La vida de la población trabajadora está periódicamente amenazada por una pesadilla recurrente: la del fin del trabajo provocado por el cambio tecnológico. No es que la gente esté ansiosa por deslomarse trabajando, o por vivir a las órdenes de un superior. Es que temen que la contrapartida sea el paro, la falta de ingresos, la marginación social.

El debate sobre tecnología y empleo es antiguo. La economía capitalista se caracteriza entre otras cosas por un cambio técnico constante, por desempleo recurrente y desigualdades obscenas. Por lo que sabemos de la historia del paro, los peores momentos, las crisis, tienen menos que ver con la tecnología y más con la organización de la economía y la sociedad. Pero nos dicen que ahora es distinto, porque la digitalización va a permitir no solo sustituir millones de empleos rutinarios, sino que reducirán también empleos “cualificados” porque la inteligencia artificial y la capacidad de cálculo de las máquinas resultará mucho más eficaz. O sea, que el paro no sólo es un peligro para la clase obrera tradicional, sino también para las clases medias educadas.

Los que defienden esta posición suelen ser altos empresarios o técnicos cualificados (ingenieros, científicos) en la materia. Sus opiniones reflejan tanto su percepción de los hechos como sus deseos ocultos (lo que yo llamo sus “sueños húmedos”). Para un empresario, un mundo sin obreros sería ideal. La gestión de personal es siempre una de las tareas más pesadas de cualquier actividad en general. En la empresa, donde los intereses de empresarios y trabajadores están en conflicto ―abierto o latente― esta gestión es aún más ardua. Una empresa sin trabajadores, funcionando automáticamente y dejando al propietario una renta recurrente, es el ideal que todo rentista desearía. También para los altos tecnócratas las personas son un estorbo. Muchos tienden a pensar que son las chapuceras intervenciones humanas las que provocan fallos y problemas (sólo hay que ver que casi siempre que hay un desastre se alude al fallo humano, sin pensar que a lo mejor este estaba propiciado por la tecnología empleada). Eliminando empleados se reducen los problemas potenciales (Michel Piore, un importante economista laboral, lo descubrió en una investigación hace casi 50 años; los ingenieros entrevistados le comentaron que siempre que el coste fuera soportable, recomendaban la solución que incorporaba menos empleo). Hay un sesgo capitalista y un sesgo tecnocrático en la orientación del cambio tecnológico. No es casualidad que Frederick W. Taylor aunara en su persona el ser ingeniero profesional e hijo de empresario.

Pero esta introducción del cambio tecnológico no ha supuesto hasta ahora la eliminación del trabajo por muchas y variadas razones. En primer lugar, la eficacia de la tecnología nunca es completa ni se adapta por igual a todas las actividades humanas. En segundo lugar, porque las mejoras tecnológicas han ido asociadas a un aumento en la escala de la producción, a una diversificación de los bienes y servicio. Y, en tercer lugar, porque las luchas sociales han impuesto limitaciones al uso de la fuerza de trabajo y han conseguido que en bastantes casos el aumento de productividad se tradujera en una reducción de la jornada laboral. Este razonamiento se aplica habitualmente al empleo mercantil. El reconocimiento de la importancia del trabajo doméstico muestra además otras cuestiones interesantes. La primera es que años de cambio técnico no han generado un movimiento de reducción radical del tiempo de trabajo doméstico. La segunda es que algunas de las innovaciones en bienes de consumo, más que eliminar el trabajo doméstico, lo han transformado. Un estudio de hace veinte años de la jornada laboral de las amas de casa a tiempo completo mostró que su jornada global era parecida. Lo que había cambiado era su contenido. A principios del Siglo XX, la tarea principal era la producción doméstica de pan, algo que había casi desaparecido 80 años después. A finales del siglo pasado, lo que ocupaba más tiempo era conducir, pues estas mujeres se encargaban de transportar al resto de la familia y, dado el modelo urbano estadounidense, también debían conducir para hacer compras, acudir a centros médicos etc. Y, la tercera, que las propias necesidades familiares han cambiado con el tiempo (por ejemplo, los procesos ligados al envejecimiento reclaman una enorme cantidad de cuidados que generan “un segundo ciclo de actividad” posterior al generado por el cuidado de la infancia). En suma, la tecnología es sólo uno de los factores que influyen en la carga de trabajo, y sus efectos son a menudo ambiguos, pues al mismo tiempo reducen y aumentan la carga de trabajo. Por eso, en la revisión de estudios que ha realizado la Organización Internacional de Trabajo, la previsión de lo que ocurrirá en el futuro es incierta. Depende de muchas variables.

Las visiones unidireccionales sobre el impacto del cambio técnico olvidan además cuestiones clave que se pasan por alto en las presentaciones más repetidas. Se destacan cuando menos tres cuestiones habitualmente omitidas.

En primer lugar, la introducción de cambios tecnológicos debe superar la prueba del coste. En una economía capitalista, las empresas invierten para ganar dinero, y por tanto las inversiones no se deciden sólo por cuestiones tecnológicas, sino también por rentabilidad. Hay demasiados ejemplos de tecnologías sofisticadas cuya introducción se ha realizado por parte del sector público basándose en criterios ajeno a la rentabilidad (desde la energía nuclear, pasando por el armamento sofisticado o los trenes de alta velocidad). En segundo lugar, que la digitalización completa exige la creación de costosas redes de comunicaciones, de pesadas infraestructuras cuyo coste sólo es pensable por una masiva inversión pública que choca con la realidad de muchos países y con las orientaciones de las políticas de austeridad. (Desde la revolución industrial sabemos que el papel del sector público ha sido clave en la construcción de las bases materiales del negocio privado: canales, carreteras, internet…). Por último, y posiblemente más crucial: el desarrollo de la digitalización supone un nuevo salto en el consumo energético global y en el uso de unas materias primas básicas. Algo que parece imposible de alcanzar con lo que conocemos como los límites materiales de la actividad humana. Los defensores de la digitalización global suelen ignorar los problemas que plantea la energía y el recurso a minerales específicos.

Por tanto, el discurso sobre el fin del trabajo suele ignorar muchas de las cuestiones que son clave para determinar qué cantidad de trabajo se desarrollará. O es ignorancia, o el discurso forma parte de una campaña propagandística con otros fines.

III

Hablar del fin del trabajo en sociedades de empleo asalariado lo que pretende es un efecto de disciplina social. Se le dice a la gente que su participación social es redundante, que es prescindible, que la sociedad puede pasar sin él. Un efecto disciplinante en lo individual: si el trabajo asalariado tiende a desaparecer, es una especie de lotería mantener el empleo, hay que aceptar lo que salga pues siempre es mejor que nada. Y también en lo colectivo: si la clase obrera asalariada es un grupo social a extinguir, deja de tener una verdadera capacidad de agencia colectiva, deja de representar la posibilidad de alternativa social. Su destino es formar parte paulatinamente de un grupo social subsidiario. No es un discurso nuevo, se puso activamente en circulación por los “think tanks” neoliberales, cuando se repetía insistentemente la tontería de que el trabajo “es un bien escaso” (la mayoría de mujeres puede explicar con detalle que es una actividad abundante). Y se ha repetido paulatinamente en los momentos de crisis. Ahora estamos en una nueva versión de la misma familia de profecías que buscan “autocumplirse”. Ahora se da otra vuelta de tuerca, se le dice además a la mayoría de población, incluso a la educada, que sus conocimientos van a estar obsoletos, qué sólo los muy preparados y muy competitivos tienen espacio.

Pretende además que la sociedad acepte acríticamente el modelo de implantación de nuevas tecnologías. Y esto tiene un importante impacto potencial para las políticas públicas, puesto que se trata de evitar que las regulaciones reduzcan la rentabilidad de los negocios privados, seleccionen las formas socialmente más interesantes de usar los conocimientos colectivos o bloqueen actividades que pueden ser muy lucrativas para algunos a costa de generar costes sociales insoportables. De esto también va el eslogan de que el cambio técnico no se puede parar y hay que adaptarse. Esto es lo que están planteando obscenamente los Uber, Amazon, Deliveroos, etc. Que aceptemos como “naturales” la degradación de las condiciones laborales, la desertización de las ciudades y el despilfarro ambiental como una derivada inevitable de su modelo tecnológico y social.

El futuro de la sociedad humana está siempre lleno de incertidumbre. Las cuestiones ambientales cuestionan la viabilidad del crecimiento económico y de los modelos de vida dominantes. Las desigualdades de género, de clase, de nacionalidad y etnia son causa de grandes sufrimientos y conflictos. El cambio tecnológico actual impacta sobre estructuras sociales y condiciones ambientales. Pero no es, nunca lo ha sido, una dinámica natural. La mayor parte de cambios técnicos se producen en la combinación de políticas públicas y decisiones individuales, mayormente empresariales. Obedecen a criterios casi siempre definidos por las élites que operan en interés propio o en respuesta a sus propias visiones del mundo. Que su impacto sea más o menos beneficioso para la gente depende a veces de objetivos no buscados, o de que haya fuerzas sociales que lo orienten en una dirección adecuada. Por eso, el debate de las tecnologías no puede dejarse en manos de los expertos, sino que debe ser objeto de un verdadero debate social.

Los que sostienen que estamos ante el fin del trabajo ignoran además la carga y la importancia social del trabajo no mercantil. Lo que realmente debe preocupar sobre el trabajo es cómo se reparte toda la carga de trabajo social, cómo se construyen reglas de juego donde cada persona contribuya equitativamente a su realización. Si nos interesa la relación entre trabajo, tecnologías y producción, lo que debemos determinar es qué modelos de consumo, qué tipos de producción son compatibles con nuestros límites naturales y con la garantía de condiciones de vida universales. Nos interesa saber los impactos sociales y ambientales de cada tipo de desarrollo tecnológico (algo que aclara el debate sobre la energía nuclear). Nos interesa, en suma, una reflexión colectiva sobre cómo organizar igualitariamente la vida en el planeta, como orientar, a la vez, las regulaciones institucionales y los desarrollos tecnológicos más prometedores. Si queremos hablar del trabajo no podemos reducirlo al empleo asalariado, sino al conjunto de la actividad laboral.

Y para este debate sobran “gurús” y agoreros, sobran dogmatismos. Lo que se requiere es una reflexión ordenada, que en lugar de pánicos y euforias genere capacidad analítica y democracia deliberativa.

