefinida o ambigua sobre su significado sustantivo. Su teoría ‘procedimental’, con parecidos mecanismos de amigos-enemigos a los del hobbesiano y proto-nazi Carl Schmitt, puede servir para transformar la realidad en los dos (o más) sentidos: autoritario-regresivo y emancipador-progresivo. Es incompleta para la función principal de orientación, pero también para la de análisis, al no clarificar (desvelar) las dos dinámicas contradictorias, claves para la contienda política. No digo que sea antipluralista (crítica convencional desde ámbitos de la derecha y la socialdemocracia) sino ambigua, es decir, que su función depende de según qué contexto, dinámica popular, liderazgo y pensamiento la acompañe.

No se trata de que esa teoría pueda interpretar la pluralidad de formas como se pueden configurar las dinámicas populistas (el antagonismo). Laclau admite la posible construcción no unívoca del pueblo o su posible fracaso hegemonista. Pero englobarlas bajo el mismo rótulo es problemático. De lo que se trata es de explicar e impulsar la dinámica popular emancipadora-igualitaria, renovando las expresiones convencionales (gramscianas) del conflicto social, acumulación de fuerzas transformadoras y cambio hegemonista de las relaciones de poder.

Este pensador reconocería la construcción ambivalente o contradictoria de un ‘pueblo’ desde el punto de vista ético-político-ideológico (su crítica al etnopopulismo lo refleja). Pero infravalora sus límites interpretativos y normativos en ese campo. Su teoría aporta el análisis de unos mecanismos constructivistas de hegemonía (cultural) pero no se centra en lo principal: la orientación ideológico-política o ética de ese movimiento popular en el plano principal emancipatorio-igualitario-solidario y, por tanto, del tipo de cambio político y su modelo socio-económico. Eso es lo que defino como ambigüedad ideológica e insuficiencia sustantiva de la teoría de Laclau.

Como dice Fernández Liria: Más Kant y menos Laclau. O como señala Villacañas, menos populismo y más republicanismo. Ambos en el sentido de priorizar no el antagonismo como lógica política sino el republicanismo ilustrado como contenido emancipador con un sesgo institucionalista. Por otro lado, Monedero critica la ineficacia transformadora de su idealismo: Laclau quiere convertir el cambio social en un discurso y, con bastante probabilidad, lo desactiva.

La discusión sobre la validez de una teoría ‘social’ o ‘política’, de sus criterios analíticos y valorativos, incluye su objeto, enfoque y prioridad, que deben ser ‘conocer para transformar’… en un sentido igualitario-emancipador de las capas oprimidas frente a las oligarquías opresoras. No obstante, este autor clasifica a los movimientos populares según su vinculación con sus criterios procedimentales, no sustantivos, de ‘lógica política’: antagonismo y hegemonía de un sujeto construido discursivamente. Pero el resultado de ese cajón de sastre ‘populista’ es heterogéneo o contradictorio según su contenido u orientación sustantivos (ideológico-políticos o éticos). No clarifica sino obscurece la realidad.

Esa clasificación populista es secundaria (y contraproducente) al asemejar movimientos distintos u opuestos con una particularidad supuestamente común (antagonismo hegemonista mediante unificación discursiva ‘vacía’). No nos sirve como principal guía u opción política, ética o normativa. No podemos decir, sin más, que queremos construir (‘pueblo’), apoyar movimientos ‘populistas’ o defender el populismo, sin precisar su contenido, su papel y su contexto. Promovemos el ‘empoderamiento’ cívico o poder popular… en un sentido ético-político progresivo. Favorecemos movimientos populares… igualitarios-emancipadores; estamos en contra de algunos movimientos ‘populistas’ autoritarios-regresivos (aunque encajen y estén embellecidos o ‘velados’ en la teoría de Laclau de lógica antagonista del pueblo).

Esa ‘pluralidad de formas’ populistas no valida esa teoría, sino la invalida como análisis y guía adecuados para la acción transformadora… igualitaria. Hay que tener elementos críticos suficientes (ideas, valores, enfoques) para cuestionar esa ausencia ‘sustantiva’ en esa teoría y poderla criticar o completar.

Un pensamiento crítico transformador

La diferencia con Laclau no es que él considere a su teoría solo como ciencia analítica, sino que en su componente orientador, de guía para la acción, se queda corta, es ambigua, polisémica y confusa. Le quito validez porque no aporta suficiente orientación en el aspecto más crucial para el cambio político, su sentido democrático-igualitario. Aporta un mecanismo (polarización como identificación del pueblo y construcción de hegemonía y poder) pero no precisa el carácter de los dos polos (pueblo-oligarquía) y su interacción, el contenido o componente principal de esa guía (estrategia o programa) y su impacto ‘sustantivo’ (no procedimental de la simple hegemonía) en las relaciones de dominación.

La elección del llamado significante (nominación) se realiza por esa supuesta eficacia articuladora contra-hegemónica (culturalmente), en cómo conseguir apoyo popular y ganar poder; pero se relativiza el carácter de ese sujeto (y del poder) y el para qué. Ese contrapoder es frágil si no está enraizado en una función (ética-ideológica) liberadora de la gente subordinada. Al desconsiderar este aspecto, Laclau llama ‘vacío’ a su significante, porque es independiente de la realidad material de subordinación y de los valores de igualdad, libertad o democracia. A efectos discursivos, puede escoger alguno de ellos, pero solo si cumple coyunturalmente con esa función identificadora del pueblo.

Ese espontaneísmo seguidista de la opinión del pueblo es positivo frente al elitismo de las oligarquías regresivas y autoritarias, desligadas y en contra de las demandas populares; pero todavía es insuficiente y manipulable para determinar el papel y los objetivos del movimiento frente al poder. El proceso ‘articulador’ es más complejo y ‘mediado’ y, sobre todo, debe definir el horizonte en diálogo con la dinámica real. No al estilo de la estrategia y la ideología comunista, determinista y global, pero sí con una guía de alcance medio y principios o valores democráticos e igualitarios. Es la línea para discernir los distintos tipos de populismos y construir un pueblo libre e igual.

En definitiva, la cuestión analítica y política principal es si un movimiento popular es reaccionario o progresivo, autoritario o democrático (y democratizador), opresivo o emancipador, etc., y adoptar una posición política sobre ese eje político-ideológico. Son secundarios otros rasgos como el emocional o el liderazgo; importa escuchar, dialogar y representar bien a la gente. La teoría populista de Laclau es una teoría del ‘conflicto’, más adecuada que el ‘consenso’ liberal, respecto del carácter de la actual pugna sociopolítica… en España. Pero tiene unos inconvenientes de fondo, particularmente su ambigüedad ideológica, que no le permiten aportar suficiente claridad interpretativa y orientación política a las tareas estratégicas del movimiento popular (en España, Europa o Latinoamérica). La reafirmación en ella (salvando aspectos parciales) no es un avance respecto de un pensamiento crítico sino un lastre teórico a superar. Su déficit hay que corregirlo con una teoría política que priorice un enfoque social y crítico, un proyecto sustantivo para un proceso emancipador-igualitario. Es una tarea difícil y compleja, la mejor intelectualidad europea está, cuando menos, perpleja, pero dadas las necesidades del cambio político es necesaria abordarla. Esa es la pretensión de estas reflexiones.

[Extracto de la Comunicación presentada en la III Conferencia Internacional de sociología de las políticas públicas y sociales: GLOBALIZACIÓN, DESIGUALDAD Y NUEVAS INSURGENCIAS, Zaragoza, 1 y 2 de junio de 2017]

8/2017

José María Camblor

Animalismo para principiantes

Desde una perspectiva histórica, se pueden ver las conquistas del movimiento emancipatorio del modo en que se expande una onda en el agua, como una serie de círculos concéntricos en los que se ha ido extendiendo la protección jurídica cada vez sobre un mayor número de áreas y a un mayor número de sujetos. Así, los primitivos derechos políticos y civiles se han ampliado primero con los llamados derechos de segunda generación (sociales y económicos) y luego con los de la llamada tercera generación (ecológicos, al desarrollo, a la paz, etc.). De igual manera, los sujetos susceptibles de emancipación han pasado (a grandes rasgos, puesto que a veces los diferentes cambios se han ido solapando cronológicamente) de ser los burgueses o los propietarios a cualquier varón independientemente de su patrimonio, ampliándose luego a los trabajadores, más tarde a las mujeres, después a las personas de raza negra, luego a las personas LGBTIQ, etc. Es decir, individuos que no se consideraban titulares de determinados derechos o incluso de ningún derecho (el caso de los esclavos) pasaron a adquirir el estatus de sujetos de pleno derecho, al menos en la teoría. El horizonte emancipatorio parece ya acabado con relación a la concreción de los derechos y de los sujetos de los mismos, y ahora su objetivo se cifraría en conseguir su efectividad plena y su implantación universal para que todos puedan disfrutarlos. Es decir, todos los sujetos incluidos en las categorías mencionadas, que abarcarían a todos los individuos de la especie humana.

Sin embargo, hay quien sostiene que el horizonte relativo a las categorías de sujetos susceptibles de emancipación no se ha cerrado todavía y que debería ser más inclusivo. A lo largo de la historia, muchas personas, entre las que se encuentran, por nombrar solo unas pocas, Pitágoras, Plutarco, Séneca, Newton, Leonardo, Spinoza, Voltaire, Kafka, Gandhi, Tolstoi, Nietzsche o Bernard Shaw, han atacado la crueldad hacia las mal llamadas “bestias” (puesto que la brutalidad es mucho más reprobable cuando el que la comete es consciente de ella) y hoy en día muchos siguen pensado que en el movimiento emancipatorio también tienen que tener cabida aquellos seres sin voz, pero dotados de dolor: los animales. Desde la época en que Francisco de Asís se dirigía a ellos como “sus hermanos” hasta la actualidad, el número de esas voces se ha ido incrementando hasta formar una corriente de unas dimensiones tales que es difícil de ignorar y que, ¿quién sabe?, quizá acabe transformando el mundo: el movimiento animalista. Por eso quizá valga la pena, sobre todo para aquellos que no están familiarizados con él, detenerse un momento a entenderlo y a conocer sus objetivos y aspectos generales. Con tal propósito, proponemos aquí un vocabulario básico para ir tratando de deslindar conceptos al aproximarnos al fenómeno social del animalismo, siendo conscientes de que no todo el mundo ha de coincidir con las definiciones propuestas.

ANIMALES: Lo somos todos los seres humanos y también los son las otras especies de animales no racionales. En general, a lo largo de este escrito, aunque de manera impropia y solo en aras de facilitar la lectura, utilizaremos únicamente el término “animales” cuando hagamos referencia a los segundos. Un simple vistazo a la biomasa global de animales grandes muestra la voracidad con que unos animales hacemos uso de otros: los animales salvajes grandes suman 100.000.000 de toneladas, los seres humanos, 300.000.000 y los animales domesticados, 700.000.000. Teniendo en cuenta el tamaño de muchos de los animales salvajes (elefantes, hipopótamos, osos, jirafas…) en comparación con el de los individuos humanos y que nuestra biomasa triplica la suya, salta a la vista el exiguo número de ejemplares que conserva cada especie de animales salvajes y nuestro afán depredador, que va conduciendo inexorablemente a los demás animales a la desaparición (sin mencionar siquiera a la infinidad de especies extintas ya por nuestra mano). De igual manera, queda patente el carácter instrumental (alimenticio, lúdico, como materia prima) que conferimos a los animales, observando que la suma de nuestra biomasa y la de los animales salvajes apenas supera la mitad de la biomasa de los animales domésticos. Se ha utilizado a propósito la expresión ejemplar (animal) por contraposición a individuo (humano) para evidenciar que el propio lenguaje, de manera natural, despoja de entidad al primero y lo considera una mera muestra de algo.

JUSTIFICACIÓN: “Díjose entonces Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra, y sobre cuantos animales se mueven sobre ella”.

Sobre esta frase, el autoproclamado “rey de la creación” ha construido en los últimos milenios la justificación ética del uso ilimitado de los animales. Cuando, con el tiempo, esa fundamentación ha empezado a perder peso, se han buscado nuevos argumentos, entre los que destacan la superioridad de la especie humana o la naturaleza de las cosas. Que los animales pueden e incluso deben ser usados es algo que está tan íntimamente interiorizado en nuestro imaginario colectivo y en nuestra cultura que la mayoría de las personas ni se plantea siquiera que pueda ponerse en cuestión algo tan obvio. Desde pequeños aprendemos a andar y a hablar al mismo tiempo que a usar animales, de manera que nos resulta tan natural el hacer esto último como lo primero.

Pero aquí, se adopte la postura que se adopte al respecto, hay algunas consideraciones que se deben hacer en cuanto a la solidez de los argumentos esgrimidos. Primera, que el hecho de que se pueda considerar superior a un individuo (en el sentido que sea) no es una justificación ética en sí para que haga lo que quiera con un ser inferior. Lo único que se puede afirmar es que puede hacerlo, pero poder no es una justificación ética. Si lo fuera, estaría justificado que un hombre más fuerte pudiera someter a un hombre más débil, o, por ejemplo, que una hipotética raza de alienígenas súper inteligentes, hipótesis no descabellada según la comunidad científica, sometiera a la raza humana por el mero hecho de poder hacerlo.

Otra consideración es que la naturaleza de las cosas tampoco es una justificación ética per se. Además de que lo único que es natural es la posibilidad factual de que los humanos puedan digerir y nutrirse de carne de animal, no que deban hacerlo (nótese que es exactamente la misma posibilidad factual que tienen de digerir carne humana y nutrirse de ella), el ser humano lleva durante toda su existencia combatiendo a la naturaleza y adaptándola a sus necesidades, sin que en ningún caso considere que ese modificar el curso natural de las cosas suponga ningún problema, sino más bien todo lo contrario.

Esto no quiere decir que se pueda o no justificar éticamente el uso de los animales (eso no es lo que se cuestiona ahora aquí), sino que, en caso de hacerlo, debe hacerse de forma consistente. En este sentido, los dos argumentos aquí expuestos, que son los que están en la base de cualquier justificación ética del uso indiscriminado de los animales (espero que se me excuse obviar la discusión del argumento divino) no son válidos. Si se desea mantener como ético ese uso se deberá acudir a otros argumentos.

ANIMALISTA: A pesar de que la palabra “animalista” en la acepción que aquí le daremos no figura en el Diccionario de la lengua española de la RAE, su uso según ese sentido se ha extendido y cada vez más personas se consideran a sí mismas animalistas. Sí la recogen otras obras, entre ellas, el Diccionario de uso del español de María Moliner. Según estos textos, animalista sería aquella persona que defiende a los animales. Esto no implica que a un animalista le tengan que gustar los animales, de manera análoga que no es necesario ser homosexual para defender los derechos LGBTIQ ni mujer para ser feminista. A sensu contrario, a una persona a la que le encanten los cachorros de perro y los caballos, pero que se zampe un filete de ternera sin plantearse siquiera el hecho de que antes de pasar por su plato ha sido parte de un animal que ha sufrido y ha sido sacrificado, o que, aun planteándoselo, no le importe lo más mínimo, no se le puede llamar en propiedad animalista. Un animalista combatirá, por ejemplo, cosas tales como el abandono de perros o las tiendas de venta de animales. En un sentido laxo, muchos de nosotros podríamos considerarnos animalistas, pero quizá sea más apropiado dejar ese término para aquellas personas verdaderamente comprometidas y concienciadas en la defensa de los animales y cuyos actos son consecuentes con ella.

