Vivimos en tiempos tan convulsos que, cada pocos meses, surge una situación que hace pensar en la posibilidad de un cambio trascendental. De un cambio que pusiera fin, o al menos provocara un giro sustancial, a una realidad dominada por una economía corrupta, una precariedad social rampante, desigualdades insoportables y una imparable crisis ecológica. Las elecciones municipales del 2015, el ascenso electoral de Podemos (y la pérdida de la mayoría absoluta del PP) o el “referéndum” catalán de 2017 fueron vistos en su momento como situaciones en las que nuestra triste historia reciente podía cambiar. Una percepción especialmente extendida entre sectores de la izquierda alternativa en la que persiste una idea difusa de que algún tipo de “revolución” es posible. (Este es a mi entender el factor principal que explica el atractivo que para una parte de la izquierda tuvo, y aún tiene, el independentismo catalán, la creencia que una ruptura del Estado abriría insospechadas posibilidades de cambio). Pero el pasado reciente ha desmentido buena parte de estas esperanzas. La apuesta de Podemos por forzar un Gobierno de izquierdas acabó en una nueva victoria electoral del PP en junio de 2016. La “movida catalana” ha resultado catastrófica, mostrando por una parte la inanidad real del independentismo (para entenderlo son imprescindibles las crónicas del periodista Guillem Martínez en la revista digital Ctxt) y generando un proceso reactivo que, lejos de abrir puertas de oportunidad al cambio, está permitiendo un reforzamiento de la derecha española.

Pero a veces la realidad da nuevas oportunidades. Y la sentencia de la Gürtel ha propiciado una nueva coyuntura favorable al cambio. Un cambio modesto, improbable (cuando escribo estas líneas los pronósticos siguen siendo favorables a que el PP salvará los muebles en la moción de censura), insuficiente. Pero una situación que tiene al menos unas virtudes potenciales. Sin duda, el mayor beneficiario de la situación puede ser el PSOE. Un partido casi desahuciado por méritos propios y que ahora se ha encontrado con una situación que le permite retomar una iniciativa necesaria. Una coyuntura que además obligará a nacionalistas vascos y catalanes a “mojarse”, y que genera bastante incomodidad a Ciudadanos. En la premura de la situación actual la única opción sensata para una fuerza de cambio es votar sin más la moción de Pedro Sánchez y esperar acontecimientos.

Si la opción ganara, aunque ello significara que el PSOE volvería a hacerse con el Gobierno, se abrirían, al menos, varias posibilidades interesantes. La primera y más obvia, la expulsión de un Gobierno corrupto y la posibilidad de que el PP entrara en un proceso de descomposición. En segundo lugar, Ciudadanos quedaría algo descolocado y, aunque previsiblemente va ser el espacio de recomposición de la derecha, habría perdido la oportunidad de hacer creíble su cara regeneracionista. En tercer lugar, el PSOE quedaría más libre para adoptar una postura más flexible en los temas de nacionalidad (aunque es una cuestión complicada, pues estaría emparedado entre la tenaza del bloque Ciudadanos-PP, su propia ala españolista y las presiones del independentismo catalán). Y, en cuarto lugar, una actitud responsable de Unidos Podemos, en una coyuntura específica, puede resultar beneficiosa para recuperar parte de la credibilidad perdida. La derrota de la moción de censura, la opción que tiene mayor probabilidad, también puede abrir perspectivas interesantes. Sobre todo de clarificar más fácilmente el papel de Ciudadanos por un lado y del nacionalismo periférico por otro. Aunque es evidente que Ciudadanos es ya el nuevo proyecto de la derecha, al haber ampliado su espacio bajo una sola cuestión ha podido atraer a una parte del electorado de clase obrera (especialmente en Catalunya) aterrorizado ante una perspectiva de ruptura territorial. Por ello, cuanto más se posicione Ciudadanos a la derecha es más posible que se desvanezca una parte de su atractivo.

Unidos Podemos y las confluencias no tienen en esta coyuntura otra opción que apoyar la moción, aunque aprovechen para marcar perfil propio en cuestiones sociales, para así ganar credibilidad y porque la moción sitúa un escenario más abierto que el que hemos tenido en los últimos meses. Y también por una cuestión estratégica. Nos guste o no, la única posibilidad de cambios progresistas exige sumar fuerzas entre las izquierdas y los nacionalismos periféricos. Es una constante de la historia (al menos desde tiempos de la Segunda República) que puede no ser gustar, pero que parece inapelable. Y, por tanto, hay que explorar las situaciones en las que hay alguna posibilidad de generar procesos. Y esta es una coyuntura donde esto es posible. No es una ventana de oportunidad para un cambio profundo, es un simple resquicio para tratar de enderezar una dinámica que conduce al desastre.

Saber aprovechar las coyunturas, leer adecuadamente las líneas de fuerza en presencia, y ofrecer respuestas adecuadas constituyen cuestiones cruciales para cualquier político. Pero las coyunturas nunca son páginas en blanco sobre las que escribir cualquier proyecto. Las coyunturas están siempre condicionadas por estructuras que las condicionan, que marcan el espacio de las opciones viables, que influyen en las correlaciones de fuerzas. Cualquier acción transformadora tiene como objetivo alterar las estructuras vigentes. Pero su éxito depende crucialmente de saber cuáles son los puntos débiles de las estructuras, cuáles son las vías de ruptura. Las grandes revoluciones han ocurrido casi siempre en sociedades cuyas estructuras estaban en situación cercana al colapso. Pero esta es una situación que se da en muy pocas ocasiones. Y son mucho menos frecuentes en las sociedades más desarrolladas, que cuentan con complejas y potentes estructuras. Por eso, en los últimos cincuenta años lo que hemos tenido son revueltas más o menos recurrentes, situaciones de movilización masiva que en el medio plazo se han mostrado incapaces de transformar profundamente las estructuras básicas de poder. El “Mayo” francés es quizás el paradigma de lo que trato de explicar. Constituyó una de las movilizaciones más espectaculares del capitalismo tardío, pero ni ella ni muchas de las movilizaciones que se extendieron en este mismo período consiguieron cambiar el núcleo de las estructuras capitalistas. Cuando acabó el ciclo de movilizaciones lo que vino fue neoliberalismo. Es difícil saber si las cosas hubieran sido de otro modo si los movimientos sociales y las fuerzas de izquierda de la época hubieran actuado de otra forma, hubieran desarrollado una estrategia diferente. Lo que quiero subrayar es otra cosa, la capacidad de las estructuras actuales de poder para superar tensiones graves en forma de fogonazos (lo vivimos también recientemente con el 15-M). Y va a ser difícil transformarlas si antes no se ha producido una erosión de las mismas y si las movilizaciones no aciertan a dar con los puntos de más fragilidad. Sobre esto no hay un manual para el cambio, sino que se requiere de una práctica colectiva que experimente vías diversas, que sea consciente de cuál es el tipo de problemas a los que se enfrenta.

III

Cuando me refiero a “estructuras”, pienso en una combinación de elementos distintos. Los más básicos son obviamente las estructuras de poder económico y las instituciones que las sustentan. Un poder económico que se ha consolidado en la fase neoliberal porque se combinan espacios de poder estatal y supraestatal. Estructuras de poder que cuentan con una enorme variedad de mecanismos para tratar de imponer sus reglas de juego. Y que ponen un sinfín de dificultades a la aplicación de políticas alternativas.

Pero las sociedades no son sólo estructuras económicas y poder político. Son también sistemas de relaciones sociales basadas en la costumbre, en valores compartidos que orientan los comportamientos individuales (y cuya producción, difusión y mantenimiento está a su vez favorecida por instituciones específicas: organizaciones religiosas, sistema educativo, medios de comunicación etc.), en el funcionamiento de las organizaciones en las que se agrupa la gente. No existe transformación posible si no se producen cambios en las percepciones sociales, y no se trata de procesos sencillos.

Para propiciar cambios en nuestro país hay que partir del conocimiento de estas estructuras. Ignorarlas solo conduce a un voluntarismo que acaba siendo desalentador (y que en parte esta en la base del desgaste que está soportando Podemos y los municipios del cambio).

La sociedad española está sujeta al peso de una economía dominada por un capitalismo rentista que ha tejido una enorme red de intereses y normas que le garantizan su predominio (el urbanismo y la vivienda son uno de los espacios donde esta estructura es más visible). Un capitalismo que genera un sistemático desequilibrio exterior, un endeudamiento persistente (privado y público) y un insuficiente desarrollo del sector público. Un capitalismo que se sustenta en la depredación de personas y recursos naturales. Y que en el corto plazo coarta con bastante eficacia los intentos de cambio. No sólo mediante el recurso al arsenal legal que protege este sistema sino también mediante su capacidad de influir en los comportamientos de la gente (por ejemplo, generando una cultura de tolerancia con el fraude fiscal, los abusos laborales, y una baja conciencia ambiental). Unas estructuras que promueven una importante diferenciación social a través del sistema educativo (y sanitario) y favorecen la tolerancia con la desigualdad. Y a todo ello se suma la fractura nacional, donde las dinámicas recientes han acabado por generar bloques sociales enfrentados y en gran parte impermeables.

Avanzar en el cambio exige dinamitar estas estructuras. Pero esto no puede hacerse si las propuestas políticas ignoran su existencia, reconocen sus debilidades y sus fortalezas. Saben escoger líneas de acción y reconocer que requieren una labor persistente en muchos terrenos. Saber combinar osadía en la coyuntura con trabajo de zapa y de acumulación de fuerzas es esencial para cambiar.

Y todo esto ¿a qué viene? A pensar qué deben hacer las fuerzas del cambio en el momento actual. En primer lugar, a considerar que hay una coyuntura favorable a descabalgar al PP. Una coyuntura que no propicia grandes cambios, pero que abre alguna ventana y aire fresco. Y no hay que dejarla pasar. En segundo lugar, que las dificultades del cambio se encuentran en líneas de fuerza muy potentes que no van a cambiar a corto plazo, y para lo que no sirve la mera acción de propuesta parlamentaria- electoral. En tercer lugar, a reconocer que seguiremos sujetos a las dinámicas perversas que generan tanto la dinámica del poder económico cómo el enfrentamiento territorial (con una preocupante tendencia a evolucionar como un conflicto donde impera la testosterona y el desprecio al otro bando). Y en cuarto lugar, que alcanzar coyunturas favorables a cambios más radicales exige una variada gama de intervenciones.

Lo ilustro con un ejemplo local. Los ayuntamientos del cambio han basado su estrategia en confiar en que la movilización popular forzaría a parte de las demás fuerzas políticas a sumarse a las políticas de reformas. Lo que hoy sabemos, al menos en mi observatorio barcelonés, es: a) que los intereses dominantes tienen un enorme arsenal de instrumentos de intervención sobre las instituciones y sobre la opinión pública, incluida una densa red de relaciones con la mayoría de fuerzas políticas; b) que el conflicto “nacional” se impone a menudo a otras consideraciones y bloquea muchas alianzas; c) que la movilización social es insuficiente, por las propias debilidades de los movimientos sociales y su incapacidad de romper la hegemonía social y cultural del “establishment” entre amplios sectores de la población. No era un conflicto entre “pueblo” y “políticos”, sino otra cosa. Y, por tanto, avanzar en el cambio exige un trabajo que no puede hacerse sólo desde un reducido espacio electoral.

La moción de censura puede abrir alguna puerta. Pero es solo una entrada lateral a un laberinto lleno de trampas. Evitarlas requiere reconocer adecuadamente cuáles son los siguientes pasos a dar.

* * *

Post scriptum

Cuando ya tenemos el número cerrado llega el desenlace. Al final se ha dado la vuelta a la previsión inicial y lo que parecía improbable ha ocurrido (de hecho, el PP se apresuró a adelantar la sesión pensando que era sólo una forma de pasar página). Lo que posiblemente haya decantado el desenlace es el voto favorable de los dos grupos nacionalistas catalanes, quizás una prueba de que han tomado nota de que el camino unilateral a la independencia sólo llevaba al barranco y de que son conscientes de que habrá que negociar y es mejor hacerlo con un gobierno del PSOE. En conjunto, hoy es uno de esos días en que podemos estar medianamente contentos. Aunque la apertura es pequeña, es una apertura. No es que el PSOE dé muchas garantías, pero tampoco era ni siquiera pensable que esto pudiera ocurrir cuando hace un año y medio la derecha del partido dio el golpe de estado. Además, habrá que contar con una oposición brutal de toda la derecha; sólo hay que ver las portadas de la prensa madrileña (ABC, El Mundo, La Razón, Expansión), dispuesta a crear un clima parecido, salvando las distancias, al del 36, pues se ha impuesto la coalición rojo-separatista. Todo lo descafeinada que se quiera, pero esto es lo que hay. Son tiempos difíciles en que habrá que saber moverse con inteligencia y coraje.

30/5/2018

Disrupción tecnológica y trabajo: ¿disrupción también en el ámbito de las relaciones laborales?

Jordi Bonet Pérez

Aun cuando nuestra percepción del presente sugiera que nuestras vidas —como las de buena parte de la Humanidad— están impregnadas e influidas por el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, condicionando hábitos, comportamientos y relaciones personales, no hay que desconocer que ese mismo hoy vive un proceso tendencialmente disruptivo sustentado en la inteligencia artificial y la robótica: el impulso, a partir de la automatización y la digitalización auspiciadas por los avances tecnológicos (impresión en 3D, vehículos autónomos, nuevos materiales, robótica avanzada, el Internet de las cosas, etc.) de una cuarta revolución industrial. La lógica de este proceso, que se antoja a priori imparable, lo perfila como un acontecimiento más acelerado que cualquiera de las otras revoluciones industriales. Asimismo, sus repercusiones no se focalizan exclusivamente en el terreno de la producción de bienes y la prestación de servicios, sino que abarcan de manera global todos los aspectos de la vida humana y de su organización económica y social. No hay más que ver algunos ejemplos de los que Schwab denomina puntos de inflexión y las posibilidades de que se produzcan antes de 2025, como que un primer gobierno sustituya su censo poblacional por uno basado en Big Data (82,9%) o que un billón de sensores estén conectados a Internet (89,2%) [1].

El ritmo y profundidad de las transformaciones económicas, políticas, sociales y humanas (incluso biológicas: implantes y prótesis sustitutivos) que todo ello puede suponer resaltan, tanto la entidad e intensidad de los cambios que se avecinan, como la aparente ausencia de un debate político y social, a todos los niveles. No deja de ser llamativo que, a la par que progresa con mayor o menor intensidad el proceso disruptivo, el asunto vaya abriéndose camino en los medios de comunicación social y en las redes sociales, mientras la dimensión política del debate es, hoy por hoy, insignificante; de hecho, no se han proporcionado a estas alturas datos que permitan reconocer los potenciales efectos de esta revolución industrial en un futuro muy relativamente próximo así como deliberar sobre qué enfoques regulatorios son los adecuados para afrontar los retos subyacentes y prevenir al máximo los efectos negativos que puedan comportar [2].

Una de las preguntas que puede formularse a partir de la constancia del efecto disruptivo de la tecnología y la digitalización es si este proceso, sobre todo en su dimensión productiva de bienes y prestacional de servicios, va a generar o no una disrupción en el ámbito de las relaciones laborales, comportando una ruptura de los fundamentos bajo los cuales se ha organizado el factor trabajo y, a su vez, si aquellos paradigmas político-jurídicos que han encauzado durante las últimas décadas las relaciones laborales y su regulación pueden en este contexto seguir estando vigentes.

Por de pronto, parece lógico pensar que las repercusiones en el ámbito laboral vayan a depender de factores tales como el ritmo y nivel de penetración de la automatización y la digitalización, pero también de las políticas públicas que se implementen a los efectos de disminuir y/o encauzar sus potenciales efectos negativos sobre el empleo y las condiciones de trabajo (por ejemplo, la proactividad y la disponibilidad de recursos para el desarrollo de políticas que potencien la educación y la calificación profesional). En consecuencia, se traza un panorama que, aunque pueda expresar algunos parámetros tendenciales compartidos, perfila escenarios distintos para cada grupo de países e, incluso, para cada país. De cualquier manera, a la vista de los distintos estudios existentes en lo concerniente al impacto de la tecnología sobre el empleo [3], parece claro que existen tipologías de ocupaciones que están más expuestas que otras a desaparecer, o a ver disminuir sensiblemente el número de trabajadores que las desempeñan (por ejemplo, aquellas que, debido a su carácter repetitivo, son más susceptibles de ser objeto de automatización). Los potenciales efectos negativos sobre el nivel de empleo de esta tendencia se podrán ver más o menos compensados por la aparición de nuevos puestos de trabajo vinculados a las nuevas necesidades productivas de bienes y de prestación de servicios surgidas de la cuarta revolución industrial. Nada permite apriorísticamente anticipar a ciencia cierta el alcance a corto y medio plazo del desempleo tecnológico, ni de la capacidad de la nueva economía de generar puestos de trabajo alternativos o, en esta dirección, del ritmo real de sustitución de las viejas actividades laborales por las nuevas. Tampoco hay que eludir enfocar este asunto desde otra posible derivada: la posibilidad de que la disrupción tecnológica implique una reducción del total de horas de trabajo que deban cumplir para ejecutar sus tareas los trabajadores (humanos). Esta hipótesis, que podría ser abordada desde perspectivas filosóficas (sentido del trabajo), psicológicas (cambio de conducta del ser humano) o sociales (uso de excedente de tiempo), sugiere el tratamiento político-jurídico de aspectos tales como el reparto y compartición o no del tiempo de trabajo, la repercusión en los salarios de las opciones adoptadas y/o la articulación de medidas sociales compensatorias para los trabajadores que puedan ver afectadas sus condiciones de vida por este motivo.

La cautela que demanda la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al analizar estas cuestiones de futuro no se antoja descabellada, siempre que se desee huir del alarmismo, aunque tampoco debe la contención servir para eludir la preocupación que pueden suscitar los datos ofrecidos por los modelos señalados [4]. No en vano, el modo de producción predominante y sus principales parámetros de gobernanza global actuales no parecen llamados a sustentar una aproximación en exceso optimista: los derechos de los trabajadores no se encuentran precisamente en el centro de la agenda mundial ni son una prioridad para los actores privados económicos susceptibles de pilotar los cambios en los procesos productivos y prestacionales.

A pesar de lo expuesto, sí pueden perfilarse algunos de los riesgos que entraña, sea cual sea su intensidad y rapidez, la transición económica y laboral, como son el aumento temporal o más permanente del desempleo o la polarización del mercado de trabajo, abierto a una mayor brecha salarial y a la diferenciación de las condiciones laborales (en detrimento de quienes mantengan su trabajo en sectores y puestos de trabajo menos cualificados conforme a los parámetros de los cambios económicos). En suma, la transformación también de las relaciones laborales, en un sentido regresivo, que cuestione, en virtud de las nuevas necesidades empresariales, tanto los derechos laborales, como el mantenimiento del equilibrio jurídico que compensa la inevitablemente desigual relación real entre empleador y trabajador. Los perfiles de una todavía mayor fragmentación del mercado de trabajo y el aumento de la desigualdad son, pues, consecuencias que tanto las partes sociales como las políticas públicas deberían, si existe voluntad para ello, abordar y corregir.

Insistiendo en la factibilidad de la transformación de las relaciones laborales, tampoco resulta fuera de lugar pensar que la cuarta revolución industrial puede coadyuvar a extender modelos de relación laboral presentes o nuevos modelos de relación laboral que potencien la dilución (¿disrupción?) del modelo de relaciones laborales basado en el trabajador por cuenta ajena, tal y como este es jurídicamente entendido, partiendo de que este en los últimos años ha estado sometido a constante erosión y regresión, entre otras cosas, como herramienta de mejora de la competitividad normativa que han venido mantenido los Estados para hacer más atractivo su mercado de trabajo y su sistema económico frente al resto de países.

No resulta nada extraño que pueda entreverse, dentro de estas coordenadas, la hipótesis inicial de un mayor grado de externalización de las actividades humanas dentro de la producción de bienes y la prestación de servicios, que comporte —como de hecho se vislumbra en el trabajo dentro de la economía colaborativa [5]— una mayor flexibilidad e independencia en la realización de la actividad laboral, debilitándose así el tradicional vínculo de subordinación característico del trabajador por cuenta ajena. Sin embargo, tampoco la aparente atenuación de su subordinación debe necesariamente implicar per se su desaparición y su catalogación general como trabajadores por cuenta ajena. Junto a ello, es probable que parte de los trabajadores cambien muchas veces de puesto de trabajo o que ejerzan su actividad laboral vinculada a varias empresas [6] (por ejemplo, realizando para varias de ellas determinadas tareas especializadas). Estos escenarios parecen plantear una razón práctica para regular jurídicamente espacios de ultra-flexibilidad [7], dirigidos a generar plantillas flexibles, como sucede por ejemplo con la disponibilidad de trabajadores a demanda, aun admitiendo que propendan por su naturaleza a “introducir nuevas condiciones de trabajo con menores costes y la erosión de las condiciones de trabajo” [8]. Las tendencias sucintamente apuntadas perfilan el difícil encaje de muchas modalidades de desempeño de la actividad laboral en la figura del trabajador por cuenta ajena protegido por el Derecho laboral, de modo que, junto al recurso a modalidades de contratación civil o a su posible consideración como trabajadores por cuenta propia, se sugiere también que se busquen formulaciones normativas específicas para quienes desarrollan actividades laborales bajo fórmulas atípicas [9].