28/9/2018

Fontana en su tiempo

Gonzalo Pontón

Dicen que Josep Fontana murió el 28 de agosto pasado. Puede ser, pero yo sigo conversando con él casi todos los días a través de sus papeles y sus libros, que son prueba irrefutable de su presencia y de su capacidad intacta para sumergirnos en la vida en cualquier momento.

Josep Fontana es el historiador español más importante de la segunda mitad del siglo XX y de lo que llevamos de XXI. Por su talento científico, por su erudición inacabable, por su capacidad de síntesis, por la extraordinaria comunicabilidad de su escritura neoclásica, enemiga de los adjetivos. Es un historiador total a quien tanto le interesa comprender el tránsito español del Antiguo Régimen del siglo XVIII al XIX, como explicar la transición de la dictadura a la democracia representativa en el siglo XX. Es un estudioso de los proyectos económicos y sociales de liberales y conservadores en el siglo XIX, tanto como lo es de los de las sociedades capitalistas del siglo XX. Su pasión por la historia se incardina, además, en el estudio mismo de su oficio: ha dedicado una docena de libros a evaluar el papel de la historia en la sociedad y a autocriticar su condición de historiador. La síntesis de su pensamiento, aquí, es que, si la historia no interpela a los hombres y mujeres de hoy, si no les ayuda a resolver sus dudas y a asentar sus esperanzas, si no tiene nada que aportar para que las injusticias y desigualdades de nuestro tiempo se superen, no merece llamarse historia.

A finales del siglo XX, cuando ya había escrito y publicado 35 libros y miles de artículos, Fontana empezó a trabajar en la historia de su propio tiempo, que le absorbió durante más de quince años. ¿Por qué? Porque iba sometiendo los borradores de cada futuro capítulo a la reacción de sus alumnos, por los que sentía un respeto enorme. Si creía que sus lecciones (nunca fueron magistrales) no arañaban la piel de sus oyentes, las reconstruía para encontrar una nueva forma de transmitirles hondura y precisión: les enseñaba a pensar históricamente. Esa extraordinaria, nada innata, capacidad de hallar la vía más eficaz para encender las luces del conocimiento, tenía una aplicación inmediata. a la escritura de sus libros. Y es que, a años luz de la jerga académica tradicional, los razonamientos de Fontana cabalgan las olas de su erudición con gran elegancia, pero también con una contundencia inapelable.

De este modo nació Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945, que es, sencillamente, la mejor historia del siglo XX que se haya publicado jamás. Primero, porque en este libro Fontana se ocupa de la realidad viva de los hombres y mujeres de todo el mundo que vivieron y sufrieron el siglo más mortífero para el género humano, el que creó más miseria y desigualdad de la historia. En segundo lugar, por la fuerza arrolladora de su análisis que desmonta la vulgata capitalista del progreso indefinido de la humanidad: “Solo se ha progresado con las luchas”, nos dice el historiador marxista. Y, en tercer lugar, por su sensibilidad y preocupación por la suerte que les espera a sus semejantes en este nuevo “gran desorden bajo el cielo”.

Por medio de un legítimo recurso literario, Fontana empieza su libro preguntándose por qué le han engañado. ¿Por qué no se cumplieron las promesas de la Carta del Atlántico, de 1941, de una nueva era de paz que habría de proporcionar “a todos los hombres de todos los países una existencia libre, sin temor ni pobreza”? Lo que Fontana constata, setenta y cinco años después, es que no hay paz sino guerras, que los derechos humanos se vulneran en todas partes y que la pobreza y la desigualdad no han dejado de crecer desde 1945 hasta llegar en nuestros días a dimensiones intolerables.

Desde su oficio de historiador, Fontana trata de encontrar respuestas a sus preguntas y eso le lleva a diseccionar la “guerra fría” y a calibrar las razones que han llevado a la continuidad de un imperio una vez desmoronado el otro; es decir, las causas del triunfo del capitalismo bajo la hegemonía política y económica de los Estados Unidos. Porque está bien claro que los intereses del imperio americano iban más allá de la defensa de su sistema económico y social ante la amenaza soviética, que lleva casi treinta años muerta, y que su propaganda era y sigue siendo falaz. Desde Eisenhower hasta Reagan, ningún presidente norteamericano sabía qué hacer con la Unión Soviética en caso de que fuera derrotada con las armas: “¿Qué tienen los rusos que nos pueda interesar?”. ¿Por qué habrían los norteamericanos de hacer una nueva guerra mundial? ¿Y cómo y porqué los rusos habían de invadir Europa? Ahora sabemos que los dirigentes soviéticos vivieron permanentemente aterrados ante los Estados Unidos, cuya amenaza no les permitía bajarse del tigre armamentista mientras esperaban que su modelo de “socialismo” se acabaría imponiendo en el mundo. Los dirigentes soviéticos no comprendieron que su fracasado socialismo no tenía ninguna posibilidad de extenderse, y que nunca iba a atacarles nadie, aunque se desarmaran totalmente. Lo que pasaba ―nos dice Fontana― es que ninguno de los dos imperios quería “una sociedad más libre y más igualitaria”.

Cierto es que el temor al contagio comunista propició algunas conquistas sociales en el mundo capitalista y también es cierto que tras la segunda guerra mundial se consiguió un reparto más equitativo de los ingresos, cuando el incremento del salario real fue aparejado al aumento de la productividad, pero duró muy poco tiempo. A partir de los años sesenta los Estados Unidos tomaron medidas para restaurar el poder del mercado, como fue el fin de la convertibilidad del dólar decretado por Nixon en 1971, un giro que se consolidó con las desregulaciones de Carter para desmontar las limitaciones al poder de los grandes grupos empresariales y continuó con la lucha contra los sindicatos de Reagan, lo que equivalía a cambiar fábricas por negocios financieros y duplicar la deuda pública hasta llegar, por ejemplo, a la disposición Citizens United de 2009, que liberalizaba la contribución de las corporaciones a las campañas electorales. Clinton, Bush hijo y Obama no hicieron más que reforzar el capitalismo realmente existente. Todo ello condujo a que entre 1969 y 2009 las rentas del trabajo en Estados Unidos disminuyeran en un 28%, mientras que, en el mismo periodo de tiempo, las corporaciones pasaron de pagar en impuestos un 30% de los ingresos federales a un 6,6 %, liberando capital financiero. Toda esa involución contribuyó a desatar una oleada especulativa que está en el origen de lo que se ha dado en llamar “Gran recesión” de 2007, propiciada por un nuevo avatar del mercado libre: el capitalismo rentista que, con las políticas de austeridad impuestas por los gobiernos occidentales, el desmantelamiento del estado del bienestar y la creación del precariado, ha canalizado la mayor parte de los ingresos hacia una minoría cada vez más reducida.

Como es habitual en toda su obra de historiador, Fontana nos dice que él no puede ofrecernos ninguna receta, que con su historia del siglo XX solo quiere sugerir temas y líneas de investigación que nos permitan seguir avanzando, como si fueran los primeros surcos de un ancho labrantío. En realidad, su libro constituye una clamorosa condena del sistema capitalista y una defensa encarnizada de la libertad en la igualdad. Dudo, por eso, que en el haber de otro historiador aniden tantas ideas y tantas propuestas para construir una vida mejor ―una sociedad auténticamente socialista― como hay en los libros que nos deja el gran historiador catalán.

27/9/2018

La batalla de Barcelona

Albert Recio Andreu

En todas las contiendas hay situaciones en las que cada parte considera que se está en un momento decisivo. Cuya resolución se considera decisiva para el resultado final. Sea en una conflagración bélica, una competición deportiva o un enfrentamiento político. Allí donde cada parte está dispuesta a concentrar mayores esfuerzos para llevarse la victoria. En el panorama político español las próximas elecciones municipales en Barcelona se plantean como uno de estos nodos donde todos los partidos consideran crucial triunfar en las elecciones.

Convergen en la ciudad muchos elementos que explican por qué la mayoría de fuerzas políticas consideran estas elecciones como de especial importancia.

En primer lugar está el conflicto catalán, un conflicto cuyo impacto alcanza a toda la política española. Para independentistas y unitaristas ganar Barcelona tendría un poder simbólico de primer orden.

En segundo lugar está el propio atractivo de la ciudad. Aunque ahora la mayor parte de fuerzas políticas tratan de argumentar que la ciudad ha entrado en decadencia, lo cierto es que sigue gozando de una buena imagen exterior, posiblemente con una proyección internacional superior a la de Madrid y, por ello, se trata de un magnífico trofeo a conquistar.

En tercer lugar la propia composición del consistorio barcelonés favorece que diversos actores pugnen por la victoria: siete formaciones políticas se reparten los escaños y si la suerte acompaña en las votaciones (las propias y las del resto) es posible conquistar la alcaldía sin alcanzar un éxito apabullante. Esto es lo que ha ocurrido en el mandato actual, donde los Comuns han podido controlar el Ayuntamiento con sólo 11 concejales gracias a que el reparto de escaños entre el resto impedía que se formara una coalición alternativa. Casi todos los cuarteles generales sueñan con que en esta ocasión los movimientos de votos les den el triunfo o les permitan constituir una mayoría diferente.

Y en cuarto lugar está el hecho que el Ayuntamiento actual esté en manos de una fuerza política atípica, integrada básicamente por gente alejada de las élites, con cierta conexión con los movimientos sociales, con políticas que atentan contra los intereses de poderosos grupos o sectores económicos (o cuando menos los limitan). Esto es también lo que ocurre en otras ciudades españolas donde triunfaron los “Ayuntamientos del cambio”, pero en Barcelona está agudizado por tratarse de una ciudad emblemática. Porque Ada Colau es un personaje más radical que, por ejemplo, Manuela Carmena. Hay que entender que para los grupos económicos dominantes en la ciudad decisiones como el PEUAT (que trata de regular la expansión de los hoteles), las moderadas políticas de vivienda o las iniciativas orientadas a municipalizar la gestión del agua son consideradas intolerables.

Según cual sea la evolución de los calendarios electorales (generales y autonómicas), las elecciones municipales tendrán más o menos impacto en la política general. Pero lo que es indudable que en la lucha por el control de Barcelona se juegan aspectos importantes de la evolución futura de las ciudades.

La guerra de desgaste hace tiempo que está en marcha. Se han creado medios de comunicación locales (Metrópolis Barcelona), se han promovido entidades “ciudadanas” y hay un continuo bombardeo mediático para propiciar la necesidad de cambio. A menudo el gobierno local ha quedado aislado y se ha tenido que enfrentar al voto en contra del resto de partidos (una amalgama que va desde el Partido Popular a la izquierdista CUP). Hay mucho de sectarismo en estas votaciones (aunque a veces los Comunes no han tenido la capacidad diplomática que hay que desarrollar necesariamente cuando se está en minoría), que parecen más orientadas a generar una imagen de parálisis que a afrontar los grandes retos ciudadanos. Y ahora toda la oposición aspira a desalojar als Comuns y estamos asistiendo a los primeros movimientos de asalto al poder.