VEGANO: Es aquella persona que no hace uso de ningún producto proveniente de los animales. Según esto, un ovolactovegetariano no sería vegano y un vegetariano que vistiera pieles tampoco lo sería. En general, las personas veganas son animalistas y el respeto y protección de los animales es el motivo de su veganismo, pero si el no uso de animales obedece a razones de salud o de cualquier otra índole, no puede hablarse de animalismo. En sentido estricto, tampoco sería vegano alguien que acudiera a un espectáculo circense con animales o al zoo. No todos los animalistas son veganos. Es posible que haya una persona que se preocupe por el bienestar y la defensa de los animales, pero considere (con o sin razón, aquí no entramos en eso) que la ingesta de carne es connatural a la persona y que cierto grado de violencia interespecífica (entre humanos y otras especies) es ineliminable, así que, sin renunciar al consumo de carne animal, promueva un trato en la medida de lo posible compasivo en el uso de los animales. Normalmente, estas personas aceptan la “necesidad”* de alimentarse de animales, pero rechazan categóricamente otros usos, como la tauromaquia, el uso de animales en espectáculos, la peletería, etc. A estas personas se las suele denominar bienestaristas, pues no se oponen al aprovechamiento de los animales, aunque buscan disminuir su malestar en el proceso de explotación, por contraposición a los abolicionistas, que buscan eliminar éste completamente.

(*) Entrecomillamos la palabra necesidad porque, en propiedad, y en el estado de desarrollo actual de las sociedades modernas, el consumo de animales para la alimentación no es una necesidad. La mayoría de estudios confirman que una nutrición exenta de proteína animal no es perjudicial, e incluso existen estudios que la consideran más saludable. Pero, en todo caso, lo que sí es cierto es que una dieta basada en parte en el consumo de carne, sea o no lo óptimo, no es imprescindible para la subsistencia.

ECOLOGISMO. Un ecologista es una persona concienciada con la protección del medio ambiente y los recursos naturales del planeta, y por eso se preocupará, además de por la deforestación de la Amazonia, por ejemplo, por la protección del lince ibérico o de las ballenas como especie. A un animalista le interesa la protección de la ballena como individuo específico que sufre, pero podría tenerle sin cuidado la extinción de las especies del orden de los cetáceos. Normalmente, las personas concienciadas con la ecología suelen ser sensibles al dolor de los animales como individuos y los animalistas suelen preocuparse por los ecosistemas y por la naturaleza, pero los objetivos de ambos movimientos son diferentes.

DERECHOS: En relación con la discusión sobre los derechos de los animales, existen dos posiciones enfrentadas: la de los que afirman que los tienen y la de quienes lo niegan. En primer lugar, hay que decir que no es estrictamente necesario que los animales tengan derechos para que se defiendan sus intereses y bienestar. Sin embargo, muchas personas consideran que no solo sería mucho más eficaz la protección de los animales si se les atribuyeran derechos, sino que hacerlo es la consecuencia natural de la evolución del movimiento emancipatorio. Entre ellas, se podría mencionar a nivel internacional al filósofo utilitarista australiano Peter Singer y en España al catedrático de Lógica y Filosofía de la ciencia Jesús Mosterín, pero la lista es interminable. Aunque la aceptación de los animales como sujetos de derecho aún está muy lejos de alcanzarse, se han dado algunos pasos en ese sentido, como la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1978 en la sede de la UNESCO en París, a la que ofrecieron su apoyo algunas personalidades del ámbito de la cultura, como es el caso de la primera mujer en entrar en la Academia Francesa de la Lengua, Marguerite Yourcenar.

En España, pocos pensadores contrarios a los derechos de los animales se toman la molestia de teorizar sobre ello, pues se da por sentado que la imposibilidad de tales derechos cae por su propio peso. Entre los que sí lo hacen, se encuentra el filósofo Fernando Savater, que a nuestro juicio sustenta su tesis negacionista en argumentos teñidos de cierto dogmatismo. Considera que los animales no tienen derechos pues tampoco tienen deberes. Para él, esa reciprocidad la exige un supuesto mito fundacional del Derecho, en la estela del contrato social rousseauniano, por el que los seres humanos se reconocen como iguales y pactan una serie de derechos y obligaciones recíprocas, lo que excluiría a los animales, diferentes a nosotros e incapaces de pactar por naturaleza. Este iusnaturalismo de nuevo cuño, que Savater no aplica a otros asuntos (se mantiene muy crítico con la fundamentación dogmática de la religión, por ejemplo), ignora que la supuesta aquiescencia originaria de los miembros de la sociedad, de la que se derivaría el Derecho, no es más que una explicación metafórica a posteriori y que este no es otra cosa que el producto histórico de una confrontación de intereses y poderes. Cualquier derecho, por mucho que con el tiempo se haya consolidado socialmente y se considere indiscutible por la mayoría de la población como si hubiera estado ahí siempre, en un principio fue controvertido, quizá discutido por la mayoría, e incluso pudo parecer utópico o inalcanzable.

En realidad, el beneficiario de un derecho no necesita ser consciente de él, ni tener obligación alguna, ni ser él mismo quien lo ejercite. De hecho, ni siquiera necesita ser una persona. Las tres primeras condiciones no las cumpliría, por ejemplo, un niño muy pequeño o alguna persona inimputable, como un enfermo de alzhéimer en un estadio severo, y la última no la cumpliría, por ejemplo, una sociedad anónima, que no es más que una ficción jurídica. Nada impide que se atribuyan derechos a los animales y que el ejercicio de los mismos se tutele jurisdiccionalmente. Es solo una cuestión de voluntad.

El Derecho no es un hecho inamovible de la naturaleza, sino un constructo del ser humano, un instrumento organizativo que sirve a determinados fines y opera en determinadas situaciones. Los derechos subjetivos no son algo que una persona “posea” como posee un brazo, por ejemplo, sino más bien, a grandes rasgos, una relación que se establece entre el Estado y las personas, por la que aquel constriñe a estas a hacer o no hacer algo. Lo relevante aquí desde el punto de vista jurídico no es tanto el beneficio que recibe el derechohabiente como el deber que se impone a la persona obligada. El beneficiado por ese derecho no tiene por qué haber luchado por él, ni estar interesado en él, ni siquiera poder ejercerlo por sí mismo o saber de su existencia. Que un derecho existe no quiere decir más que que en una organización social determinada hay una norma que lo prescribe y un aparato represivo que lo garantiza. Esto solo describe un hecho, no prejuzga su legitimidad ética (desde luego, para que un derecho perdure en un ordenamiento jurídico ha de ser visto como legítimo por una gran parte de la sociedad en que va a ser aplicado, pero ello es meramente una cuestión práctica). Así, los esclavos negros de las plantaciones del Sur de los Estados Unidos en el S. XIX o los esclavos en la Atenas del S. V a. C. podrían haber tenido todas las aspiraciones o intereses legítimos que se quiera, pero legalmente eran individuos sin derecho alguno, mientras que sí los tenían entidades inexistentes como, en la primera organización política mencionada, las sociedades mercantiles y en la segunda, los dioses.

DOLOR: Que los animales sufren es algo que pocas personas niegan en la actualidad de una manera seria. En cambio, hay mucha gente que sostiene que ese dolor no es relevante o no lo es lo suficiente para ser tenido en consideración. El dolor es un mecanismo de defensa de los animales que se originó en los organismos más primitivos y que fue desarrollándose hasta los superiores a lo largo de la evolución. Como fundamentalmente es una experiencia subjetiva es muy difícil, si no imposible, objetivarla. No podemos conocer, porque de momento no existe forma de medirlo, la cantidad o la calidad del dolor de los individuos de otras especies. En rigor, por las mismas razones, tampoco podemos conocer esos datos en relación con otros seres humanos. El único dolor que podemos saber cómo es es el propio. El dolor ajeno solo podemos imaginarlo o deducirlo, ya sea por el testimonio del que lo padece, en caso de que pueda hablar, ya sea por indicios de cualquier clase (semejanza de la reacción ante el dolor con la que uno pueda tener, similitud de la respuesta fisiológica, etc.). No parece desacertado pensar, sobre todo en relación con animales que poseen sistema nervioso central, particularmente los mamíferos, aunque no cabe descartarlo del resto de especies, que su dolor es muy similar al del ser humano, puesto que las reacciones que se desencadenan en sus organismos (pánico, liberación de hormonas, activación de determinados centros especializados en la evitación del peligro, la huida, etc.) son equivalentes a las humanas. No en vano, la secuenciación del genoma de varios animales ha demostrado que compartimos la mayor parte del ADN con ellos. Se estima que los ratones o los cerdos se asemejan a nosotros en porcentajes elevadísimos (se utilizan válvulas coronarias de cerdo en implantes de corazón), y la comparación con gorilas o chimpancés arroja cifras próximas al 99%. Por otra parte, si bien es cierto que en el cerebro humano algunas de las funciones asociadas con el dolor se localizan en el córtex cerebral (la parte del tejido nervioso evolutivamente más moderna y la más desarrollada en los primates y especialmente en los humanos, en la que se ubican, entre otras cosas, el control de las habilidades cognitivas), también lo es que no existe evidencia de que eso implique una mayor intensidad. El cerebro es muy maleable (hay funciones que residen en determinadas regiones y, en un cerebro que las tenga dañadas, pueden ser asumidas por otras a las que en principio no les correspondería funcionalmente hacerlo) y es factible que simplemente ciertas áreas de evolución posterior hayan asumido funciones que en otros organismos realizaban otras áreas. En todo caso, cuando un chimpancé o una vaca o un humano siente miedo, se producen en áreas similares del cerebro los mismos procesos neurológicos, lo que permite pensar que provocan sensaciones parecidas.

Quedan pues atrás los tiempos en que el antropocentrismo de Descartes le hacía considerar a los animales poco más que complejos autómatas mecánicos, aunque es verdad también que esa tendencia a ignorar lo evidente, producto probablemente de un amor propio mal entendido, parece difícil de erradicar. Algunas personas que minimizan el sufrimiento de los animales establecen una serie de distinciones semánticas entre el dolor y el sufrir o incluso entre el dolor físico y el sufrir filosófico, signifique esto lo que signifique, pero, dejando aparte sutilezas bizantinas en la terminología, lo que parece admitido generalmente de manera bastante incontrovertible es que, por lo menos en el caso de los animales más modernos en la escala evolutiva, como las aves o los mamíferos (aunque cada vez hay más estudios que permitirían incluir en esto a especies evolutivamente más antiguas, como los peces) los animales son capaces de sufrimiento físico y psicológico. Las consecuencias que deban derivarse de tal cosa ya entran en el campo de la ética, pero como hecho de la realidad no tiene sentido negarlo.

ESPECISMO: Al igual que el racismo es la discriminación por causa de la raza y el machismo la discriminación por razón de sexo, el especismo es la discriminación basada en la diferencia de especie. Para los antiespecistas, el especismo es un prejuicio antropocentrista. Todos los seres vivos tienen intereses, entendidos estos como una inclinación a lo que les resulta provechoso o les beneficia y un rechazo de lo que les perjudica, y esto, ya sea tras una elaborada ponderación de los pros y los contras de lo que algo supone para ellos, ya sea producto de una pulsión íntima e irreflexiva. De hecho, los tienen tanto si son conscientes de ellos (en el sentido de poder articularlos en el pensamiento) como si no lo son. Por ejemplo, un bebé, aunque no lo sepa (de hecho, no conoce el significado de la muerte), tiene interés en seguir vivo o (aunque en el momento presente sienta bienestar y sea incapaz de imaginar lo contrario) en no sufrir dolor. Una persona especista (término no recogido en el diccionario de la RAE) considera que los intereses de un individuo de otra especie no tienen el mismo valor que los de los individuos de la especie humana. Ser animalista no implica no ser especista. Hay animalistas que consideran que los intereses de los seres humanos deben anteponerse a los de otros animales, pero eso no implica que estos últimos no sean dignos de protección. En puridad, una persona no especista sería aquella que no considera superiores los intereses (como tales: luego pueden hacerse todas las matizaciones que se quiera) de, por poner un ejemplo, un registrador de la propiedad a los de una mosca de la fruta. Esto, por supuesto, es una posición moral, lo que no implica que en la vida real a las personas no especistas no les pueda impresionar más la muerte de un vecino que la de una hormiga y que, incluso, pongan más esfuerzo en evitar la primera que la segunda. Pero esto no resta valor ético a su posición, puesto que es una pulsión muy humana (en realidad, podría decirse, muy animal) valorar intuitivamente más lo cercano que lo lejano (más la familia que el clan, el clan que la tribu, la tribu que otros grupos, la raza que otras razas, la especie que otras especies). En este sentido, la idea que pueda tener una persona que sostenga que todos los niños tienen igual derecho a la vida y que ninguno la merece más que otro no pierde valor como tal por el hecho de que esa persona, llegado el momento, ante una elección hipotética o real, salve la vida de su propio hijo, aunque sea sacrificando a dos niños desconocidos. Que el antiespecismo tenga o no base suficiente es algo que está abierto a discusión.

INDUSTRIA: El cantante Paul McCartney ha llegado a afirmar que “si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos”. Independientemente de que uno desee o no ser vegetariano, cualquier persona mínimamente sensible debería admitir que una cosa es alimentarse de otros animales y otra diferente torturar sistemáticamente al animal que uno se va a comer.

La ética capitalista-consumista y la manera en que las sociedades modernas producen en masa bienes de consumo ha llevado a deshumanizar la producción y cosificarlo todo, y ello se percibe incluso en la terminología utilizada: los trabajadores ahora son considerados, al igual que, por ejemplo, las piezas de recambio, como meros recursos de una empresa, concretamente “recursos humanos”. Esta cosificación es mucho más acusada en el caso de los animales (a fin de cuentas, los trabajadores protestan y pueden asociarse y los animales, excepto en las novelas de Orwell, no). En el tipo de producción preindustrial, las gallinas podían corretear libres por un corral y, si bien se les robaba los huevos y ocasionalmente se les cortaba el pescuezo para meterlas en el puchero, tenían una vida relativamente feliz o, cuando menos, no desgraciada. Ahora, son hacinadas en naves industriales sin ventanas (que pueden albergar hasta más de 200.000 gallinas) y previamente se les corta el pico para evitar que, debido al estrés continuo al que son sometidas, se picoteen entre sí. Pasan toda su vida en jaulas de alambre, en las que disponen de un espacio diminuto que les impide extender las alas o moverse sin subirse sobre las que tienen al lado y las obliga a defecar unas sobre otras. Son alimentadas de manera insalubre y, aunque nunca han visto la luz del día, no pueden tampoco disfrutar de momentos de oscuridad, pues se las mantiene expuestas a una luz artificial permanente para estimular la puesta. Los huevos obtenidos de una manera menos lesiva para las gallinas duplican fácilmente su precio. En la actualidad se están dando pequeños pasos para mejorar mínimamente las condiciones de cría y explotación de animales, pero como eso supone encarecimiento de los costes de producción, la normativa se incumple sin que, por lo general, se produzca ningún tipo de sanción.