Aunque la automatización y la digitalización no den lugar en los actuales mercados laborales a tendencias totalmente novedosas (solo alguna de ellas puede ser tenida por tal), contribuyen a mediatizar la figura del trabajador por cuenta ajena, así como del haz de derechos laborales propios de su posición jurídica. La perspectiva de que la tecnología disruptiva extienda aún más estas prácticas y abarque relativamente a un mayor número de integrantes (humanos) de la fuerza laboral puede concitar la idea de una necesidad o aparente necesidad de cambio legal, con el argumento de que la nueva realidad económica y laboral derivada de la automatización y la digitalización exige una respuesta adecuada, ya que es un fenómeno inevitable que no hay más remedio que regular. Es decir, dar respuesta a los retos de la nueva sociedad mediante la consolidación normativa de nuevas formas de trabajo y de contratación. La cuestión es si, pese a que pueda pensarse en favorecer que estos trabajadores dispongan de algún tipo de cobertura conforme al Derecho laboral, esta posibilidad no tendrá un efecto disruptivo sobre el marco de relaciones laborales existente, fragmentándolo de nuevo y perfilando modelos de contratación y de protección que presionen aún más a la baja el estatus del trabajador por cuenta ajena. El interrogante adicional es el siguiente: ¿es imposible que quienes realicen su actividad laboral conforme a estas nuevas formas de trabajo puedan aspirar a ser tratados jurídicamente como los trabajadores por cuenta ajena?

Tampoco está de más reflexionar sobre si las nuevas realidades del trabajo en la era de la automatización y la digitalización van a permitir a escala nacional cumplir las expectativas que sugiere el lanzamiento universal por la OIT a finales del siglo XX del concepto político-jurídico de trabajo decente. Además de ser asumido generalmente por las organizaciones internacionales cuyas finalidades tienen una dimensión socioeconómica, su implementación responde de manera pluridimensional a las aspiraciones de todo trabajador, no solo de disponer de un trabajo con unas condiciones de trabajo dignas, sino también de un salario digno, de seguridad en el trabajo y de un mínimo de protección social, así como del fortalecimiento del diálogo social.

La automatización y la digitalización perfilan, además, otras consecuencias de dimensión social, entre otras: un aumento temporal del desempleo o la consolidación de un nivel de desempleo estructural significativo que genere necesidades de protección social más amplias, dado el número de personas afectadas por el proceso disruptivo; el incremento de las desigualdades salariales y, por tanto, respecto a los integrantes (humanos) de la fuerza laboral cuyos salarios se ubiquen en las franjas inferiores; el incremento de los recursos económicos precisos para articular políticas sociales mínimamente compensatorias que permitan satisfacer las necesidades de estas personas, siempre que este acabe siendo un objetivo política y socialmente asumido; el potencial detrimento de los recursos financieros para asegurar las pensiones públicas; o el incremento de las necesidades de gasto público en materia educativa, incluida la formación profesional.

En definitiva, lo que se infiere es que la disrupción puede llevar adicionalmente a que se traslade al Estado de forma significativa la responsabilidad de asegurar el bienestar general, bajo un sistema productivo en proceso de transformación o intensamente transformado que favorece el aumento de la productividad y los beneficios empresariales. Ello significa abordar el tema de la disponibilidad de recursos financieros suficientes para mantener las políticas sociales adecuadas para abordar los problemas generados, y hacerlo en contextos como los de los países más desarrollados, donde tales tendencias se solapan con otras ya presentes, como puede ser el envejecimiento de la población. Aunque también otros escenarios, en que el Estado declina frente a la potencialidad reguladora del mercado, son posibles.

Estos extremos perfilan el debate político-jurídico sobre otros asuntos que es preciso tener presentes, tales como: la imposición de tasas, impuestos y/o cotizaciones sociales por el empleo de los robots —y el interrogante de si es factible hacerlo igualmente respecto a la inteligencia artificial operativa desde ordenadores, tabletas o móviles—; la adopción de políticas sociales compensatorias significativas, como pueda ser la extensión de la renta mínima garantizada; o la toma en consideración de la extraterritorialidad como factor a tener presente en la regulación de las actividades propias de la automatización y la digitalización.

Para acabar, empero, quizá quepa realizar una reflexión sobre la significación profunda de las consecuencias de la disrupción tecnológica en la vida de los seres humanos. No solo en lo que concierne a la conciencia de la potencialidad transformadora de la sociedad, haciendo referencia a ideas como la de una sociedad del ocio o de un hombre liberado del trabajo, o de su reverso negativo, el de una sociedad sin trabajo para la mayoría, sino el ahondamiento en la dilución de dos premisas apuntadas por ARENDT en una sociedad de trabajo: que las manos guiadas por el cerebro humano representen el máximo de eficacia y “que las cosas que nos rodean del mundo deben depender del diseño humano y construirse de acuerdo con los modelos humanos de utilidad o belleza” [10]. La pregunta, entonces, es si, en una sociedad de trabajadores, a punto de liberarse en parte o en todo de “las trabas del trabajo”, este proceso disruptivo no puede resultar socialmente contraproducente, ya que esta sociedad “desconoce esas otras actividades más elevadas y significativas por cuyas causas merece ganarse” esa liberación [11], y, por supuesto, si no puede resultar demasiado acelerado para que el hombre adquiera en un período transitorio suficientemente rápido las capacidades y habilidades para asumir esas otras actividades alternativas. Eso sí, partiendo de que la disrupción, sea al nivel que sea, parece inexorable.

Notas:

[1] SCHWAB, K. La cuarta revolución industrial, Debate, Barcelona, 2016, p. 43.

[2] Sin perjuicio de que, por ejemplo, en 2016, el informe económico de la presidencia de los EE.UU. hiciese un breve análisis de la cuestión (THE WHITE HOUSE, Economic Report of the President together with The Annual Report of the Council of Economic Advisers. Transmitted to the Congress, February 2016, pp. 236-239, disponible en: http://www.presidency.ucsb.edu/economic_reports.php, última consulta realizada el 2 de mayo de 2018) o que, en el contexto del debate sobre la interrelación entre la robótica y el Derecho Civil, el Parlamento Europeo señalase, primero, que el desarrollo de “la robótica y de la inteligencia artificial tiene potencial para transformar el modo de vida y las formas de trabajo”, pudiendo transformar el mercado de trabajo, y, segundo, que “es probable que los empleos menos cualificados en sectores intensivos en mano de obra sean más vulnerables a la automatización” (Preámbulo de la Resolución P8_TA-PROV(2017)0051 del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, Normas de Derecho Civil sobre robótica, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica (2015/2103(INL)).

[3] INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, Inception Report for the Global Commission on the Future of Work, International Labour Office, Geneva, 2017, p. 25.

[4] INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, “Technological Changes and Work in the Future: Making Technology Work for all”, The Future of Work Centenary Initiative, Issue Note Series, 1, 2016, p. 7, disponible en: http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_534201/lang--en/index.htm (última consulta realizada el 2 de mayo de 2018).

[5] Un informe encargado por el Parlamento Europeo señala la existencia de un vínculo fuerte entre el trabajo en las plataformas de la economía colaborativa y la precariedad, de modo que la mayor dependencia del trabajo en este entorno implica un más bajo nivel de protección social (DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES, “The Social Protection of Workers in the Platform Economy. Study”, Document IP/A/EMPL/2016-11 - PE 614.184, November 2017, pp. 12-13).

[6] Pudiendo trabajar por proyectos “en nuevos ecosistemas laborales colaborativos (hubs laborales) sin necesidad de ir a la oficina” (DE LA TORRE, C., “Contribución al debate sobre el futuro del trabajo. Iniciativa del centenario de la OIT”, p. 2, disponible en: http://www.ilo.org/madrid/fow/trabajo-y-sociedad/WCMS_548581/lang--es/index.htm, última consulta realizada el 2 de mayo de 2018).

[7] Ibíd.

[8] Ibíd. p. 4.

[9] En el ámbito de la economía colaborativa, TODOLÍ SIGNES postula una cláusula de escape en la normativización del contrato de trabajo —con objeto de dar cierta protección— para “prestadores personales de servicios que, (…), tiene[n] su autonomía de la voluntad mermada debido a su débil posición negocial” (TODOLÍ SIGNES, A., El trabajo en la era de la economía colaborativa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p. 149).

[10] ARENDT, H., La condición humana, Editorial Paidós, Barcelona, 1993, p. 170.

[11] Ibíd. p. 17.

27/5/2018

Devaluación salarial

Cuaderno postcrisis: 8

Albert Recio Andreu

El ajuste salarial es una de las recetas estrella de las políticas neoliberales anti-crisis. Las “reforman laborales” forman parte de los paquetes de “reformas estructurales” que se imponen a los países con problemas. Y uno de los efectos de estas reformas, aunque no el único, es el de provocar la reducción salarial (aunque sus objetivos son más ambiciosos, pues incluyen medidas para incrementar el sometimiento social de la clase obrera y cercenar la lucha sindical). Este fue claramente el objetivo de las reformas laborales de 2010 y 2012 en nuestro país.

El argumento intelectual que se utiliza para justificar la necesidad del ajuste salarial es el de la competitividad. Se supone que las economías que tienen problemas es porque su producción se debe a que sus costes les hacen perder capacidad de competir en el mercado mundial. El ajuste salarial, al reducir costes, permite rebajar el precio de los productos y mejorar la balanza comercial. El argumento es sencillo pero falaz por diversas razones. En primer lugar, no está claro que la competencia entre empresas y países sea esencialmente en términos de precios. Una buena parte de los intercambios internacionales se realizan entre productos de una elevada especialización. Y, en algunos casos, los precios no son tan importantes como otras cuestiones. Esto es lo que explica el éxito exportador alemán, no que sus productos sean más baratos sino que en bastantes casos no tienen competidores eficientes. En segundo lugar, no es evidente que una mera reducción de costes laborales vaya a tener un efecto importante sobre los precios finales de los bienes. En los productos industriales el peso de los costes salariales no suele superar el 30% del coste total. En este caso, una reducción sustancial del 10% de los salarios, de trasladarse a los precios representaría una reducción del precio de venta del 3%. Para tener efectos contundentes, la reducción de salarios debería ser de enormes proporciones (lo que puede tener efectos colaterales contraproducentes en aspectos como la productividad y la demanda interna). En tercer lugar, y este es un elemento crucial, no es evidente que las reducciones salariales se trasladen automáticamente a los precios (de la misma forma que no suele ocurrir que las reducciones del coste de materias primas como el petróleo se trasladen automáticamente al precio de los carburantes, o que la reducción del interés que pagan los bancos se traslade a los intereses que cobran por los créditos.). Cuando no hay traslado, la caída de costes salariales lo que hace es engordar los beneficios empresariales sin que necesariamente aumente su competitividad en términos de precios. Por ejemplo, no existe evidencia de que la caída sustancial de los salarios en la hostelería se haya traducido en un abaratamiento sustancial de hoteles y restaurantes. Y, en cuarto lugar, si los problemas son de precios el factor más importante no son los costes salariales, sino el tipo de cambio que se establece entre la moneda local y las demás. Si, por ejemplo, el Euro se revaloriza un 10% respecto al dólar, ello quiere decir que todos los productos del área euro se encarecen un 10% para los clientes externos y, al mismo tiempo, los productos provenientes del exterior de la zona euro se abaratan en la misma proporción. Es evidente que el tipo de cambio no influye en el comercio exterior con los países de la zona euro, pero sí con el resto. Y dentro de la zona euro, gran parte de los intercambios obedecen al tipo de especialización productiva de cada área y a las políticas de localización de las multinacionales. Si los salarios fueran tan decisivos, países como Grecia, Rumania o Bulgaria deberían estar atrayendo inversiones industriales masivas y ganando cuota de mercado.

El argumento de la competitividad es por tanto dudoso. Lo que es indudable es que el ajuste salarial lo que provoca es un aumento de los beneficios, un cambio en la distribución de la renta a favor del capital. Y, como han mostrado numerosos economistas críticos, empezando por Marx, este cambio en la distribución de la renta forma parte de la lógica de la acumulación de capital. Algo muy distinto al interés colectivo con el que el discurso económico dominante nos trata de confundir.

Promulgar una devaluación salarial no es lo mismo que llevarla a cabo. A menos que se practique un recorte salarial por decreto (como lo que hizo Rodríguez Zapatero con los sueldos públicos), lo que no es el caso en nuestro marco institucional, el proceso de ajuste requiere un cierto tiempo. La medida más contundente para aplicar un ajuste salarial ha sido sin duda la Reforma Laboral de 2012, especialmente en todo lo que destruye del modelo de negociación colectiva. Pero no podía esperarse que obrara de inmediato. Por eso es ahora cuando empezamos a tener evidencias más sólidas de la profundidad del ajuste. De hecho, hay dos procesos coincidentes que propician el ajuste salarial. De una parte, está el propio hecho del paro masivo, una realidad que siempre debilita a la gente corriente y la hace más proclive a aceptar condiciones laborales deterioradas. De otro, está el recorte de derechos laborales y las dificultades que generan a los sindicatos y la negociación colectiva que aportó la reforma. Ejército de reserva y cambio institucional han conspirado al alimón para promover el ajuste salarial.

Antes de analizar sus efectos conviene tomar conciencia de una cuestión técnica en la medición de los salarios, en especial al partir de datos estadísticos que se ofrecen como medias. Se trata de los conocidos efectos composición. Lo explicaré con un ejemplo simplista: si sólo existiera una categoría salarial y todo el mundo recibiera el mismo salario, es obvio que las variaciones del salario medio reflejarían adecuadamente las variaciones salariales. Pero esto nunca es lo que caracteriza a la estructura laboral.

Supongamos para simplificar que existen dos categorías laborales, una de altos salarios que representa un 30% de la población asalariada (pongamos que obtiene un salario anual de 50.000 €) y otra, el 70%, de salarios bajos (20.000€ anuales). El salario medio se obtiene por la fórmula 50.000 x 30% + 20.000 x 70%, que da un salario medio de 29000€ (que no cobra nadie). Si al año siguiente se produce una crisis y se despide sólo a gente de bajos salarios (pongamos que al final el total de población asalariada se compone de 40% de altos salarios y 60% de bajos) aunque los salarios no varíen, el salario medio subirá (aplicando la misma fórmula 50.000 x 40% + 20.000x 60% = 32.000). Si por el contrario hay un aumento del empleo de bajos salarios y la composición final es de un 20% de altos salarios y un 80% de bajos, el salario medio se situaría en 26000€, sin que a nadie le hubieran bajado el sueldo. En la práctica, existen muchas categorías laborales, su peso en el conjunto cambia y asimismo varían los salarios por lo que las medias pueden enredar nuestra visión del tiempo. Por ejemplo, en la primera fase de la crisis se produjo una destrucción masiva de empleos de bajos salarios, lo que creo la falsa sensación de un crecimiento de los salarios. Siempre hay que ser cautos con los datos agregados, aunque ahora la evidencia de una devaluación salarial es cada vez más consistente.

III

La forma más directa de reconocerla es ver qué ha ocurrido en el reparto de la renta nacional, la parte de la renta que va a salarios (aunque también aquí hay que poner en duda la bondad de la contabilidad nacional para medir adecuadamente la actividad económica). Y el resultado es demoledor: el peso de las rentas salariales en la Renta Nacional Bruta ha caído 4,32 puntos (desde el 51,60 al 47,28%) entre 2008 y 2017. Y ello a pesar de que el peso de los asalariados en la población ocupada no sólo no ha decrecido, sino que ha aumentado ligeramente, pasando de representar un 82,36% al 83,47% (la repetida afirmación del crecimiento de los autónomos sigue sin dejar rastro estadístico). O sea que un 1% más de población se reparte un 4% por ciento menos de producto. No hace falta ser muy sutil para entender que se trata de un resultado estadístico que refleja la evolución de la lucha de clases. Y vamos perdiendo por goleada. Y también es una muestra que el ajuste salarial, más que permitir una caída de precios (que hubieran dejado inalterada la distribución de la renta) lo que ha favorecido es un cambio distributivo en favor del capital.

Pero, que en su conjunto los salarios se hayan deprimido, no significa que todos lo hayan hecho al mismo ritmo. En este sentido, la Encuesta Anual de Estructura Laboral ofrece información útil para entender la naturaleza de los cambios. Para explicarlo de forma sintética:

En primer lugar se aprecia un aumento general de las desigualdades; por ejemplo, el índice de Gini ha pasado entre 2008 y 2016 32,2 a 34,3, un crecimiento de más de 2 puntos que muestra un crecimiento de las desigualdades salariales. La población asalariada se reparte una proporción menor del producto y se lo reparte de forma más desigual.
El salario medio real, entre 2008 y 2016, ha caído un 3,7%. Sólo los empleados de tres sectores de actividad han conseguido una pequeña mejora en el salario real ―minería, suministro de agua y saneamiento e industria manufacturera―. Contando que los dos primeros ocupan a poca gente, lo curioso es que sea el sector industrial, el teóricamente más afectado por la competitividad exterior, el único gran sector que no ha experimentado una devaluación salarial en términos absolutos.
La mayor pérdida de ingresos reales se ha producido en los sectores que estaban ya a la cola de la distribución salarial: Hostelería -8,2%, Actividades Auxiliares y Administrativas -7,4%, Otros servicios -7,1%. Sólo el sector financiero, que ha experimentado un ajuste drástico entre los de altos salarios, ha vivido un recorte parecido del 6,9%.
Las desigualdades de salarios medios son enormes incluso si se consideran los aspectos sectoriales: los salarios en el sector energético son de media 3,6 veces los de la hostelería, y los salarios medios de directivos y gerentes son 3,1 mayores de media que los del personal no cualificado de los servicios. Seguramente, con datos menos agregados, estas desigualdades se ensanchan.
El salario medio recoge mal la realidad. Éste se situaba, en 2016, en 23156€ anuales, pero el salario mediano (el que cobra el trabajador situado en el 50% de la distribución) es un 14,1% inferior (19432€) y el salario más frecuente un 18,8% menor (16497€).
Las condiciones de empleo aumentan las desigualdades. Tanto el empleo a tiempo parcial (que copa el 9% que no alcanzan a ganar el salario mínimo legal en términos anuales) como el empleo temporal (en su conjunto el salario medio de los temporales es un 25% que el de los fijos, pero esto recoge no sólo su situación de temporalidad, sino que estos empleos se sitúan siempre en las categorías laborales más bajas). El empleo a tiempo parcial ha crecido, y el empleo temporal ha vuelto a aumentar a partir de 2014, y se sitúa a niveles parecidos a los anteriores a la crisis.

Una última cuestión el de la brecha salarial. En términos agregados, ésta no muestra una evolución clara. En el período 2008-2016 varía año en año, y oscila entre un 22 y un 24 por ciento. Los últimos años muestran un moderado perfil descendente (de un 24% en 2013 a un 22,4% en 2016), pero posiblemente en ello importan más los efectos composición (los cambios en el empleo) que un verdadero cambio en las pautas salariales. Y, en todo caso, una desigualdad entre hombres y mujeres superior al 20% por ciento es de por sí escandalosa ―y, como cabe esperar, no es homogénea―. Las diferencias son notorias: la brecha salarial de género es de un 8,7% en educación, un 10,4% en la Administración Pública y, en el otro extremo, supera el 30% en Otros Servicios (32,3%), Empleos Administrativos y Auxiliares (32,4%), Actividades técnicas y profesionales (31,4%) y se acerca en Sanidad y Servicios Sociales (29,9%) e Inmobiliarias (29,6%). Sin duda, en los sectores donde existe más desigualdad operan tanto los mecanismos de suelo pegajoso (en los servicios, incluido el sector sanitario, donde se encuentran las trabajadoras de servicios a la dependencia) como los de “techo de cristal”, en actividades profesionales. Cuando del análisis sectorial pasamos al ocupacional, las mayores desigualdades se encuentran entre los empleos industriales ―trabajadores cualificados de la industria 29,3%, operadores de máquinas 28,6% (explicable por la segregación sectorial de hombres y mujeres), y trabajadores no cualificados de los servicios 28,2% (donde tiene especial relevancia la proliferación de empleo femenino a tiempo parcial). Las menores desigualdades, por su parte, se encuentran entre el personal de seguridad (14,4%) y profesionales de Sanidad y Educación (15,2%), sectores ambos en los que interviene el sector público de forma sustancial.