Y lo primero que se observa es que Ada Colau sigue siendo el enemigo a batir. Lo que más define esta posición es que, excepto el Partido Socialista, todos los que aspiran al triunfo han cambiado de candidatos. Tanto en el lado independentista —ERC ha retirado de un plumazo a Alfred Bosch, PDCAT está pendiente de ver como acaba el pulso entre el sector moderado y los afines a Puigdemont— como en el lado unionista —con la emergente figura de Manuel Valls—. Esta última es sin duda la operación más vistosa y la que muestra la complejidad de la política local. Inicialmente Valls ha sido invitado por Ciudadanos a encabezar su lista. Tras su triunfo electoral en las autonómicas la formación naranja piensa que puede llegar en primer lugar. Pero son conscientes que ninguna de sus figuras locales da el peso. Y optan por un candidato importado que pueda forzar la creación de una coalición españolista que sume a la vez a PP y PSC. No parece que pueda funcionar, pues ello supondría que estos últimos se someten a la estrategia de Albert Rivera. Valls tiene además diversos problemas: desconoce la ciudad, viene de una trayectoria que facilita las críticas de sus oponentes, y su imagen social resulta distante al caladero de votos obreros que se expresaron el pasado 21-D. Seguramente puede resultar un candidato atractivo para la gente de orden moderada harta de los excesos y la incertidumbre que generan los independentistas. Pero para ganar hay que sumar mucho voto en los barrios obreros y este es mucho más incierto de obtener cuando las elecciones no se juegan en clave de referéndum independentista. Sólo si las elecciones se vuelven a plantear en los términos de una elección “nacional” —algo que se reforzaría si hubiera una sola candidatura independentista, lo que no parece probable— la opción Valls puede resultar una estrategia ganadora. Hay en cambio bastantes probabilidades para que el contexto electoral vaya por otros derroteros.

Por ello, los movimientos subterráneos van en direcciones diferentes a las del enfrentamiento “nacional” y posiblemente se traducirán en muchos de los ejes del debate municipal. Fundamentalmente hay dos espacios donde se está situando el debate: el económico y el de la seguridad.

El debate económico se centra en que Barcelona ha perdido dinamismo. En esto coincide toda la oposición aunque cada cual pone el acento en lo que le interesa. Para los unos el problema es la revuelta independentista. Para casi todos es la acción de un ayuntamiento anticapitalista y dogmático. En cambio, las cifras estadísticas no justifican este estancamiento. De hecho, la evolución financiera del municipio y el dinamismo empresarial se han mantenido y el gobierno local en bastantes aspectos ha sido moderadamente favorable a los intereses de los negocios. En el conflicto más agudo, el de la ocupación de los espacios públicos por las terrazas de bares y restaurantes, al final el Ayuntamiento ha aceptado la mayor parte de sus reivindicaciones. Queda en pie la cuestión del agua, pero esto afecta solo a una empresa que está desplegando una campaña por tierra, mar y aire, para mantener intactos sus privilegios. Una experiencia para ilustrar un libro de texto sobre la actuación de los lobbies.

El de la seguridad es un tema más complejo y fácil de incendiar. Barcelona, como el resto del país, tiene bajos índices de criminalidad. Pero existen algunos focos de conflicto —el mayor, el de pisos ocupados y transformados en comercios de drogas ilegales que generan un enorme padecimiento al entorno— cuya existencia produce una enorme tensión social. Los problemas de seguridad casi siempre se confunden con los de convivencia. Y de estos hay en abundancia en una ciudad tan densa. Conflictos especialmente asociados con el ruido (especialmente en las zonas de ocio), la suciedad (en gran parte generada por un ineficiente e inadecuado sistema de recogida de basuras, así como por la proliferación de perros), los usos viarios (donde la irrupción de los nuevos cachivaches de transporte provocan nuevas tensiones) y el acceso al espacio público. El peligro en estos casos es que se imponga la creencia de que con mano dura todas estas cuestiones tengan un fácil arreglo. Y un peligro aún mayor es que se mezclen directamente con la cuestión migratoria. Un pastel demasiado apetitoso para que la derecha no juegue con ellos.

Por ello, en la forma en que se vehiculen estos temas y en que se desarrolle la campaña nos jugamos muchas cosas. Sobre todo el riesgo de que se imponga un modelo de ciudad totalmente “business friendly” (como ya pudimos experimentar en los cuatro años del ayuntamiento Trias), de políticas autoritarias y xenófobas. Nos jugamos también que si se impone una de las dos corrientes nacionalistas —la independentista catalana o la unitarista españolista— la ciudad esté atravesada por un duro conflicto convivencial.

III

La situación es complicada pero puede tener una salida positiva. El casting de candidatos de la oposición muestra que el liderazgo de Ada Colau aún es importante. Las encuestas, hasta ahora, le siguen dando resultados sólidos y a ello puede haber contribuido alguna de las acciones más positivas del mandato: aumento del gasto social, mejoras en la participación y la transparencia, promoción de la bicicleta, acciones urbanísticas en barrios obreros, lucha contra los desahucios, extensión de actividades culturales a los barrios….

Hay que ser sin embargo conscientes de algunas cuestiones. La primera es que ningún Ayuntamiento por radical y comprometido que sea cambia la vida de la gente en un mandato (tampoco un gobierno, pero este tiene muchos más resortes de intervención). Y mucho menos cuando este mandato coincide con un periodo de regresión política en el resto de administraciones. Ello supone que la percepción que tiene la población de a pie es siempre mucho más parcial, sesgada, que la que tiene quien desarrolla esta política (incluso de la que tienen los activistas de entidades y movimientos sociales que están a diario “peleando” con la administración). Lo que quiere decir que ya no se puede contar con el efecto ilusión que generó una ola ganadora en el anterior proceso electoral y que los relatos de la oposición tienen mayores facilidades de llegar a la gente. De ahí la insistencia de éstos en recordar el incumplimiento del programa de vivienda, a pesar que realmente se ha hecho un esfuerzo por evitar desahucios y se han emprendido políticas de vivienda más decididas que en mandatos anteriores. Un discurso centrado en contar que lo realizado es inocuo. Por todo ello, hay que difundir lo que se hace, reconocer en lo que se falla, explicar las dificultades reales y exponer lo que se podrá hacer con realismo y tesón. Saber elegir un discurso sincero, realista, va a ser crucial para encarar críticas y animar a continuar

En segundo lugar, hay que entender la compleja estructura social de la ciudad. Hay enormes diferencias sociales, que se reflejan en indicadores sociales como el de renta por barrios, además atravesadas por la percepción de pertenencia nacional. Las políticas de izquierda sólo son posibles si se consigue articular una alianza entre parte de las capas medias asalariadas (mayoritariamente catalano-parlantes) y la clase obrera industrial y de servicios (mayoritariamente castellano-parlante). Esto solo se consigue combinando a la vez políticas transversales basadas en el reconocimiento de cuestiones comunes y una atención a los problemas de los barrios periféricos. De hecho en las anteriores elecciones se tuvo la capacidad de obtener buenos resultados en los distritos de clase media, y rotundos en los barrios obreros. Colocar en el centro las cuestiones que son transversales, como la mejora del medio ambiente, los problemas de género, la mejora de los servicios públicos y una eficaz acción allí donde hay más necesidades, resulta crucial. Algo que no sólo requiere de buenas palabras sino también de acciones y organización. Y que tiende a quebrar el debate nacional.

Por último está la cuestión de la movilización de las propias fuerzas. Los Comunes llegan a las elecciones con un importante desgaste organizativo. En parte porque tienen que hacer frente a un problema endémico en todo el cuerpo social de la izquierda (partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos, movimientos ecologistas…): la dificultad de generar y mantener una masa crítica de cuadros capaces de realizar una labor eficaz a largo plazo. La derecha lo tiene más fácil gracias a que controla la mayor parte de instituciones y tiene los recursos y los cuadros provinientes de la empresa privada. Y esa débil masa social que mantiene muchas organizaciones está sometida a un nivel de estrés que genera agotamiento, deserciones etc. En parte también porque las disensiones internas —en torno fundamentalmente a la cuestión nacional y a la pelea por el reparto de cargos— han generado situaciones complicadas (como muestra la dimisión inesperada del coordinador general Xavi Domenech). Hay demasiado ego maleducado y demasiada persistencia de culturas grupales que confunden sus intereses con los de los colectivos y que prefieren provocar incendios a construir cuando no son protagonistas. Y cuando hay un reto a plazo fijo, lo que hace falta es precisamente lo contrario: generar una acción colectiva capaz primero de movilizar a la propia gente y después de exportar este optimismo a los interlocutores esenciales.

La batalla de Barcelona no va a ser la definitiva. Nunca la hay. La transformación social es un proceso lento y a largo plazo. Pero de cómo se resuelva dependerá una parte importante del futuro de la izquierda. Dependerá que Barcelona siga siendo un polo de progresismo o que sea una más de las ciudades-mercancía, individualistas, que proliferan en el mundo.

28/9/2018

EE.UU. e Israel o los amores que matan (a otros)

Rosa Ana Alija Fernández

Rozando el tópico más burdo, el gobierno de Trump parece haber asumido el papel del matón que protege a Israel frente al mundo y le permite campar a sus anchas en los territorios palestinos ocupados. No es que la posición de EE.UU. a este respecto sea nueva, pero no se recordaban el descaro y las maneras toscas que ha adoptado para defender a su protegido ante cualquier intento de la comunidad internacional de frenar sus prácticas represivas, a base de amenazas, golpes en la mesa y un desprecio absoluto a cualquier posibilidad de afrontar la relación entre Israel y Palestina en un contexto multilateral.