Este es solo un ejemplo de cómo se trata a los animales en la industria avícola, pero lo mismo ocurre en el resto de la industria alimentaria (granjas porcinas, de ganado vacuno, etc.), sin mencionar, por ejemplo, la industria peletera, el uso de animales de tiro o la industria médico-farmacéutica. Cada año mueren más de cien millones de animales en laboratorios víctimas de vivisección y otros experimentos, en un proceso que ha venido a denominarse “el segundo holocausto”, y esto ocurre a pesar de que muchos profesionales médicos ponen en cuestión la eficacia y validez de este tipo de pruebas.

La realidad pura y dura es que en nuestra cultura se ha llegado a considerar a los animales simplemente como materia prima, como objetos, y se los trata como tales, sin consideración alguna al hecho de que son seres que sufren.

DIGNIDAD: Normalmente se niega la dignidad a los animales por considerar que esta solo es predicable de las personas. La dignidad no es más que la consideración de que alguien merece algo, es decir, es digno de algo. Ese algo concretamente es un trato benévolo y un respeto. Eso significa que la dignidad, como el deseo, reside más en el que observa (en este caso en el que debe actuar con relación a las personas) que en la propia persona deseada o considerada digna, es decir, no es un atributo natural de la persona, sino una exigencia moral que debe observar quien trata con ella. Eso no implica que, al igual que puede encontrarse un fundamento externo en la respuesta fisiológica que despierta el deseo (una mirada, un roce), no se pueda hallar también una fundamentación más o menos objetiva a la asignación de la dignidad, una razón por la que deba atribuírsele a las personas. ¿Pero cuál? La inteligencia no es lo que otorga dignidad; de otro modo, debería considerarse a los computadores, que en muchos aspectos son más inteligentes que nosotros y que en el futuro podrán probablemente serlo en todos, como sujetos dignos. Tampoco la confieren las propias acciones; si ello fuera así, una persona que cometiera delitos o se comportara reprobablemente, perdería su dignidad y se la podría tratar como a una cosa, lo cual, en una sociedad civilizada, no ocurre. Lo distintivo, lo que hace a una persona merecedora de respeto y un trato considerado, es su capacidad de sentir emociones. Concretamente su capacidad de sufrir. Una persona que no sufriera no necesitaría ser tratada con respeto o con consideración, pues no le produciría daño alguno lo contrario. La dignidad no se basa pues en la capacidad de sentir cualquier emoción, como, por ejemplo, el amor o la felicidad, sino en la capacidad de sentir sufrimiento en ausencia de esas o cualesquiera otras emociones positivas. Así que, sea cual sea la fundamentación más o menos romántica o antropocéntrica que se quiera dar a la dignidad de la persona (en general, la mayoría de la gente no exige una argumentación, sino que da por hecho platónicamente que es algo intrínseco al ser humano y no una consideración debida a este por parte de los otros seres humanos) se basa fundamentalmente en el dolor, en nuestra naturaleza de seres sufrientes. Eso no quiere decir que la inteligencia no tenga ningún papel aquí, pero lo tiene solo en cuanto a su mediación para modular o percibir el dolor, no en sí misma. Así, alguien a quien otra persona insulta se sentirá herido en su dignidad porque su inteligencia (como conducto únicamente) le ha permitido entender la palabra proferida por el otro como una ofensa y eso le ha causado un dolor o daño moral (este ahora ya sí sentimiento y por eso relevante en cuanto a su dignidad). En la medida en que esto sea correcto, no existe una razón para negar la dignidad a los animales como individuos sufrientes (ver la voz DOLOR).

ACTIVISMO: Existen personas que dedican parte de su energía, de su tiempo y de su patrimonio a luchar por los animales. Aunque mucha gente y algunos gobiernos los consideran poco menos que terroristas (se ha acuñado, por ejemplo, la palabra ecoterrorista), estas personas no solo son generosas, sino valientes, pues en ocasiones se juegan su integridad física o la posibilidad de entrar en prisión (algunos de sus actos incluyen el rescate de animales de granjas en los que son torturados o de laboratorios de vivisección), y se han dado casos en que los activistas han muerto en el ejercicio de estas acciones. A nivel global, cabe nombrar organizaciones como la ONG PETA, People for the Ethical Treatment of Animals (Personas por el Trato Ético de los Animales), que organiza manifestaciones y protestas o implementa impactantes campañas publicitarias, o el ALF, Animal Liberation Front (Frente de Liberación Animal), que utiliza la acción directa y el sabotaje de instalaciones. En España existen muchas asociaciones animalistas (señaladamente Igualdad Animal) e incluso un partido político, el PACMA (Partido Animalista Contra el Maltrato Animal), que en las elecciones generales de 2016 consiguió casi 300.000 votos para el Congreso de los Diputados y más de 1.200.000 para el Senado. El activismo en el Estado español está creciendo ininterrumpidamente, lo que ha alertado a los grandes poderes con intereses en la explotación animal, que han reaccionado poniendo en marcha todos los mecanismos a su alcance para combatirlo (jurídicos, políticos, prensa, etc.). Existen asimismo varios santuarios para animales, en los que se recoge y cuida a animales de varias especies (cerdos, vacas o gallinas rescatados de granjas, monos liberados de laboratorios experimentales, perros abandonados, caballos, etc.), que conviven juntos y se relacionan entre ellos como en una especie de edén previo al pecado original, en el que según se nos cuenta, los animales confraternizaban y vivían unos con otros en paz.

PRACTICIDAD: El animalismo, como se ha indicado, busca la defensa y el bienestar de los animales, pero existen razones de otra índole que aconsejan la limitación del consumo de carne y que hacen que cada vez más personas, no por motivos caritativos o de solidaridad con los animales, sino puramente prácticos, decidan eliminar o reducir la carne de su dieta. Algunas de esas razones son: la salud (la OMS considera el consumo de carne procesada cancerígeno y probablemente también el consumo de carne roja, y que, en general, una dieta rica en carne de cualquier tipo de ganado provoca obesidad y enfermedades cardiovasculares); la conservación de hábitats de gran valor ecológico (informes de Greenpeace señalan que la ganadería industrial es la primera causa de deforestación en la Amazonia); el freno del cambio climático (como es sabido, el ganado, especialmente el bovino, es responsable de un alto porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero); la protección de los recursos hídricos; la evitación de la degradación de los suelos; la defensa de la biodiversidad, etc.

FUTURO: La barbarie ha sido una de las grandes protagonistas en la larga crónica de la humanidad. Aún no están escritas las páginas de lo venidero y no sabemos si la escribirán los defensores de los animales o sus adversarios. Como la historia nos enseña que la involución o incluso el hundimiento civilizatorio pueden ocurrir, no existe ninguna garantía para que pensemos que va a prosperar el intento de erradicar el mayor dolor posible del mundo y ampliar el respeto y trato benevolente a todos los seres capaces de sufrir, máxime cuando la violencia intraespecífica es el pan cotidiano de los miembros de la especie humana, que explotamos diariamente con nuestros actos y forma de vida a los propios miembros de nuestra especie sin pestañear. No obstante, sí hay razones para albergar cierto optimismo, puesto que cada año aumenta la cantidad de personas que ponen en cuestión el uso y el abuso de los animales, así como se incrementa el número de vegetarianos en el mundo (se ofrecen cálculos que oscilan alrededor de 500 millones de personas). La tecnología creciente puede ser un enorme aliado para el animalismo, no solo por la posibilidad de transmitir sus postulados a través de internet, sino por los avances de todo tipo que puedan repercutir en el bienestar de los animales, especialmente en el campo de la nutrición (extensión y mejora de los alimentos ecológicos y sostenibles, producción de carne cultivada a través de células madre, etc.).

Quizá llegue un día no lejano en que, con sus actos, los seres humanos acaben dejando obsoleta aquella frase que en su día escribió el autor checo Milan Kundera y que, desafortunadamente, en la actualidad mantiene intacta toda su vigencia. Reza así: “El verdadero examen moral de la humanidad consiste en su actitud ante los animales. Y en este sentido, los hombres han sufrido una derrota tan fundamental que todas las demás derrotas provienen de ahí”.

20/8/2017

Javier Gimeno Perelló

Acercar el libro a todos los rincones de España: las bibliotecas de las Misiones Pedagógicas

En los comienzos de la II República apenas existían bibliotecas en España, tan sólo en dos regiones: Cataluña, con dos bibliotecas creadas por la Mancomunidad: la propia Biblioteca de Cataluña y la Escola de Bibliotecaries, primera escuela universitaria para la enseñanza de la biblioteconomía; la otra región era Asturias, cuyas bibliotecas no fueron creadas por la Administración sino por colectivos de trabajadores, sindicatos, ateneos y casas del pueblo y otras asociaciones, fundaciones y entidades de carácter social. En esta región es forzoso mencionar la biblioteca popular circulante de Castropol, localidad en los años 30 de 8.000 habitantes, creada en 1922 por un grupo de estudiantes universitarios, como ejemplo de lo que quisieron ser muchas de las bibliotecas creadas por la República. La de Castropol era un verdadero centro cultural surgido en torno a la biblioteca, donde se representaban obras de teatro, se realizaban audiciones y conciertos musicales, se montaban exposiciones, se pronunciaban conferencias, se hacían coloquios y mesas redondas, múltiples actividades pedagógicas y lúdicas de difusión del libro y fomento de la lectura, se publicaban diarios y revistas, y un largo etc. Contaba con el apoyo de sociedades cívicas de diversa naturaleza, ayudas económicas de personas adineradas amantes de la cultura y, muy especialmente, de muchos castropolenses que emigraron a América a hacer fortuna, y la hicieron, a quienes a su vuelta se conocían como indianos. No en vano, Bartolomé Cossío llegó a desear públicamente “mil castropoles en España”. En el resto de España, las pocas bibliotecas que había procedían de colecciones producto de la desamortización, con libros de escaso valor literario, científico, de divulgación o bibliotecario, por ser, o bien obsoletos, o bien textos en latín (muchos eclesiásticos) u obras en otros idiomas, o malas traducciones.

Las bibliotecas de las Misiones Pedagógicas, por especial empeño de su fundador Bartolomé Cossío, fue una de sus grandes misiones. Para Cossío, no había nada mejor para educar deleitando que el de difundir por toda España el placer de leer. El ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, advertía que “no basta construir escuelas para que se cumpla plenamente el desenvolvimiento cultural que España necesita. Urge… divulgar y extender el libro”. A pesar de expresar su confianza en los grandes resultados que alcanzará la política republicana de dotar de escuelas públicas a todos los pueblos de España, reconocía la enorme carencia de algo que consideraba imprescindible: “pequeñas bibliotecas rurales que despierten, viéndolas, el amor y el afán del libro; que hicieran el libro asequible y deseable; que lo lleven fácilmente a todas las manos”.

Asume el ministro con sus palabras el espíritu de las Misiones que consagrara su fundador: llevar al mundo rural y a sus rincones más alejados y recónditos el amor al saber y al conocimiento mediante el placer de la lectura. La biblioteca, para la República, podía llegar a “ser un instrumento de cultura tan eficaz o más eficaz que la escuela… y muy especialmente en el medio rural, donde sus gentes, sobre todo las personas adultas, nunca han ido ni tendrán ya oportunidad de ir a la escuela, ni aprenderán a leer muchas de ellas”. Pero la lectura en voz alta, primero, de los misioneros, después, de los hijos escolarizados de los campesinos, les abriría las puertas de su imaginación y de otras realidades y conocimientos que de otro modo

nunca adquirirían, descubriendo el placer, no de leer, pero sí de escuchar lo que cuentan los libros en la voz de sus hijos. Los niños y jóvenes del mundo rural sí podrán experimentar por sí mismos el gusto y el placer por los libros y por la lectura porque serán ellos quienes descubran los tesoros ocultos en sus páginas, dando rienda suelta a su imaginación y a su fantasía. Nada de todo esto sería posible sin una biblioteca escolar que hiciera a su vez el papel de biblioteca de lectura pública y de préstamo para todos los vecinos del pueblo, sean aquéllos niños o mayores, mujeres u hombres. La biblioteca rural iba a convertirse, por consiguiente, en el instrumento más eficaz para hacer cumplir la máxima de la República: “acercar la ciudad al campo con objeto de alegrar, humanizar y civilizar el campo”.

Para la República era una prioridad que todos los españoles, especialmente los niños y jóvenes supieran leer, y en la medida de lo posible, todos los adultos que quisieran y pudieran, a pesar de que para muchos, en especial los campesinos, era una tarea difícil, por no decir imposible, debido a las duras condiciones que las faenas del campo imponen a sus labriegos, en jornadas de sol a sol de lunes a domingo. Por ello, tan importante como saber leer era tener motivación para la lectura y “despertar el afán de leer entre los que no lo sienten”.

El antecedente más inmediato de las bibliotecas de las Misiones Pedagógicas fue la constitución de una comisión, a través de una Real Orden de 6 de marzo de 1931, para la organización de una misión dirigida a las escuelas rurales con el objeto de llevarles los nuevos métodos pedagógicos. Esta Orden no llegó a llevarse a efecto, debido a los convulsos acontecimientos políticos del momento, que culminaron con la proclamación de la II República un mes y unos días después.

El Gobierno de la II República instauró dos tipos de bibliotecas: las municipales y las de Misiones Pedagógicas. El Ministerio de Instrucción Pública crea la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas (JIAL), con un presupuesto de 600 mil pesetas para adquisición de libros, partida que contrasta con la destinada en 1930 por el Gobierno anterior, bajo el reinado de Alfonso XIII, de 35 mil pts.

Para la creación de bibliotecas, el Patronato disponía en sus inicios de un presupuesto inicial de 100 mil pesetas, cantidad que supone un tercio de su asignación total. Para su desempeño, contaba con el Museo Pedagógico Nacional o el propio Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y la JIAL, y, fundamentalmente, con el Servicio de Bibliotecas, coordinado por el poeta Luis Cernuda, los bibliotecarios María Moliner y Juan Vicens de la Llave y el inestimable apoyo de María Zambrano, Pedro Salinas, Rafael Alberti o García Lorca. Este servicio fue el más importante de los siete que tenía el Patronato, y el mejor dotado económicamente, con cerca del 60 % de su presupuesto en sus tres primeros años, lo que permitió la creación hasta junio de 1936 de 5.522 bibliotecas, la mayoría en localidades de menos de cinco mil habitantes, muchas tan solo entre cincuenta y doscientos.