Pero la brecha salarial de género no es la única “brecha” sistémica que puede detectarse. La de clase social es igualmente relevante, aunque ahora se camufla bajo la capa de la cualificación educativa. Con excepción de los operadores de máquinas (1% por encima) ninguna actividad manual se sitúa por debajo del salario medio, siendo los empleados y empleadas no cualificados de los servicios (55%) y los de comercio y restauración (63%) los que ocupan el lugar inferior. En el otro extremo el salario medio de los directivos es 2,18 veces superior a la media y todas las actividades profesionales están por encima del 1,2.

La peor, con todas, es la brecha que tiene que ver con la nacionalidad. Los salarios de las personas de otras nacionalidades son inferiores en un 20% para los súbditos de la Unión Europea (donde se mezclan situaciones muy diferentes) y en 38,1% para los latinoamericanos y el 40,9% de los procedentes del resto del mundo. Una brecha que ha crecido con la crisis.

Y es que, en nuestras sociedades, las desigualdades que afectan a las personas tienen que ver con su género, su condición social y su nacionalidad (o grupo étnico). Son un reflejo de las tres estructuras profundas que modelan nuestra sociedad: el capitalismo, el patriarcado y el imperialismo. Y por eso, la lucha contra las desigualdades exige enfrentarse tanto a las políticas que empobrecen a la mayoría en beneficio de unos pocos como a la superación de estos elementos estructurantes que diferencian a los que tendríamos que ser iguales, que generan más competencia que cooperación. No hay caminos intermedios la lucha por la igualdad, exige contemplar los tres elementos a la vez.

Nota final. Aquí solo abordo el tema de las desigualdades salariales. Soy consciente que no entro en la cuestión ecológica. Tras un interesante debate con Miguel Muñiz tengo pendiente volver sobre el tema.

31/5/2018

Algunas cosas sobre la partida nuclear que juegan las élites

Miguel Muñiz

Desde febrero de 2017 se juega una partida entre élites eléctricas que mandan y élites políticas que gobiernan; las que mandan marcan el ritmo. Eso significa que no hay normas ni tiempos [1], que las palabras significan lo que ellas dicen, que impera la discreción (o sea, el secretismo), y que las apariencias no se corresponden con la realidad.

¿Qué se está jugando en esa partida?

Una cuestión que no se menciona abiertamente: ocupar la mejor posición para aumentar los beneficios económicos ante la última etapa, los próximos 20 o 30 años, de funcionamiento de los siete reactores nucleares que hay en España. Entre las eléctricas existe consenso en pedir la rebaja de impuestos como medio de aumentar los beneficios, pero no hay acuerdo en la manera de conseguirla. IBERDROLA opta por presionar; los otros, en diferente grado, oscilan entre presionar y negociar. ¿Negociar con quién? Con el gobierno de turno, que es quién debe dar forma política a ese incremento de beneficios modificando las leyes vigentes o creando otras nuevas [2].

¿Cómo nos afecta esta partida?

Nos afecta en todo, afecta a nuestra salud, nuestra seguridad, nuestro futuro, nuestro compromiso con la paz y con un medio ambiente más sano. Y también económicamente, porque sea cual sea el resultado final, será el conjunto de la sociedad, pero sobre todo las clases subalternas, quienes pagaremos las deudas de los perdedores y las ganancias de los vencedores que resulten de esta partida.

Participantes

Son cinco: las cuatro compañías eléctricas propietarias de las nucleares y el gobierno de turno (hasta ahora el PP). El gobierno actúa prisionero de una larga tradición de chico de los recados políticos de las eléctricas. Pero desde febrero de 2017 ha descubierto que eso le puede pasar factura para su supervivencia en los próximos años, y se rebela.

Las eléctricas. Cada una desde su poder. ENEL-ENDESA posee el 47,1% del total de los 7.117,3 Megavatios de potencia atómica instalada en España, IBERDROLA tiene el 42,6%, GAS NATURAL–FENOSA el 8,1%, y Electricidad de Portugal (EDP) el 2,2%. Dos jugadores principales y dos secundarios.

Pero si se analiza la propiedad reactor por reactor la situación cambia. ENEL-ENDESA tiene el 100% de Ascó 1, y mayoría en la propiedad de Ascó 2 y Vandellós 2; por su parte IBERDROLA tienen el 100% de Cofrents, y mayoría en Almaraz 1 y Almaraz 2; la propiedad del reactor de Trillo se reparte entre IBERDROLA (49%), GAS NATURAL-FENOSA (34,5%), EDP (15,5%) y ENEL-ENDESA (1%). Resultado: no se puede imponer una decisión que afecte a todos los reactores.

Este equilibrio obliga a contar con el gobierno de turno, y un factor es la mayor sintonía con las élites gobernantes en la disyuntiva entre presionar o por negociar de los que mandan [3].

Propaganda

Partiendo de una afirmación de Noam Chomsky: «(...) la propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al estado totalitario» [4], aquí la propaganda está diversificada. Una parte va destinada a las clases acomodadas, primero a las que poseen un determinado nivel económico, que no son una pequeña minoría. Las juntas de accionistas de las cuatro compañías eléctricas, por ejemplo; especialmente los que pueden moverse en “mercados” internacionales [5]. Otra parte va destinada a los “consumidores conscientes”, y otra, genérica, a adoctrinar con la repetición de consignas.

Se han analizado las pautas de la propaganda revisando 91 noticias, informes, artículos de opinión e informaciones diversas sobre cuestiones atómicas; aparecidos en 3 agencias, 9 medios digitales más o menos especializados en temas económicos, y 8 medios más de tipo “generalista”, todas entre enero y mayo de 2018. El funcionamiento es claro.

Los generadores de informaciones son el núcleo principal. Personas que forman parte de UNESA, que aglutina a las 5 empresas eléctricas (las anteriores más Viesgo), como Borja Prado; del FORO NUCLEAR como Ignacio Araluce; de Red Eléctrica Española (REE), como José Folgado; o de consultoras como DELOITTE o PWC . Este grupo se complementa con algunos expertos y opinadores de alto nivel, otras personas que ocupan cargos en los organismos anteriores.

Las informaciones y opiniones se difunden bien a través de agencias (EFE, Servimedia y Europa Press) o mediante entrevistas o exclusivas («un informe al que ha tenido acceso...», suele ser la fórmula más repetida).

Luego intervienen los medios digitales de información predominantemente económica, EL INDEPENDIENTE, LA INFORMACIÓN, EL PERIÓDICO DE LA ENERGÍA, VOZ POPULI, EXPANSIÓN, ENERGY NEWS, CINCO DÍAS, EL ECONOMISTA o EL CONFIDENCIAL, suelen ser las cajas de resonancia de los generadores de informaciones. Algunos de estos medios se declaran abiertamente liberales.

Y a un nivel más básico se sitúan los medios generalistas como LA VERDAD, EL PAÍS, LA RAZÓN, EL MUNDO, LA VANGUARDIA, ABC, EL PERIÓDICO, ELDIARIO, que realizan un seguimiento esporádico o parcial.

Mención aparte merecen los medios especializados en energías renovables, como ENERGÍAS RENOVABLES o SOLAR NEWS que, por su contenido específico, quedan fuera de esta partida.

Apuestas de la partida

Se reducen a dos: dinero (en sus diversas acepciones como costos, beneficios, pérdidas, inversiones, rentabilidad, precios, marco retributivo, etc.) y cambio climático (habitualmente bajo el sinónimo descarbonización). Aquí las apuestas se combinan, complementan, enfrentan o entrelazan según los movimientos de la partida. Una forma habitual es “la energía nuclear es necesaria para la descarbonización”, a partir de esta fórmula básica aparecen las “ inversiones necesarias para asegurar la rentabilidad de las centrales”, lo que se convierte en un arma de doble filo ya que la “exigencia de descarbonización” sirve tanto para argumentar “el control de las centrales desde el punto de vista de la política energética”, como de elemento de chantaje para pedir la “reducción de impuestos” para mantenerlas funcionando.

Una variable recurrente es la mentira de que “el cierre de las centrales nucleares significa un incremento en el precio de la electricidad” y, en una muestra de alarde dialéctico, la propuesta del gobierno de traspasar los fondos de ENRESA a las compañías para que estas asuman los costes del desmantelamiento de las centrales, se ha convertido en la “necesidad de que las centrales nucleares funcionen hasta los 60 años para hacer rentable su desmantelamiento”, las variables del discurso se multiplican [6].

Cualquier parecido entre las apuestas de la partida y la realidad ambiental, social, tecnológica y material de la energía nuclear no es que sea pura coincidencia, simplemente es que no existe.

El héroe y el villano

La propaganda ha creado la figura de un héroe, el presidente de IBERDROLA, Ignacio Sánchez Galán, y de un villano, el ministro de turno, Álvaro Nadal, que cumple a la perfección la función que corresponde a un profesional de la política en un conflicto con los que mandan: servir de blanco de todas las críticas y ser objeto de todo tipo de calificativos denigratorios, desde la denominación de su política como “cruzada”, hasta su voluntad de “forzar” hacia el “caos” el sistema eléctrico, y sus “ocurrencias” [7].

Frente a todo un empresario con visión de futuro y proyección internacional ¿acaso cabía esperar otro reparto de papeles?

¿Hay espacio para el análisis de esa partida?

Desgraciadamente, no. Las voces que llegan a los medios que participan en el sistema de propaganda sólo pueden optar a discursos levemente irónicos sin mencionar a nadie en concreto, o a exposiciones asépticas de todas las versiones sin entrar en nombres o en consideraciones críticas, y eso sólo por parte de periodistas veteranos. Lo máximo admitido es una referencia genérica al declive nuclear a nivel internacional, o a incrementos de costes (y cierres de centrales) en otros países. A ver si los matamos a indirectas, que decía el gran Gila.

La partida se desarrolla de espaldas a la mayoría social opuesta a la energía nuclear en España. ¿Cabía imaginar algo diferente?

Notas

[1] El control del tiempo, la agenda y el marco de la partida por parte de las élites que mandan lleva a aspectos tan curiosos como que todas las ventajas normativas que consiguieron en el período de negociación de Garoña (2012 – 2017) no se mencionen en las informaciones. Se continúa afirmando que 2020, 2021 y 2024 son los límites temporales de renovación de los permisos de funcionamiento de las centrales. Por otra parte, en el artículo de mayo de Mientras Tanto se hacía referencia al jaque como jugada decisiva en ajedrez, pero la analogía acaba aquí. http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/nuclearcatalunya/articles/jaquepronuclear.pdf

[2] En otros textos hemos analizado la situación que dio origen a esta partida; ver, por ejemplo http://www.mientrastanto.org/boletin-161/notas/nucleares-en-septiembre-tic-tac-tic-tac-tic-tac , http://www.mientrastanto.org/boletin-162/notas/hipotesis-de-un-futuro-nuclear-1 , http://www.mientrastanto.org/boletin-166/notas/nuclear-real-nuclear-virtual-cofrentes-como-ejemplo ),

[3] https://elpais.com/economia/2018/04/23/actualidad/1524483888_717890.html

[4] Ver http://www.rebelion.org/noticia.php?id=1399

[5] Un caso reciente: información del 26/05/2018. GIP, SONATRACK Y CAPITAL GROUP, LOS MÁS BENEFICIADOS. Gas Natural cambia sus estatutos para que el 30% de sus accionistas no tribute en España.
https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-05-26/gas-natural-estatutos-fondos-tributacion-espana_1569251/

[6] Una muestra de todos los casos mencionados en cursiva (hay más):
https://www.foronuclear.org/images/stories/recursos/sala-prensa/prensanuclear/2018/02/EN-20180309.pdf

http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/9000046/03/18/EL-CHOQUE-ENERGETICO.html

http://www.elmundo.es/economia/2018/02/22/5a8dd1d9468aeba0068b4616.html

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/03/companias/1525367420_444309.html

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-nuclear-aporto-212-electricidad-espana-2017-sector-queja-impuestos-asume-20180301144550.html

https://www.elboletin.com/noticia/161166/economia/la-comision-de-expertos-calcula-que-cerrar-las-centrales-nucleares-dispararia-el-precio-de-la-luz-un-20.html
https://www.elindependiente.com/economia/2018/05/23/las-nucleares-creen-que-la-basura-atomica-forzara-al-gobierno-a-retrasar-el-apagon-total-centrales-hasta-2045/

[7] Muestras de los calificativos.

https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-01-31/ultima-cruzada-nadal-cargar-electricas-coste-cierre-nucleares_1514381/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/03/companias/1525367420_444309.html
http://www.elmundo.es/economia/2018/02/04/5a75d10322601d6a768b4617.html
https://www.vozpopuli.com/opinion/ultima-ocurrencia-Nadal-nacionalizar-electricas_0_1084991648.html

[Miguel Muñiz Gutiérrez es miembro de Tanquem Les Nuclears – 100% RENOVABLES, del Col·lectiu 2020 LLIURE DE NUCLEARS, y del Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya. Mantiene la página de divulgación energética www.sirenovablesnuclearno.org]

29/5/2018

Las manifestaciones de los camioneros en Brasil: ¿huelga o lockout?

Rómulo Soares Valentini

Estos días, al igual que sucede en Francia, Brasil vive una oleada de protestas en el ámbito del transporte por carretera. Tienen que ver con los precios de los carburantes, los planes de privatización de Petrobras y la afectación del sector por la precarización impulsada por la derecha del país, estrictamente alineada con el modelo ordoliberal. En Brasil, el transporte por carretera es esencial para la economía nacional, dado el infradesarrollo de la vía férrea. En tales condiciones, la huelga de los camioneros ha dejado sin carburante a los automovilistas y a los aeropuertos, sin medicamentos a los hospitales, sin servicios de limpieza a las ciudades, etc. Con la particularidad de que no se trata de una huelga sostenida solamente por los conductores, sino por las propias empresas del sector, amenazadas por el gobierno Temer con una intervención del instituto armado. Como explica el autor de esta nota, tras esta aparente paradoja asoma el fenómeno general de la flexibilización del trabajo (AGM—Redacción).

* * *

De acuerdo con el artículo 9 de la Constitución brasileña, la huelga es un derecho atribuido a los trabajadores, que son libres para decidir sobre la oportunidad de ejercerlo y sobre los intereses que deban defender por medio de él.

El lockout (bloqueo) se define como la paralización de las actividades por iniciativa del empleador. Es una práctica expresamente prohibida por el artículo 17 de la Ley 7.783/89.

La manifestación de los camioneros llama la atención por el hecho de que tanto las empresas como los trabajadores han contribuido a la paralización de las actividades, con la finalidad política de presionar al gobierno para que atienda a una serie de reivindicaciones de las sectores económicos y profesionales.

¿Cómo es posible que intereses de trabajadores y de la patronal, normalmente antagónicos, hayan convergido para el mismo propósito?

En primer lugar, hay que aclarar que, a diferencia de otros sectores de la economía, el mercado de las actividades de transporte de mercancías en Brasil está compuesto por un gran número de pequeñas empresas y trabajadores autónomos.

Esta realidad fue construida sobre todo a partir de alteraciones en la legislación laboral aplicable a los camioneros, en especial las introducidas por la Ley 11.442/2007. Esta instituyó la figura del transportador autónomo de cargas, impidiendo el vínculo laboral entre camioneros y empresas de transporte y, consiguientemente, negando a las magistraturas de trabajo la competencia para examinar las controversias derivadas de esta relación.

Este cambio de modelo refleja la tendencia del legislador en los últimos años —con el respaldo de decisiones recientes de la Corte Suprema brasileña— a considerar necesaria la desregulación en materias laborales, consolidando la institucionalización la figura del "trabajador-empresario" como persona jurídica.

La regulación de esta figura contempló, inclusive, la creación de tipologías societarias propias para ese tipo de actividad (como las figuras del “microemprendedor individual” —MEI— y de la “empresa individual” —EIRELI—) .

Por ello se puede afirmar que la categoría profesional de los camioneros fue la más directamente afectada por la adopción de medidas de flexibilización de derechos laborales. Siguiendo técnicas modernas de administración que buscan transformar relaciones de empleo en ajustes comerciales o paccionados, tales técnicas abarcan además la terciarización de actividades principales y la llamada “uberización”.

Sin embargo, los nuevos "trabajadores-empresarios" siguen dependiendo de su fuerza de trabajo para conseguir los ingresos mínimos con que sobrevivir. Son, además, extremadamente vulnerables a las oscilaciones de mercado, en particular a los aumentos del precio del gasóleo (directos o indirectos), que no van acompañados por el correspondiente reajuste en el precio de los portes.

Por lo tanto, no es de sorprender el hecho de que, incluso después de que el gobierno haya firmado un acuerdo con las asociaciones del sector patronal, haya continuado la paralización de esos "trabajadores-empresarios".

En vista de las condiciones reales de trabajo del sector de los camioneros, parece más adecuado encuadrar el movimiento como huelga atípica, de carácter político-laboral, ya que buena parte de los manifestantes —independientemente de su encuadramiento societario— son efectivamente trabajadores autónomos, no vinculados a ningún empleador, titulares del derecho de huelga constitucionalmente garantizado, y tienen como objetivo obtener del Estado garantías de mejores condiciones de trabajo y rentabilidad.

Cabe subrayar el hecho de que una de las pautas de reivindicación del sector es la institución de un valor mínimo para los portes como claro sustituto de uno de los derechos laborales más básicos: un sueldo mínimo apto a garantizar la subsistencia del trabajador y de su familia, el cual, tras siete días de manifestación, fue finalmente acatado por el gobierno el 28 de mayo de 2018.

Independiente del desenlace, las manifestaciones de los camioneros llaman la atención sobre el hecho de que es necesario debatir la actual reglamentación legislativa de la actividad de transporte de cargas.

En este aspecto, es importante comprender que los derechos laborales no se consolidaron dentro del sistema capitalista de producción con el fin de beneficiar a los empleados, sino debido a que los agentes involucrados —trabajadores, mercado y Estado— llegaron a la conclusión de que los aumentos de los costes laborales para la producción compensaba los costes indirectos derivados de conflictos sociales provenientes de un escenario de ausencia de reglamentación y libre negociación entre las partes.

Los recientes acontecimientos demuestran que, aunque la reducción de costes operativos pueda tener efectos positivos para el mercado y promover el crecimiento económico, la ausencia de reglamentación que garantice una remuneración adecuada a los trabajadores puede ocasionar conflictos y, consecuentemente, un aumento de costes que repercute en toda la cadena productiva, generando efectos graves para la economía del país.

[Rómulo Soares Valentini es investigador en Derecho del Trabajo por la Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil)]

28/5/2018

Ensayo

Pablo Massachs

Activismo y euforia tecnológica

Hay un esquema ingenuo de las relaciones entre técnica y valores morales según el cual la técnica es neutra y es la sociedad, o los individuos, quienes utilizan una técnica u otra al servicio de unos objetivos cuya valoración moral es ajena a la técnica utilizada. Esto es solo la mitad de la verdad.

Miguel Ángel Quintanilla [1]

Hace unos años, durante una jornada de debate sobre la cuestión antinuclear, los organizadores invitaron a varios ponentes que debían arrojar luz sobre esta histórica lucha ecologista, que no termina de cerrarse satisfactoriamente y parece secundaria en el debate público. Los invitados no procedían de la militancia antinuclear directamente, aunque sí eran afines a la causa. La idea era precisamente ampliar un poco el foco, buscar la complicidad de ciertos actores sociales y escuchar propuestas alejadas de las inercias que se crean en todo grupo de trabajo. Pues bien, durante el acto de clausura todos los ponentes insistieron en la idea de aprovechar las nuevas tecnologías (ya saben: internet, redes sociales, etc.) como aspecto clave para potenciar el activismo. Tan solo uno de los oyentes manifestó su escepticismo ante tal consenso ciberactivista. La réplica de uno de los integrantes de la mesa de debate consistió en destacar a modo de ejemplo el éxito que un hashtag crítico con una gran compañía eléctrica había tenido durante un par de días (acaso fueron solo unas horas). ¡Pobre resultado para tanta insistencia!

En ocasiones desde el activismo ecologista existe cierto síndrome del niño con zapatos nuevos con las nuevas tecnologías. Es verdad, éstas facilitan mucho la comunicación entre miembros de las organizaciones, ayudan a conocer reivindicaciones similares en otros países y facilitan la difusión de actos y campañas. Hasta aquí todo bien. Pero un problema serio puede aparecer cuando se pretenden sustituir sistemáticamente las acciones tradicionales por las virtuales: charlas, recogida de firmas, discusión de contenidos, etc.