En el último medio año, las acciones estadounidenses en esta dirección son constantes. Alta carga simbólica tuvo la decisión de Trump de mover su embajada a Jerusalén, llevada a la práctica en mayo, con el argumento de aplicar una ley aprobada por el Congreso en 1995 (Jerusalem Embassy Act) que ninguno de sus predecesores había llegado a hacer efectiva. En dicha ley se declaraba la política estadounidense respecto de Jerusalén, afirmando que debería continuar siendo una ciudad sin divisiones, debería ser reconocida como la capital del estado de Israel, y en ella debería establecerse la embajada de EE.UU. a más tardar el 31 de mayo de 1999. Esta ley chocaba frontalmente con varias resoluciones del Consejo de Seguridad, en particular la resolución 476 (1980), que reaccionaba frente a los movimientos de Israel para alterar de facto el estatuto especial de Jerusalén, y sobre todo la resolución 478 (1980), adoptada a raíz de la aprobación por el parlamento israelí de una “ley básica” que modificaba el estatuto jurídico de la ciudad. Esta resolución afirmaba que la adopción de dicha ley era una violación del Derecho internacional, la declaraba nula, la consideraba un obstáculo para la consecución de la paz y hacía un llamamiento a todos los estados miembros a acatar la decisión del Consejo de Seguridad y retirar sus representaciones diplomáticas de la ciudad. De esta forma, las embajadas desaparecieron de Jerusalén hasta que en mayo de este año Trump decidió ir por libre. Palestina no se ha quedado de brazos cruzados: el 28 de septiembre demandaba a EE.UU. ante el Tribunal Internacional de Justicia por este hecho.

En junio, EE.UU. abandonaba el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al considerar que este órgano hace gala de una “inaceptable parcialidad contra Israel”. La retirada se produjo justo en la mitad de su mandato en dicho órgano, que terminaba el 31 de diciembre de 2019, sin posibilidad de reelección, al haber ocupado ya el puesto durante un período anterior de tres años. Era la segunda vez en menos de un año que EE.UU. optaba por la estrategia de la retirada en el sistema de las Naciones Unidas, después de que en octubre del año pasado abandonara la UNESCO, en esa ocasión en amor y compañía con Israel, que secundó su decisión. La admisión de Palestina como miembro de la UNESCO en 2011 había tensado las relaciones de EE.UU. con la organización, y con esta medida Trump rompía del todo la cuerda.

La retirada del Consejo de Derechos Humanos tenía un elemento aún más preocupante, pues daba un espaldarazo a la política israelí más reciente de represión de la población palestina. Conviene recordar que en mayo de este año el Consejo celebró una sesión de urgencia para abordar los hechos ocurridos desde el 30 de marzo, cuando los líderes palestinos convocaron una serie de protestas contra la ocupación israelí bajo la llamada Marcha del Retorno. Las cifras hablaban solas: desde esa fecha y hasta la sesión del Consejo, las fuerzas de seguridad israelíes habían matado a 87 palestinos en el contexto de las protestas (entre los cuales 12 menores), mientras otros 29 palestinos habían muerto en otras circunstancias, y más de 12.000 palestinos habían resultado heridos (3.500 de ellos de bala). En el marco de este debate, el representante israelí llegó a afirmar que la resolución tenía una motivación política, que los habitantes de Gaza no eran vistos como enemigos de su país y que la ocupación en Gaza era un mito, ya que Israel se había retirado unilateralmente de la Franja en 2005.

El Consejo concluyó la sesión extraordinaria con la adopción (EE.UU. y Australia votaron en contra) de la resolución S-28/1, en la que condenaba “el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza por las fuerzas ocupantes israelíes contra civiles palestinos, también en el contexto de protestas pacíficas” y acordaba el envío urgente de una comisión de investigación internacional e independiente para examinar “todas las presuntas violaciones y transgresiones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, en particular en la Franja de Gaza ocupada, en el contexto de los ataques militares contra las protestas civiles a gran escala que comenzaron el 30 de marzo de 2018, ya fuera antes, después de las protestas o durante ellas”. El eje de su mandato es establecer hechos y circunstancias que puedan constituir delito, determinar los responsables y formular recomendaciones orientadas a evitar su impunidad. Integrada por tres miembros nombrados en julio, ha perdido a uno de sus integrantes por el camino: el estadounidense David Michael Crane (la razón parece ser una circunstancia personal sobrevenida; por lo que se sabe Israel no veía con malos ojos su participación en la comisión).

El 24 de septiembre la comisión presentó al Consejo de Derechos Humanos el informe de sus actividades, si es que se puede informar de algo cuando Israel no le permite la entrada en su territorio y, en consecuencia, para poder cumplir su mandato, ha tenido que habilitar un espacio en la página web de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos donde invitan a enviar información sobre los hechos de los últimos meses. Israel ni se dignó a estar presente durante la exposición del informe, aunque fuera para defenderse negándolo todo. Su nivel de desprecio es tan alto que no puede augurar nada bueno para la población palestina.

Es lo que tiene contar con el apoyo incondicional de su amigo grandullón, que a finales de agosto había apretado un poco más la tuerca tanto a Palestina como a la ONU, esta vez cortando la contribución estadounidense a la UNRWA (la agencia de la ONU que asiste a los refugiados palestinos), una contribución que constituía un tercio del presupuesto total de la agencia. En la decisión se ha visto una venganza por las críticas de los palestinos por el traslado de su embajada a Jerusalén, pero sobre todo podría suponer en la práctica una negación del derecho de cinco millones de palestinos de retornar a su tierra. De momento, ha conseguido poner en una situación delicadísima a la agencia, cuyos trabajadores se han declarado ya en huelga.

No contento con eso, en septiembre llegaba una nueva amenaza de EE.UU., esta vez contra los jueces de la Corte Penal Internacional. Esta vez el interés era doble, propio y ajeno: el Consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció que arrestarán y procesarán a jueces y otros funcionarios de la corte si esta actúa contra estadounidenses por crímenes de guerra en Afganistán, pero también si inician una investigación contra Israel. Al respecto, cabe recordar que la Fiscalía de la corte abrió en enero de 2015 un examen preliminar en relación con los presuntos crímenes cometidos desde el 13 de junio de 2014 en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental. A raíz de los incidentes ocurridos con motivo de la Marcha del Retorno, la Fiscal de la corte hizo una declaración recordando a las partes que esos hechos también podían ser objeto de su escrutinio y que estaría atenta al desarrollo de los acontecimientos. De encontrarse indicios de la presunta comisión de crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o agresión), el siguiente paso sería solicitar a la corte la apertura de una investigación, y es ahí donde entra en juego la amenaza del gobierno estadounidense.

En cinco meses, cuatro objetivos: resoluciones del Consejo de Seguridad, derechos humanos, refugiados y Corte Penal Internacional. Esta sucesión de despropósitos pone de manifiesto cómo se ha revitalizado la relación entre EE.UU. e Israel, que han entrado en una lógica de alianza contra el mundo muy peligrosa. Trump ha optado por una política que hace que se tambalee la precaria estabilidad que muchos años de diplomacia internacional y concesiones de los palestinos habían permitido alcanzar. La pantalla y el apoyo que está brindando a Israel evidencia que este cuenta con un poder de influencia sin precedentes. El problema es que mientras EE.UU. dispara a todo lo que se mueve en la esfera multilateral para proteger los intereses israelíes, los tiros que pega Israel no son metafóricos.

29/9/2018

¿Qué nos enseña la venta de 400.000 kilos de bombas de guiado láser del ejército español a Arabia Saudí?

Eduardo Melero Alonso

El conocimiento público de la venta a Arabia Saudí de 400 bombas ha vuelto a poner de manifiesto que el Gobierno español está utilizando las exportaciones de armamento como un instrumento más de su política internacional. Según la información publicada en El País, citando a un responsable gubernamental: «Fue una decisión política con la que España mostró su respaldo a la coalición liderada por Arabia Saudí que intervino en la guerra de Yemen».

En relación con Arabia Saudí son claros los intereses comerciales implicados. El más importante para el Gobierno es el contrato por el cual la empresa pública Navantia construirá cinco corbetas, un contrato valorado en 1.800 millones de euros. No cabe duda de que la venta de las bombas favorecerá las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países ya que, aunque sea indirectamente, Arabia Saudí ha recibido apoyo político por parte del Gobierno español a su intervención militar en Yemen.

Conviene, más allá de los intereses económicos, tener en cuenta esta dimensión del comercio de armamento como instrumento de política internacional. Este caso no es el único ejemplo. Así, se pueden mencionar las donaciones de armamento a Marruecos de 2008 al precio simbólico de un euro: ocho juegos de lanzadoras de bombas de aviación (valorados en 86.484 euros) y seis torpedos ligeros MK-46. La donación a Ucrania, en septiembre de 2014, de 300 cascos y 500 chalecos antifragmentos, en el marco de las medidas de apoyo a ese país adoptadas por la OTAN. O la autorización de exportaciones de armamento a Irak, tras años de embargo, a partir de 2014, debido a un cambio de la política de la Unión Europea con la finalidad de apoyar la lucha contra el denominado Estado Islámico. Las transferencias de armas españolas a Irak alcanzaron en 2015 el valor de 85 millones de euros, 52 millones en 2016 y 33 en 2017.

Otra cuestión destacable en la venta de las bombas a Arabia Saudí es que se trataba de armas en propiedad del ejército español. La posibilidad de vender armamento afectado al Ministerio de Defensa está regulada en el Real Decreto 1638/1999, de 22 de octubre. Esta norma establece un régimen más flexible que el regulado en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Y atribuye al Ministro de Defensa la competencia para acordar la venta, que podrá hacerse por enajenación directa, es decir, sin necesidad de que se lleve a cabo un procedimiento competitivo previo.

Una de las finalidades del Real Decreto 1638/1999 es la obtención de ingresos económicos gracias a la enajenación de armamento usado. Además, esta regulación flexible ha facilitado la venta de bombas a Arabia Saudí con una clara finalidad política. Esta es una de las vías que permiten al Estado español llevar a cabo directamente una exportación de material de defensa. La otra vía es la celebración de un contrato gobierno a gobierno, contrato en el que el Gobierno español se compromete a suministrar un determinado tipo de armamento, fabricado por una empresa pública o privada, asumiendo la responsabilidad en caso de incumplimiento.

Un último aspecto a tener en cuenta es la necesidad de obtener una autorización de exportación de material de defensa. Este papel de control lo ejerce un órgano interministerial, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). La JIMDDU debe comprobar que la operación que se pretende llevar a cabo cumple los requisitos legales; básicamente que no exista un embargo de armas y que no se exporte armamento a países que vulneran los derechos humanos o que participan en conflictos armados.