Este presupuesto no comprendía únicamente la adquisición de libros, sino también otros aspectos esenciales como embalaje y portes, encuadernación, talonarios para el recuento estadístico de lecturas y lectores, carnés de biblioteca, señaladores, etc. Desafortunadamente, el ritmo de creación de bibliotecas no fue siempre el mismo. Los gobiernos republicanos conservadores aplicaron desde 1935 drásticos recortes presupuestarios a las partidas

destinadas a cultura, hecho que llevó a Américo Castro a llamarles dinamiteros de la cultura en un artículo publicado en el periódico El Sol.

Las bibliotecas de las misiones eran de dos tipos: fijas y ambulantes. El Servicio de Bibliotecas del Patronato contó con la colaboración de los propios ayuntamientos y otros organismos provinciales y locales, así como de la ayuda altruista de particulares. Cualquier alcalde de cualquier municipio, sin importar el tamaño o número de habitantes, podía solicitar a la JIAL o al Servicio de Bibliotecas lotes de libros para organizar una biblioteca municipal, con la única condición de disponer de un local, por modesto que fuere, pero mínimamente acondicionado, y una persona que, normalmente de forma voluntaria, se hiciera cargo de la biblioteca: por lo general, el maestro, pero en otros casos se encargaba el portero del ayuntamiento, un jardinero municipal en pueblos donde había, amas de casa también o el propio secretario de la corporación. Casi nunca bibliotecarios profesionales porque, entre otras razones, únicamente había 126 en toda España. Los encargados de las bibliotecas, incluidos los maestros, no recibían una mínima formación técnica en materia de organización bibliotecaria, razón por la cual aquéllas adolecían de importantes deficiencias, como una mala clasificación de los libros y, en general, múltiples defectos organizativos, a pesar de la supervisión que llevaban a cabo los bibliotecarios profesionales colaboradores en las misiones, como los mismos Juan Vicens, María Moliner o Teresa Andrés. Habitualmente, la JIAL se ocupaba de coordinar las bibliotecas de las ciudades y poblaciones grandes, mientras que el Servicio de Bibliotecas era el encargado de crear y supervisar las bibliotecas de pueblos y aldeas más pequeñas.

Por otro lado, la contribución de las instituciones municipales y provinciales a las bibliotecas de las misiones no siempre fue la esperada y para evitar la falta de colaboración de algunas de ellas, presididas por políticos conservadores la mayoría, el Ministerio de Instrucción Pública promulgó una Orden de 25 de abril de 1932 por la que regulaba el régimen de funcionamiento de las bibliotecas creadas por las misiones. Esta disposición obligaba a todos los ayuntamientos y diputaciones a contribuir económicamente al mantenimiento y a la mejora de las bibliotecas, suministrando el Patronato una lista de recomendaciones bibliográficas para su futura compra.

Así, la República estaba empeñada en dotar a todas las escuelas rurales de bibliotecas. Bibliotecas que, como señalábamos antes, no fueran sólo de uso de la escuela, sino también de todos los habitantes de los pueblos, de manera que cualquiera con su carné de socio pudiese tomar libros prestados para su casa.

Para no abrumar con las cifras, señalaremos algunas de las más significativas:

- Entre 1932 y 1933, las bibliotecas rurales –siempre bajo la supervisión del Patronato de Misiones- contaron con 467.775 lectores, de los cuales, más de la mitad eran niños: 57,5% (269.325), teniendo en cuenta que se trataba de bibliotecas escolares, aunque hacían también la función de bibliotecas públicas. - Si nos atenemos al número de lecturas, es decir, tanto los libros prestados como los leídos en la propia biblioteca, el número se eleva en ese período a más de dos millones (2.196.495 lecturas), de las cuales, bastante más de la mitad fueron infantiles: 64% (1.405.845)

Eran los inspectores de enseñanza los responsables de hacer la selección de los libros para comprar y los maestros los principales bibliotecarios, encargados de expedir carnés a los socios de la biblioteca, catalogar los libros o llevar el registro de préstamos, todo ello bajo la supervisión del Consejo Local de Primera Enseñanza, que, a su vez, organizaba actividades pedagógicas – conferencias, coloquios sobre libros-, pero también lúdicas -rifas, fiestas, concursos-, para estimular y fomentar los libros y la lectura entre los vecinos.

La selección de libros no era tarea sencilla, habida cuenta del heterogéneo público al que iban destinados: desde mujeres rurales y campesinos, la gran mayoría analfabetos o semianalfabetos, hasta niños y jóvenes, escolarizados muchos pero otros con un nivel muy bajo de asistencia a la escuela por la necesidad de acudir a las labores del campo con sus progenitores. La mayor parte de los futuros usuarios de las bibliotecas que sabían leer, o bien no habían leído un libro en su vida, o no estaban acostumbrados a una lectura continua, de manera que les costaba comprender el significado de un texto. En un principio, se clasificaban los libros en dos grandes categorías para cada uno de los grupos de edad: para los niños se seleccionaban obras de autores clásicos de cuentos y narraciones infantiles, como Perrault, los hermanos Grimm, Andersen, así como adaptaciones de otros clásicos como Homero, Dante, Cervantes, Quevedo, Allan Poe, Julio Verne; o biografías de grandes personajes como Napoleón, Alejandro Magno, Marco Polo, así como poesías del Romancero, Manrique, Larra, Bécquer, o de poetas contemporáneos como Antonio Machado, Lorca, Juan Ramón Jiménez, etc., además, obviamente, de libros sobre historia, arte, de viajes, leyendas… Para los adultos, además de muchas de las obras seleccionadas para niños, se incluían muchas otras clásicas y contemporáneas, desde la propia Ilíada y Odisea hasta el Quijote, Fuenteovejuna o La vida es sueño, pasando por Goethe, Voltaire, Dickens, Byron, Shakespeare, Dostoievsky, Tosltoy y un largo etcétera, sin olvidar, desde luego, ensayos y otros textos de filosofía, historia, geografía, sociología, política, arte, pedagogía…

María Moliner

No queremos terminar este artículo sin referirnos a la excelente bibliotecaria, misionera y lexicógrafa María Moliner. Su extraordinaria labor al frente de la Delegación de las Misiones Pedagógicas en Valencia atestiguan su vocación bibliotecaria y su ingente valía personal y profesional. Autora del Diccionario de uso del español –obra que redactó ya en el desgarro de su exilio interior en plena dictadura-, lo fue también del mejor plan de organización de bibliotecas de España, por el cual se creaba una red bibliotecaria a partir de las 115 bibliotecas establecidas en 1935 por el Patronato de Misiones Pedagógicas en la región valenciana. Con su biblioteca central en Valencia, se encargada de la coordinación de los servicios, que incluía a su vez la creación de una Escuela para bibliotecarios rurales, en colaboración con la Escuela Normal de Maestros, lo que permitía que los futuros enseñantes pudieran formarse también en técnicas bibliotecarias o biblioteconomía, de modo que en un futuro cercano pudieran encargarse de las bibliotecas de la red. La biblioteca central además contaría con una sección infantil y otra especializada en obras de pedagogía, y funcionaría también como biblioteca pública, con una colección de 400 libros. Para el funcionamiento eficaz de estas bibliotecas rurales escribió unas Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas, publicadas en 1937, y muy apreciadas tanto en España como el extranjero. El plan de María Moliner se anticipaba en decenios a las modernas redes informatizadas de bibliotecas que hoy tenemos.

Su fin era crear una organización bibliotecaria, extensible a otras regiones, donde las bibliotecas rurales tuvieran una misión preponderante, coordinadas en red por una biblioteca central que permitiese a cualquier lector, sin importar su lugar de residencia, obtener cualquier libro de cualquier biblioteca de la red –lo que los bibliotecarios llamamos préstamo interbibliotecario-. Esta experiencia sería fundamental para la posterior redacción del ambicioso Proyecto de Bases de un Plan de Organización General de Bibliotecas del Estado, que la victoria del bando faccioso le impidió ver la luz.

Otro gran bibliotecario, director de la biblioteca de la Universidad Central de Madrid, Javier Lasso de la Vega, predijo que “sin libros, sin prensa, ni bibliotecas, España no podrá ser un país democrático, jamás”. Él mismo tuvo ocasión de comprobar lo acertadas que llegarían a ser sus palabras.

Referencias bibliográficas

BOZA PUERTA, M y SÁNCHEZ HERRADOR, M.A.: Las bibliotecas en las Misiones Pedagógicas. Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 74, marzo 2004, pp. 41-51

CALVO, B; SALABERRÍA, R., eds: Biblioteca en guerra. Madrid: Biblioteca Nacional, 2005

FAUS SEVILLA, P.: La lectura pública en España y el Plan de Bibliotecas de María Moliner. Madrid: Anabad, 1990

GÁLLEGO RUBIO, C., MÉNDEZ APARICIO et. al.: Historia de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid: Ed. Complutense, 2007

GÁLLEGO RUBIO, C.: Juana Capdevielle San Martín: Bibliotecaria de la Universidad Central. Madrid: Ed. Complutense, 2010

GIMENO PERELLÓ, J.: Esbozo de una utopía: las Misiones Pedagógicas de la II República española (1931-1939). En: F@ro: revista teórica del Departamento de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Playa Ancha (Chile) ISSN-e 0718-4018, Nº. 13, 2011

Id.: Por terrenos labrantíos: las Misiones Pedagógicas de la II República. En: e-CO: revista digital de educación y formación del profesorado. ISSN 1697-9745. Nº 14, 2017

MOLINER, M.: Apuntes de María Moliner sobre las bibliotecas de Misiones. España (op.cit.): Las Misiones Pedagógicas, 2006, pp. 318-326. [En línea]. [Consulta: 13/02/2017]. Disponible en: http://www.residencia.csic.es/misiones/sedes/inicio.htm

Ibid.: Proyecto de Bases de un Plan de Organización General de Bibliotecas del Estado. Valencia: Oficina de Adquisición de Libros y Cambio Internacional, 1939. [En línea]. [Consulta: 06/02/2017]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/224113.pdf

Ibid.: Bibliotecas rurales y redes de bibliotecas en España. Madrid; Barcelona: II Congreso internacional de bibliotecas y bibliografía, 1935

PATRONATO DE MISIONES PEDAGÓGICAS: Memoria del Patronato de Misiones Pedagógicas, sept. 1931-dic. 1933. Madrid, S. Aguirre impr., 1934. [En línea]. [Consulta: 10/02/2017]. Disponible en: http://laescueladelarepublica.es/wp-content/uploads/2015/10/patronato-misiones.pdf

PÉREZ IGLESIAS, J.: Nos enterró el olvido: Exposición Biblioteca en Guerra. Biblioteca Nacional, del 14 de noviembre de 2005 al 19 de febrero de 2006. En: Educación y Biblioteca, 151, 2006. [En línea]. [Consulta: 20/02/2017]. Disponible en http://eprints.rclis.org/12249/1/Nosenterroelolvido.pdf

SALABERRÍA Lizarazu, R.: Las bibliotecas de Misiones Pedagógicas: medio millón de libros a las aldeas más olvidadas. España: Las Misiones Pedagógicas (op.cit.), pp.302-318.[En línea]. [Consulta: 13/02/2017]. Disponible en: http://www.residencia.csic.es/misiones/sedes/inicio.htm

TORRES SANTO DOMINGO, M.: La Biblioteca de la Universidad de Madrid durante la Segunda República y la Guerra Civil. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense, 2011. [En línea]. [Consulta: 14/02/2017]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/14119/1/BHTD6.pdf

Id.: Libros que salvan vidas, libros que son salvados: la Biblioteca Universitaria en la Batalla de Madrid. Calvo, B; Salaberría, R., eds: Biblioteca en guerra (op.cit.). [En línea]. [Consulta: 13/02/2017]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/9464/1/LIBROS_QUE_SALVAN_VIDAS_2.pdf

[Javier Gimeno Perelló es bibliotecario de la UCM]

8/2017

El extremista discreto

El Lobo Feroz

Xenofobia

A raíz de los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils, al lado de una respuesta mayoritaria muy sensata respecto de las comunidades de origen árabe, que también padecen intensamente sus consecuencias, y también de estas mismas, se han dejado sentir actividades racistas, antiislámicas o anti-árabes, con cierto renacer de grupos que se retratan como de Falange española (!), o del Ku-Klux-Klan (eso viene con Trump!!!). Lo que me induce a escribir ahora es sin embargo el que una persona mayor, en el puerto de Sagunto, haya agredido sin más a un niño árabe solo por serlo, pegándole patadas y llamándole moro de mierda.

Sí: no carece de importancia la reacción de alguna gente que quiere que se vayan.

Son gente que se considera dueña exclusiva del territorio peninsular. Pero también son personas que usan 'ojalá', 'cifra, 'alacena' 'almirez', 'almizcle', 'hola', 'olé' 'destartalado', 'escabeche' y tantas otras palabras que por algo están en la lengua castellana, de la misma manera que Madrid, Albarracín, Alcalá, Guadiana y Guadalquivir, Alcántara, Zafra, Alcázar, Albaicín, y tantos otros topónimos están en nuestra geografía. Esos del que se vayan son analfabetos funcionales, y con toda probabilidad portadores de una psique retorcidamente atormentada y por ello peligrosa.

Esa gente, esa gentuza de la extrema derecha, es lo más representativo de la España negra. Una de esas Españas incapaz de comprender que la cima de nuestra civilización específica está en el siglo XV, gracias a que cristianos, árabes y judíos convivieron con mutuo provecho y fecundidad para todos. En el origen de las Españas negras, en cambio, están los Reyes Católicos, con los decretos de expulsión de los judíos, y los Austrias, especialmente Felipe III, que añadieron a esa ignominia la expulsión de los moriscos (expresamente aplaudida en su día por los consellers barceloneses, hay que decirlo). Todo por unificar las creencias de los súbditos en torno a una religión supuestamente cristiana, apoyada por las torturas y las hogueras de la Inquisición.

Nuestros conciudadanos sefarditas aún andan dispersos, para vergüenza nuestra.

De orígenes hebreos o moriscos son algunos de los grandes nombres de nuestra cultura: Fernando de Rojas, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz. El rechazo a las leyes de expulsión y la mofa y el lamento de sus consecuencias en la sociedad española está presente en Cervantes desde las primeras líneas del Quijote.

Es seguramente una coincidencia que en Alcanar, en cuyo puerto de els Alfacs fueron obligados a embarcar los últimos moriscos de Aragón y Cataluña, se prepararan los atentados de Barcelona y Cambrils.