Change.org mató a la ILP

Las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) son un procedimiento a disposición de los ciudadanos que posibilita que éstos presenten iniciativas de ley. Para ello es necesario recopilar la nada despreciable cifra de 500.000 firmas. En materia energética y ecológica ha habido varias intentonas, como en el caso del abandono de la energía nuclear (1990) o la auditoría del déficit del sector eléctrico (2013). Huelga decir que conseguir llegar al número de firmas requerido es una tarea muy difícil. No en vano, la mayoría de ILP se quedan en el camino. Se necesita mucha gente que coordine los esfuerzos, que busque voluntarios, que mantenga la reivindicación en el debate público, etc. y las organizaciones sociales, siempre justas de recursos, a menudo no están dispuestas a centrar sus esfuerzos en el tema en cuestión.

Frente a este camino tortuoso e incierto, cada vez aparece con más fuerza la recogida de firmas virtual como plan alternativo. El procedimiento es de sobra conocido: se acuerda un texto con la reivindicación de turno (preferentemente a través de una lista de correo común o grupo de discusión virtual), se abre una recogida de firmas en una de las plataformas existentes, y a continuación se pone en marcha la difusión, vía redes sociales, por supuesto. Ciberactivismo de la A a la Z.

No sé si esta comparación es una exageración o un caso paradigmático. Evidentemente, las ILP no han muerto, pero es indudable que las acciones virtuales están cada vez más presentes en el activismo, resultan casi la opción por defecto para algunas personas.

Internet, redes sociales… ¡euforia colectiva!

Como veíamos, las nuevas tecnologías han facilitado el activismo en muchas de sus actividades: reuniones a distancia, acordar manifiestos, hacer convocatorias para actos,… Todos recordamos la sensación de euforia al descubrir el ahorro en tiempo y esfuerzos que un portátil con conexión a internet puede regalarnos. La creciente introducción de ciertas tecnologías en nuestras vidas nos ha hecho a todos tecnodependientes o incluso tecnoadictos.

A nadie sorprenderá que durante unos años community manager fuera la profesión más demandada por las empresas y más deseada por los trabajadores. Incluso dentro de los movimientos sociales (en principio más críticos con el consumismo y más reflexivos con las modas) la entrega al mundo virtual es enorme. Al tratar con nuevos voluntarios de las ONG, seguramente muchos querrán encargarse de la difusión en redes sociales, creación de grupos virtuales de trabajo y otras tareas que tengan que ver con internet.

Los movimientos sociales parecen abrazar las nuevas tendencias comunicativas, y esto lleva a una retroalimentación positiva con canales de comunicación tradicionales. Las escasas veces que una reivindicación promovida en la red tiene éxito, todos los medios (digitales y tradicionales) ejercen de caja de resonancia. Da igual que se trate de victorias menores, como la retirada de un anuncio machista o que se consiga habilitar una playa para perros. Los medios están encantados con los fenómenos virales.

Subiendo varios peldaños en la escala de logros, numerosos personajes públicos otorgan a las nuevas tecnologías un mérito desmesurado en ciertas revueltas. Eminentes sociólogos, como el español Manuel Castells [2], le dan un papel protagonista a las redes sociales en las reivindicaciones de la Primavera Árabe. También numerosos analistas, o líderes mundiales como Hillary Clinton, se apresuraron a poner en el centro del tablero estas tecnologías en las revueltas de Irán de 2009. A partir de entonces pocos gobiernos e instituciones han podido escapar del discurso ciberutopista, como ya analizó brillantemente el ensayista bielorruso Evegeni Morozov en 2011 [3]. Desde entonces la evolución de la red no ha hecho sino confirmar las tesis de este joven autor.

Como vemos, la fascinación por la tecnología es una de las características del zeitgeist en todo el globo. Las empresas tecnológicas disfrutan de un aire cool y amistoso, y por el contrario sus tropelías a menudo se pasan por alto [4]. Por si esto fuera poco, los medios de comunicación dan el tratamiento de noticia de primera plana al lanzamiento de cualquier nuevo gadget tecnológico o app innovadora. Las grandes masas responden con euforia, en consonancia con el bombo mediático. Ante semejante tsunami de optimismo tecnológico, no es raro que muchos activistas se vean arrastrados por él.

Rebajando la euforia tecnológica

Mucha gente se pregunta dónde está el problema, por qué debemos mirar con recelo a la tecnología si nos hace la vida más fácil, también a la hora de alcanzar reivindicaciones sociales. En mi opinión este punto de vista lleva varios problemas asociados:

En primer lugar porque el mundo virtual, valga la perogrullada, no es el mundo real. Conocer los que se comenta en Twitter o tener un grupo de Facebook con muchos seguidores no es sinónimo de entender las motivaciones de la gente. Huelga decir que los logros que tienen algún valor (legislativos, políticos, sociales) tienen lugar en general en el mundo real, no virtual. Ahondando en esta línea, la propia evolución de las empresas que dominan la web juega en contra de un entendimiento global de los problemas basados únicamente en el mundo virtual. La tendencia es a personalizar los contenidos en base a los datos que se han recopilado de cada internauta. Esto es aplicable tanto a las búsquedas (Google), redes sociales (Facebook) o incluso noticias [5]. Nuestra experiencia virtual refuerza cada vez más nuestra visión del mundo, lo que nos puede dar la falsa sensación de que se confirman nuestras creencias.

El activismo virtual, además, nos puede dar la idea distorsionada de que estamos “haciendo algo” por la causa y esto puede bloquear otras acciones más útiles. Muchas reivindicaciones del ciberespacio (recogida virtual de firmas, grupos de Facebook que apoyan una causa) carecen de un objetivo claro. Además, si los tienen, es difícil que se puedan evaluar con claridad; rara vez hay rendimiento de cuentas [6]. En la red todo tiene un tratamiento más superficial y una fecha de caducidad más temprana. No parece el entorno más adecuado para una reflexión profunda, necesaria para abordar problemas complejos.

Un buen amigo militó durante el tardofranquismo en un grupúsculo comunista cuyos integrantes se podían contar con los dedos de la mano. Dado el nulo peligro que representaba para el régimen, la sorpresa fue enorme al descubrir mi amigo que la policía estaba al corriente de su existencia y de todos sus integrantes. Sirva este ejemplo para recordar que todos los regímenes (democráticos o no) llevan a cabo un trabajo de inteligencia para identificar a sus posibles enemigos (reales o ficticios) [7]. Con el boom de internet, los defensores del statu quo también llevan a cabo sus propias estrategias en la red, mediante acciones del aparato del estado o de la propia sociedad civil.

Por otro lado, los propios grupos disidentes facilitan información sobre sus integrantes y estrategia que puede servir para neutralizarlos. Los activistas prestan poca atención a este hecho, en parte porque su misión precisamente es dar a conocer sus planteamientos y acciones. Además, muchos disponen de limitados conocimientos técnicos. Para contrarrestar este problema, la periodista Marta Peirano publicó hace unos años un libro que supone una auténtica caja de herramientas para el activismo en la red [8]: email cifrado, conexión mediante VPN, navegación por la deep web, discos duros encriptados,… A pesar de lo útil y pertinente de este ensayo-manual, dudo que muchos activistas sigan sus consejos.

Tecnoeuforia generalizada

Seguramente la fascinación por la tecnología en el activismo es una forma de sustituir un problema social (sujeto a equilibrios, sin una solución única e inapelable) por un problema tecnológico, para el que las soluciones tienen un marco definido y son más manejables. Se trata por tanto de una ilusión de control. Otros ámbitos también están cayendo en esta trampa: las nuevas tecnologías parecen ser un elemento revolucionario en la educación (o así se nos vende); la captura de carbono está tomando un papel desproporcionado como solución al Cambio Climático (sin que tengamos que cambiar nuestro modo de vida); los gobiernos tecnócratas se presentan como un mal menor (como si no estuvieran tuvieran carga ideológica)… Y es que no en vano el capitalismo —que mercantiliza la educación, que minusvalora las consecuencias del Cambio Climático, que mira a otro lado ante las injusticias sociales— es tremendamente tecnoutópico: “la tecnología nos salvará” se usa como muletilla para justificar la miopía económica o el egoísmo fomentado desde el propio sistema.

¿De tecnoadictos a neoluditas?

¿Entonces se trata de dar la espalda a la tecnología? Enterrar la cabeza bajo tierra ante lo que nos disgusta nunca ha sido una actitud inteligente. Es evidente que esto no haría sino restar capacidad de influencia a los que luchan por un mundo más justo. Pero como activistas en la era de internet tenemos que reflexionar sobre el uso y alcance de las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Internet y las redes sociales pueden ser un arma poderosa, pero se deben usar siendo realista sobre su verdadero alcance y el poso de influencia que realmente dejan. Se hace necesario además fijar unos objetivos claros, convenientes y evaluables cuando se llevan a cabo acciones virtuales. Esto quizá pondría en valor la fuerza que siguen teniendo las medidas tradicionales. Finalmente, creo que es crucial que profundicemos en un mayor conocimiento técnico del uso de las nuevas tecnologías [9]. Solo así podremos anticipar cuándo éstas pueden ser nuestro aliado y cuándo no son más que un espejismo o incluso un enemigo silencioso.

Notas

[1] Miguel Ángel Quintanilla, Tecnología: un enfoque filosófico, Fondo de Cultura Económica de España, 2006, ISBN 9789681675646.

[2] Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza: Los movimientos sociales en la era de internet, Alianza Editorial, 2015, ISBN 9788491040644.

[3] Evegeni Morozov, El desengaño de internet, Destino, 2012, ISBN 9788423327799.

[4] Sirvan como ejemplo algunas formas de hacer de algunas de las mayores empresas tecnológicas:

M.A. Méndez, Facebook: la filtración de datos afectó a 2,7 M de europeos (y por qué son muchos más). Disponible en: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-04-06/facebook-cambridge-analytica-europa-ue-mark-zuckerberg_1545896/
L. Olías, El director general de Amazon España dimite en medio del conflicto laboral en el mayor centro logístico del país. Disponible en: https://www.eldiario.es/economia/director-Amazon-Espana-conflicto-logistico_0_769223959.html

Sobre la connivencia de las grandes empresas tecnológicas en el espionaje masivo por parte del Gobierno de EE.UU., véase:

Glenn Greenwald, Snowden. Sin un lugar donde esconderse, Ediciones B, 2014, ISBN 9788466654593.

[5] Eli Pariser, El filtro burbuja. Cómo la web decide lo que leemos y lo que pensamos, Taurus, 2017, ISBN 9788430618712.

[6] En su polémico libro Blanco bueno busca negro pobre (Roca Editorial, 2011, ISBN 9788499183695), Gustau Nerín llama la atención sobre el bajo nivel de seguimiento y rendimiento de cuentas entre las ONG de ayuda al desarrollo y sus socios. El argumento no es solo válido en el caso de acciones virtuales, sino que se multiplica.

[7] El gran ejemplo conocido de control sobre una sociedad de un gobierno democrático salió a la luz con las revelaciones de Edward Snowden (ver nota 4). Como ejemplo de hasta qué punto pueden llegar otras sociedades, sirva las millones de cámaras de videovigilancia de China (C. Maseras, La Xina posa en marxa un gran germà per controlar els ciutadans, disponible en: https://www.ara.cat/internacional/Xina-marxa-germa-controlar-ciutadans_0_2006199392.html).

[8] Marta Peirano, El pequeño libro rojo del activista en la red, Roca Editorial, 2015. ISBN 9788499187778.

[9] Aunque el big data o datos masivos no se ha nombrado en este artículo por ser una tecnología apenas usada desde el activismo, es interesante señalar su lado oscuro, que a menudo se omite y afecta a todos los ciudadanos. Sirva como referencia el siguiente ensayo: Cathy O’Neil, Armas de destrucción matemática, Capitán Swing, 2018. ISBN 9788494740848.

24/5/2018

Antonio Antón

La mayoría no sale de la crisis

Extracto de la Comunicación presentada al IV Encuentro del Comité de Investigación de Sociología del Trabajo de la Federación Española de Sociología - FES (Universidad Autónoma de Barcelona, junio de 2018)

La crisis socioeconómica tiene múltiples facetas. Más si le añadimos la crisis política y territorial, así como las percepciones y actitudes sociopolíticas de sociedad y en particular de las capas populares. Hay tendencias contradictorias. Por una parte, desde hace varios años se ha terminado la recesión económica y hay crecimiento económico y del empleo. Por otra parte, se consolidan la precariedad laboral y la desigualdad social, mientras persisten un paro masivo, la devaluación salarial, los efectos de los recortes sociales y laborales, la mayor subordinación de las clases trabajadores respecto del poder económico-empresarial impuesto en las reformas laborales, así como el debilitamiento de la capacidad contractual del sindicalismo.

Se produce una pugna sociopolítica y discursiva en torno a qué tipo de salida de la crisis se está produciendo, qué horizonte de relaciones laborales y de empleo se están generando, qué modelo social se está instaurando, quiénes salen de la crisis económica y quiénes no. Las percepciones de la sociedad y las dinámicas laborales y sociopolíticas son contrapuestas. Es preciso el rigor analítico e interpretativo para clarificar una posición normativa.

¿Hacia dónde vamos?

Continuamos en el marco de una profunda crisis social y económica, aun con realidades contradictorias. Así lo afirma el 54% de la población ―y el 62% de los votantes del PSOE y el 69% de los de Unidos Podemos―, según Metroscopia (15-5-2018), que considera que la crisis económica “No ha sido superada y no se superará hasta dentro de muchos años”; el 26% opina que “No ha sido superada, pero se superará dentro de poco” y el 18% que “Ha sido superada”.

Además, existe una persistente crisis política, con amplia desconfianza cívica hacia las élites gobernantes y una recomposición de la representación política. Se ha superado el viejo bipartidismo compartido entre Partido Popular y Partido Socialista y se han consolidado nuevas fuerzas emergentes de distinto signo: por un lado, como nueva derecha, Ciudadanos, y por otro lado, en el campo progresista o de izquierda, las llamadas fuerzas del cambio, con Unidos Podemos, las convergencias y las candidaturas municipalistas de unidad popular.

Dejo al margen el análisis de dos procesos significativos que condicionan fuertemente esta dinámica estatal: el procés independentista en Cataluña y la correspondiente reacción centralizadora, con la crisis de modelo territorial, y el carácter e impacto del poder y las políticas liberal-conservadoras europeas.

Un hecho relevante a destacar, frente a los planes de normalización, es el nuevo proceso de indignación cívica. Lo significativo son las dinámicas ciudadanas y las alternativas sociales y su relación con el cambio político-institucional, así como las posibilidades de acuerdos de progreso, incluyendo las dificultades de la colaboración entre Partido Socialista y fuerzas del cambio, imprescindible para garantizar la hegemonía institucional del campo progresista frente a las derechas.

Tras el largo ciclo electoral y de reajuste representativo e institucional, precedido de una etapa de masiva indignación cívica y movilización popular, estamos en otra fase política con dos opciones: la articulación del cambio político de progreso, o la consolidación reaccionaria de las derechas. Está por ver la conformación de qué tendencia va a ser dominante. El diagnóstico de su interacción no está claro e independientemente de la voluntad transformadora de distintos actores requiere el máximo de realismo analítico.

Es una etapa transitoria hacia las nuevas convocatorias electorales de 2019 (municipales, autonómicas y europeas) y 2020 (generales), decisivas para consolidar las posibilidades de avance sociopolítico y representativo y las expectativas de cambio de progreso o, bien, el continuismo de la estrategia liberal-conservadora. La pugna sociopolítica y discursiva se establece sobre el sentido de su trayectoria y la legitimación de los actores principales. Supone la necesaria adecuación estratégica de las fuerzas progresistas respecto de las alternativas sociales para el cambio socioeconómico e institucional, el empoderamiento cívico y la democratización política.

Hay dos tipos de interrogantes sometidos a una fuerte pugna cultural-discursiva, derivada de las posiciones contrapuestas respecto al actual continuismo económico y el bloqueo político-institucional. Además, existen dinámicas ambivalentes, favorables y desfavorables para el cambio, y complejas, cuya relación no aclara una trayectoria dominante: avanzar o retroceder, ganar o perder. El futuro está abierto y es incierto. O sea, habrá que rechazar las visiones deterministas, económicas y políticas, sobre la inevitabilidad de una salida u otra, progresista o reaccionaria, y poner el acento en los mecanismos de activación y articulación popular y su capacidad transformadora.

Así, hay que responder, primero, a cuestiones analíticas o interpretativas: ¿Cuáles son las características y el sentido de esas tendencias sociales y políticas de fondo? ¿Qué dinámicas y perspectivas existen para la activación cívica o la movilización social? ¿Qué impacto tienen para el cambio político-institucional? Segundo, hay que explicar la orientación política y la estrategia transformadora: ¿Cómo avanzar hacia un cambio de progreso y qué bases sociales tiene? ¿Cómo se conforma el movimiento popular y qué relación tiene con la representación política e institucional? ¿Cuál es el perfil social de las fuerzas del cambio, las políticas públicas más necesarias para la sociedad y el papel y la relación con la socialdemocracia? Por tanto, hay dos tareas: una de interpretación, de construcción de un diagnóstico realista de las dificultades y condiciones para el cambio social y político; y otra, de carácter político-estratégico, de definir un horizonte y un camino democrático de progreso.

Comienzo por la crítica a la posición dominante en el discurso político y académico. Obedece a prejuicios ideológicos y a intereses corporativos de los grupos de poder y a la garantía de estabilidad para su gestión. La podemos designar como liberal-conservadora o socio-liberal, según los matices. Viene a negar la persistencia y gravedad de las consecuencias de la crisis social y económica, a reafirmar el continuismo económico y su supuesta inevitabilidad, como vía única de salida, y defender el poder y el orden establecido. Infravalora el malestar social e intenta manipularlo. Se sitúa en el supuesto post-malestar como aval para una nueva hegemonía política partidaria del continuismo (renovado) de la estrategia y el poder liberal-conservador, con una activa campaña mediática que acentúe la pasividad crítica ciudadana y restrinja la oposición cívica y su representación institucional. Está empeñada en cerrar la crisis política con un amplio proceso de ‘normalización’ ciudadana e institucional, el aislamiento o neutralización de la protesta social y la dinámica alternativa de cambio, así como la relegitimación de las élites gobernantes y sus políticas con ligeros recambios.

Lo más llamativo es la reconfiguración de las derechas, con el ascenso de Ciudadanos a costa del descenso del Partido Popular, con alguna retórica regeneracionista, cierto marketing político de apariencia renovadora y una reafirmación neoliberal en lo socioeconómico y recentralizadora en lo territorial.

La tendencia político-ideológica dominante de ese bloque es reaccionaria: va hacia un debilitamiento del Estado de bienestar y los derechos sociales y laborales de las capas populares, un nuevo autoritarismo político con democracia débil, y un consenso de Estado bajo un nacionalismo españolista conservador y centralizador, ajeno a la diversidad nacional. Así mismo, se subordina a la clase gobernante hegemónica liberal-conservadora europea, sin un proyecto modernizador, social y democrático de país (de países), ni la construcción de una Europa más justa e integrada.

Pero la realidad social de las mayorías ciudadanas no encaja con esos intereses, proyectos y estrategias continuistas y reaccionarios. Hay una pugna sociopolítica y cultural-discursiva por definirla e interpretarla para consolidar la actitud social y las normas político-institucionales en torno a dos opciones básicas: continuidad o cambio de progreso. Por un lado, con privilegio de poder para las derechas (y el mundo económico-empresarial) y, por otro lado, con una alternativa social y democrática. Por tanto, existen grietas en ese plan normalizador o, lo que es lo mismo, se mantienen abiertas posibilidades de cambio. El bloqueo institucional y el relativo equilibrio entre las ofensivas reaccionarias y las dinámicas progresistas son inestables. Se trata de valorar los elementos que pueden decantar la tendencia hacia una alternativa social, democrática y de progreso, y evitar el riesgo de un dominio prolongado de las derechas con rasgos autoritarios y regresivos.

Nueva indignación cívica

Queda lejos el 15-M-2011. No obstante, con características distintas y en un contexto diferente, se está conformando un nuevo proceso de indignación social, con dinámicas proclives a la activación cívica, con motivos y ámbitos específicos, entre los que sobresale un renovado e integrador sujeto sociopolítico. Me refiero, sobre todo, al movimiento feminista y su ejemplar y justa movilización por la igualdad y la justicia. Pero también hay indicios de nuevas protestas sociales, por ejemplo la de los pensionistas y colectivos de gente trabajadora ―el número de huelgas laborales y participantes en ellas ha vuelto a crecer en 2017―. En otro sentido están las dinámicas nacionalistas que expresan un fuerte malestar, aunque con otras mediaciones y sentido político. Paralelamente, se comprueba la dificultad de las élites gobernantes y los cauces institucionales para satisfacer las demandas populares de justicia social, igualdad y democracia que afectan a la mayoría ciudadana, con agotamiento del discurso legitimador de su gestión.