Hay serias dudas de que la exportación de 400 bombas con un sistema de guiado láser, de mil kilos de explosivos cada una, cumpla con los criterios legales. Existe un riesgo manifiesto de que esas bombas sean utilizadas por Arabia Saudí en la guerra del Yemen. Aunque se trate de armamento con un escaso margen de error, será el Gobierno de Arabia Saudí quien decida cómo se utilizan. Un gobierno que lidera una coalición que ya ha vulnerado los derechos humanos en la guerra de Yemen. Por tanto, no debería haberse autorizado la exportación. El actual Gobierno español debería revocarla, algo que no ha hecho para que no se viera afectado el contrato de las corbetas.

Como ya se ha mencionado, la venta de las 400 bombas a Arabia Saudí contó con el apoyo claro del Gobierno español. Y parece que la JIMDDU ha asumido como propia esa decisión política o, como mínimo, ha realizado una interpretación muy poco exigente de los criterios legales para que pudiera autorizarse. No hay un control efectivo del comercio de armamento por parte de la JIMDDU, un órgano que en 2017 denegó el 0,3% de las autorizaciones de exportación de material de defensa. Una ausencia de control efectivo que se ve propiciada por el secretismo, ya que las actas de la JIMDDU han sido clasificadas como secreto de Estado.

27/9/2018

Nuclear, relajado compás de espera en España y cambios en el WNISR 2018

Miguel Muñiz

¿La electricidad es cara? ¿Quién tiene la culpa? ¿Alguien tiene una idea de cómo se forman los precios? Puede que las consultoras que trabajan para las empresas sepan algo. Puede que las negociaciones sobre los “peajes” que se realizan en continuo y cristalizan cada año en el Decreto del 31 de diciembre (o 30) lo explique. Prueben a leerlo, está en el BOE.

La subida constante del precio de la electricidad en los últimos meses ha sido portada en todos los medios de ámbito energético, y se ha intensificado en septiembre; la culpa, como es natural, la tienen las tasas y los impuestos, eso han dicho. No se dispone, ni interesa disponer, de una auditoria en profundidad del sistema eléctrico. Ni siquiera se ha estudiado la relación incremento del precio/incremento de los beneficios de las empresas. No sea que los que mandan se molesten.

El gobierno PSOE ha aplicado la previsible medida de choque: suprimir un impuesto. Y no ha logrado contentar a nadie: las eléctricas han aplaudido y, sin esperar un momento, han pedido más (o sea, menos impuestos); las organizaciones de consumidores y los expertos han ofrecido balances contradictorios, desde considerarla una medida insignificante a vislumbrar en ella el primer paso hacia el futuro. Interesante; en el debate previo se enfrentaron dos ministerios: Industria y Transición Ecológica, a favor, y Hacienda, en contra (por la pérdida de recaudación, decían). Se ha filtrado que fue un informe de los técnicos de Iberdrola el que venció las reticencias del ministerio de Hacienda [1]. A ver si nos enteramos de quién sabe y quién manda aquí.

Lo que afecta a nuestra economía no coincide siempre con lo que afecta a nuestra salud. Sobre el tema nuclear, ni una información significativa. La pauta habitual: un día, un artículo generalista (o europeo, o internacional) a favor de un cierre a medio plazo. Al día siguiente otro artículo generalista (o europeo, o internacional) sobre lo importante que es que continúen funcionando mientras los mecanismos aguanten; ya se sabe..., los precios, las emisiones de gases de invernadero…, lo habitual. El señor Cañete se curra su sueldo levantando cortinas de humo. Más. Declaración de Iberdrola en línea “a los 40 cerramos” un día (el 7, para ser exactos), respuesta de Enel-Endesa en línea “eso es muy difícil”, el mismo día.

Declaraciones del gobierno autónomo de Extremadura y de la oposición sobre Almaraz, se fijan posiciones, y se habla de dinero, dinero, dinero… El CSN pide informes a Berkeley por la mina de uranio, las acciones se han desplomado después de los espectaculares niveles del mes pasado; Villar de Cañas desaparece de los titulares (por fin) y se sitúa en un futuro improbable; aparecen los lodos radiactivos de la dictadura del general Franco, pero la cosa sólo da para un par de titulares...

Todo está pendiente de la gran declaración del gobierno PSOE, de la exposición estratégica de la ministra. Se la esperaba el día 20 en el Congreso, compareció y no dijo nada significativo. A seguir; hay tranquilidad en el tema nuclear y todo el sector eléctrico es consciente de que se está en un compás de espera [2]. La tranquilidad puede ser signo de que todo está decidido, o casi. ¿Cierre a la carta? ¿Enel, Iberdrola y Naturgy pactando? Nada se filtra. Veremos.

El Informe Schneider. World Nuclear Industry Status Report 2018 (WNISR 2018)

Pero en el exterior se producen cambios significativos, y un repaso al WNISR 2018 [3] contrastándolo con los anteriores los muestra.

Comencemos por revisar el número de reactores nucleares en funcionamiento que han ido detallando los informes WNISR a lo largo del tiempo. Enseguida se detecta un problema.

1992: 421

2000: 436

2004: 440

2007: 439

2009: 435

2011: 437

2013: 427

2014: 388

2015: 391

2016: 402

2017: 403

2018: 413

Es evidente que el declive iniciado en 2004 finaliza en 2015. Aunque se sabe que sólo por el deterioro de sus mecanismos muchos reactores cerrarán antes del 2030, ello es parte del futuro. La frase referida al presente, y más repetida en los informes a partir de 2004 con diversas variantes, la industria nuclear está en declive, no puede sostenerse a partir de 2015 [4].

Por eso en los WNISR de 2016 y 2017, el término declive quedó restringido al peso de la generación eléctrica nuclear en el mix en diferentes países y regiones; pero, además, en 2016 el informe WNISR comenzó a hacerse trampa a sí mismo: comenzó a contabilizar el peso mundial de la energía nuclear separando la evolución en China como una excepción, a fin de poder sostener la calificación del declive en varios de los análisis; pero había otras excepciones en Asia y en Rusia, y se sabía de la existencia de una estrategia de adaptación de la industria tras Fukushima. Esa ficción no se podía mantener mucho tiempo.

En 2017 se produjo otro cambio. La presentación del Informe incluyó una frase de un alto cargo norteamericano vinculado a las políticas energéticas, S. David Freeman [5]:

“El valor de este informe es que esta conclusión ya no depende de la esperanza o la opinión, sino que es lo que realmente está sucediendo. En un país tras otro, los hechos son los mismos. La energía nuclear está lejos de estar muerta, pero está en declive y la energía renovable está creciendo a pasos agigantados.” (pg. 10)

Evidentemente la nuclear estaba lejos de estar muerta, por eso el Informe de 2017 se tradujo al chino. Resulta imposible saber hasta qué punto la situación de China ha afectado a los cambios que se han producido en el último WNISR.

En el WNISR 2018 destacan dos párrafos del prefacio redactado por Han Wenke y Zhou Jie [6], que suponen un giro de lenguaje respecto a los anteriores:

“Atrapado en el conflicto entre las fuertes y frecuentes declaraciones de las facciones pro y antinucleares, un público confundido puede fácilmente perder de vista la verdad. La cuestión de cómo superar esta oposición binaria, y racionalizar el discurso sobre la industria nuclear, es nada menos que una prueba del intelecto humano.” (pg. 11)

“El Informe del estado de la industria nuclear mundial (WNISR), editado principalmente por Mycle Schneider, nos proporciona un informe tan objetivo como independiente, basado en una perspectiva de terceros que puede abrir la puerta a debates sobre el desarrollo sostenible de la energía nuclear.” (pg.11)

Resumiendo: la economía China no puede ser tomada a la ligera, China inauguró el primer reactor nuclear de diseño AP1000 el 18 de agosto, y maniobra para que sus estándares de fabricación y calidad se normalicen a nivel internacional. Todo ello exige la superación de oposiciones binarias, y abrir debates sobre un desarrollo sostenible de la energía nuclear.

Pero el cambio más importante es la introducción del factor militar como explicación de por qué las dinámicas que siempre se han defendido en los WNISR no se están materializando. No se puede repetir desde 2004 a 2016 que hay un declive sin que el declive se perciba de forma evidente. Algo falla. Mantener el mantra neoliberal de que la energía nuclear no ha superado la prueba del mercado (sea lo que sea ese ente denominado mercado), es algo muy del gusto de un sector crítico con la energía nuclear que no quiere perder audiencia en los medios del sistema, pero también es algo ridículo tras 17 años (el renacimiento nuclear comenzó en 2001) de fracasar ante el mercado y, sin embargo, continuar, e incluso crecer.

Reconocer que la energía nuclear es el resultado de una decisión política, y que sólo una decisión política puede ponerle fin; que los mercados no tienen nada que ver, que la industria nuclear tiene una dinámica propia y forma parte de una estrategia energética de la acción de gobiernos y de instituciones internacionales, llevaría a los informes WNISR a entrar en el terreno político. Una opción arriesgada para la independencia de los expertos. Por ello han optado por introducir (parcialmente) el factor militar.

La clave explicativa, a la que el propio WNISR 2018 reconoce serias limitaciones, figura en un apartado de 13 páginas (173 a 186) titulado Interdependencias entre las infraestructuras nucleares civiles y militares, y que se inicia con una buena pregunta:

“¿Por qué la energía nuclear está resultando sorprendentemente resistente a condiciones del mercado de la energía global que cambian drásticamente, y a las estructuras de suministro en lugares específicos de todo el mundo?” (pg. 173)

La respuesta del WNISR consiste en delinear un patrón, según el cual las potencias con armamento nuclear potencian la energía nuclear civil para mantener o desarrollar programas e investigaciones que tienen utilidad militar, especialmente el diseño de reactores de propulsión de submarinos.

Se trata de una explicación poco consolidada y, como hemos escrito, el propio WNISR 2018 lo reconoce; las excepciones de Alemania, Taiwán, Emiratos Árabes Unidos, y otros países como Irán o Corea del Sur, de discutible peso militar, restan credibilidad a un patrón que se presenta como una enmienda particular para poder seguir aplicando el reconocido mantra: que las distorsiones del mercado provocadas por la interferencia estatal impiden que la energía nuclear tenga un declive visible. Puede ser el comienzo de otra trampa del WNISR a sí mismo, como la de excluir a China en las valoraciones globales de 2016 y 2017.

Por supuesto, las vinculaciones entre los pacíficos reactores nucleares y la munición de uranio empobrecido (el uso militar más habitual hoy) no se tratan.

En todo caso, este enfoque tan forzado no resta un ápice de calidad de los datos de un informe que es de consulta obligatoria para entender el estado de la energía nuclear en el mundo.