Lo que debiera preocuparnos de veras son nuestros propios comportamientos. Salvo en la escuela, probablemente la comunicación intercomunitaria es muy deficiente. También conviene reflexionar sobre nuestra propia historia. La catástrofe trágica de la guerra civil acaso alza un muro que disminuye la visión de otras tragedias más antiguas: las guerras civiles carlines del siglo XIX, la brutal represión a sangre y fuego de las ideas liberales por Fernando VII, las consecuencias de la amputación de millones de personas de la comunidad española por la decisión política de expulsarles. A la Inquisición hay que añadir otras inquisiciones: el cardenal Cisneros, quemando todos los escritos en lengua árabe que había en Granada, anticipa las quemas de libros de los nazis.

Por mi parte sólo puedo decir que no quiero tener que ver con nada de eso; que los Lobos árabes o africanos siempre serán bienvenidos en mi madriguera. Los estragos que el terrorismo puede causar se sitúan en un escenario en cuyo fondo están, en casa, los apartheids de los inmigrantes de diferentes culturas, y, fuera de casa, las guerras, porque una cosa está en el origen de la otra. No somos inocentes del todo. Sobre todo por las alianzas militares de nuestros gobiernos, y por sus andanzas, y por sus reverencias a los matones yankis, que no hemos conseguido impedir. Que muchos no han pensado siquiera en impedir.

Si vives en Europa, tienes terrorismo, y te puede tocar a ti; si vives en Iraq, Siria, Libia, Palestina, Afganistán.., tienes terror, y tratas de huir con vida abandonándolo todo.

25/8/2017

De otras fuentes

Alberto Garzón Espinosa

Llamazares y la honestidad política

Estos días hemos conocido que Gaspar Llamazares ha fundado un nuevo partido político, que tiene vocación electoral, y también hemos sabido que se lo comunicó a Pedro Sánchez en una reunión privada que tuvo lugar a mediados de julio.

En primer lugar, llama la atención ese gesto de cordialidad con el líder del PSOE, porque tanto Ramón Argüelles, coordinador de IU Asturias, como yo mismo, coordinador de IU Federal, nos hemos enterado de los planes de Llamazares por la prensa. Desde luego, lo más grave es que la militancia de IU tampoco sabía nada. Y ya me diréis qué hay de normal en que los dirigentes de otro partido político se enteren antes que la propia gente a la que se representa como cargo público. Es verdad que todos intuíamos que algo se tramaba, pues veíamos ciertos indicios en los medios de comunicación, pero Llamazares, que lleva meses sin ir a las reuniones de IU Federal, no ha dado nunca ninguna explicación ni a la militancia que le hizo candidato ni a los órganos de IU a los que debería representar.

En segundo lugar, es de sobra conocido que Llamazares discrepa de la posición política de Izquierda Unida. Esto es totalmente legítimo, pues nuestra organización es plural y diversa y así ha de seguir siendo. La clave es que tomamos las decisiones colectivamente, y en la última asamblea federal de IU la candidatura de Llamazares obtuvo un 4% de los votos mientras que la que representa a la actual dirección obtuvo un 75%.

En tercer lugar, y a pesar de ese porcentaje de representación, Llamazares tiene una enorme presencia en medios de comunicación. A diferencia de lo que ocurre con cualquier otro cargo público de IU, esta presencia mediática no está coordinada con la dirección federal. Por decirlo de una forma breve: él va a su bola. Y no son pocas las ocasiones en las que Llamazares aprovecha esas oportunidades para criticar a su propia organización, sabiéndose aplaudido por quienes siempre buscan atacar a IU y al PCE. No parece la mejor estrategia para fortalecer a la organización ni para unir a la izquierda.

En cuarto lugar, las críticas de Llamazares a la dirección de IU suelen ser que nuestra organización va a desaparecer, o incluso que ya lo ha hecho, "liquidada" por Podemos. Da igual cuantas veces neguemos esa acusación, y da igual cuantas veces demostremos que IU tiene futuro para años y, además, un gran futuro si trabajamos con acierto. En este tema, Llamazares, erre que erre. Y no me negaréis que resulta cuando menos curioso que quien nos acusa de liquidar a IU monte otro partido, al margen de IU, que puede llegar a competir contra IU. Hace poco, otro excoordinador crítico con "la liquidación de IU", Diego Valderas, también aceptó un puesto político en el Gobierno del PSOE de Susana Díaz. Por suerte, la presión de mucha gente, también de su propia gente, le hizo reconsiderar la decisión. Pero vamos, vaya con el patriotismo de partido y la lealtad.

En quinto lugar, supongo que si uno tiene ya decidido marchase de su organización lo mejor que puede hacer, pensando exclusivamente en uno mismo, es criticar sin freno a su organización para que así alguien pueda creerse que está justificada la salida. Cuando ese hecho se produce finalmente la actitud se suele denominar "fe de los conversos". Y lo hemos padecido mucho en IU. Pero eso significa que lo afirmado carece de todo ápice de credibilidad. La fundación del nuevo partido de Llamazares hace que, para mí al menos, sus comentarios sobre IU no tengan definitivamente ninguna credibilidad. Está construyendo las excusas para irse.

En último lugar, un recordatorio. En IU hemos pasado años muy difíciles, como recordamos en nuestro balance anual de 2017 —que Llamazares no votó porque no acudió a la reunión—, y nos encontramos ahora en plena fase de recuperación. Ocho diputadas, dos senadoras, 20.000 militantes y 40.000 simpatizantes, más miles de cargos públicos por toda España son la base más activa que tenemos para seguir defendiendo una causa que consideramos justa: la del socialismo. Y seguiremos creciendo. Al fin y al cabo, lo que la historia reciente ha demostrado, también en IU, es que ninguna aventura personal o privada puede doblegar un proyecto con tanta fortaleza y con tanta razón.

Salud y República.

[Fuente: eldiario.es]

10/8/2017

Ignacio Sánchez-Cuenca

¿Y si ponemos el terrorismo en perspectiva?

En los países occidentales hemos ido estableciendo unas rutinas políticas y sociales ante los atentados yihadistas. Cada vez que los yihadistas consiguen sus fines letales, la opinión pública se estremece y se pone en funcionamiento un mismo ciclo: programas especiales en la televisión y la radio, páginas y páginas dedicadas al asunto en los diarios, muestras de compasión y solidaridad de la sociedad civil, ruedas de prensa de los responsables del orden público, alabanzas a los cuerpos policiales, endurecimiento de los protocolos de seguridad, declaraciones múltiples e idénticas de los políticos, manifestaciones y proclamas unitarias, ataques de algunos extremistas a mezquitas, la reivindicación de turno de ISIS o de Al Qaeda y las salidas de tono de algunos periodistas e intelectuales que suben peligrosamente la temperatura de las redes sociales.

Hemos sido testigos de este carrusel en numerosas ocasiones desde el 11 de septiembre de 2001. Lo hemos visto en Nueva York, en Madrid, en Londres, en París, en Bruselas, en Niza, en Manchester, en Berlín y, hace unos días, también en Barcelona. El radio geográfico de atención suele llegar (aunque con menor intensidad) hasta Estambul, ciudad que ha sufrido numerosos ataques indiscriminados en estos últimos años. Más al Este o más al Sur, los coches bomba y los atentados suicidas que causan decenas o centenares de víctimas mortales son solamente incidentes dentro de conflictos que nos quedan muy lejos y que se nos antojan infernales (en Afganistán, Siria, Irak, Sudán, Nigeria, etc.). Estos otros atentados conforman nuestra mala conciencia: no somos capaces de reaccionar con la indignación y empatía que mostramos cuando los atentados ocurren en países occidentales.

Quisiera escapar de este ciclo repetido tantas veces. Vaya por delante, por supuesto, que yo también me siento estremecido y horrorizado por el ataque terrorista de Barcelona. Pero no creo que mis sentimientos de dolor e indignación merezcan el interés de nadie. Me gustaría más bien incidir en dos cuestiones que, en buena medida, rebajan el alarmismo que se crea en las sociedades occidentales cada vez que se produce un ataque terrorista yihadista.

En primer lugar, es importante tener en cuenta la magnitud del fenómeno. Estos días se está discutiendo mucho sobre el miedo (que si debemos tener miedo o no, que si el miedo es el triunfo de los terroristas, etc.). John Mueller es un experto norteamericano en cuestiones de seguridad. A su juicio, hay una colusión entre expertos en terrorismo, cuerpos policiales, medios de comunicación y políticos para exagerar el peligro de los atentados. Todos ellos ganan explotando el terror de los ataques yihadistas: más dinero para investigación en seguridad, mayor presupuesto para servicios de inteligencia, mayor audiencia para los medios, mayor facilidad para introducir medidas represivas, etc. Cuando se producen los ataques, los expertos salen a la palestra presentando un panorama apocalíptico en el que los terroristas están a punto de dominar la tecnología nuclear y bacteriológica, en el que cualquier vecino con la piel más oscura que la nuestra puede “radicalizarse” y realizar atentados monstruosos que acaben con nuestra “forma de vida”.

Mueller lleva años insistiendo en la necesidad de que conozcamos los riesgos objetivos de morir por diversas causas. Así, en Estados Unidos, la probabilidad anual de perder la vida como consecuencia de un accidente de tráfico es 1/8.200; la probabilidad de ser víctima de un homicidio es 1/22.000; la probabilidad de morir en un accidente en la bañera es 1/950.000; la probabilidad de morir en el coche chocando con un ciervo es 1/2.000.000; y la probabilidad de morir en un atentado terrorista (de cualquier tipo) es 1/4.000.000 (tomando como referencia el periodo 1970-2013 que incluye el 11-S). Sí, han leído bien: es Estados Unidos es más probable morir cayéndose en la bañera o chocando con un ciervo que en un atentado terrorista. Lo mismo sucede en Europa (aunque aquí no tengamos tantos ciervos).

En el debate sobre la inmigración, se insiste una y otra vez en que la gente sobreestima enormemente la presencia de inmigrantes en su país. Este dato se utiliza para desmontar los prejuicios xenófobos. Muchas personas creen que los inmigrantes son entre el 20% y el 30% de la población, cuando su presencia en Europa suele estar entre el 10% y el 15%. Algo similar debería hacerse con el riesgo del terrorismo: políticos, expertos y medios contribuyen a que se magnifique el impacto real del terrorismo, creando una alarma social innecesaria.

Estos datos no implican que debamos desentendernos de la amenaza terrorista, pero quizá sí contribuyan a relativizar el problema y entender que los países occidentales están sobre-reaccionando. Por supuesto, la condición para que el terrorismo sea un riesgo muy bajo es que los cuerpos de seguridad hagan su trabajo, pero eso puede conseguirse sin dar tanto protagonismo político al terrorismo.

En segundo lugar, conviene saber también que los datos son concluyentes en cuanto a la efectividad del terrorismo: los terroristas casi nunca alcanzan sus objetivos. Las investigaciones de Max Abrahms, Audry Cronin y otros especialistas muestran que el terrorismo fracasa en más de un 90% de ocasiones. Su tasa de éxito es mucho más baja que la de las guerrillas tradicionales que ocupan un territorio y se enfrentan a un ejército estatal. El terrorismo anarquista de finales del XIX, el terrorismo revolucionario de los años 1970s-1980s (Brigadas Rojas, Facción del Ejército Rojo, GRAPO, etc.), el terrorismo nacionalista (ETA, IRA, Hamas, Al Fatah), apenas tiene logros políticos en su haber más allá de crear movimientos sociales que no existían antes de que estos grupos surgieran.

Es lógico que sea así: el terrorismo suele ser una respuesta de última instancia, la táctica que utilizan los grupos más débiles, con menor apoyo popular. Por decirlo brevemente, el terrorismo es cosa de perdedores. Precisamente porque no tienen recursos para organizar un desafío de mayor ambición, se contentan con realizar ataques que sean compatibles con su condición clandestina o secreta. De ahí que ISIS incremente sus ataques terroristas en el extranjero cuando su poder territorial se ve mermado.

En el caso de los yihadistas residentes en Europa, su probabilidad de éxito es nula: ni siquiera conforman organizaciones que puedan mantener una campaña continuada en el tiempo (como podía hacer ETA o incluso el GRAPO). En este sentido, el terrorismo yihadista que sufrimos en Europa parece tan precario como el de los anarquistas del periodo 1875-1925: eran capaces de cometer atrocidades tremendas (la bomba del Liceo de Barcelona, que mató a 22 personas en 1893; el atentado contra Alfonso XIII, que acabó con la vida de otras 26 personas en 1906), pero nunca tuvieron, ni de lejos, capacidad para quebrar el orden social y político.

En fin, el riesgo que representa el terrorismo yihadista en las sociedades occidentales es pequeño (lo que no impide que cada tanto se puedan producir matanzas trágicas como la de Barcelona) y su probabilidad de éxito es prácticamente nula. Siendo así, ¿no cabría esperar algo más de contención en la reacción política y mediática? No digo, ni mucho menos, que no haya que informar de estos ataques, ni que los políticas deban mantenerse al margen, pero ¿realmente está justificado que demos un protagonismo tan desmedido a los atentados yihadistas?

[Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid]

[Fuente: ctxt.es]

27/8/2017

Josep Fontana

La revolución que reinventó el mundo

Debate sobre la Revolución de 1917

La conmemoración del centenario de la revolución rusa de octubre de 1917 debería llevarnos a una evaluación razonada de sus aciertos y sus errores, de la cual podamos sacar lecciones útiles para un presente de desconcierto e incertidumbre.

Entre sus aportaciones positivas figura en primer lugar la de haber alentado en todo el mundo las esperanzas de cambio y la voluntad de protesta de los de abajo hasta forzar a los gobiernos del capitalismo avanzado a desarrollar políticas de “reformismo del miedo” para defenderse de la amenaza potencial de la subversión. Fue en gran medida el miedo al comunismo lo que favoreció que la socialdemocracia crease lo que llamamos el estado del bienestar, basado en una redistribución de los beneficios de la actividad económica. La prueba de ello es que cuando, a fines de los años setenta, desapareció el miedo al comunismo,comenzó el desguace del estado del bienestar y se inició la etapa de desigualdad creciente en que estamos hoy sumergidos.

Otra de sus aportaciones decisivas fue su contribución al proceso de descolonización, un campo en el que los comunistas se mantuvieron activos desde que en 1927 inspiraron la reunión en Bruselas de la Liga contra el imperialismo que reunió a representantes de 134 organizaciones, procedentes de 37 territorios coloniales distintos, con la participación de figuras como Sukarno, Nehru, Haya de la Torre, Messali Hadj y una amplia representación del Kuomintang chino. Un año más tarde, en septiembre de 1928, el sexto congreso de la Internacional comunista publicaba unas Tesis sobre los movimientos revolucionarios en los países coloniales y semicoloniales en que se planteaban los métodos con que ayudar a las “revoluciones democrático-burguesas” de estos países.