La interacción entre indignación popular y activación cívica con valores democráticos e igualitarios y el agotamiento de la credibilidad de las élites gobernantes por su gestión impopular ha dado como resultado la conformación, entre los años 2008 y 2016, de unos nuevos equilibrios político-institucionales. Pero, sobre todo, se ha reforzado una nueva mentalidad crítica; se ha consolidado una cultura democrática en amplias mayorías sociales, especialmente juveniles, con la reafirmación en la justicia social y la dignidad ciudadana que choca con el poder establecido y sus prácticas más corruptas, regresivas y autoritarias.

Dejo al margen las implicaciones en la esfera estrictamente electoral, donde la competencia entre un continuismo remozado y un cambio sustantivo para desplazar y sustituir la hegemonía de la vieja derecha se está agudizando. Tampoco entro en su posible impacto en la configuración institucional a medio plazo, más difíciles de discernir hoy. Solamente señalar que los resultados electorales de 2019 y el nuevo carácter de los grandes ayuntamientos del cambio (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, A Coruña…) y algunas comunidades autónomas significativas (Madrid, Comunidad valenciana, Andalucía, Navarra…) van a tener una influencia sustancial en las expectativas de cambio gubernamental de progreso a través de las elecciones generales de 2020.

En todo caso, mi pronóstico es la nueva dimensión, interacción y articulación de esos tres factores ―indignación cívica, activación popular progresista y representación política alternativa―, que expresan el comportamiento y las mentalidades de amplios sectores sociales. Ello aun en un contexto económico y político parcialmente diferente al de la última década en que se instaló la fuerte crisis social, económica y política. Sin embargo, su existencia constituye la palanca necesaria para posibilitar y porfiar en un cambio de progreso. Tenemos la experiencia de las distintas respuestas sociopolíticas y una limitada y contradictoria evaluación teórica, a menudo deudora de esquemas interpretativos rígidos. Pero creo que hay que poner el énfasis en el análisis riguroso de los nuevos componentes y tendencias de esta etapa que comienza para definir mejor una posición normativa o estratégica transformadora.

De entrada, debo afirmar la necesidad de un enfoque realista, crítico y sociohistórico de esta dinámica sociopolítica democrático-igualitaria frente a la posición liberal-conservadora de neutralizarla o distorsionarla. Igualmente, entre miradas progresistas, hay que superar tres tipos de desenfoques, a veces interrelacionados. Primero, los límites de una interpretación determinista económica, basada en el impacto mecánico de las condiciones materiales de existencia, por lo que la crisis económica conllevaría rebeldía popular generalizada (o integración cuando termina). Segundo, la visión determinista política, que considera que la crisis del poder o el Régimen político y la recomposición de la representación política crearía ventanas de oportunidad para un cambio de progreso, cuando hay que valorarlas socio-históricamente por la relación de ambas fuerzas ―populares y de los poderosos― y el sentido sustantivo de los distintos sujetos y su tipo de cambio. Así mismo, tercero, es insuficiente la interpretación idealista del populismo discursivo, que sobrevalora la influencia del discurso y el liderazgo en la construcción de una dinámica sociopolítica o un sujeto colectivo transformador ―el pueblo―, infravalorando la experiencia popular y cívica, el sentido de las relaciones de fuerzas sociales y las estructuras socioeconómicas.

Por tanto, frente al discurso neoliberal del comienzo de una nueva fase de crecimiento económico, desarrollo social y normalización política, funcional para su hegemonía institucional, todavía es pertinente el concepto de crisis socioeconómica y política y, más general, el de crisis sistémica. No en su versión extrema y determinista, como derrumbe o hundimiento del capitalismo y/o del régimen político que abocaría necesariamente a una transformación radical; idea catastrofista e ilusa con poca credibilidad. Sino crisis en su acepción convencional y contingente, con dos rasgos: uno, dificultades de esos sistemas para cumplir su función de garantizar el contrato social y político de bienestar social, igualdad y democracia, con deslegitimación de las élites gobernantes; dos, al mismo tiempo, oportunidad para un relevante cambio (de progreso), mediante la participación cívica y según los reequilibrios de las fuerzas sociales, económicas y políticas. El futuro sigue abierto y en disputa.

¿Quiénes salen de la crisis y quiénes no?

El diseño liberal conservador conlleva la persistencia de gran parte de las desventajas impuestas a la mayoría social por su gestión regresiva y autoritaria de la crisis, cuyos rasgos principales pretenden consolidar, no revertir. Así, la amplia indignación cívica es la base sociopolítica, democrática y ética para mantener la pugna por impedir esa salida ambivalente de ventajas para los de arriba y desventajas para los de abajo; o para transformar ese modelo institucional y de crecimiento con mayor desigualdad de poder y en las condiciones sociales y laborales de las mayorías populares.

En consecuencia, existen algunas mejoras económicas y de empleo respecto del periodo anterior más crítico, pero, al mismo tiempo, mayores desventajas relativas de las clases trabajadoras respecto del poder económico-empresarial. El discurso dominante, primero crecer ―admitiendo la lógica neoliberal― y luego repartir, apenas esconde que el resultado distributivo es más desigual y los niveles de empleo y desempleo están lejos de la época pre-crisis. Es un engaño; los beneficios de la supuesta recuperación económica se concentran en los de arriba y sigue estando peor compensada la mayoría social.

No obstante, entre las capas populares (clases trabajadoras y clases medias estancadas o en retroceso), existe una diferenciación atendiendo a los dos indicadores básicos de poder adquisitivo de sus ingresos salariales y su situación de ocupación o desempleo.

Por un lado, están las personas que experimentan una ligera mejoría económica en los últimos años respecto del inicio de la crisis y, particularmente, del momento más profundo de la misma. Hay dos bloques diferenciados por el estatus inicial y final.

Uno, de situación acomodada, compuesto por un 40% de la población asalariada, o menos del 30% de la población activa (si consideramos a personas autónomas ―con un nivel similar de ingresos― y en desempleo –con un nivel inferior). Tienen relativa estabilidad, cualificación de empleo y estatus de clase media, aunque tengan cierta incertidumbre personal o familiar y en sus trayectorias.

Otro segmento distinto es gente precaria con una mejoría relativa, pero sin salir de una situación crítica. Son, básicamente, los dos millones y medio de nuevas personas ocupadas (con la reducción de diez puntos de la tasa de desempleo) que han pasado del paro a un empleo, normalmente precario, con alta intensidad del trabajo y con salarios reducidos. El número, sobre todo de jóvenes, es algo superior contando con que muchas de ellos están en rotación con el desempleo y la inactividad y en peores condiciones laborales y salariales que las personas empleadas anteriormente. O sea, siguen sin consolidar una trayectoria laboral estable o ascendente. Una parte significativa ha salido del pozo más profundo, pero siguen teniendo un estatus precario de clase trabajadora, aunque menos malo que en sus peores momentos o respecto de otros sectores en descenso.

Por otro lado, está el bloque empobrecido por la devaluación salarial y más subordinado por la imposición del poder empresarial y la precariedad laboral (incluido el temor al desempleo). Es el bloque mayoritario de clases trabajadoras, de más de dos tercios, al que no le ha llegado todavía la recuperación económica, ni siquiera en sentido comparativo con el periodo más crítico. No tienen recortes adicionales, pero continúan en un peldaño inferior y viven el riesgo de prolongar esa situación de lento y continuado deterioro vital.

Hay tres segmentos de la población activa diferenciados por el distinto punto de partida y el nivel de sus retrocesos materiales que al persistir incrementan su gravedad: los 3,8 millones de gente parada (16%), un millón jóvenes, muchos de ellos de forma prolongada y con escasa protección al desempleo; el 30% inferior por ingresos salariales y condiciones laborales, la mayoría jóvenes, sobre los que recaen los ajustes más duros; el otro 30% intermedio de clase trabajadora, con deterioro de su capacidad adquisitiva y en una situación vulnerable.

Además, entre los años 2010-2017 la capacidad adquisitiva de las pensiones ha caído cuatro puntos, por la diferencia entre su congelación inicial, su subida última del 0,25% y la superior inflación. Afecta a nueve millones y medio de pensionistas, también perdedores de los recortes sociales. Pero el impacto mayor de las dos reformas aprobadas por el Gobierno del PSOE (2011) y del PP (2013), suponen una pérdida media de todas las personas activas anteriores, respecto de sus derechos precedentes, de un 20% cada una de ellas, contando con que su implementación es gradual en los años siguientes. Además, frente a la idea oficial de que las pensiones españolas son generosas, la realidad es que la gran mayoría son bajas. La propaganda de los poderes fácticos para evitar su indignación, dividirlos y que abracen la resignación adaptativa no ha sido suficiente para contrarrestar la decidida movilización y apoyo social. De momento, el Gobierno ha admitido un retroceso parcial y reconocido la subida según el IPC (previsto) para los próximos tres años, sin asegurarla en el futuro ni desactivar el resto de ajustes regresivos de ambas reformas.

Por último, hay que hacer mención de la amplia brecha de empleo y salarial entre hombres y mujeres que cobran de media una cuarta parte menos. Solamente añadir la constatación de la existencia todavía de persistentes diferencias en distintos ámbitos laborales y de empleo, por ejemplo, en la tasa de actividad: 64,3% de los hombres y 52,9% de las mujeres.

Pero las diferencias más significativas en las relaciones salariales y laborales son por edad, afectan a la gente joven popular y, en ese sentido, sobre todo a las mujeres jóvenes. Éstas, habiendo conseguido bastante igualdad en los méritos académicos, un cambio de mentalidades y relaciones interpersonales más libres, con un proceso de empoderamiento vital y mayores expectativas profesionales, se enfrentan a un mayor choque con las evidencias de la precariedad laboral juvenil. A ello se añade las todavía persistentes estructuras machistas y discriminaciones de género que amenazan sus trayectorias vitales. No es de extrañar que sean las mujeres jóvenes, con dificultades en sus procesos de inserción laboral y profesional y problemas adicionales de discriminación de género y acoso sexista, quienes hayan nutrido la respuesta popular más masiva de los últimos años, a través de la movilización feminista. Esa nueva marea por la igualdad y la justicia refleja ese profundo descontento acumulado y esa aspiración al cambio en las relaciones laborales y personales más igualitarias, así como una gestión política e institucional (y judicial) más democrática y feminista, superadora también de las insuficiencias de las políticas institucionales de igualdad y contra la violencia machista.

En definitiva, existen dinámicas contradictorias. Aparte de la minoría elitista del 1% a la que le ha ido muy bien con la crisis y los ajustes económicos, hay un amplio sector acomodado de clase media, en torno al 30%, que ha sorteado las peores consecuencias de la crisis económica, de empleo y devaluación salarial, con menor impacto de las políticas de recortes sociales y laborales. Ha encajado, aun con temor, los momentos de mayores incertidumbres personales y familiares y va cobrando confianza sobre la posibilidad de estabilizar su mejor posición comparativa y continuar en esa senda, relativamente ventajosa, en el actual marco socioeconómico. Para ese bloque es funcional el discurso neoliberal de las derechas de continuismo económico, aunque no todos tienen mentalidad liberal-conservadora. Es la disputa principal entre las derechas del PP y C’s, a los que también apoyan otros sectores populares conservadores. Aunque, una parte es, política y culturalmente, progresista y persiste en su oposición a la degradación democrática o su solidaridad con su entorno, tiende a la moderación en los cambios socioeconómicos.

El discurso liberal-conservador, legitimador de las políticas públicas autoritarias y regresivas, no corresponde a la realidad de las mayorías sociales, las clases trabajadoras y parte de las clases medias descontentas.

Por un lado, no es cierto que las ligeras mejorías económicas sean derivadas de las reformas estructurales neoliberales y sirvan para legitimar sus políticas y su gestión. Obedecen, sobre todo, a otros factores externos favorables (expansión monetaria del BCE, control financiero de los intereses de la deuda, inestabilidad de países competidores en turismo, bajo precio de la energía…).

Por otro lado, no es verdad que la mayoría ciudadana esté saliendo de la crisis social y económica. Cada vez más experimenta la consolidación de lo sustancial de la involución social y democrática pasada: prolongación de la mayor desigualdad social, precarización del empleo, reducción de derechos sociales y laborales y proceso gradual de desmantelamiento del actual Estado de bienestar (con un tope al gasto público siete puntos inferior a la media europea).

El impacto en el cambio

El horizonte europeo, según el plan liberal conservador, es: Estado social de mínimos, democracia débil, subordinación de las clases populares al poder económico-empresarial, neutralización del descontento social y la indignación cívica, así como contención de la activación popular y la capacidad representativa y relacional de las fuerzas progresistas. No es un proceso de reversión del estatus social y político de las mayorías ciudadanas previo a la crisis y la ofensiva neoliberal, al menos para el sur europeo.

Ese plan normalizador, compartido por el bloque de poder europeo dirigido por Merkel, con la colaboración del SPD y Macron, tiene un grave problema: la deslegitimación cívica, especialmente en el sur europeo, derivada de la insatisfacción de las demandas populares y la persistencia de una amplia cultura democrática y de justicia social. Y para imponer su modelo político y económico deben contrarrestarla. En ello están, apoyándose en los condicionamientos y presiones de los populismos de derecha extrema, xenófobos y autoritarios.

En ese sentido, la socialdemocracia, cuyas direcciones mayoritariamente (y salvo excepciones como en el caso portugués o británico) han colaborado con esa estrategia dominante, está en una gran encrucijada con dos opciones por delante: Abrazar la operación gran centro y el continuismo económico y político, manteniendo solo una ligera retórica progresista con poca credibilidad; o bien, mantener una política de reformas igualitarias y democráticas con alianzas de progreso. Su decisión va a definir su futuro, así como influir sobre el ritmo y las condiciones del cambio.

Las fuerzas alternativas tienen un gran reto: definir y consolidar un proyecto de cambio con un fuerte perfil social, vinculado a los problemas y percepciones de la mayoría social y estimulando los procesos de indignación social y activación cívica. El sujeto sociopolítico no se construye solo o principalmente por el discurso de una élite política o ilustrada. Se conforma a través de la experiencia relacional y la articulación popular en el conflicto social y frente a las relaciones de poder, desigualdad y subordinación.

La representación política y la gestión institucional progresistas deben estar interrelacionadas con la actividad de movimientos sociales, grupos populares y tejido asociativo, con una vinculación y arraigo entre la gente, con una democracia participativa. La pugna por el tipo de modelo social europeo y una construcción equilibrada e integrada está abierta. La soberanía popular y la diversidad nacional se deben articular con un horizonte de cambio europeo, basado en una ética universalista de los derechos humanos, unas relaciones económicas y políticas democráticas y solidarias y un sistema de co-soberanías y gobernanzas multinivel. Existen posibilidades para avanzar en un cambio de progreso. Debe partir de dos ejes centrales de la cultura progresista europea: igualdad (o justicia social) y libertad (o democracia). Es decir, una democracia social y económica avanzada y participativa, en una Europa más justa y solidaria.

[Antonio Antón es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid y autor de El populismo a debate (ed. Rebelión)]

29/5/2018

José Antonio Mérida Donoso

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La disyuntiva de ayer y hoy desde un acercamiento a los problemas estructurales en la educación

Una ley que cuente con todos los agentes educativos

En 1985, la ley orgánica del 3 de Julio reguladora del derecho de la educación ponía las bases de lo que posteriormente supondría la LOGSE 1/1990, el 3 de octubre. Según esta ley, como la mayoría de sus análogas europeas, el Sistema educativo deberá ofertar a los ciudadanos los elementos necesarios para aprender conceptos, principios, procedimientos y actitudes que les sirvan de base para desenvolverse en el mundo actual, lo que en sí supone un nuevo tipo de exigencias en contenidos relevantes que no están expresamente recogidos en las áreas del currículo, surgiendo así lo que se conoce por temas transversales, marco ideal para diseñar y programar aspectos del mundo actual: la educación moral y cívica, para la paz, para la salud y la educación sexual, en igualdad de oportunidades en ambos sexos, ambiental y en comunicación.

De ello se derivaba un intento de fomentar actitudes de respeto hacia todas las personas, independientemente de su condición social, sexual, racial, o sus creencias, la solidaridad con los colectivos discriminados y, en fin, la valoración del pluralismo y la diversidad. Posteriormente, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE 2002), la Ley Orgánica de Educación (LOE 2006) y finalmente, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), han supuesto modificaciones pero en teoría manteniendo estos baluartes, por lo que se podría deducir una paulatina mejora. Sin embargo, al margen de los avances y los retrocesos de ciertos cambios fundamentales en algunos aspectos como el de religión y la transformación de Educación para la ciudadanía, lo cierto es que el conjunto de las leyes nunca ha supuesto un cambio en su perspectiva fundamental. Las leyes educativas se siguen haciendo “desde arriba” sin consenso ni acuerdos con las comunidades educativas, los verdaderos agentes implicados y por ende los mejores expertos. Algo que, en esencia, menoscaba la inclusión desde su propio marco teórico.

Educar en una ética laica y universal: Los Derechos Humanos

Así las cosas, hoy como ayer, aunque con diferencias significativas, el profesor continúa con un currículo que, por más o menos libre que sea en su planteamiento, le viene impuesto, conforme al magisterio de unas asignaturas que al alumno-a le devienen ajenas a la realidad cotidiana que vive. Se sigue pues sin abordar las posibilidades de un currículo más abierto que garantice una misma dirección —objetivos, contenidos y metodología— como concreción pedagógica de una sociedad empeñada en hacer suya de una vez por todas una ética laica universal, tal y como suponen los DDHH, capaz de apostar de una vez por todas por el espíritu crítico. Temas tan fundamentales como la igualdad de género, los refugiados, la responsabilidad medioambiental o la injusticia social se vinculan solo a asignaturas de una hora semanal como valores éticos. Mientras el talante de una ética comunitaria, que aborde modelos solidarios enseñe estos valores solo en asignaturas de una hora semanal, la educación cojeará. Es necesario efectuar una transversalidad en otras asignaturas, a pesar de la dificultad que pueda generar la cantidad de temario existente en las programaciones, fruto precisamente de la ausencia de consenso con el profesorado a la hora de dictaminar las leyes.

Lo cierto es que, a diferencia del ajuste curricular de 2009 —el cual incluía los objetivos transversales con los de cada una de las asignaturas— el nuevo currículum solo lista los Objetivos de Aprendizaje Transversal. Se deja así a los equipos docentes la labor de planificar la inclusión de esta ética en el aula. Al margen de la profesionalidad del profesorado, esta realidad, más que implicar una necesidad formativa por parte del profesorado, supone un ajuste en la programación. Para lograrlo adecuadamente, es necesario atender a una inversión que genere unos signos de calidad propios en las escuelas estatales; un análisis crítico de las propuestas neoliberales que atienda a la diversidad no solo desde pretendidos marcos teóricos sino desde la economía y, en definitiva, un sinfín de apuestas e inversiones que en esencia se fundamentan en la idea querer transmitir realmente una ética crítica con el cómo, porqué y para qué me comporto/nos comportamos en la sociedad.

Necesidad de inversión

En las orientaciones para la planificación del aprendizaje se recoge la importancia de la atención a la diversidad como eje fundamental, algo que desde los DDHH supone un elemento fundamental, en tanto en cuanto la diversificación no implica solo determinadas desventajas en el aprendizaje, sino más bien asumir que todo estudiante es único, con sus distintas capacidades e intereses y su idiosincrasia particular. No nos engañemos: apostar por educación no solo es modificar leyes permitiendo un mayor o menor peso a aspectos religiosos-laicos o a las lenguas propias de las comunidades autónomas —que también—, tal y como tiende a suceder en el Estado conforme al gobierno que preside, sino permitir la configuración de una red de sociedades e instituciones docentes y culturales que promuevan el debate teórico: más formación y más profesorado. Dicho de otra manera, hace falta inversión. Qué mayor falacia, por poner un ejemplo, que implementar el bilingüismo si no se fomenta una formación académica y didáctica del profesorado. Eso, claro está, implica dinero y no palabras y rótulos huecos. De igual modo ocurre con la inclusión y la diversificación. Bajo las directrices de recortes educativos, sin una redistribución de los alumnos que precisan una atención educativa especial entre todos los centros que reciben fondos públicos y con clases superpobladas, en el mejor de los casos seguiremos con una educación deficiente. En este marco, cualquier planteamiento teórico que pretenda mejoras se quedará en eso… en una mera propuesta o, en el mejor de los casos, será llevado a la práctica de manera puntual, incompleta y bajo el peso del sobreesfuerzo del profesorado.