Notas

[1] 21/09/2018. Un informe de Iberdrola desmontó las trabas de Hacienda para eliminar el impuesto de la luz.
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/dinero/informe-iberdrola-desmonto-trabas-hacienda-eliminar-impuesto-luz/20180920185118116096.html

[2] 27/09/2018. Enusa confirma que no está previsto el cierre de centrales nucleares (...) no hay decisión tomada respecto al cierre de las centrales nucleares por parte del Ministerio de Transición Ecológica. El periodico de la Energía.

[3] en http://www.worldnuclearreport.org/

[4] Algunas reiteraciones del declive (decline)
2004: “In fact, the decline of the nuclear industry, unnoticed by the public, has started many years ago.” (Pag 6); 2007: “In fact, the decline of the nuclear industry, unnoticed by the public, has started many years ago.” (Pag 6); 2009: “At this point, there is as yet no obvious sign that the international nuclear industry could eventually turn the empirically evident decline into a promising future.” (pag.7); 2011: “But developments even prior to March 11, when the Fukushima crisis began, illustrate that the international nuclear industry has been unable to stop the slow decline of nuclear energy.” (pag. 8); 2012: “Fifteen months after 3/11, it is likely that the decline of the industry will only accelerate. (pag.8); 2013: “The nuclear industry is in decline (pag.7)”; 2014: “The nuclear industry is in decline (pag.7)”; 2015: “The nuclear industry remains in decline: The 391 operating reactors—excluding LTOs—are 47 fewer than the 2002 peak of 438, (...)” (pag.14)

[5] S. David Freeman, Presidente de la Tennessee Valley Authority (TVA) en 1977, durante el mandato de by President Jimmy Carter. Posteriormente fue administrador de diversas agencias públicas de energía en Los Ángeles, Nueva York y Sacramento.

[6] Han Wenke es Vice-Director-General del Forum Internacional para la Energía Limpia (IFCE) de Macao, y participa en el Energy Research Institute (ERI), National Development and Reform Commission (NDRC) de China.
Zhou Jie es Vice-Director-General y Secretario General del IFCE, también en Macao

[Miguel Muñiz Gutiérrez es miembro de Tanquem Les Nuclears – 100% RENOVABLES, del Col·lectiu 2020 LLIURE DE NUCLEARS, y del Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya. Mantiene la página de divulgación energética www.sirenovablesnuclearno.org]

28/9/2018

Nadie sin hogar

Carmen Alemany Panadero

Las personas sin hogar son uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Nuestro sistema de protección social no es suficiente para garantizar el derecho a una vida digna a quien lo ha perdido todo. La Constitución dice que España es un estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, una persona puede verse privada del ejercicio efectivo de casi todos sus derechos si no dispone de vivienda.

Al ser arrojadas a la calle, estas personas pierden el acceso a muchos de sus derechos más básicos: su derecho a la integridad física y moral, su derecho a la intimidad, a la seguridad personal, a empadronarse y votar, a la protección de la salud, la vivienda, el trabajo o la seguridad social. Las personas sin hogar sufren agresiones frecuentes, contraen enfermedades por la dureza de sus condiciones de vida, no siempre reciben la atención sanitaria adecuada y su esperanza de vida se reduce en 30 años con respecto a la de la población general, según recoge la Estrategia Nacional Integral, que cifra su esperanza de vida en 42–52 años.

Las personas suelen terminar en la calle tras una serie de acontecimientos encadenados. La pérdida del empleo, la ruptura de los vínculos familiares, la ruptura de los vínculos sociales, problemas de salud mental o adicciones, suelen suceder de forma encadenada e interrelacionada. Por ejemplo, la pérdida del empleo puede suponer tensiones familiares que terminen en ruptura; y la pérdida de los lazos familiares puede causar una fuerte depresión o alcoholismo que acaben causando la pérdida del empleo. Cuando la persona se ve en la calle, muchos conocidos se alejan y muchas amistades se diluyen.

En la Comunidad de Madrid residen 2.576 personas sin hogar, según el censo elaborado por esta Comunidad en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid en diciembre de 2016. De ellas, 919 duermen en la calle y el resto en albergues. Este censo indica que el 56,6% por ciento han sufrido agresiones, y el 44% tiene problemas crónicos de salud. La mayoría son varones y en los últimos años ha aumentado el número de jóvenes sin hogar, según el Observatorio Europeo de Sinhogarismo.

La vivienda es mucho más que cobijo y abrigo, mucho más que cuatro paredes o un lugar donde dormir. Es el lugar donde desarrollamos nuestra vida, que organizamos y decoramos según nuestra personalidad, donde desarrollamos nuestras relaciones más cercanas y donde podemos mostrarnos como somos. La vivienda es un marco de referencia para construir y desarrollar una vida. Las personas sin hogar pierden, de este modo, buena parte de su identidad. Además, suelen ser víctimas de agresiones, violencia, vejaciones e indiferencia. Rara vez suele alguien pararse a darles conversación o a preguntarles cómo se encuentran o si necesitan algo, a excepción de algunos profesionales del Samur Social o voluntarios de organizaciones sin ánimo de lucro. Las personas sin hogar sólo se relacionan en igualdad con otras personas sin hogar. Su integridad física y moral no está garantizada debido a las agresiones que sufren, tampoco su derecho a la intimidad (es difícil tener intimidad cuando se duerme en la calle). La mayoría no dispone de propiedad privada. Muchos no están empadronados y no tienen tarjeta sanitaria.

El odio o rechazo a las personas pobres se conoce con el nombre de aporofobia. Se trata de un neologismo recientemente aceptado por la RAE. Las personas sin hogar son frecuentes víctimas de delitos por aporofobia. Según datos del Observatorio de Delitos de Odio contra Personas sin Hogar, HATENTO, en España el 47% de las personas sin hogar ha sufrido algún tipo de agresión. Las mujeres sin hogar sufren más agresiones que los varones. Las personas con problemas de alcoholismo también sufren un mayor número de episodios violentos. En un 40,7% de los casos, los agresores llevaban algún objeto intimidatorio como palos, porras, piedras y botellas. Muchas de las agresiones tienen lugar de noche por lo que las personas duermen en constante alerta. Entre las lesiones más habituales se hallan las contusiones, rotura de huesos, pérdida de piezas dentales y secuelas emocionales. Un 63% de las víctimas no acudieron a ningún tipo de servicio especializado, por no confiar en recibir ayuda ni en la utilidad de dichos servicios.

En lo que se refiere al acceso a servicios o espacios públicos, este informe también señala la discriminación que sufren las personas sin hogar. En ocasiones no se les permite la entrada a una cafetería aunque piensen pagar el café, porque entran con su carrito de pertenencias. O en un establecimiento público, se les dice que “el aseo es para clientes, no para indigentes” (aunque muchos abonan su café y por tanto son clientes también). También denuncian un trato vejatorio por parte de algunos agentes de la policía, con daño de pertenencias y agresiones físicas.

Entre las causas del desarrollo del odio por aporofobia se encuentran los prejuicios, el estigma de la exclusión o el desconocimiento de su realidad. El rechazo y la intolerancia estallan en violencia. Para algunos agresores, las agresiones físicas les ayuda a mantener una ilusión de “superioridad” sobre la otra persona (Chakraborti, 2011). El informe de Hatento recoge declaraciones lamentables como las de Ángel Pelluz, abogado defensor de un acusado por agresión, a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid: “Esto no son personas humanas. No han trabajado en su vida. Son cánceres de la sociedad. Yo, si tengo un cáncer, el médico no me pone paños calientes: me lo extirpa. Pues esto es igual”.

Asimismo, el informe también recoge las expresiones proferidas por los agresores durante los episodios de victimización:“Aquí no puedes dormir porque das mala imagen”; “vete a dormir al vertedero”; “fuera de aquí, tirado de mierda”, “te vamos a matar”; “vete aquí o te vamos a dar una paliza”; “hijo de puta, vagabundo, hay que eliminaros” o “si volvemos a verte por aquí te quemamos vivo”, “borracho del barrio”; “asqueroso, yonqui de mierda”; “guarro, mierda, jódete”; “eres una escoria humana”; “mendigo de mierda”; “vagabunda, guarra”; o “eres una vergüenza para España”.

Muchas personas sin hogar han muerto asesinadas a manos de sus agresores. Personas con nombre y apellidos, como Lucrecia Pérez, asesinada en Aravaca por ser pobre y por el color de su piel; María Rosario Endrinal, que fue quemada viva en un cajero automático de Barcelona; Sonia Palmer, apaleada hasta la muerte en el parque de la Ciudadela de Barcelona; o Antonio Micol, que falleció con el cráneo destrozado y apuñalado en Madrid. A Rafael Santamaría, le reventaron el cráneo en una paliza y, aunque no murió, estuvo en coma varias semanas, perdió la movilidad en parte de su cuerpo y el habla.

La red de servicios y recursos dirigidos a este colectivo presenta numerosas carencias. Los recursos sociales son insuficientes para las necesidades, tanto en número de plazas como en la duración máxima de la estancia. Asimismo, los recursos tienen carácter asistencial, es decir, van orientados a cubrir la necesidad inmediata, pero no ofrecen medidas y acciones para facilitar la reintegración social. No se trata únicamente de aumentar las plazas en los albergues, sino de complementar los recursos residenciales con medidas de inserción social, como itinerarios personalizados y atención integral a nivel sanitario, nutricional, relacional, formativo, laboral, y social; así como una labor preventiva y de detección de los casos de riesgo. También queda mucho por hacer para la mejora de la atención frente a los delitos de odio. Es necesario incrementar la confianza en las instituciones, la policía y la justicia, acercar estas instituciones a las personas sin hogar, con ayuda de las organizaciones y profesionales especializados.

Algunos programas innovadores ofrecen medidas diferentes del tradicional albergue. El modelo Housing First (la vivienda primero) ofrece a la persona sin hogar un hogar individual como primera medida, sin tener que pasar por albergues u otros recursos. En España lo aplica la Fundación RAIS con su programa Hábitat. Incluye vivienda individual y apoyo profesional. Ni el apoyo ni la permanencia en la vivienda están condicionados al cumplimiento de objetivos de intervención social, pero sí existen unos compromisos básicos, como aceptar la visita del profesional de apoyo, contribuir a los gastos de la vivienda si se dispone de ingresos, o mantener buenas relaciones con los vecinos. Los resultados están siendo excelentes, con un 100% de éxito, según la organización.