Entre sus errores más graves figura el de haber renunciado al ideal leninista de crear una sociedad que, tras una fase transitoria de dictadura del proletariado, procedería a abolir gradualmente todos los mecanismos de poder del estado –la policía, el ejército y la burocracia- iniciando así el camino hacia su desaparición y hacia una sociedad en que se preveía incluso el fin del trabajo asalariado. Lejos de ello, el poder soviético acabó erigiendo un estado opresor, escudándose en la necesidad de defender la revolución de sus enemigos internos y externos.

Para entender cómo ocurrió esto hay que ir hasta la génesis de la revolución. Su planteamiento inicial, desde febrero de 1917, repetía la fórmula de los partidos socialdemócratas tradicionales: convocar una asamblea constituyente, establecer una república democrático-burguesa y emprender el camino de una lenta evolución hacia el socialismo. Fue Lenin quien en abril de 1917, haciéndose eco de la crítica a la socialdemocracia que Marx había formulado en 1875, propuso ir más allá y forzar el paso inmediato a una sociedad socialista. Seis meses más tarde, en octubre, era evidente que el gobierno que presidía Kerensky no podía seguir conteniendo la disolución del ejército y el malestar de obreros y campesinos, de modo que la toma del poder por un gobierno de los soviets se produjo con facilidad.

En lo que se había equivocado Lenin era en sus previsiones de que el capitalismo europeo estaba en trance de “venirse abajo”. Lejos de ello, replicó armando a los participantes en una llamada “guerra civil” en que intervinieron, directa o indirectamente, hasta dieciséis países distintos, que causó ocho millones de muertos y destruyó por completo la economía.

El programa de transformación de la sociedad que se había iniciado en 1917 se estancó en el verano de 1918 como consecuencia del inicio de una revuelta en que participaban a la vez los partidarios de la asamblea constituyente y las fuerzas del zarismo, armadas por las potencias capitalistas. La denuncia que Kaustky hizo en Die Diktatur des Proletariats, presentando lo que ocurría en Rusia como el enfrentamiento entre un socialismo democrático y una dictadura bolchevique,demostraba que no había entendido lo que estaba ocurriendo realmente.

La ”guerra civil” se ganó gracias al apoyo de los obreros y los campesinos, pero lo que en octubre de 1917 era un poder representativo de los soviets se había convertido entre tanto, por las circunstancias de la guerra, en una dictadura bolchevique, contra la que en 1921 protestaban los obreros de Petrogrado y los marinos de Kronstadt. Lenin consideró que era necesario mantener este control político mientras se emprendía una campaña de reconstrucción económica, como condición necesaria para reemprender el programa de transformación social.

Tras la muerte de Lenin este proyecto pudo haber seguido sobre la base de la continuidad de la Nueva Política Económica y del desarrollo de los métodos de planificación que elaboraba el Gosplan, como proponían Bujarin o Rykov. Pero Stalin optó en 1929 por iniciar una nueva “revolución” que propugnaba la industrialización forzada, lo cual condujo a un enorme despilfarro de recursos y a una oleada de violencia que se reforzó todavía entre 1937 y 1938, cuando el pánico a la supuesta amenaza de una conjura interior, en complicidad con un ataque externo, costó la vida a más de setecientas mil víctimas.

Aunque los sucesores de Stalin no volvieron a recurrir al terror en esta escala, conservaron un miedo a la disidencia que hizo muy difícil que tolerasen la democracia interna. Consiguieron así salvar el régimen soviético, pero fue a costa de mantener un estado opresivo y de la renuncia a avanzar en la construcción de una sociedad socialista.

A pesar de todo, en el resto el mundo la ilusión generada por el proyecto leninista siguió animando durante muchos años las luchas de quienes aspiraban a realizar la revolución, lo cual ayudó a la socialdemocracia en su tarea de combatir la expansión de las ideas revolucionarias con una política de reformas que hizo posible que entre 1945 y 1975 se viviesen en el mundo desarrollado lo que los franceses llaman “los treinta años gloriosos” en que el crecimiento económico estuvo acompañado por un grado de igualdad social como no se había conocido hasta entonces en la historia reciente.

A partir de 1968, sin embargo, el “socialismo realmente existente” mostró claramente sus límites como proyecto revolucionario, cuando en París renunció a implicarse en los combates en la calle, y cuando en Praga aplastó las posibilidades de desarrollar un socialismo con rostro humano. Perdida su capacidad de generar esperanzas, dejó también de aparecer como una amenaza que inquietase a las clases propietarias de “occidente”, lo cual las permitió retirar las concesiones que habían hecho hasta entonces, al tiempo que la socialdemocracia se acomodaba a la situación y aceptaba plenamente la economía neoliberal.

En los años ochenta, en momentos de crisis económica y de inmovilismo político, los ciudadanos del área controlada por la Unión Soviética decidieronque no merecía la pena seguir defendiendo el sistema en el que habían vivido durante tantos años. El testimonio de un antiguo habitante de la Alemania oriental que hoy vive en Estados Unidos ilustra acerca de la naturaleza de este desengaño. Sabíamos entonces, afirma, que lo que nuestraprensa decía sobre nuestro país era un montón de mentiras, de modo que creímos que lo que decía sobre “occidente” era también mentira. No fue hasta llegar a Estados Unidos que descubrió que era verdad que había mucha gente en la pobreza, viviendo en las calles y sin acceso a cuidados médicos, tal como decía la prensa de su país. Hubiese deseado, concluye, haberlo sabido a tiempo para decidir qué aspectos de las sociedades de occidente merecía la pena adoptar, en lugar de permitir a sus expertos que nos impusieran la totalidad del modelo neoliberal.

Una reflexión como esta debería servirnos de advertencia en estos días, cuando la mayoría de las evocaciones del centenario de la revolución que se publiquen van a ser enteramente negativas, fruto de cien años de lavado del cerebro de una propaganda hostil, animada todavía hoy por el interés en ocultar todo lo que pueda haber de positivo en su legado. La alternativa no puede ser la defensa a ultranza, sino un análisis objetivo -no digo desapasionado, porque no es posible eliminar la pasión en algo que trata de la vida y el bienestar de los seres humanos- con el fin de rescatar lo que siga siendo válido de sus aciertos y evitar caer de nuevo en sus errores.

[Fuente: Espacio Público]

7/2017

Marcelo Soto

La lista de clase

Muchos llevamos ya dos días peleando contra la falsa atribución del atentado a todos los musulmanes, cuando son ellos realmente las principales víctimas del terrorismo a nivel mundial y no son los verdugos. Llevamos dos días poniendo a los racistas en su sitio. Bien hecho. No demos más tiempo a quienes exhiben su racismo contra emigrantes y extranjeros enmascarándolo de indignación por los atentados. Muchos hablabais ayer y anteayer de no permitirlo, de bloquear a la primera, o de ignorar esos comentarios. Bien hecho. No dejemos tampoco que las ideologías yihadistas de odio se oculten tras la mayoría musulmana silenciosa y pacífica. Empecemos a discernir. Es hora de que la izquierda de la calle empiece a mirar donde tiene que mirar con ese discernimiento necesario, sin odio y sin buenismo, con la mirada justa, nec metum nec spes (sin esperanza, sin miedo), que dirían los latinos. Ahora toca que apartemos distracciones y miremos al fondo del abismo: a las fotos de los culpables.

Todos los profesores nos hemos dado cuenta de algo que quizá el resto de la población no ha detectado. A ver, me explico. Yo llevo años enseñando literatura y teatro en las aulas de la pública y dedicando todo el entusiasmo que puedo a mi profesión, con un alumnado pobre, rico, de clase media, y payo, y gitano y europeo comunitario, y españolito y rumano y guineano y ecuatoriano y dominicano, chino, iraní y, por supuesto, marroquí. He hecho mi trabajo con todos ellos lo mejor que he podido. He triunfado muchas veces. Me vuelvo loco de alegría cuando una alumna musulmana supera con éxito el curso y más todavía cuando la dejo con su selectividad aprobada en las universidades. Sé de la valentía y del coraje y de los obstáculos de todas y cada una de ellas. Y digo ellas, porque todos estos días me he estado acordando de ellas –que no son pocas– precisamente por su benéfica ausencia ¿Es polémico decir que no había ninguna mujer conduciendo las furgonetas? ¿Es polémico decir que aunque he tenido en la pública alumnos musulmanes de una amabilidad y una inteligencia excepcionales, no tengo memoria de haber dejado aún a ninguno de ellos en la universidad? En fin, como siempre llega el género y sus polémicas, pero vienen más. Viene lo que más nos asusta mirar.

¿Es polémico decir que cada tanto tiempo puedo identificar, tras esa mayoría musulmana amable y especialmente dulce, algún alumno radical, algún alumno que sé que está coqueteando con el borde del abismo ideológico y que vive en un entorno que obviamente lo apoya y lo exalta? Me ha pasado unas tres o cuatro veces, por eso estoy casi seguro de que los profesores del Institut Abat Oliba de Ripoll vieron en los cuatro futuros terroristas, hoy ya abatidos a tiros, lo mismo que yo veo cada tanto tiempo.

No se trata de racismo ni de buenismo. Yo soy profesor. Blanquito y europeo pero profesor. Detecto la bondad intrínseca de los menores. Detecto los peligros. Y pienso sin parar en los otros profesores, en los otros perros pastores del Institut Abat Oliba. Yo sé mejor que nadie que a veces el perro pastor no puede cuidar a las ovejas si las ovejas viven de espaldas al rebaño, si pasan las horas comunes escindidos del resto, dormidos, disidentes del contacto de otros, disidentes de la palabra hablada y de la palabra escrita, o si las familias apoyan esa doble vida imposible. Pero puedo asegurar que muchos de esos profesores lo vieron. Es evidente: Moussa Oukabir acababa de abandonar las aulas. Aventuro que dejo el instituto el año pasado, a los 16, y solo un curso después, a los 17, él y sus compañeros han matado sin freno como los lobos y luego han muerto a tiros en la calle.

Sospecho lo que ha debido de suceder en el Institut Abat Oliba estos cursos. Podría jurar que sus profesores se han pasado los años de crisis buscando en las aulas la mirada esquiva de los cuatro y que se encontraron con las mismas circunstancias de todos: sin apenas recursos para las aulas de enlace, ni para las clases de apoyo, ni para los desdobles, ni para los profesores de pedagogía terapéutica, con los alumnos desintegrados en una clase de treinta y seis donde probablemente se les leía en Literatura el fragmento del Cid invocando a Santiago Matamoros o matando musulmanes, y encima sin relación con la familia, o teniendo que usar el periodo entre clase y clase para avisar de algo grave por un teléfono inexistente a unos padres que solo hablan árabe y que solo han pasado por el centro una vez para gritarle improperios a un profe que, al explicar la argumentación, le pidió a toda la clase que escribieran un texto con razones a favor y en contra del matrimonio igualitario.

Yo no pido la paz mundial. Pido que nuestro trabajo pueda desarrollar su pequeña labor de cambio del mundo para que esta se sume a otra labor y otra labor. Pido, o no, mejor exijo lo importante: recursos no ya para educar, sino para detener el horror, porque igual no hay forma de detener el horror, pero si hay alguna es la cultura, es el conocimiento, es la educación, es la empatía, y lo exijo sobre todo porque, como todos los profesores habrán advertido en una revelación que los ha partido por la mitad, las fotos de los cuatro terroristas que todos los medios han difundido son –terrible metáfora– las de la lista de clase.

[Fuente: cuartopoder.es]

8/2017

La Biblioteca de Babel

Fernán E. González González

Poder y violencia en Colombia

Odecofi-Cinep, 583págs.

Para entender el conflicto colombiano

El conflicto armado colombiano ha tenido una duración de 60 años y ha causado 8 millones de muertos. Las FARC han estado combatiendo durante más de cincuenta años al estado de Colombia. La guerra ha afectado a varias generaciones. Todos los colombianos han sufrido las consecuencias de la violencia. Ellos, sus familiares, sus amigos… han padecido algún coletazo del enfrentamiento.

La obra de Fernán E. González es el mejor libro para entender las causas y la evolución del conflicto. Está muy bien documentado y sus tesis están muy apropiadamente estructuradas. Realiza un análisis pormenorizado de la evolución de la guerra en las diferentes regiones de Colombia. Estas tienen unas características muy diferentes y han estado mucho tiempo aisladas unas de otras a causa de las barreras geográficas del país y la falta de buenas vías de comunicación. La información es apabullante, pero uno no se ahoga en la avalancha de datos. La reformulación de las tesis centrales del trabajo y de las conclusiones de cada periodo vuelven a sacar al lector a la superficie.

Un hito adecuado para iniciar el relato del conflicto es el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, un líder populista en el que tenían puestas muchas esperanzas los sectores más humildes de la población. Esperaban que alcanzara la presidencia del país postulándose por el partido liberal. El magnicidio tuvo lugar en 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá. La respuesta violenta de sus seguidores (el denominado “Bogotazo”) se propagó por toda la capital y se extendió al resto de país: saqueos, incendios, asaltos, ataques con armas de fuego….Esa reacción dio lugar a una represión por parte de los conservadores, que incluyó la utilización de bandas armadas. A consecuencia de eso, surgieron los primeros grupos armados de las filas liberales. Dio comienzo a lo que se ha venido a denominar como “La Violencia”. Estamos hablando de los años cincuenta.

En los años sesenta aparecieron nuevas guerrillas al hilo de la revolución castrista, entre ellas las FARC. Los grupos paramilitares surgieron como reacción a éstas. Los latifundistas ganaderos sufrían secuestros, extorsiones y asesinatos selectivos por parte de los guerrilleros. Consideraban que no recibían protección efectiva por parte del Estado. Por ello decidieron crear grupos armados de autodefensa. Junto a las diferentes guerrillas y a los grupos paramilitares las fuerzas armadas colombianas eran otro de los actores del conflicto. El ejército ha estado vinculado con los paramilitares desde la aparición de estos.

Los cárteles del narcotráfico irrumpen en escena a principios de los ochenta. Tanto las guerrillas como los paramilitares se vinculan con el narcotráfico. Las guerrillas ofrecen protección a los cultivadores de coca. Los paramilitares se involucran directamente en el tráfico de estupefacientes. Eso complica bastante el panorama. Las organizaciones del narcotráfico fueron ellas mismas actores del conflicto en los años ochenta. Pablo Escobar declaró la guerra a un estado que le había hecho senador. La razón fue el inicio de las deportaciones de narcos a Estados Unidos. Los atentados con bombas se sucedían continuamente durante esos años y afectaron especialmente a las ciudades de Medellín y Bogotá.

En los años noventa tuvo lugar una extensión territorial del conflicto armado. Las guerrillas y los paramilitares se expandieron por nuevas regiones. También “cercaron” ciudades como Medellín. La transición del siglo XX al XXI fue el momento de mayor intensidad del conflicto.

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Las causas últimas de la guerra son de carácter socioeconómico. Remiten a la situación del campo en Colombia. Ese país es eminentemente agrícola y rural y en el agro predomina el latifundio dedicado a la cría de ganado. Los pequeños campesinos están reducidos a una economía de subsistencia. Frecuentemente son expulsados de sus tierras por los latifundistas.