Diversificaciones y PMARES

Respecto a las adaptaciones curriculares, ciertamente éstas se llevan a cabo pero al margen de la gran profesionalidad de muchos docentes. Si la estructura no es la adecuada parece imposible generar una verdadera educación inclusiva. Para atender a las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos, con especial énfasis en los que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social, es necesario luchar contra un sistema que marca a las personas y las segrega o escoge. De ahí que en teoría siempre se pretenda evitar separar a los estudiantes que van bien por un lado y los que van un poco peor por otro, sino hacer desdobles y dividir el grupo, con el fin de mezclar el tipo de alumnado. Pero en esencia, para que unos tiren de otros hacen falta más profesores contratados, esto es, más dinero. A día de hoy se mantiene la posibilidad de seguir haciendo grupos específicos con un determinado tipo de alumnado pero con una limitación de horas importantes y destinado sobre todo a repetidores para el refuerzo y desarrollo de materias troncales, priorizando Lengua y Literatura, Matemáticas y Lengua Extranjera. Por su parte, con la nueva ley, PMAR ha sustituido la diversificación, dirigida en su origen a los alumnos que no lograban seguir el ritmo, comenzaba en 3º y terminaba en 4º de la ESO, con lo que conseguían el título en caso de aprobar. Ahora se adelanta un curso, en 2º, y termina en 3º, por lo que después estos alumnos tienen que volver a los itinerarios establecidos para 4º (enseñanzas aplicadas o enseñanzas académicas) con el resto, sin adaptaciones ni ámbitos de conocimientos sino por asignaturas, provocando un evidente desfase que tiende a generar el abandono. Así, si antes la Diversificación permitía recuperar cierta autoestima en los alumnos, incluso, permitiendo que algunos se embarcaran en Bachillerato y enseñanzas Universitarias —a mi experiencia profesional me remito—, ahora la baja autoestima vuelve a aflorar en 4º de la ESO.

Problemas estructurales

Cabe finalmente recordar que los problemas de la educación en su parte fundamental son de corte estructural. En el mundo dicotómico que se pretende imponer como válido, el de triunfadores luchadores frente a los perdedores, tildados de inconstantes y perezosos, se anula cualquier realidad que vaya en contra de este modelo unívoco y monolítico anclado en una ficticia idea de libertad. Se trata de una estructura díscola con los DDHH, ya que evidentemente el mundo del capital, en el que se incluyen los mejores, considerados “triunfadores” por la sociedad, no tiende a vincularse a valores éticos. La ley del capital básica “el capital atrae al capital” hace difícil que se gesten competitividades justas. La pretendida mano invisible del Estado se alía con el neoliberalismo cuando el derecho a la educación significa que nadie puede impedir a una persona que se eduque, pero no que esta educación sea de calidad. Pero más allá de esto, un mundo de individualismos olvida la importancia de la comunidad, el aprendizaje del todos somos imprescindibles. Algo que se aprecia en el propio profesorado, al aparecer constantes gurús educativos subrayados por encima del resto del profesorado, como si solo ellos intentaran generar modelos interactivos en clase. “Recetas mágicas” educativas que se venden desde el individualismo y que, en suma, encierran un menoscabo a la comunidad educativa, cuando no cierto desprecio al trabajo realizado desde hace muchos años por numerosos profesores y profesoras. De igual manera la competitividad insana se instaura en las aulas y el alumnado sufre en su autoestima al compararse con sus compañeros-as. Para acabar con el individualismo es necesario que las familias se impliquen y, por ende, que se conciencien de esta realidad social en la que tan solo se subrayan valores individuales y no comunitarios.

Conclusiones

La ética y el derecho a la educación que se desprende de los DDHH se desgranan en una educación gratuita y obligatoria para todo ciudadano, con una educación secundaria accesible, sin distinciones, un acceso equitativo a la educación superior y una responsabilidad de proveer educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria. Del mismo modo, aunque estos derechos fijan unos estándares mínimos, una ética universal laica que necesariamente tiene que ser enseñada y transmitida, el hecho de que la educación obligatoria sea aceptada por los Estados no menoscaba su poder de ideologización a través de ella, tal y como nos ha enseñado la historia de la educación. De ahí que no sorprenda que ciertas clases sociales más marginadas tengan un camino más difícil para llegar a una educación adecuada. Falta pues la perspectiva de educación integral para que no sólo se legitime, sino que se universalice y se exporte más allá de las fronteras de todo derecho positivo, una perspectiva crítica y autónoma que configure personas pensantes, heterogéneas y críticas. Tal y como recordaba María Montessori, la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejándola libre para que se desarrolle. De lo contrario, cualquier desarrollo del pensamiento se encaminará hacia una obediencia pasiva, sumisa y acrítica.

[José Antonio Mérida Donoso es historiador y filólogo, profesor de la Universidad de Zaragoza y de educación secundaria.]

27/5/2018

El extremista discreto

El último mohicano

Lo personal es político

“Lo personal es político” fue una de los eslóganes más aireados de Mayo del 68. Siempre me ha parecido ambigua en términos políticos. De hecho, para quienes vivimos la dictadura franquista (en un país donde mandaban los herederos de la Inquisición), siempre supimos que lo personal era político. Pues la represión, en sus múltiples formas, se cebaba en cualquier persona que adoptara comportamientos desviados respecto al régimen. Para muchas personas de mi generación el eslogan se tradujo en una invitación a romper los represivos esquemas de modelo de vida familiar, de sexualidad, de actividad cultural, que habían marcado a la generación que vivió la postguerra. Mucho del movimiento estudiantil radical de finales de los 1960s tuvo que ver con la necesidad de “matar al padre” de muchos cachorros de la burguesía. Fueron sinceros mientras duró, y después volvieron al redil. Todo normal. Sin duda, también lo mejor de esta idea fue que permitió la eclosión del feminismo y de los movimientos de libertad sexual que han constituido uno de los grandes avances sociales de las últimas décadas en términos de libertad, igualdad y fraternidad.

Pero hay muchas otras formas de entender el eslogan. Por ejemplo, a principios de la década siguiente tuve en mi entorno a militantes de algunos de los grupos maoístas que lo traducían en determinar qué comportamientos personales debían tener sus miembros. Uno de mis amigos creo que llego a ver cuatro o cinco veces la película “Queimada”, porque era de las que estaba bien considerada en su entorno. De hecho, no era nada nuevo este intento de construir a un individuo revolucionario obligándolo a seguir una senda vital ordenada desde arriba. Esta fue una de las características que experimentó la Rusia de Stalin, mandando a la basura todo el potencial creativo que abrió la Revolución.

Pero la historia se repite de muchas formas, y los innovadores dirigentes de Podemos nos han abierto otra versión del eslogan con el tema del chalé. De entrada, da la impresión de que la opción de comprarse un chalet en una urbanización de Galapagar supone no sólo desconocer que lo individual es político, sino pensar que lo individual no tiene influencia en la acción política. Especialmente cuando se ocupa una posición donde la exposición pública es permanente. Irse a vivir a una urbanización a 40 km. de la capital, en zona de alto nivel, no es la mejor forma de conectar ni con un electorado mayoritariamente de clase obrera, ni con las sensibilidades ecológicas de otra parte de las bases. Ni, desde luego, mostrar coherencia con lo que se ha estado diciendo. Me imagino qué hubiera ocurrido si mi alcaldesa anunciara que se compra un apartamento en Sant Cugat del Vallés. Más bien, parece es que se ignora el abecé. Un viejo camarada nos recordaba a los jóvenes de entonces que no se puede ser rojo y desconocer por donde cae Fuenlabrada, Cornellà o Sestao. Bueno, quizás esto es lo que ha ocurrido, que hay que saber más geografía.

Pero donde ha estado realmente la innovación es en someter esta decisión individual a la votación de las bases. O sea, legitimar una decisión personal apelando al plebiscito del todo o nada. Esta ha sido siempre una de las formas de chantaje emocional más deplorables (ejercida con argumentos variados: desde el que lucía sus años de cárcel hasta el que convertía cualquier cuestión secundaria en un tema crucial). Del rigorismo moral de mis viejos amigos, donde la política imponía pautas de vida a la gente, hemos pasado a utilizar mecanismos políticos para legitimar comportamientos individuales (y errores políticos de bulto). Y es que seguimos hechos un lío. Es lo que ocurre con los eslóganes imprecisos, que no sabemos cómo aplicarlos.

31/5/2018

La Biblioteca de Babel

Francis Wheen

Karl Marx

Debate, 2015, 428págs.2015

Karl Marx es el título de la biografía que la editorial Debate publicó en 2015 para los lectores en lengua española. Su autor, el escritor y periodista Francis Wheen, escribió el texto en 1999, pero fueron necesarios más de quince años para que el interés editorial propiciara su publicación en nuestro país.

2018 es el año de la celebración del doscientos aniversario del nacimiento de Karl Marx y, por extensión, el año de los libros sobre el filósofo. Entre los más celebrados se encuentra el escrito por el historiador de la ideas Gareth Stednan Jones: Karl Marx, ilusión y grandeza (Taurus 2018). En cierto sentido, éste viene a unirse a otros tantos que, con mayor o menor reconocimiento hacia la figura de Marx, se fijaron como objetivo principal “desarmar la doctrina” que, a grandes rasgos, la historia de la economía y la filosofía conoce como marxismo. Karl Popper o Isaiah Berlin escribieron en su día obras importantísimas que consolidaron un género que desde entonces nos explica el por qué no de Marx. En estos libros, sus autores recorren los textos del filósofo como artificieros del pensamiento, monitorizando sus palabras en busca de contradicciones o desajustes teóricos que permitan desactivar su contenido.

Francis Wheen persigue objetivos muy diferentes. Su Karl Marx es una auténtica biografía en la que sacrificar carga teórica sirve para acercar al lector al hombre que fue Marx. Contundente en sus combates dialécticos, un militante filósofo siempre dispuesto a herir con su pluma: “la daga que ha de llegar certera al corazón”. Se documentan todas sus disputas, teóricas y personales. Entre las primeras, sus discusiones con los jóvenes hegelianos de la Gaceta Renana, auténtico germen de una filosofía que abandonaría conceptos abstractos y le llevaría a “opinar acerca de los llamados intereses materiales”; o la célebre réplica a Proudhon en La miseria de la filosofía, donde Marx noquea sin complejos a un ya exitoso referente del pensamiento revolucionario. Todas sus peleas, porque eso eran, se acreditan con la literalidad de unas palabras que le reconocen como uno de los mejores literatos del reproche. Vogt, Bakunin, Lasalle, todos perecieron ante su pluma, y en las cartas que intercambiaron, se vislumbra la esencia de los grandes debates que acompañan hasta nuestros días la lucha por la transformación social.

Wheen presenta a un hombre de paradojas y contradicciones (“en nuestros días todo parece estar preñado de su contrario”) e incapaz de una estabilidad económica, lo que durante largos periodos de su vida le llevó a vivir en la pobreza, el miedo al desahucio y la humillación pública por el impago de las deudas. Su supervivencia sólo se explica gracias a la ayuda de Jenny Marx y Friedrich Engels, pilares básicos al calor de los cuales edificó su legado.

Decía el citadísimo Wilde que el sentimentalismo consiste en desear el lujo de una emoción sin pagar por ello. El género biográfico se mueve bajo esa sospecha, la de contar solamente, por exceso o por defecto, lo que se quiere dejar dicho. En Karl Marx se encuentran pocas concesiones. Se margina su amplísima producción teórica para usar como gasolina la vasta correspondencia que el filósofo intercambió con todo aquel con quien entró en contacto. En esas cartas se observa la ira del irredento, el sufrimiento del enfermo y la desolación del padre que sobrevive a tres de sus hijos. Sus páginas, llenas de literatura, retratan a un hombre en guerra constante que apuesta por la verdad y la justicia.

Dejó dicho Althusser que ser materialista es no andarse con cuentos. Así vivió Marx y así lo cuenta en su libro Francis Wheen. Como aquella vez en que el amor por su hija Laura, pretendida por el carácter fogoso de origen criollo de Paul Lafarge, le obligó a dejar las cosas claras: “Si en su presencia usted es incapaz de amarla de una manera compatible con la latitud londinense, tendrá que resignarse a amarla en la distancia”.

Roger López Ayala

27/5/2018

Jean-Yves Jouannais

El uso de las ruinas

Acantilado, 2017, 144págs.2017

El sentido de las ruinas

El nuevo ensayo de Jean-Yves Jouannais, El uso de las ruinas, está dividido en veintidós capítulos breves pero fulgurantes, centrados en la devastación de una ciudad o de un pueblo, y ligados a su vez a la historia de diferentes personajes, cuyos nombres dan título respectivamente a cada uno de los capítulos.

Los nombres que encabezan cada una de las partes no siempre son conocidos personajes históricos, como en el caso de Escipión Emiliano, el general romano destructor de Cartago y de Numancia; o de Óscar Andrade Guimaraes, aniquilador de una revuelta de harapientos en el sertão brasileño; o de Agis II, caudillo espartano, que arrasó la ciudad de Mantinea cambiando el curso del río y dirigiendo sus aguas hacia las murallas de adobe, que acabarían disolviéndose como un azucarillo. Militares todos ellos que, a pesar de sus acciones devastadoras, se veían a sí mismos más como pacificadores que como guerreros, más como fundadores que como destructores, más como artífices de una armonía universal que como soldados sanguinarios. Contradicciones tan palpables que los convertirían en “hombres atormentados y melancólicos”, tal como afirma el propio autor.

Por el contrario, la mayoría de los nombres que dan título a los diferentes capítulos son personajes anónimos, o poco conocidos, como Emmanuil Evzerijin, que cubrió como fotógrafo la batalla de Stalingrado, y en una de cuyas instantáneas vemos, en medio de una plaza destruida, una escultura intacta, que representa a seis niños bailando en corro alrededor de un cocodrilo amenazante. El corro infantil se convertirá en el símbolo del mayor giro de la Segunda Guera Mundial.

O como Otto von Gentz, el soldado alemán que escribió un diario en las trincheras de Vauquois: “El 28 de diciembre de 1914, al mediodía, dos batallones franceses se lanzan a un combate perdido de antemano. Avanzan a pecho descubierto. Caen todos. Al día siguiente vuelta a empezar. Esta vez a las cinco de la mañana. Caen todos. Viernes, 30 de octubre: mismo ataque de la víspera y de la antevíspera. Empantanados en las ciénagas, los franceses se han detenido al pie del cerro. Nuestra artillería obra maravillas. A veces, se lanzan a la carnicería con la banda de música a la cabeza y las banderas al viento. Asistimos a una cosecha que, de tan eufórica, acaba por descorazonarnos”. La batalla por Vauquois duró de 1914 a 1918, cuatro años y dos días exactamente. Y el pueblo desapareció literalmente bajo tierra, al ser horadado su subsuelo, donde los dos ejércitos enfrentados instalaban toneladas de explosivos con la intención de hacer saltar por los aires a las tropas enemigas, que indistintamente vivían como animales agazapados en las trincheras.

O como el periodista sueco Stig Dagerman, que visitó la ciudad de Hamburgo en 1946, y que escribiría: “Desde este tren, durante un cuarto de hora, se contempla una vista ininterrumpida de algo que parece ser un enorme depósito de paredes rotas, paredes solitarias con ventanas vacías que se asemejan a ojos que miran al tren. A una velocidad normal el tren atraviesa esa desolación. El tren está lleno como todos los trenes alemanes, pero aparte de mí no hay una sola persona que mire por la ventanilla para ver lo que posiblemente sea el campo de ruinas más horrible de Europa, y cuando miro a la gente me encuentro con miradas que dicen: Este no es de aquí”. Dagerman no podrá olvidar ese momento en el que se le vio, se le reconoció, como el extranjero que visita el campo de ruinas. Él, que por nada del mundo quería recorrer como enemigo la nación castigada, había sido delatado por su mirada.

O como el bibliotecario londinense Peter J. Bibring, retratado en la biblioteca de Holland House, tras el Blitz de Londres en septiembre de 1940. El edificio ha sido destruido, pero aún se mantienen en pie algunas estanterías con sus libros. Bibring, rodeado de polvo, sostiene en sus manos las Historias, de Polibio. Se acuerda de haberlo estudiado en la universidad. Bibring cuenta en su diario que leyó la ultima página en un estado de sonambulismo. Y algo hay de sonámbulo en el texto de El uso de las ruinas.

O como Bernardo Belloto, pintor, cuyas telas y dibujos, debido a su precisión, servirán de modelo para la reconstrucción de los edificios de Varsovia destruidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Y para concluir este listado, no me resisto a citar uno de los capítulos más fascinantes del libro, el que encabeza el escritor y filólogo Victor Kemplerer que, a raíz de los bombardeos de los aliados, es el único que ve en Dresde lo que está a la vista de todos pero que nadie parece ver.

El paisaje de las ruinas se yergue, en la mirada de Jean-Yves Jouannais, como una nueva forma de enfrentarse a la historia de las ciudades. Es a través de sus ruinas como se podría detectar el valor de los edificios. O lo que es lo mismo, el valor estético de todo conjunto arquitectónico dependería de lo que anticipa o promete como vestigio, como ruina. El autor nos recuerda incluso una llamada “ciencia de la devastación”, cuya función sería predecir el futuro de los países mediante la interpretación de los escombros de guerra. “Escombros sembrados al azar. El más hermoso orden del mundo”, escribió Heráclito, cita que le sirve a Jean-Yves Jouannais para reflexionar sobre el valor y el sentido de las ruinas.

José Luis Cancho

24/5/2018

De otras fuentes

Juan-Ramón Capella

Las enajenaciones de soberanía

La soberanía, ¡ay!, reside en el pueblo. Desde que el pueblo soberano aprobó la Constitución de1978 se han producido grandes enajenaciones de soberanía. La que les resta a los españoles, hecha trizas, no es en verdad muy amplia. De ahí la conciencia de tantos de nosotros de que se tiene que ensanchar, de que hay que reapoderarse de ella. Previamente, claro, conviene analizar.

¿Tuvo alguna vez la ciudadanía española soberanía en el ámbito de lo militar y de la defensa? La respuesta es concluyentemente negativa: este aspecto de la soberanía es el que se reservó para sí el ejército mismo en la transición, que estableció puntos intocables para los ciudadanos y las cortes constituyentes.

Así y todo, no la ciudadanía, pero sí el Estado, era soberano. Suya era la institución militar.

La presión de la Otan, o sea de los Estados Unidos, por arrebatarle a España la soberanía en el plano militar y de la defensa se manifestó al día siguiente mismo de la muerte del dictador: los principales diarios y el secretario de estado de aquel país señalaron que había llegado el momento de que España se integrara en la Otan.

Hay un elemento que ha pasado desapercibido para muchos comentaristas: el presidente Suárez no era precisamente partidario de la Otan —como tampoco lo había sido el almirante Carrero Blanco, lo que probablemente propició su muerte en atentado—. En el mundo no enteramente bipolar de mediados de los años setenta del siglo pasado había una serie de naciones no alineadas, como la India, Yugoslavia, Argentina y otras, y a mi modo de ver Suárez hizo tanto como pudo para que España fuera la principal de éstas, con la baza de ser el país que podía relacionar a la entonces Comunidad Económica Europea con América Latina. Suárez aplazaba la cuestión, les resolvía problemas con los árabes a los Estados Unidos, se comrprometía y se desdecía pero mantenía las bases americanas. La Otan le distanciaba del general Armada, el amigo del rey, quien, ausente Suárez de España e imponiéndose al ministro de defensa, obtuvo para Armada el nombramiento de segundo jefe del estado mayor del ejército; éste asumió el cargo once días antes de su propio golpe de estado en febrero de 1981.

Debe ser recordado que lo que estuvo en juego en el golpe del 23F fue, sobre todo, el ingreso en la Otan y las dimensiones del estado autonómico. Tras el golpe, el nuevo presidente del gobierno, Calvo Sotelo, solicitó precipitadamente la adhesión a la Otan, aprobada por ésta el 30 de mayo de 1982.

La integración en la Otan no fue en España cosa pacífica. La militancia del partido socialista y la izquierda en general no deseaban ese alineamiento. El nuevo gobierno de Felipe González llegó al poder con un curioso slogan electoral: “Otan, de entrada no”. Pero puso toda la carne en el asador para dar el gran giro: reclutó intelectuales que despertaron otanistas, violentó a otros, destituyó a altos cargos contrapuestos y finalmente convocó un referéndum acerca del ingreso en la Otan con el compromiso de no integrarse en la estructura militar de la organización. González lo ganó faroleando que dejaría el poder si lo perdía —o sea, amenazando a los votantes con el caos—. Todo ello en medio de una amplísima movilización social contra la adhesión a la Otan.