Otro programa es el Housing Led, también de la Fundación RAIS, que ofrece una vivienda compartida provisional, para personas con ingresos básicos y que se encuentran en riesgo de exclusión. Se trata de personas que necesitan un apoyo temporal para recuperarse y tienen buena integración social y laboral. Jóvenes sin hogar en transición a su vida adulta o personas adultas que han sufrido un revés de la vida pueden beneficiarse de este programa.

Otras organizaciones cuentan también con recursos específicos, que si bien continúan sin ser suficientes para cubrir las necesidades, son de gran utilidad para muchas personas. Las entidades de la Red FACIAM disponen de algunos albergues y pisos de acogida, la empresa Grupo 5 gestiona ANI — Alojamiento No Institucionalizado con apoyo, por adjudicación del Ayuntamiento de Madrid. Cáritas cuenta con el centro CEDIA 24 horas en Madrid, y otros centros en otras comunidades, y Mensajeros de la Paz ofrece un piso de acogida con seis plazas con apoyo y acompañamiento. EAPN cuenta con una guía de recursos residenciales.

RAIS cuenta también con el Centro de Acogida Carmen Sacristán, para personas sin hogar con enfermedades o convalecientes. Para las personas que han sido operadas, reciben quimioterapia, cuidados paliativos o padecen alguna dolencia, puede hacerse complicado seguir correctamente su tratamiento estando en la calle. El Centro cuenta con 60 plazas y tiene seis casas con entradas independientes, con tejado a dos aguas para dar sensación de casa tradicional, y con cocinas y baños comunes en cada módulo y un huerto que cuidan ellos mismos.

También existen programas para acompañar a estas personas en el final de sus vidas. Arrels Fundació ha creado La Barca de Caronte, un equipo que evita la soledad de las personas sin hogar al morir. El equipo está formado por un trabajador y tres voluntarios. Cuando fallece una persona sin hogar, en la calle, en el hospital o en un hostal, el equipo se pone en contacto con la familia y con los servicios funerarios, elabora un recordatorio, y acuden al entierro profesionales, usuarios y voluntarios de la organización. Esta actividad pretende dignificar el final de la vida, la despedida y el recuerdo de estas personas. En ocasiones la familia reacciona y acude a la llamada, en otras ocasiones no. Pero nunca falta una despedida digna y sentida para la persona que se va.

[Carmen Alemany Panadero es trabajadora social y periodista]

12/9/2018

Ensayo

Josep Torrell

La luz, la óptica y los encuadres

Entrevista a Pere Portabella

Pere Portabella habló, hace mucho tiempo, de las enseñanzas que recibió del director de fotografía Gianni de Venanzo (1920-1966). Le pregunté por él y la conversación fue hacia el terreno de la luz, los operadores y lo que Portabella espera de ellos.

—Yo hice mis primeras películas como productor. Por ejemplo, la fotografía de El cochecito es una iluminación neorrealista, neutra. En las películas de Berlanga también funciona. En 1965, entré como supervisor de diálogos de El momento de la verdad. Estuve presente todo el rodaje y tuve con Gianni di Venanzo una relación muy entrañable. Me interesó mucho su manera de iluminar. Mi experiencia con él fue muy positiva. En este sentido, Gianni di Venanzo era un interlocutor en la línea que me interesaba y, sobre todo, que me entendía.

Recuerdo que estábamos por aquellos campos de Castilla, con un gran erial donde estaban batiendo el trigo, y de golpe se pone a recordar la luz de los cuadros de Millet. Los conocía perfectamente, pero no porque fuese muy culto, sino porque tenía esa sensibilidad y sabía buscar muy bien sus referentes. Si yo le hablaba de la luz medieval o la del renacimiento él sabía perfectamente de qué le hablaba. O cuando le hablabas de Piero della Francesca. Recuerdo un día que estábamos hablando con Francesco Rosi y cité incidentalmente a Piero della Francesca, y entonces intervino Gianni e hizo una intervención muy acertada. Dijo «el día que yo pueda iluminar un espacio como iluminaba Piero della Francesca su Ascensión, consideraré que he llegado a mi cénit». Si tú miras la Ascensión, ves que tiene una luz extrañísima que no sabes de dónde viene. Los pintores holandeses son los primeros que ponen en evidencia de dónde surge la luz.

Si cito a Di Venanzo es precisamente para señalar la línea de fotógrafos que me ha interesado siempre, y con los que me siento más cómodo trabajando. Fue un interlocutor que me causó una honda impresión. Cuando he hecho películas, siempre me he sentido atraído por este tipo de operadores y he tenido la tendencia de trabajar con ellos.

— Cuando empiezas a rodar, lo haces con Luis Cuadrado.

— Luis Cuadrado tenía una gran sensibilidad que le asemejaba bastante a Di Venanzo, pero era más primitivo. Ambos estaban en esta línea de autodidactas. En una entrevista que hizo antes de morir dijo que donde experimentó mucho fue en Nocturn 29 y cita la secuencia del prólogo. Cuando le pedías algo fuera de las normas, ponía una cara de extrañeza, pero lo hacía. Por ejemplo, con él trabajé la primera vez con negativo de sonido, que eliminaba todos los grises y parecía que los negros tuviesen una especie de halo. Tenía una gran intuición y probaba constantemente con los filtros de cámara. Pero al final tenías que reconocer que había acertado. Era un tipo magnifico, uno de los mejores operadores, pero siempre dispuesto a probar cosas que no sabía a dónde conducirían. En este sentido, era un intuitivo tremendo. Si había algo que resolver, Cuadrado se lanzaba en tromba y no paraba hasta que lo resolvía. Esta actitud es fundamental. Me gustó su manera de trabajar y, en particular, su sensibilidad.

—Después tu operador fue Manuel Esteban.

— Manel Esteban fue el operador de cámara con el que trabajé de forma más asidua. Con él hice varias películas. Era valiente, entusiasta y listo.

En algunas de ellas, mantuve en la banda sonora definitiva tanto la voz de Manel como la mía durante el rodaje, contagiados de la dinámica ascendente de un interminable plano secuencia, con adjetivos e improperios derivados del entusiasmo de Manel cuando nos salían las cosas mejor que bien. Estos forman parte importante de la banda sonora, son los fuera de campo, muy elaborados en mis películas. No vayamos a olvidar que nos movemos en el territorio semántico del cine. Invitar al que mira a que se le subrogue para iniciar su propio recorrido/viaje sobre la base de sus propias experiencias, sensaciones, percepciones, pulsiones plásticas o las intuiciones más sorprendentes. En definitiva, ya lo decía Eisenstein, «la historia está entre un plano y el siguiente, entre el proyector y la pantalla, y es el espectador quien le da sentido».

Manel Esteban, en los momentos más duros de la dictadura, fue un cineasta activista. En la clandestinidad trabajábamos juntos en muchas ocasiones. Nuestra amistad se forjó entre la marginalidad y la periferia.

— Después de veinte años, reapareces con Tomás Pladevall.

— Tomás Pladevall, por ejemplo está obsesionado por la química y la física de la iluminación. Ha confeccionado una serie de ficheros donde archiva todo su conocimiento artesanal. Sabía que embarcándole en El pont de Varsòvia me podía dar cosas que otros no habrían hecho o bien por miedo o simplemente porque no sabían cómo hacerlo. Pladevall es muy frío y muy conservador, y al mismo tiempo riguroso y exigente consigo mismo como profesional.

Con Elisabeth Prandi rodé Mudanza e Infome general II. En Mudanza, Elisabeth Prandi se reveló llevando la cámara con un talento asombroso al entender y hacer los travelines con una maestría excepcional, ayudado por Charly, técnico especialista en mover sobre las vías el chariot de la cámara. Una película sin diálogos y sin protagonistas: solo el aliento de la ausencia significativa del poeta Federico García Lorca. Les exigí mucho durante todo el rodaje y se superaron con creces. En el Informe general II, Elizabeth Prandi se creció. En Mudanza toda la película era una sola secuencia. En Informe general II cada secuencia era la película completa, que exigía solucionar toda una variedad de problemas que dan la medida de la capacidad de un profesional que además es alguien capaz de asumirlos y resolverlos.

— ¿Qué le pides a un operador?

— El operador es siempre el interlocutor al que puedes trasladar algo tan difícil de comprender como es la luz. La luz es el componente determinante de nuestro trabajo. No solamente como un elemento más en la creación de un espacio o una atmósfera, sino para crear el tejido de la película.

Sé muy bien lo que quiero, pero necesito tener a mi lado un profesional de verdad y que sea sensible a lo que planteo. El operador ideal es aquel que cuando tú empiezas a comentar las imágenes previas que tienes en mente, él visualiza estas ideas. La responsabilidad del director es tener en su imaginario una síntesis de lo que hay que hacer.

El operador ha de disfrutar con su trabajo. Ha de disfrutar cuando ilumina o cuando coge la cámara y decide rodar un plano él mismo, porque siente que en ese plano se juega alguna cosa. Al llevar las cosas a este terreno, que va más allá de la resolución banal de una secuencia, es cuando notas en el operador la predisposición a arriesgarse. Es cuando te dice: «no, no, vamos a intentarlo». O cuando haces un movimiento complicado y ves al segundo operador con todo su cuerpo enroscado a la cámara: hay una continuidad entre la cámara y sus músculos y parece que mueva la cámara con el estómago. Entonces sabes que el operador y tú estáis disfrutando con lo que hacéis.

—¿Controlas mucho el encuadre?

—Absolutamente. Yo busco la estrategia y la atmósfera, coloco los focos y la cámara, y sólo entonces hago el encuadre. La óptica que hay que ajustar es una cuestión de milímetros. Porque para mí el encuadre se coloca solo, si tienes bien la atmósfera de rodaje, la óptica y la estrategia.

Esto viene de mi carácter interdisciplinar. Mi formación viene de las artes figurativas en general. Es una manera de mirar. Si tuviera que rodar aquí, de inmediato, definiría qué tipo de profundidad tendría, qué definición habría detrás de las figuras, etcétera. Lo primero es cómo administrar la imagen, con qué mirada. Después, la relación con las ópticas es automática. El encuadre lo corrijo siempre con el zoom. Pero nuca ruedo con zoom. El zoom tiene una utilidad clarísima. Cuando haces un trávelin muy largo puedes encontrarte que tenga que haber un ajuste de encuadre al final, entonces el zoom va muy bien (aunque siempre y cuando permita eso uso de una óptica que dificulte la definición).