Durante los años ochenta y noventa hubo numerosos movimientos “colonizadores” protagonizados por campesinos desplazados que ocupaban terrenos baldíos. Desde nuestra perspectiva resulta chocante hablar de ‘colonización’ en pleno siglo XX (e incluso XXI), pero en Colombia había muchas tierras por “descubrir”. El Estado no llegaba a las zonas de colonización reciente, por ello fueron enclaves dominados por la guerrilla. Esas organizaciones suplían en parte, la ausencia de poder político. Las guerrillas fueron originariamente defensoras de los intereses de los campesinos pobres.

Un tercer elemento clave del conflicto es el funcionamiento del poder político local. La política municipal y departamental es fuertemente clientelista. Los candidatos consiguen votos a cambio de favores, de puestos o, simplemente, de dinero. Este fenómeno es especialmente agudo en zonas como la Costa Caribe. El clientelismo se agudizó como consecuencia de la descentralización llevada a cabo por la Constitución de 1991 que confirió más competencias y recursos a los entes locales, especialmente a los municipios. Al haber más que repartir, las relaciones clientelares entre políticos y votantes se reforzaron.

El carácter clientelar de la política se transfiere al Estado central a través de las Cámaras Legislativas. Las circunscripciones electorales funcionan con la misma lógica que la política local. Todo ello conduce a una gran dispersión en el interior de los dos grandes partidos tradicionales: tanto el partido liberal como el conservador se han convertido en meras carcasas. Dentro de ellas se mueve una miríada de cargos políticos que son independientes del aparato, porque son los “dueños” de sus propios votos. No dependen de los órganos del partido para ser designados candidatos.

Esta dinámica clientelista favoreció la incrustación de los paramilitares junto con el narcotráfico en la esfera política. La compra directa o indirecta de votos hace las campañas especialmente costosas, por lo que financiarlas es una forma de incidir después en las decisiones institucionales. De ahí surgió la llamada “parapolítica” de la que se hablará más adelante.

El ámbito del ejecutivo estatal se sustrae un tanto a la lógica clientelista, lo que da lugar a contraposiciones agudas entre la Presidencia y las Cámaras legislativas. Estas discrepancias han sido especialmente patentes en los diversos procesos de paz puestos en marcha desde el ejecutivo. Sin embargo, la relativa independencia del presidente quedó puesta en entredicho en el caso de Samper. Este político fue acusado de haber financiado su campaña con dinero del narcotráfico, en concreto, del Cartel de Cali. El Congreso puso en marcha una investigación conocida como el “proceso 8000” que, finalmente, no consideró al presidente ni inocente ni culpable. Sin embargo, dos de los máximos responsables de su campaña fueron a parar a la cárcel condenados por blanqueo de dinero entre otros delitos.

La dispersión territorial, el clientelismo político, la presencia de diversos actores armados y la situación de los campesinos son, pues, factores clave para comprender el conflicto colombiano. Estos elementos permiten entender su complejidad y la dificultad de ponerle fin. A ello se añade su larguísima duración. Como se ha señalado estamos hablando de un enfrentamiento armado que se prolongó durante más de sesenta años.

El conflicto colombiano no ha sido propiamente una guerra civil sino una “guerra contra la sociedad” que es el término usado para denominarlo por uno de los mayores especialistas en la materia: Daniel Pécaut (V. su libro Guerra Contra la Sociedad Espasa, 2001). Esa expresión significa que la población civil fue objeto de violencia por parte de todos los actores armados. Lo demuestra lo que ocurriría al tomar el ejército o los paramilitares una población previamente dominada por la guerrilla. Las fuerzas armadas detenían, torturaban o ejecutaban a los sospechosos de colaboración con la guerrilla. La violencia de la represión se incrementó cuando el estado empezó a conceder primas para los militares por cada guerrillero muerto. Surgió así el fenómeno de los llamados “falsos positivos”, personas inocentes asesinadas por miembros del ejército y presentadas como guerrilleras para obtener los beneficios representados por los incentivos.

La población ocupada por la guerrilla podía también ser conquistada por los paramilitares. En ese caso también se producían represalias, pero a una escala mucho mayor. Las masacres causadas por estos cuerpos armados irregulares se cuentan por docenas. La violencia que ejercieron contra la población fue más intensa y despiadada que la de los otros actores armados

También la guerrilla puede ser acusada de violencia contra la sociedad, pues tomó represalias contra los “colaboradores” de los enemigos cuando conquistaba un nuevo territorio y secuestró, extorsionó y asesinó en las zonas bajo su dominio.

Que todos los actores armados sean responsables de esa guerra contra la sociedad no significa que haya que meterlos en el mismo saco. Los paramilitares fueron, con mucho, los más sangrientos, como se ha señalado. Uno de los objetivos centrales de su actuación violenta fue expulsar a los campesinos de sus tierras. Luego terratenientes ganaderos (o los propios paramilitares) se las apropiaban. Estos campesinos despojados de sus tierras constituyen el grueso de los millones de refugiados internos que ha generado el conflicto colombiano (unos siete millones, según la ACNUR). Estamos hablando de unas apropiaciones de 8 millones de hectáreas, es decir, de un tercio de la tierra cultivable de Colombia.

Una parte de estos agricultores sin tierra se desplazaron a las grandes ciudades y podemos encontrarlos en los barrios de chabolas de Bogotá o Medellín. También podemos identificarlos entre los numerosos vendedores ambulantes y otros trabajadores de la economía informal. Otra parte de los campesinos desplazados “colonizó” nuevos territorios baldíos y comenzó a cultivar coca, pues era el único producto que podían comercializar en esas regiones periféricas donde el estado no estaba presente. Las FARC ocuparon el lugar del poder político, protegiendo a los cocaleros. Los despojos de tierras y sus consecuencias son los que mejor permiten ver la relación entre el conflicto y los problemas creados por la estructura y dinámica del sector agropecuario del país.

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El escenario que se encontró el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, no estaría completo sin el análisis de la actuación de su antecesor, Álvaro Uribe, y de las consecuencias de la misma. Uribe estuvo en el poder durante dos mandatos consecutivos (2002-2010). Su política respecto del conflicto puede resumirse como sigue: amnistía de los paramilitares y derrota militar de las guerrillas. El Presidente consideró como interlocutores válidos para una negociación política sólo a los grupos paramilitares. Los integrantes de las guerrillas eran presentados como meros delincuentes: “narcoterroristas”. La única política posible respecto a los mismos, según Uribe, era destruirlos.

La actitud de Uribe respecto a los paramilitares puede resultar sorprendente. La sorpresa disminuye si se tiene en cuenta que él fue uno de los pioneros en la creación de esos grupos armados cuando era gobernador de Antioquía. Tenía también una motivación personal: su padre fue secuestrado y asesinado por las FARC.

El gobierno de Uribe Vélez promovió una ley de amnistía para los paramilitares. Los autores de crímenes de lesa humanidad quedaban exonerados mediante la confesión pública de sus delitos y el cumplimiento de la pena de ocho años de cárcel. Según el testimonio que me dio una persona conocida, los paramilitares encarcelados gozaban de todo tipo de comodidades en la prisión. Les traían comida de restaurantes, podían recibir visitas a todas horas, disponían de teléfonos móviles, tenían aire acondicionado y televisión en sus celdas… Todo un “escarmiento” para personas y cometieron masacres espantosas, injustificadas incluso desde el punto de vista de la lógica de un conflicto militar. No es lo mismo matar a alguien en un combate, que asesinar a decenas de civiles no combatientes.

En la otra vertiente del conflicto, Uribe desencadenó una ofensiva militar contra las guerrillas. Para ello, modernizó el ejército y contó con la ayuda de Estados Unidos a través del Plan Colombia. Las campañas del ejército desalojaron a las guerrillas de los territorios a los que se habían expandido durante la década anterior: los grupos guerrilleros se atrincheraron entonces en sus bases situadas en los territorios periféricos. El ejército no pudo desalojarlas de allí ni derrotarlas por tratarse de zonas de difícil acceso. Se puso de manifiesto así que la solución del conflicto no podía ser la erradicación por la fuerza de grupos de “delincuentes narcoterroristas” como sostenía el presidente.

La desmovilización de los paramilitares también fracasó. Algunos grupos se convirtieron en bandas de delincuentes puros y duros. Los paramilitares que se habían fusionado con los carteles de “narcos” se negaron a desmovilizarse. Con el dinero de la droga siguieran influyendo en la política, inicialmente a nivel local. La “parapolítica”, como se ha señalado antes, consistía, entre otras cosas, en financiar campañas políticas a cambio de favores en la designación de puestos o el manejo del presupuesto. Se estima que sólo en la Costa Caribe los paramilitares contribuyeron a la elección de más de 200 alcaldes, así como de 4000 concejales y nueve gobernadores. El escándalo de la parapolítica se hizo público durante la presidencia de Uribe y afectó también a congresistas y senadores del Estado central.

La ofensiva militar consiguió disminuir los asesinatos y secuestros. Esa “pacificación” fue especialmente perceptible en las regiones “integradas” del país y ciudades como Medellín dejaron de estar “sitiadas”. Sin embargo, las operaciones bélicas se saldaron con numerosas muertes de militantes de movimientos sociales o de defensa de los derechos humanos. Estos fueron considerados integrantes o cómplices de la guerrilla y asesinados por unos soldados que, como hemos visto, recibían sustanciosos premios por cada guerrillero que eliminaban.

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En el pasado ya había habido conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla. Dos de esos procesos tuvieron lugar bajo la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) y del antecesor de Uribe, el presidente Andrés Pastrana (1998-2002). Durante esas conversaciones se usaron artimañas que dieron al traste con las negociaciones. Así, la guerrilla aprovechó las treguas y la creación de zonas pacificadas para reabastecerse y rearmarse. También utilizó los atentados y los secuestros como mecanismos de presión. Esa forma de actuar puso a la opinión pública en contra de las negociaciones con los grupos armados guerrilleros.

Por otro lado, las circunstancias que rodearon la elaboración e implantación de la Constitución de 1991 añadieron nuevas dificultades a potenciales procesos de paz. La norma fundamental podría haberse convertido en el marco de la reconciliación nacional en Colombia, pero el mismo día de las elecciones para la Asamblea Constituyente el ejército bombardeó un importante cuartel de las FARC. Por otro lado, los guerrilleros que se habían desmovilizado e integrado en la Unión Patriótica para participar en la vida política colombiana fueron sistemáticamente eliminados. Dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y entre 3500 y 5000 militantes fueron asesinados. La extirpación de la UP fue radical en Antioquía cuando Álvaro Uribe era gobernador de ese Departamento. Eso sin hablar de lo que ocurrió con los miembros de otros grupos. Por ello la seguridad de los guerrilleros tras la entrega de las armas, es decir, las garantías para la salvaguarda de su derecho a la vida tras la desmovilización, se convirtió en uno de los pilares de cualquier propuesta de paz por parte del estado.

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Bajo el mandato del presidente Santos, ha tenido lugar un proceso de negociación con las guerrillas de cinco años de duración. Las conversaciones, inicialmente secretas, condujeron a los acuerdos de La Habana entre el Estado colombiano y las FARC firmados el 26 de agosto de 2016. Las vicisitudes de este largo proceso de negociación están muy bien relatadas en el riguroso e informado documental de la directora Nathalia Orozco, titulado “El silencio de los fusiles”. Este film no se está exhibiendo actualmente en Barcelona (aunque sí pudo verse en el cine Aribau el pasado mes de abril). Tampoco está en formato DVD ni se encuentra en Internet. No obstante, si en algún momento se presenta la oportunidad de verlo, no hay que desaprovechar la ocasión.

Las líneas maestras de los acuerdos de la Habana abordan en toda su complejidad las diferentes facetas y dimensiones del largo conflicto colombiano. No obstante, hay que tener en cuenta que el ELN, otra de las guerrillas presentes en el escenario bélico, no ha firmado el tratado de paz, aunque las negociaciones siguen en marcha.

Los acuerdos de paz tienen en cuenta la importancia fundamental de la situación agraria, base socioeconómica del conflicto. Para abordar este problema se prevé llevar a cabo una reforma agraria que comprende desde el reparto de tierras hasta la mejora de las infraestructuras para facilitar la comercialización de los productos agrícolas. También se ha elaborado un programa de sustitución de los cultivos de coca y, quizá lo más importante de todo, un plan de restitución de tierras a los campesinos que fueron despojados de ellas.

Los acuerdos también abordan el problema de la parapolítica. El combate contra el narcotráfico se intensificará. Pero la lucha contra las drogas no se reducirá a la política criminal. También merecerán una especial atención las manifestaciones de corrupción en el ámbito político y la inserción de los narcotraficantes paramilitares en los mecanismos representativos y de gestión de los fondos y cargos públicos. Asimismo, se prevé la implantación de un sistema electoral más transparente que el actual.

El pacto establece medidas respecto de los guerrilleros desmovilizados que garantizan su seguridad. Asimismo, incentiva su participación en los procesos políticos favoreciendo la creación de nuevas formaciones partidarias. También se creará una unidad especial para desmantelar los grupos armados paramilitares. En aplicación de esto, el Congreso ha aprobado en 2017 el “Estatuto de la oposición” y la reincorporación política de las FARC. Por su parte el gobierno ha establecido por decreto la creación de un grupo especial de escoltas para los desmovilizados. En cuanto a la guerrilla, los miembros de las FARC empezaron el proceso de entrega de las armas en marzo de este mismo año.

Last but not least se implantará un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición” como mecanismo de justicia transicional. Este sistema comprende una “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad”, encargada de sacar a la luz los hechos acaecidos y las correspondientes responsabilidades. Esta comisión está articulada con una jurisdicción especial con competencia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto, no sólo por las FARC, sino por todos los actores armados. Se contemplan también medidas de reparación para las víctimas y de búsqueda de los desaparecidos.

La seguridad durante la negociación y el actual proceso de implementación de los acuerdos se ha visto incrementada por la participación de otros países y de las organizaciones internacionales. La ONU ha desplegado una misión para vigilar el cumplimiento de los acuerdos que está actualmente supervisando la entrega de las armas por parte de los guerrilleros. También tiene un programa de “empoderamiento” de las comunidades rurales. Es muy importante dotar a estos colectivos de conocimientos de instrumentos. Eso se traducirá en una mejora de sus condiciones de vida, entre otras cosas mediante la utilización de técnicas agrícolas más productivas. La única nota negativa es el nombramiento de Felipe González como miembro del Comité Internacional de Verificación. Aunque quizá su nombramiento se deba a que haya podido acreditar algún tipo de saber o experiencia relevante para el proceso, como podrían ser, por ejemplo, la competencia en el terreno de la lucha antiterrorista o los conocimientos acerca del funcionamiento de grupos paramilitares.