De este modo la soberanía militar pasó del ejército español a la Otan. Con el gobierno Aznar, en 1997, España se integró en la estructura militar pese a que la Otan no quedó obligada a defender Ceuta y Melilla. Entonces, ¿para qué? —se pregunta uno. Entretanto proseguía muy vivo el enorme despliegue del movimiento de objeción de conciencia al servicio militar y de desobediencia civil. Que como movimiento de objeción de conciencia triunfó —con Aznar finalizó el servicio militar obligatorio— pero fue derrotado como movimiento por la paz: fue creado un ejército profesional más eficiente que el de leva.

Desde entonces España ha intervenido militarmente en numerosos países: en Iraq y Afganistán, por supuesto, pero también en Bosnia y Herzegovina, en Letonia, en Mali, en Somalia, en el Cuerno de África, y como misión de la ONU en el Líbano. Está integrada en la fuerza de acción rápida de la Otan y en varias operaciones navales. Por supuesto, ello ha costado no pocas “bajas” (por emplear la terminología militar: muertos, heridos) Todo eso sin dejar de lado la relación bilateral con Usa que provee la base de Rota y otras instalaciones eufemísticamente llamadas “bilaterales”.

La adhesión a la Unión Europea ha sido ocasión de varios momentos importantes de cesión de soberanía a esta institución, que materialmente tiene muy poco de democrática. Su autoridad suprema, los consejos de ministros, está integrada por representantes carentes de poder legislativo en sus países, los cuales, sin embargo, legislan y proponen a las principales autoridades ejecutivas de la Comunidad: la Comisión y el Banco Central europeo. En cuanto al Parlamento, la verdad es que prácticamente carece de poder jurídico-político, por muy decorativo que resulte.

El primer momento de cesión de soberanía se dio con la adhesión. El gobierno español negoció como si no advirtiera que sus futuros socios estaban tanto o más interesados en ésta que él mismo. Se cedieron acerías, altos hornos y astilleros a la industria europea, y los agricultores y ganaderos de Europa obligaron a reducir la cabaña de vacuno y a contingentar numerosas producciones agrarias. No fue un trato entre iguales, disimulado por los fondos de cohesión que tan bien les vendrían a los ayuntamientos.

Una cesión de soberanía más substancial y definitiva —cesión de soberanía económica— se dio, hélas, con el tratado de Maastricht. Con la creación de la moneda única el Estado perdió el instrumento principal de control del ciclo económico. Con Maastricht no se puede hacer otra política económica, en principio, que la ultraliberal definida por la Unión: los estados solo intervendrán cuando esté en peligro la sagrada competencia. Otros momentos de cesión de soberanía fueron los que precedieron a la modificación del art. 135 de la Constitución española, para dar prioridad a los tenedores de deuda pública sobre los jubilados y empleados públicos. Pero hay toda una catarata de cesiones prestablecidas: el TFUE de 2011, un “mecanismo de estabilidad” que pone condiciones muy estrictas a la ayuda financiera a un estado miembro; el Tratado de Estabilidad, Cooperación y Gobernanza de la UE (TECG), de 2013, el MEDE, Mecanismo europeo de estabilidad, y otros. En el plano económico los estados miembros de la UE no tienen soberanía o la tienen en aspectos residuales.

Se da una tercera y notable cesión de soberanía no sólo política sino también cultural a través de la penetración difusa en las instituciones públicas y privadas del poder de las grandes instituciones del capitalismo. La sociedad y el Estado se han vuelto permeables a las orientaciones generales del capital. Se trata de una cesión de soberanía que funciona día a día, que lo impregna todo como un calabobos permanente.

Así, hemos de considerarnos informados pese a que carezcamos de datos fiables sobre los conflictos de los que se nos informa. Sea la guerra de Siria, la de Afganistán o la situación de Iraq. De los grandes titulares se pasa a informaciones fragmentarias. O bien hemos de aceptar las bondades de la industria automovilística, que se esfuerza en ofrecernos sus productos mediante costosísimas campañas publicitarias permanentes. O aceptamos que los grandes anunciantes de algunos diarios y revistas (incluso de izquierda) —Telefónica, Movistar, los Bancos Santander y BBVA, Caixabank— no influyen en lo que esas publicaciones pueden publicar acerca de tales patrocinadores, pues funcionan como tales.

Nos son impuestos los modos de vida del centro del Imperio: ahí están el Halloween, la Super Bowl, los hit-parades la infinidad de peliculillas y series de mala muerte que se consumen ante los televisores, la información deportiva constante. Y la cosmética, las alfombras rojas, las limousinas. Nuestra cultura, por decirlo pronto y rápido, no la determinan precisamente los chinos, sino el centro del Imperio americano.

Y aunque se ha puesto el énfasis en los aspectos culturales de esta “pérdida de soberanía” —se la puede llamar así, pues nos vuelve heterónomos como sociedad—, el eje económico de ésta reside en hacer creer a las multitudes que el crecimiento y la tecnología resolverán todos sus males; y en acallar las voces que abogan por el decrecimiento y el crecimiento sostenible, que ponen en primer plano la problemática ecológica y la cultura asociada a ella, que propugnan energías descentralizadas y limpias. Las voces cargadas de razón que acabarán siendo calificadas de antisistema.

Pero esa calificación ¿es una descalificación?

[Fuente: InfoLibre]

26/5/2018

Rafael Poch de Feliu

La crisis de la UE, ¿irreversible o reconducible?

I) Sobre el contexto

Con 500 millones de habitantes y representando el 25% del PIB global, la Unión Europea no puede ser abordada como si se tratara de un país, sino que debe serlo como lo que es: una parte del mundo. Así que para abordar su crisis hay que situarla primero en el momento general del mundo. Ese “momento mundial” contiene dos tendencias muy relacionadas; 1) el paso a la multipolaridad que ahora vivimos —lleno de tensiones bélicas— y 2) las enmiendas a la globalización actualmente en curso.

Sobre lo primero, venimos de una realidad bipolar, la de la guerra fría, inquietante pero relativamente estable. Hemos pasado por el desastroso intermedio del ensayo de una hegemonía en solitario de Estados Unidos (desde Afganistán a Libia, pasando por Iraq) y nos dirigimos hacia una situación de multipolaridad, a un mundo con diversos centros de poder.

Este cambio en la correlación de fuerzas, afecta a la globalización, tal como ha sido entendida en los últimos 30 años, y así entramos en lo segundo.

La globalización del libre cambio va bien cuando se es el más fuerte. Por eso durante mucho tiempo ese concepto fue una especie de seudónimo del dominio mundial de Estados Unidos. Ahora el marco ha cambiado.

Algunos emergentes (China es el caso más flagrante) han realizado la proeza de fortalecerse jugando hábilmente en esa globalización que era el terreno de juego creado por occidente contra el mundo en desarrollo (un “occidente” entendido como “la tríada” de Samir Amin; Estados Unidos + EU + Japón). Además, aunque ese occidente siga siendo el más fuerte en todos los terrenos (económico, militar, industria cultural, mediático…) ya no es lo que era antes.

Cuando se diseñaron las actuales instituciones, la economía de EE.UU. representaba el 40% del PIB mundial y chinos e indios no pesaban casi nada en el mundo. Ahora la economía de Estados Unidos representa el 15%. No es lo mismo.

Por eso, tanto los EE.UU. de Trump como el brexit (los anglosajones) y la Europa del Este están acometiendo una enmienda a la globalización tal como se entendía, un regreso al énfasis en la soberanía nacional y el proteccionismo: a una globalización atenta a los intereses nacionales (“pro-trade nationalism”). Hay que decir que China se metió en la globalización ya desde esa enmienda, por lo que hay que considerarla como la verdadera anticipadora de esa mudanza.

Hemos dicho que esas dos tendencias de cambio están interrelacionadas y sus señales aparecen por doquier:

Con el “América first” de Trump y sus nuevos aranceles a la producción importada.
Cuando China presiona a Arabia Saudí para que le venda su petróleo en yuanes a fin de convertir el yuan en moneda de referencia internacional a partir de este año, aprovechando que la demanda energética de Asia Oriental es más importante para los países del Golfo que la de Estados Unidos. Todo eso debilita al dólar, aun dominante y responsable del 42% de las transacciones generales realizadas en el mundo.
Con los nuevos desafíos al hegemonismo americano/atlantista en America Latina (Mercosur, Alba…), ahora algo eclipsados por el golpe de estado en curso en Brasil, la erosión del chavismo en Venezuela, el gobierno de Macri en Argentina y los cambios en Ecuador…, lo que no impide que siga siendo difícil imaginar un regreso al estado de cosas vigente en el subcontinente en los años setenta.
En Eurasia, donde por primera vez en treinta años se ha visto (en Ucrania) una respuesta militar rusa (Crimea, Donbas) al expansionismo occidental, algo que explica la demonización mediática de Putin mucho más que cualquiera de sus desmanes autocráticos.
En el mar de China Meridional, donde se ven claras actitudes de advertencia ante el pivot to Asia de Estados Unidos (desplazamiento allí del grueso de su fuerza aeronaval): China advierte que no se va a dejar acosar por más que Estados Unidos y Japón utilicen el espantajo norcoreano como excusa para construir y mantener el mismo círculo de hierro que atosiga a Rusia en su entorno. El fortalecimiento del liderazgo de Xi Jingping, tiene que ver con eso y no con las simplezas que se dicen sobre el “nuevo Mao”, ignorando los cambios que la sociedad china ha experimentado desde entonces…
Vemos la sorprendente, arriesgada y de momento exitosa intervención militar rusa en Siria, que ha impedido una nueva operación de cambio de régimen allí, sobre el estremecedor panorama de ruinas y matanza en aquel país. Esa victoria ha eclipsado en gran parte el papel de Estados Unidos en la región, activando importantes actores regionales (Turquía, Irán) y rompiendo alineamientos como el de Turquía con la OTAN…

Todo eso son contracciones del parto de la multipolaridad.

La pregunta que se presenta es la de si esta reconfiguración, a la vez geopolítica y económica, desembocará en un nuevo consenso multilateralista-multipolar, en el que los diversos actores mundiales, tradicionales y emergentes, alcanzarán nuevas normas y acuerdos de coexistencia consensuados, o si por el contrario nos dirigimos hacia una dinámica bélica de imperios combatientes.

Este me parece que es el contexto que define y sitúa la crisis de la Unión Europea: 1) su no participación en el tránsito a la multipolaridad como sujeto autónomo y 2) su mala posición para las enmiendas a la globalización actualmente en curso.

El primer punto no precisa mayor explicación: la UE no tiene política exterior propia. Es una orquesta desafinada (en gran parte por la OTAN) que va a remolque de Estados Unidos, no sin contradicciones (que van a más: por ejemplo el pleito con el gaseoducto Nord Stream que enfrenta a Alemania y grandes compañías europeas con Trump, o con la ruptura del acuerdo con Irán donde Alemania y Francia tienen grandes negocios).

El segundo punto necesita más detenimiento porque es el que explica mejor la actual espiral desintegradora de la UE.

II) Espiral desintegradora

En su última encarnación, entre 1990 y 2000, la Europa alemana de Maastricht (1992: euro, BCE, primacía del derecho europeo sobre el nacional), fue la locomotora de la globalización neoliberal. Representaba la organización supranacional más integrada del mundo. Su diseño fue muy rígido, a la medida del interés nacional de Alemania, de su estrategia exportadora y de su demografía menguante de ancianos rentistas con fondos de pensiones colocados en las burbujas bancarias. Eso explica muchas de las enormes dificultades actuales de la UE, tanto hacia fuera como hacia adentro:

Hacia fuera: ante las enmiendas a la globalización para la que fue rígidamente diseñada. Hacia adentro: ante toda una serie de países cuyos intereses nacionales son diferentes de los alemanes y chocan con ellos en el interior de la UE.

Se impone un cambio. Cierta deconstrucción, pero la UE se parece a un vehículo obligado a retroceder para reubicarse pero que carece de marcha atrás. Comparado con cualquiera de los otros actores (EE.UU, China, etc.) ese vehículo parece muy mal dotado para las enmiendas a la globalización. Cada movimiento que se efectúa para adaptarse a la realidad, cerrando fronteras ante la emigración exterior o restringiendo movimientos y posibilidades laborales en su interior, genera disconformidades y tensiones soberanistas desintegradoras de distinto signo en los estados nación.

Nada más lógico teniendo en cuenta el espectacular encogimiento de las soberanías nacionales de los Estados de la UE que hemos citado en tantas ocasiones:

Los bancos centrales son “independientes”, la moneda común impide ajustes y devaluaciones, los ministerios de economía son meros ejecutores de directivas decididas en la UE, la OMC, el FMI…
El derecho europeo tiene mayor rango que el nacional, pese a carecer de un fundamento democrático: es legal, pero no legítimo.
Y la política exterior y de defensa viene encuadrada por una estrategia (americana) organizada a través de la OTAN que es no solo exterior a la nación, sino a la propia UE.
¿Qué le queda a la soberanía popular, al sujeto que vota en unas elecciones nacionales? Muy poco. Y encima, esa desposesión ha sido santuarizada, blindada en normas y tratados para hacerla irreversible.

En época de vacas gordas todo esto no era demasiado problema (aunque en los países democráticamente más exigentes y despiertos hubo toda una serie de referéndums que cuestionaron aspectos de la construcción: ocho referéndums, todos, menos el británico ignorados), pero la crisis financiera y sus recetas lo cambiaron todo. Cuando de lo que se trata es de cambiar cosas fundamentales, todo se descompone.

Además la “idea europea” sufre cierta muerte espiritual. Después de haber sido atracados en nombre de Europa (rescate de bancos, conversión de deuda privada en deuda pública, drásticos recortes en el estado social…) y después de constatar que no hay soberanía en decisiones fundamentales, muchos europeos, incluso los que recibimos fondos de cohesión, miran a la UE con otros ojos. Donde antes se veían ventajas y progresos, ahora se abren paso desventajas y retrocesos. Eso tiene diversas manifestaciones, en el Norte, en el Sur, en el Este y en el Oeste, pero se produce un poco por todas partes; referéndums, “populismos”, avances de la extrema derecha y —más débiles— nuevos altermundismos y eurocriticismos de izquierda.

Para impedir, para salir al paso de todo eso, habría que corregir, cuestionar y cambiar las normas de funcionamiento de esta UE neoliberal, que provocan todos esos descontentos, esas involuciones sociales y esos referéndums de contestación, pero:

¿Cómo hacerlo si sus tratados fundamentales, se diseñaron para eso y además están blindados (“No hay democracia fuera de los tratados europeos”, ha dicho Juncker).
Parece que para cambiar las cosas, la UE, tal como la conocemos, debería negarse a si misma, pero, ¿puede un establishment administrativo no electo, al servicio de los intereses oligárquicos, practicar tal ejercicio desde Bruselas?
Y si eso no es posible sin la ciudadanía, ¿cómo puede intervenir una ciudadanía, el pueblo, en el marco europeo, si la ciudadanía europea y el pueblo europeo no existen? (existen el pueblo francés, español, húngaro, pero no el “pueblo europeo”)
¿Está entonces la respuesta a este embrollo en los Estados es decir allí donde hay soberanía y elecciones?
¿Sería, por tanto, la suma de toda una serie de respuestas ciudadanas estatales la solución para generar una reforma en profundidad de la UE…?

Mientras esas preguntas no se responden, constatamos que la Unión Europea está estancada: No está siendo un factor de la reconfiguración en curso. No está participando como actor autónomo en ese parto de la multipolaridad que antes describíamos. Geopolíticamente va a remolque y el gran vector que apunta sugiere que más bien se dirige y contribuye a un escenario de los imperios combatientes: la “Europa de la defensa”, con mayor gasto militar (ver las últimas cifras del SIPRI) y protagonismo intervencionista para garantizar el “acceso” a recursos disputados y vías comerciales amenazadas…

Tampoco está creando enmiendas a la globalización desde sus instituciones. Esas enmiendas ocurren desordenada y unilateralmente en los estados nacionales; Polonia no acepta esto, Hungría aquello, Alemania decide en solitario abrirse a los emigrantes y luego decide cerrar sus puertas, los británicos votan irse, los franceses murmuran, los italianos, los catalanes…Y todo eso crea conflictos y tensiones de signo desintegrador que configuran un panorama de cinco brechas que sugiere una balcanización disgregadora:

III) Cinco brechas

1) La brecha del eje franco-alemán (intereses nacionales divergentes han acabado con tal eje. Hay una sumisión de Francia a Alemania a costa de sus intereses nacionales. El Presidente Macron, última esperanza, propone más inversión pública, más flexibilidad, presupuesto común y ministro de finanzas común, parlamento de la zona euro…cosas que Alemania no está dispuesta a conceder, y ahora menos todavía con un Bundestag lleno de ultraderechistas. Y ese fracaso era la compensación ofrecida a los franceses a cambio de destruir su estado social y sus servicios públicos —entre los mejores del continente— en línea con las exigencias de la política germano-europea.

2) La brecha Norte/Sur entre los PIGs y países beneficiarios del euro.

3) La del brexit. Aquí hay que decir que el propósito de Bruselas de que la salida británica salga ejemplarmente mal, no está garantizado, pues el Reino Unido es duro de pelar negociará con brío y tiene bazas notables como la city y el vínculo directo con Washington. Por todo ello vale la pena preguntarse qué pasaría si al Reino Unido le fueran bien las cosas fuera de la UE y que mensaje lanzará eso a otros países europeos…

4) La Este/oeste (Visegrad, desencanto, nueva dependencia a 25 años de la emancipación de la tutela soviética del antiguo bloque).

5) La brecha regional: no solo Escocia o Catalunya, sino también y sobre todo multitud de tensiones nacionales y regionales en los Balcanes y en Europa Central/Oriental: posibles roces de Rumanía con Ucrania por la Bukovina, de Hungría con Ucrania por Rutenia, de Hungría con Eslovaquia (por los derechos de la minoría magiar) y con Rumania por Transilvania, la tensión bélica de Ucrania con Rusia en Donbas y Crimea, la voluntad del norte de Kosovo de unirse a Serbia, de los serbios y croatas de Bosnia por configurar sus propias repúblicas, las tensiones en Macedonia… ¿Quién se atrevería en este contexto a abrir la caja de Pándora del “derecho a la autodeterminación” en Europa?

La suma de estas cinco brechas producto del estancamiento es una crisis fenomenal ¿Es reconducible o es irreversible? Les adelanto que no voy a responder a la cuestión que da título a esta intervención, por simple humildad, pero sí diré que, subjetivamente, a mí me parece irreversible. Quizá por haber ya presenciado algo impensable: la disolución de un superestado como era la URSS. Claro que las circunstancias y contextos eran diferentes, pero la impresión en el espectador queda ahí…No lo puedo evitar.

Por otro lado, pienso que el vacío no existe. Con la UE estancada, otras fórmulas europeas ocuparían su lugar, nuevas asociaciones, etc. Por ahí veo un vector reconducible. No creo en un escenario de disolución, un 8 de diciembre de 1991 en Bruselas (el día en que tres presidentes de repúblicas soviéticas declararon disuelta la URSS, no me imagino algo así con Alemania, Francia e Italia, por ejemplo), porque la necesidad de organizar vínculos entre los estados europeos permanecerá de una u otra forma.

Lo más probable parece una especie de regreso al consenso entre estados en detrimento de lo supranacional. Así lo sugiere el fracaso manifiesto de Macron con sus propósitos federalizantes (presupuesto europeo significativo, ministro de finanzas común, listas transnacionales en el parlamento europeo, etc.) que Alemania no piensa aceptar. Ahí está el manifiesto del 8 de marzo de ocho estados del norte —Dinamarca, Holanda, Suecia, Finlandia, Irlanda, Estonia, Lituania y Letonia— contra cualquier reforma del euro sobre bases supranacionales: “la toma de decisiones debe mantenerse firmemente en las manos de los estados miembros”, señala el manifiesto que Alemania ha bendecido…

Pero en cualquier caso, la actual inoperancia de la UE la aparta de los grandes vectores de nuestro tiempo y recuerda a la de un muerto viviente.

Eso me hace pensar en el precedente de la Sociedad de Naciones (1918-1946). La Sociedad de Naciones fue inoperante para los retos de su tiempo; para Abisinia, Libia, la China invadida por Japón, para los sudetes y el Anschluss de Hitler, para la enormidad de la II Guerra Mundial… y cuando se disolvió, en 1946, nadie la echó a faltar porque era un cadáver. Pero, claro, aquel cadáver dio lugar a otro sujeto: la ONU. Esta es la analogía que se me ocurre con la UE que hoy tenemos y que vemos apagarse mientras va perdiendo los trenes del tiempo mundial.