Como es sabido, los acuerdos de La Habana fueron sometidos a referéndum el 2 de octubre de 2016. El “no a la paz” venció por un estrecho margen al sí (50,21 frente a 49,78). Ese resultado negativo se explica por dos razones. Una fue la intensa campaña de manipulación llevada a cabo por sectores vinculados al expresidente Uribe y por medios de comunicación afines. La otra hay que buscarla en el reducido período de tiempo de que dispuso el gobierno para explicar el tratado de paz (recogido en un documento de más de 300 páginas).

La excesiva premura en la fijación de la fecha de la consulta impidió que se llevara a cabo la tarea pedagógica necesaria para que la ciudadanía comprendiese unos acuerdos de gran complejidad. A pesar del resultado del referéndum el gobierno decidió seguir adelante con el proceso de paz.

Si bien el resultado del plebiscito puede explicarse por las causas señaladas, nadie ha sabido dar cuenta de la escasa participación en la consulta. Sólo un 37% de los votantes acudieron a las urnas. Es algo muy sorprendente, teniendo en cuenta que hablamos de un conflicto cuyas dolorosas consecuencias han golpeado a todas las familias colombianas. Por si fuera poco, las fases finales de la negociación y la firma del acuerdo fueron objeto de un intenso seguimiento mediático tanto nacional como internacional.

La impresión que uno tiene en estos momentos en Colombia es que el proceso de paz no es el principal tema de conversación o debate. El protagonismo lo tienen los sucesos de Venezuela: el boicot de la oposición que frecuentemente se traduce en violencia e incluso en terrorismo, la desastrosa situación económica y la consecuente penuria han provocado una oleada de inmigrantes venezolanos. La caótica situación que vive el país vecino constituye una traba no querida para la buena marcha del proceso de paz en Colombia. Por un lado, está la sobrecarga que supone para los trabajadores colombianos y para el erario público la llegada masiva de inmigrantes venezolanos. La economía colombiana no está en un momento boyante. Poner en práctica el proceso de paz es caro. Y el gobierno de Santos ha adoptado una medida muy impopular para obtener recursos: ha elevado el IVA general al 19%.

Por otro lado, el colapso del régimen bolivariano en Venezuela y el enroque autoritario del presidente Maduro son utilizados como contraejemplo para difundir la idea de que no existen alternativas viables de izquierda. Las propuestas de cambio son descalificadas alegando que conducirán inexorablemente a una situación como la que está viviendo ahora el vecino país.

Mientras tanto, el proceso de paz sigue adelante a pesar de todas las complejidades y trabas que se interponen en su camino

Hay espacio para la esperanza. Pero resulta preocupante la falta de implicación de la ciudadanía en la implementación de los acuerdos. Los colombianos de a pie no parecen haber hecho suyo el proceso de paz.

José A. Estévez Araujo

9/2017

Andreu Espasa

Estados Unidos en la Guerra Civil española

Los Libros de la Catarata, 2017, 272págs.2017

Roosevelt y el fascismo en España

Pocos acontecimientos de la historia contemporánea española como la Guerra Civil han suscitado tanta atención y, a la vez, debates tan encendidos. Entre todo ese ruido, se agradecen las contribuciones documentadas y rigurosas. El libro de Andreu Espasa Estados Unidos en la Guerra Civil española, de reciente publicación, se encuentra sin ningún género de dudas entre este grupo. Se trata de un muy sólido estudio monográfico sobre el papel de la Administración de Franklin D. Roosevelt ante el golpe de Estado de julio de 1936 y la subsiguiente contienda militar. Pero, más allá de su valiosa aportación al objeto específico de estudio, uno de los elementos más destacables del volumen es su sugestivo análisis de las mutaciones experimentadas por el pensamiento estratégico estadounidense a finales de los años treinta, en unos momentos en que se estaba fraguando el abandono −parcial y en muy buena medida derivado de intereses propios− del aislacionismo que había caracterizado tradicionalmente la política exterior norteamericana.

A raíz de su intervención en la Gran Guerra, los Estados Unidos habían empezado a ejercer un papel cada vez más protagónico en la arena internacional. A pesar del fracaso de Woodrow Wilson en el intento de que el Senado ratificara la entrada del país en la Sociedad de Naciones −circunstancia que, evidentemente, limitó su capacidad de acción diplomática−, otra suerte muy diferente corrió la penetración económica exterior: la inversión directa al extranjero de capital norteamericano se duplicó en tan sólo una década, entre 1919 y 1929, aumento que hay que situar en el marco de un programa de reconstrucción económica mundial para contribuir a la recuperación de la estabilidad y la prosperidad imperantes en el período de la Gilded Age. Evidentemente, una de las preocupaciones centrales de esa política era la contención de la “amenaza roja”, empeño que incluía también las vías diplomática y militar.

La obsesión por atajar el peligro de la revolución se mantuvo a lo largo de los años treinta y condicionó sobremanera la reacción no sólo de los Estados Unidos, sino también de las demás potencias occidentales ante la emergencia, consolidación y expansión del fascismo. Pese a que, a la hora de analizar la política de appeasement, la historiografía se ha centrado especialmente en su versión europea (francesa y, sobre todo, británica), Espasa acierta al subrayar la importancia de la vertiente estadounidense, cuyo instrumento principal fue la legislación de neutralidad, que impedía vender armas a países en conflicto. Además, la ley negaba cualquier distinción entre agresor y agredido, lo que, en la práctica, convertía el appeasement norteamericano en más pusilánime que el francés o el británico.

Si bien la referida legislación de neutralidad estadounidense no contemplaba la hipótesis de una guerra civil, cuando estalló la contienda en España la Administración Roosevelt se apresuró a declarar un embargo moral, convertido en legal en enero de 1937, con la aprobación en el Congreso de una resolución específica para el caso español. En el siguiente mes de mayo, la promulgación de una nueva ley de neutralidad ratificaría el embargo, incluyendo una referencia específica a los casos de guerra civil. Con todo, para que la norma resultara efectiva continuaba siendo necesaria la declaración presidencial de existencia de conflicto armado, lo que de hecho otorgaba a la Casa Blanca el poder de tomar en cada caso la decisión que considerara más conveniente. Fue esta prerrogativa la que permitió a Roosevelt no establecer ningún embargo ante el estallido de la guerra sino-japonesa en julio de 1937, en un claro intento de favorecer la causa china. El contraste con la decisión adoptada ante la guerra de España resulta flagrante, sobre todo si tenemos en cuenta que el gobierno del Kuomintang llevaba una década lidiando con una situación de guerra civil intermitente contra el Partido Comunista Chino, ante la que nunca se planteó la imposición de embargo alguno. Mientras tanto, aprovechando que la legislación de neutralidad limitaba el embargo al material de guerra (lo que no afectaba los suministros), la Texaco continuó vendiendo grandes cantidades de petróleo a los militares insurrectos españoles, vulnerando incluso las condiciones de pago inmediato impuestas por la ley.

Sin embargo, los círculos de Washington fueron progresivamente cambiando de opinión acerca de la Guerra Civil española; una rectificación que tenía mucho que ver con los temores ante el creciente expansionismo nazi y la eventualidad de que el estallido de una guerra en Europa terminara desestabilizando también el continente americano. Una primera muestra de ese giro de guion la ofreció el llamado “discurso de la cuarentena”, pronunciado por Roosevelt en Chicago en octubre de 1937, en el que el presidente abogaba por establecer “cuarentenas” contra las naciones agresoras para evitar el contagio de la guerra. Pero, como se analiza muy bien en el libro, esas palabras no tuvieron una traducción práctica. Y, por mucho que destilaran un trasfondo idealista, se trataba en realidad de un cambio dictado por intereses pragmáticos. Es ahí donde entra en juego lo que el autor llama la “conexión mexicana”. Ante la situación de inestabilidad que atravesaba México −donde la decisión de Lázaro Cárdenas de nacionalizar el petróleo, tomada en marzo de 1938, había desatado los rumores sobre la posibilidad de una insurrección derechista−, Washington temía que una victoria fascista en España alentara la aparición de un “Franco mexicano” aliado de los alemanes. Los bombardeos de la Alemania nazi y la Italia fascista en España habían demostrado que una potencia extranjera podía intervenir de manera determinante en un tercer país sin necesidad de un gran despliegue de medios sobre el terreno. Y la eventual presencia de un régimen títere de los nazis en la misma frontera estadounidense intranquilizaba a la Casa Blanca, al acercar de forma peligrosa la posibilidad de un ataque aéreo de los alemanes, como el propio Roosevelt se encargó de señalar en público.

Aunque a lo largo de 1938 se produjeron algunas tímidas iniciativas de apoyo al gobierno de Juan Negrín (la compra de plata española por parte del Departamento del Tesoro y un fallido intento de venta encubierta de armas), la modificación de la legislación de neutralidad para abrir la puerta al comercio de material bélico con un país en conflicto llegó sólo en noviembre de 1939, tras el estallido de la guerra en Europa. La amenaza nazi y, con ella, la de la expansión mundial del fascismo, había dejado de ser un futurible. Para la causa republicana española, la rectificación llegaba demasiado tarde, demora que fue absolutamente determinante para las posibilidades de victoria de Franco. A pesar de los ríos de tinta que se han vertido para vincular la evolución del enfrentamiento militar con las divisiones en el bando republicano −sea para culpar a los revolucionarios, sea para responsabilizar a las fuerzas que quisieron imponer el orden y la disciplina a toda costa−, lo cierto es que la guerra no se perdió en la retaguardia, sino en el frente internacional. Como han señalado desde hace años historiadores bien documentados, fue la intervención y, sobre todo, la no intervención de las potencias extranjeras lo que decantó la balanza a favor de la coalición reaccionaria.

Significativamente, en febrero de 1939, cuando la guerra en España llegaba a su fin, el propio Roosevelt reconocería públicamente su error. En marzo de 1945, poco antes de morir de forma repentina, el presidente admitiría igualmente, en un intercambio privado con el entonces embajador en Madrid, Norman Armour, que en el mundo que se abriría tras la inminente victoria militar contra la Alemania nazi no habría lugar para gobiernos fundados en los principios fascistas. A continuación, precisaba que el mantenimiento de relaciones diplomáticas con España no debía ser interpretado como una aprobación del régimen franquista y de su partido único, que, según el mandatario norteamericano, era abiertamente hostil a Washington y había tratado de extender las ideas fascistas al hemisferio occidental. Esta última referencia nos remite de nuevo a una de las tesis de fondo del libro: la importancia de la “conexión mexicana” en el cambio de planteamiento de la política exterior de los Estados Unidos a finales de los años treinta. Asimismo, nos dice mucho sobre las reticencias a abandonar por completo el aislacionismo que había caracterizado esa política: incluso cuando parecía que se empezaba a dejar atrás, se hacía apelando a los principios de la doctrina Monroe (hay que tener en cuenta que el aislacionismo nunca pretendió aislar al país del resto del mundo, sino limitar su hegemonía al continente americano).

Como bien apunta Andreu Espasa, los Estados Unidos no quisieron asumir durante el período de entreguerras el papel de liderazgo político mundial que sí estaban ejerciendo en el terreno económico. Hasta que no fue ineludible confrontar el fascismo con las armas, la política exterior estadounidense −como la de las principales potencias occidentales− estuvo caracterizada por la preocupación obsesiva por conjurar la revolución. El periodista de The Nation −e integrante durante un breve período de tiempo de las Brigadas Internacionales− Louis Fischer daba en el clavo cuando, en abril de 1938, afirmaba en la Cámara de los Comunes de Londres: “El Gobierno británico y los capitalistas británicos tienen que decidir si el comunismo es más amenazador que el fascismo. El juego inteligente de Hitler es hacerles creer que éste es el caso”. Algo parecido podría haberse afirmado para el caso estadounidense.

Para Roosevelt, el mejor antídoto ante fascismo y comunismo lo constituía la profundización de la democracia, y el New Deal debía funcionar como ejemplo inspirador en una era de inestabilidad e incertidumbres. Sin embargo, su política exterior, lastrada por el aislacionismo imperante entre las élites políticas y diplomáticas norteamericanas, y obcecada por el fantasma de la revolución, no fue consecuente: nunca se insistirá suficientemente en la responsabilidad de Roosevelt en la victoria del fascismo en España.

Pau Casanellas

8/2017

En la pantalla

La puerta de Lenin - Tengo veinte años

El que avisa, no es traidor

La Filmoteca de la Generalitat anuncia para septiembre la proyección de La puerta de Lenin – Tengo veinte años (Застава Ильича / Мне двадцать лет, 1962) de Marlen Khutsiev. El primer pase será el 13 de septiembre a las 18’30 horas, y el segundo el 17 de noviembre a las 19 horas.

En 1962, habría sido la película estrella del nuevo cine ruso; pero no lo fue: la prohibieron. Salió totalmente cortada en 1965 con el título de Tengo veinte años. En 1988 se restituyó la copia original.

La película narra las correrías por un barrio de la periferia de Moscú (la Puerta de Lenin) de un grupo de jóvenes que han salido del servicio militar y que a la pregunta de ¿qué hacer? (Lenin), se plantean también ¿cómo vivir? (Chejov).

Marlen Khutsiev es uno de los grandes realizadores rusos; y esta película es una de sus obras más logradas. Dura tres horas, pero merece la pena verla. Pueden hacerme caso o no. En cualquier caso, yo les he avisado.

Más información

Josep Torrell

8/2017

Padre Arrupe y la bomba de Hiroshima

8/2017

...Y la lírica

Blas de Otero

En castellano

Aquí tenéis mi voz alzada contra el cielo de los dioses absurdos,

mi voz apedreando las puertas de la muerte con cantos

que son duras verdades como puños.

Él ha muerto hace tiempo, antes de ayer. Ya hiede.

Aquí tenéis mi voz zarpando hacia el futuro.

Adelantando el paso a través de las ruinas,

hermosa como un viaje alrededor del mundo.

Mucho he sufrido: en este tiempo, todos

hemos sufrido mucho.

Yo levanto una copa de alegría en las manos,

en pie contra el crepúsculo.

Borradlo. Labraremos la paz, la paz, la paz,

a fuerza de caricias, a puñetazos puros.

Aquí os dejo mi voz escrita en castellano.

España, no te olvides que hemos sufrido juntos

8/2017

Boletín 160

Notas del mes

Ensayo

El extremista discreto

De otras fuentes

La Biblioteca de Babel

En la pantalla

...Y la lírica

Sus guerras, nuestros muertos

No tenim por: voces y silencios tras el atentado

Julio y agosto, energéticos y nucleares

El fin de la crisis: algunos interrogantes

Semántica de 'comunista'

El Kurdistán iraquí: ¿una nueva realidad política?

Gabinete de engendros del Dr. Caligari

¿Hombres feministas?

25 años sin Octavi Pellissa (1935-1992)

Ensayo

El extremista discreto

De otras fuentes

La Biblioteca de Babel

En la pantalla

...Y la lírica