[Fuente: Blog personal del autor; este artículo sigue el hilo de una conferencia pronunciada el 20 de abril en el Fòrum de Debats de Vic]

10/5/2018

Rafael Poch de Feliu

Cuando la Moreneta mira hacia Jerusalén

Se confirma que un pueblo victimizado en el pasado puede ser, perfectamente, el peor verdugo cuando pierde toda mesura y sentido de la realidad.

Hace 58 años, el 21 de marzo de 1960, el gobierno de África del Sur asesinó a 69 manifestantes desarmados en Sharpesville. Entonces hubo gran indignación internacional y con el tiempo aquello concluyó en un efectivo boicot al régimen racista. El pasado lunes ocurrió algo parecido en los límites del ghetto de Gaza donde el ejército israelí mató a más de 60 personas, hombres mujeres y niños, tiroteando durante horas e hiriendo a más de 3.000. Mientras tanto en Jerusalén se escenificaba la infame ceremonia de apertura de embajada de Estados Unidos, una nueva burla al derecho internacional, coincidiendo con el aniversario de la fundación del estado de Israel sobre la expulsión de 700.000 autóctonos. Los muertos de la jornada eran descendientes de aquellos expulsados hace setenta años y reclamaban su derecho al retorno, de acuerdo con las resoluciones de la ONU.

La víctima más joven de la jornada, la más mortífera desde la masacre del verano de 2014 en Gaza, fue un niño de ocho meses de edad. En mes y medio el ejército israelí ha herido de bala a unas 6.000 personas y matado a 109 palestinos, más que en el supuesto ataque químico en los arrabales de Damasco del mes pasado que fue atribuido al régimen sirio sin la más mínima prueba.

Entonces la reacción de los países europeos fue de lo más enérgica. Francia incluso lanzó misiles contra Siria. Ahora la encargada de la política exterior europea, Federica Mogherini, ha apelado, “a todas las partes”, víctimas y verdugos, a “actuar con la mayor contención para evitar más pérdidas de vidas humanas”. El ministerio de exteriores alemán advirtió a los palestinos de que, “el derecho a la protesta pacífica no debe ser invocado” por sus dirigentes como pretexto para “promover violencia”. “Nos preocupa que elementos extremistas” en Gaza “puedan secuestrar las protestas pacíficas en aras de sus propios objetivos”, declaró la primera ministra británica, Theresa May. Emmanuel Macron fue algo más allá en la crítica a la acción de Israel sin dejar de afirmar su “compromiso con la seguridad” de ese país.

La última masacre coincidió en Barcelona con la investidura de un nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra. Los puntos de vista que Torra manifestó por escrito sobre los españoles sonaron tan extremos que llevaron a un comentarista simpatizante moderado del independentismo catalán, Antoni Puigverd, a decir: “no creo que Torra sea nazi”, aunque el nuevo President, “se inspira en el mecanismo que permitía a los nazis actuar como lo hicieron: bestializando a los judíos”. Eso mismo hacen hoy los propios israelíes con los palestinos, confirmando que un pueblo victimizado en el pasado puede ser, perfectamente, el peor verdugo cuando pierde toda mesura y todo sentido de la realidad.

El problema de Israel, “no es Benjamin Netanyahu, es la nación o por lo menos la mayor parte de ella”, escribía hace poco en Haaretz el veterano periodista israelí Gideon Levy, aludiendo a la popularidad que el racismo y el supremacismo contra los palestinos tiene en la sociedad de su país. “Si el problema estuviera solo en Netanyahu y su gobierno sería de fácil solución”, continuaba. “La verdadera calamidad es el hecho de que toda manifestación de humanidad en Israel es un suicidio político”, constataba Levy, influido por los coros de júbilo que la macabra puntería de los tiradores de elite de su ejército suscitan entre los asistentes al espectáculo.

A la ceremonia del lunes en Jerusalén asistió Sheldon Adelson, el magnate de Las Vegas. Artur Mas cortejó a ese financiador de Trump y de los asentamientos en territorios ocupados al que quería convencer para que instalara su Eurovegas en el Prat, magnífica receta pujolista para salir de la crisis del ladrillo y el latrocinio en las pocas tierras de cultivo que le quedan a Barcelona. Entonces el President hablaba del “eje Barcelona-Massachusetts-Tel Aviv”. Ahora ya podría cambiar Tel Aviv por Jerusalén con la bendición de Trump.

El sucesor de Mas saludó desde Berlín el aniversario de Israel, sin mencionar el pecado original de ese país y con la moreneta a su lado y luego condenó la masacre para acallar murmullos. Y el sucesor del sucesor es un tipo del que hay que decir, “no creo que sea un nazi” porque en sus declaraciones ha empleado con los españoles fórmulas como las que los israelíes manejan para deshumanizar a los palestinos y como las que los alemanes emplearon en su día con los propios judíos, mientras los partidarios del personaje son incapaces de ir más allá del: “¿Y qué?, también en España se oyen cosas así de los catalanes”.

Parafraseando a Gideón Levy podría decirse que la verdadera calamidad es que cualquier manifestación de sentido común o de escepticismo hacia el quimérico procés y su república imaginaria, es hoy un suicidio político en Catalunya. Por ahí pasa un eje Catalunya-Jerusalén.

[Fuente: Blog personal del autor]

19/5/2018

Agustín Moreno

Un paseo para Marcelino Camacho

Por fin Marcelino Camacho tendrá una calle. El 11 de mayo a las 17.30 horas se colocarán las placas del “Paseo Marcelino Camacho” en el madrileño barrio de Carabanchel. Su barrio, donde vivió desde que vino de Orán en 1957. Para ello ha sido necesario el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid y superar el recurso que se había interpuesto contra los cambios en el callejero. El nuevo paseo sustituye al de Muñoz Grandes, un general fascista y preferido de Hitler.

Decía Bertold Brecht “desgraciado el país que necesita héroes”. Desgraciadamente se necesitaron en el franquismo y los seguimos precisando en estos tiempos. Pero no entendidos como superpersonas, sino como referentes morales por su honestidad y por mantener encendida la llama de la esperanza. Este país es mejor gracias a personas como él.

Marcelino nació en Soria (Osma la Rasa) hace ahora 100 años en una familia ferroviaria. Tenía 18 cuando empezó la Guerra Civil y eso le marcó. Atravesando montes, pasó a zona republicana y se incorporó al ejército popular. Fue hecho prisionero por la Junta de Casado y liberado por los carceleros socialistas. Regresó a Madrid con documentación falsa hasta que fue delatado y detenido. Estuvo en campos de concentración en Tánger y huyó a Orán, donde encontró a Josefina Sámper, una mujer fuerte y valiente, tejedora de jerséis y de sueños y que será su compañera el resto de su vida.

Pudo regresar a España en 1957 y trabajó como metalúrgico en la fábrica Perkins. Comenzó a organizar las CCOO y sufrió sus primeras detenciones en 1967. A partir de ahí, fue un continuo entrar salir de la cárcel. Su proceso más sonado fue el 1001, donde le condenaron a 20 años.

Fue secretario general de CC.OO y diputado del PCE. Dejó la secretaría general del sindicato en 1987 y ocupó la presidencia hasta 1996. Supo dejar los cargos, pero no dejó nunca de tener opinión propia. Por ello, en el VI Congreso, marcado por la crisis interna sobre el modelo sindical a seguir, se suprimió la presidencia como castigo a su posición crítica. Fue un error y una injusticia a toda su trayectoria, algo que debería reconocer el sindicato.

Tenía los mejores valores de la clase obrera: ese orgullo por el trabajo bien hecho, cumplir primero para poder reclamar. Su conciencia de pertenencia a una clase era muy clara, y en consecuencia, su lema era estar con la gente. Ello le hizo estar en lucha constante contra el destino programado por los vencedores, para reconstruir un movimiento obrero derrotado, perseguido y diezmado en la Guerra Civil.

Era también un indomable. Dijo no quiero y el régimen tembló. Puso en marcha, junto con otros compañeros, un movimiento sindical de defensa de los trabajadores, de la libertad sindical y la democracia que colocó contra las cuerdas al régimen. Al salir de la cárcel declaró todo un programa de intenciones: “ni nos domaron, ni doblaron, ni nos van a domesticar”.

A la vez era una persona sencilla, que se definía a sí mismo como alguien “ni alto, ni bajo, ni gordo, ni flaco, normal”. Era austero, sencillo y cariñoso, cargado de bonhomía. Todo este relato de vida, no es banal: la capacidad de acción depende de las ideas que se tienen y ellas le habían ido conformando su carácter y compromiso.

Marcelino siempre iba a Norte. No perdía la dirección principal, la esencia de las cosas. Por ejemplo, cuando decía que “toda persona por el hecho de nacer tiene derecho a una vida digna…”. En torno a ello, estructuraba la defensa de la dignidad de las personas, de sus libertades y derechos, de su empleo, protección social y participación democrática.

Era consciente de las debilidades que se produjeron en la transición y que dieron lugar a compromisos de trastienda, con demasiadas gangas del pasado que aún subsisten en el presente, y que impiden una democracia más profunda y transparente. Por ello decía que “la democracia no había entrado en las fábricas” y que “los sindicatos eran los parientes pobres de la democracia”.

En el pensamiento de Marcelino hay una idea importante: el movimiento obrero existe por una condición obrera marcada por la lucha de clases. Sabía que la emancipación de los trabajadores tiene que ser fruto de su lucha, que no iban a regalarles nada, que la unidad era fundamental. Para construir un sindicalismo de nuevo tipo, la cuestión era cómo hacer compatible el movimiento y la organización, la reivindicación, la lucha y la negociación, no perder la frescura ni la legitimidad.

Me pregunto: ¿cómo vería Camacho la situación actual? Haría un análisis muy exhaustivo empezando por los temas estructurales: crisis económica mundial, su intranquilidad por la deuda externa de España.Vería con inquietud la degradación del trabajo y de los salarios, la insoportable tasa de paro, la precariedad que no cesa de crecer, el desmantelamiento de la negociación colectiva y el crecimiento de la legión de trabajadores pobres que no pueden construir un futuro autónomo. Estaría preocupado por el adelgazamiento del Estado de Bienestar y los recortes sociales que hacen que crezca la desigualdad y la pobreza. También por el saqueo de las pensiones y los recortes en el sistema nacional de ciencia. Lucharía por la igualdad entre hombres y mujeres: siempre hablaba de “compañeras y compañeros”.

Denunciaría el tsunami de la corrupción como un cáncer para la democracia; el artículo 135 de la Constitución y el rescate a la banca; la aprobación del CETA, y el asalto a las instituciones del Estado que practica el PP. En relación al conflicto de Cataluña, Marcelino no sería independentista, pero no por ser de Soria, sino por internacionalista. Como demócrata y persona con un gran sentido común, defendería la búsqueda de soluciones políticas y rechazaría el 155 y la represión sobre quienes defienden políticamente sus planteamientos.

¿Qué estaría haciendo hoy Marcelino? No hay más que recurrir a sus memorias y a su significativo título, que es una declaración de culpabilidad: “Confieso que he luchado”: Pues eso, estaría luchando para cambiar y mejorar las cosas. Acompañaría a Coca Cola en Lucha, a los de Amazón y a toda huelga obrera. Habría participado como un militante más en las asambleas del 15-M; defendería la unidad de la izquierda; saldría a la calle en defensa del sistema público de pensiones; estaría del brazo de Josefina en las manifestaciones feministas; introduciría en sus análisis estratégicos el problema medioambiental y del cambio climático, sin ninguna duda. Mantendría sus compromisos políticos (PCE e IU), defendería Unidos Podemos, fiel pero con criterio propio y hasta heterodoxo, porque nunca comulgó con ruedas de consignas.

Lo más importante es su legado, sus muchas aportaciones y su ejemplo. Lo clasificaría en seis puntos de tipo ideológico y derivados de su carácter.

– Su apuesta por la participación democrática, de prácticas sociales que no solo son útiles, sino absolutamente necesarias como la asamblea, la participación horizontal, el protagonismo de los que luchan, el empoderamiento de los de abajo.

– La defensa de la unidad. En la actualidad, el neoliberalismo campa por sus respetos, hasta el punto de que se jacta de estar ganando la lucha de clases. Por ello, es absolutamente necesaria la unidad, porque hay una regla de oro en las dinámicas sociales: unidos se gana o se pierde menos, divididos se pierde siempre. Ello obliga al sindicalismo a mucha humildad y a la autocrítica necesaria para superar desconfianzas en su relación con los movimientos sociales. Él tenía talento para sumar.

– Su concepción de la acción sociopolítica. Sabía que no hay cambio profundo si éste no es sistémico. Que el sindicato de clase no puede ser solo reformista, en el sentido de mejorar las condiciones laborales, algo que está muy bien pero no es suficiente. Que también es necesaria la lucha política y elevar el nivel de conciencia de los trabajadores y la mayoría social. Que hay que moverse entre “lo posible y lo necesario” (título de la película documental que se estrenará a finales de mayo), con los pies en el suelo y la vista en el horizonte.

– La coherencia. Marcelino era una persona de una pieza, que hacía lo que decía y vivía como pensaba. Una de las cosas que más le enorgullecían era un premio que le dieron en un pueblo de la montaña palentina: el premio a la Coherencia de Guardo, porque era un premio a toda una vida y que él llevaba con mucha facilidad, porque había hecho de la coherencia una religión.

– El afán de saber. Siempre estudió todo lo que pudo, hablaba mucho de la revolución científico técnica, era un optimista del progreso humano, creía en la Humanidad y en su capacidad de dar solución a los problemas más difíciles, eso sí, con justicia social y redistribuyendo la riqueza. Para ello no solo había que vencer las resistencias de las fuerzas contrarias al cambio, sino que había que formarse y saber tanto como los poderosos para poder construir otro modelo de sociedad desde abajo y a la medida del ser humano.

– La honestidad a prueba de halagos del poder, esos cantos de sirena que, unidos a las ambiciones, han estropeado a tantos dirigentes obreros y de la izquierda. Una de las aportaciones más importantes es ser un referente moral y, por ello, su figura se engrandece más aún ahora.

Marcelino Camacho combinaba bondad, inteligencia y revolución. ¿O hay algo que armonice mejor las tres cosas que su planteamiento de “Luchar, trabajar, estudiar cantando y vivir soñando”? Por eso, en estos tiempos difíciles le echamos tanto de menos.

Marcelino Camacho y Agustín Moreno en el en el V. Congreso Confederal de CC.OO

[Fuente: Cuarto Poder]

10/5/2018

Juan-Ramón Capella

Eutanasia

Apunte para una reforma constitucional

Los derechos fundamentales constitucionalizados no son «naturales», sino convencionales, históricos. Por eso es posible proponer que su catálogo sea modificado. Y no para restringirlo, sino para consolidarlo y adaptarlo a necesidades básicas de los seres humanos que aún no han obtenido reconocimiento constitucional.

El inmediato derecho pendiente de reconocimiento constitucional es la eutanasia. La eutanasia es el suicidio asistido.

Derecho a la eutanasia no es el derecho al suicidio. Este último ya lo tienen los suicidas. La tentativa de suicidio no es ilegal. La eutanasia es el derecho a ser ayudado lícitamente por otras personas para terminar voluntariamente con nuestra vida sin dolor y con dignidad.

Las instituciones, los «nosotros» —el Estado, la familia, una religión, cualquier otro tipo de comunidad— tiene deberes especiales de protección sobre cada una de las personas hasta que éstas alcanzan su mayoría de edad: la edad convenida para ser vistas por las instituciones como personas autónomas.

Así, la familia, por poner un ejemplo, y sea lo que se entienda culturalmente por familia, tiene el deber de proteger la vida de sus miembros menores. Pero no lo tiene para siempre: de otro modo les negaríamos a las personas su autonomía.

En culturas como la española, tanto y tan mal modeladas por visiones talibánicas del cristianismo, resulta difícil hablar de eutanasia sin escapar a la persecución del irracionalismo. Por eso evitaré argumentar sobre cuestiones ya debatidas en áreas culturales próximas y afirmaré sin más la autonomía personal. Ningún estado, ninguna religión, está por encima de nuestra conciencia moral personal. Argüiré que las cuestiones jurídicas que se plantean en torno a la eutanasia —autonomía de la voluntad, casos de menores, plazos de mantenimiento de la decisión de bien morir, garantías para los asistentes o ayudantes, etc.— han sido bien resueltas en otras legislaciones. Basta con copiarlas o adaptarlas.

Solamente parece necesaria una distinción conceptual. Se trata de la que media entre los llamados «cuidados paliativos», aplicados a enfermos terminales, y la eutanasia. Los primeros son ya un deber por lo menos moral para los facultativos médicos en casos para los que no se ve remedio; la eutanasia, en cambio, puede tener cualquier motivo, por el que las instituciones no habrían de preguntar; los motivos no importan: son personales; y quienes ayuden a morir no han de ser necesariamente facultativos.

La eutanasia, entendida como el derecho a que te ayuden a morir, ha sido reconocida en años recientes por Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En Suiza la eutanasia es legal desde los años cuarenta del siglo XX. Son muchas las personas que viajan a ese país, como antaño se viajaba a Inglaterra cuando en España se prohibía el aborto, para hacer efectivo su derecho a morir, voluntaria y dignamente. En Suiza el suicidio asistido es legal, siempre que quien ayude no lo haga por motivaciones personales interesadas.

Constitucionalizar la eutanasia en España significará eliminar del espacio político-jurídico una diferencia más entre ricos y pobres.

[Fuente: InfoLibre]

13/5/2018

Informaciones

I Encuentro Internacional de Observatorios Contra la LGTBIfobia. Barcelona, 1-3 de junio de 2018

"Nuevos Espacios de Conquista de Derechos Humanos"

www.observatorieslgbtinternationalmeeting.com

El Observatorio Contra la Homofobia (OCH) de Barcelona organiza en esta ciudad el I Encuentro internacional de observatorios contra la LGTBIfobia, bajo el título “Nuevos Espacios de Conquista de Derechos Humanos”.

El evento cuenta con la colaboración del Observatorio Madrileño contra la LGBTfobia–Arcópoli, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y la Plataforma LGBTIcat.

Surge con la voluntad de reunir aquellos agentes y entidades dedicadas a la prevención, recopilación, denuncia y actuación frente a los casos de LGBTIfobia y todas aquellas expresiones de rechazo hacia las personas que componen el colectivo LGBTI o que no siguen los patrones hegemónicos en relación con la sexualidad. Está pensado como un espacio de encuentro, intercambio de realidades e información y fomento de debate para conocer las diferentes organizaciones e iniciativas en torno a la LGBTIfobia que existen en el mundo.

El objetivo para este primer encuentro es el propio conocimiento entre observatorios y las buenas prácticas de las diferentes organizaciones. Por ello el tema central es: "Observatorios contra la LGBTIfobia: nuevos espacios de conquista de derechos humanos".

El Programa está disponible aquí.

27/5/2018

Campañas

Centre Delàs d'Estudis per la Pau

Mapa Interactivo “La industria militar en España”

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau ha publicado este año un mapa interactivo que permite visualizar las empresas más relevantes que fabrican armas, materiales o componentes de armas, y servicios que suministran al Ministerio de Defensa español o se destinan a la exportación. Se trata de una herramienta ágil y de fácil manejo que, además de indicar la localización, aporta gráficos y datos que cubren el período 2003-2016 respecto de cada empresa identificada, ofreciendo una completa información del estado de desarrollo de la industria militar en España.

Banca armada

La campaña Banca Armada, promovida por el Centro de Estudios por la Paz JM Delàs, Setem, RETS, Justícia i Pau y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), nació para denunciar públicamente a las instituciones bancarias españolas que financian la industria militar, con el objetivo de lograr una base social sensibilizada y exigir unas políticas éticas y responsables a nivel político, social y medioambiental. El BBVA, el Banco Santander, Caixabank, el Banco Sabadell y Bankia son las entidades bajo el foco de la iniciativa, que pretende mostrar el volumen e importancia de las relaciones entre estos bancos y las empresas fabricantes de armamento. No obstante, la campaña ha incorporado recientemente una nueva base de datos internacional de banca armada, que cubre los principales bancos, grandes empresas aseguradoras, sociedades de gestión de archivos, fondos de patrimonio soberano, algunos fondos de pensiones e instituciones públicas de todo el mundo (http://www.centredelas.org/bancaarmada/es/).

31/5/2018

Boletín 169

Notas del mes

Ensayo

El extremista discreto

La Biblioteca de Babel

De otras fuentes

Informaciones

Campañas

Coyuntura y estructura. Rodeos en torno a la moción de censura

Disrupción tecnológica y trabajo: ¿disrupción también en el ámbito de las relaciones laborales?

Devaluación salarial

Algunas cosas sobre la partida nuclear que juegan las élites

Las manifestaciones de los camioneros en Brasil: ¿huelga o lockout?

Ensayo

El extremista discreto

La Biblioteca de Babel

De otras fuentes

Informaciones

Campañas