Tengo la costumbre de decir al operador que debe tener en cuenta toda la secuencia y no sólo el plano que rodamos. Hay que pensar que la iluminación va ligada al movimiento de la cámara: son los dos elementos clave. Al rodar un plano, tú debes atender a la luz y al movimiento de cámara, pero al mismo tiempo has de estar pensando en el montaje. Es decir, montando.

Lo cierto es que no exagero si digo que he tenido mucha suerte al contar con todos estos operadores. En mis películas se daban de bruces con una estructura del relato en las antípodas del habitual planteamiento, desarrollo y final que hizo del cine el gran espectáculo de masas del siglo XX. Todos mis operadores fueron receptivos con el reto de enfrentarse con la radicalidad de una propuesta que, por no tener, carecía incluso de final. Se hicieron suyas las películas en una muestra de confianza hacia mí, por lo que me complace dejar constancia explícita de su participación y entrega en el resultado final de un rodaje. En definitiva, las películas no se hacen, se ruedan.

Y termino por donde empecé. En El momento de la verdad yo debía controlar los diálogos, y oía los comentarios entre el operador y el cineasta y luego contemplaba los resultados. Así aprendí la mecánica elemental del rodaje: el aprendizaje de la relación entre lo que hay y lo que tú ves porque la óptica te deja o te impide ver. A la vez, hay una continuidad de un objetivo a otro. La óptica es el espacio; el espacio es la luz; y la luz es la que determina el proceso de abstracción que es el encuadre.

30/9/2018

Miguel Muñiz

¿Es posible hoy el debate racional, crítico y constructivo entre las izquierdas?

Un análisis de la controversia desencadenada por el libro «La trampa de la diversidad», de Daniel Bernabé

¿De qué le sirve poder dudar

a quién no puede decidirse?

Puede actuar equivocadamente

quien se contente con razones demasiado escasas,

pero quedará inactivo ante el peligro

quien necesite demasiadas.

Tú, que eres un dirigente, no olvides

que lo eres porque has dudado de los dirigentes.

Permite, por lo tanto, a los dirigidos

dudar.

Bertolt Brecht, “Loa de la duda”

Este artículo no es un resumen ni un comentario crítico del libro, así que las referencias a su contenido, y al entorno social y político, serán las mínimas necesarias para enmarcar la controversia. Su objetivo es reflexionar sobre la dinámica que esta obra ha desencadenado entre una parte de “las izquierdas”, término con el que designo a las personas y colectivos que, desde diferentes planteamientos y en diferentes ámbitos, trabajamos para cambiar el orden neoliberal imperante y sus brutales consecuencias.

El origen de La trampa de la diversidad (en adelante La trampa) se puede conocer a través de la información de la web literaria de la editorial Akal; para formarse una opinión también es interesante leer el artículo de La Marea que dio origen a la obra.

Hace más de un mes, en una breve nota consideré que La trampa interpelaba de manera explícita, por lo que es necesario leer el libro para formarse una opinión. Esta observación, que puede parecer una perogrullada, se hace necesaria porque el nivel de agresividad e insultos que ha provocado en las redes sociales parece haber sido elevado (no tengo Twitter para comprobarlo), ya que no hay entrevista al autor en que no se mencione; lo mismo ha sucedido en blogs, revistas y diarios en internet. Se han producido juicios tajantes no en base a lo que el libro dice, sino a lo que los autores de tales juicios han leído que dicen que dice, en algún caso alardeando incluso expresamente de ello.

La controversia puede ayudar a la difusión (a finales de septiembre va por la quinta edición), pero es negativa para que sea un documento de reflexión y debate colectivo. Una controversia con formas y contenidos de expresión que el animador confeso de La trampa, Pascual Serrano, denunciaba hace años en una obra clave, La comunicación jibarizada, que nunca llegó a generar ni una mínima parte del ruido que ha generado ésta.

El contenido central del libro, dejando a un lado los tres primeros capítulos, sobre el proceso que ha llevado a la situación actual, se puede sintetizar de muchas maneras; yo lo planteo en 11 puntos:

a) el orden neoliberal impuesto ha sido asumido como algo natural desde una parte de las izquierdas, que con sus políticas ha legitimado una versión “progresista” del mismo;

b) esa asunción se manifiesta en la hegemonía transversal del discurso posmoderno en dos claves: individualismo y relativismo;

c) la encarnación social de a) y b) es la denominada clase media, categoría que también se ha difundido como referencia para un amplio abanico de personas de varias clases sociales en oposición a una clase trabajadora fragmentada hasta el mínimo mediante privatizaciones, deslocalizaciones, reconversiones y cambios en la producción y servicios;

d) la imposición del referente clase media (u otras categorías abstractas, como la gente o el pueblo) se refuerza porque las izquierdas han marginado los conflictos de redistribución (materiales) frente a los conflictos de representación, centrando su política sobre todo en el lenguaje y lo simbólico;

e) esta política da prioridad al discurso de la identidad frente al discurso de la inclusión como elemento identificador, y a un tipo de activismo banal más preocupado por las formas y la difusión que por los contenidos y la continuidad;

f) todo ello conduce a desdeñar la condición de clase trabajadora, que se considera como una identidad más, un grave error porque la condición de trabajadora integra, y relaciona, a cada persona con su base material, siendo transversal a todas las identidades;

g) el orden neoliberal trabaja para reducir la diversidad de identidades a consumos y estilos de vida diferenciadores vinculados a bienes;

h) al relegar los conflictos de redistribución, las izquierdas han abandonado a amplios sectores sociales, víctimas directas del saqueo y las desigualdades que impone el neoliberalismo;

i) ese abandono lleva a una parte de esos sectores subalternos a apoyar a fuerzas de la ultraderecha, que combinan un discurso de aparente redistribución con un uso inteligente del conflicto de representación para fomentar la xenofobia y el racismo;

j) para hacer frente a esa amenaza es necesario que las izquierdas creen un discurso inclusivo, que integre la diversidad dentro de políticas de redistribución que hagan visibles los conflictos materiales y de clase, en lugar de dejar el campo a la demagogia de la ultraderecha;

k) que las izquierdas den prioridad sólo a las políticas de la diversidad es caer en una trampa fomentada desde el neoliberalismo subordinándose a la ideología posmoderna: fragmenta el discurso y aleja de ellas a las clases subalternas golpeadas por las políticas neoliberales.

Parte de los mecanismos con los que funciona esa trampa se analizan en el libro.

Cabe destacar que el autor deja bien claras dos cosas. Primera, que el libro no es un estudio científico, algo imposible por las exigencias de tiempo que requeriría una obra así; se trata, como él mismo reconoce, de un panfleto propagandístico documentado. Segunda, que el libro no va contra las políticas de representación (contra la diversidad), sino contra los peligros de división que encierra su uso y abuso exclusivo. Esta muestra de honestidad intelectual debería servir para relativizar la crítica a las limitaciones que tiene la obra, para centrarse en la alarma que provoca y el debate que plantea. Lo lógico sería abrir un debate sobre los mecanismos de la trampa, algo que muchas personas que hemos dedicado tiempo al activismo voluntario hemos percibido en varias ocasiones, pero… ¿por qué iba a ser así de sencillo?

La polémica desatada evidencia las dificultades de mantener un debate crítico, racional y constructivo entre las izquierdas. Lo sucedido es, valga la paradoja, la mejor ilustración del acierto de lo que denuncia La trampa, y transmite una cierta desesperanza, considerando la gravedad de los conflictos y la destrucción social y ecológica que las izquierdas deben afrontar y, especialmente, la amenaza creciente de las ultraderechas.

La trampa fue publicado el 30 de abril de 2018, y para redactar este artículo he revisado unos 32 textos, entre entrevistas, artículos de opinión o reseñas, hasta mediados de septiembre (la relación detallada aparece al final), pero me he centrado en tres textos, los que considero que marcan pautas: los de Alberto Garzón y Juan Carlos Monedero. Como ejemplo introductorio, dos artículos que no tratan de la obra pero que hacen referencia a su trasfondo. Comenzaré por estos últimos.

El 19 de mayo, Boaventura de Sousa era entrevistado en el diario digital El Salto. De su entrevista destaco esta declaración:

[…] la tragedia de nuestro tiempo es que la dominación está unida, es decir, el capitalismo actúa junto con el colonialismo y el patriarcado, y la resistencia está fragmentada. Las mujeres luchan contra el patriarcado pero se olvidan del colonialismo, del racismo o del capitalismo. Los sindicatos, cuando luchan en contra del capitalismo, se olvidan del racismo y se olvidan del patriarcado... Estamos muy fragmentados.

Lógicamente hay mucho más, pero esta opinión muestra la conciencia compartida de que las cosas no van bien, y de que la fragmentación es una de las causas.

El segundo artículo fue publicado el 27 de enero en El Confidencial, y es de Alberto Garzón; en él reflexiona sobre los malos resultados obtenidos en las elecciones en Cataluña. Tiene un título significativo, “Por qué las clases populares no votan a la izquierda y qué hacer para conseguirlo”, y cuenta con un párrafo igual de significativo:

[…] Como hemos explorado en otro lugar, el perfil de ese votante es el de una persona desempleada, poco cualificada, muy expuesta a la competencia económica internacional y con sentimientos nacionalistas que se realzan como una forma de protección ante esa situación general de vulnerabilidad. El problema general, por lo tanto, es que la izquierda no está siendo capaz de atraer a las personas más afectadas por la crisis y por la globalización neoliberal, y ese lugar lo están ocupando los partidos de derechas cuyos proyectos, además, tienen en muchos casos un espíritu reaccionario, racista y antidemócrata.
La tesis que defiendo aquí es que el problema no está en cómo representar a las clases populares sino en cómo ser parte de esas clases populares. Durante décadas la izquierda política europea se ha ido desconectando de los estratos sociales más bajos con discursos cada vez menos vinculados a sus problemas cotidianos al tiempo que ha abandonado la construcción de redes sociales en barrios, vecindarios y centros de trabajo. En lugar de eso la izquierda ha concentrado su actividad en la participación en diferentes ciclos electorales y ha basado su crecimiento electoral en los sectores ideologizados de las autoconsideradas clases medias. Mientras eso sucedía, la globalización ha ido transformando las relaciones económicas y de clase en los países desarrollados, empobreciendo a las clases populares y haciendo descender de escalones a parte de la clase media. Este proceso está lejos de acabar.

Ambas citas se complementan, y la reflexión de Garzón es importante por el papel que sus opiniones han jugado en la polémica.

El 22 de junio, Eldiario.es publicó una larga entrevista con Daniel Bernabé sobre La trampa; el 24 de junio, en la sección “Tribuna abierta” del mismo medio, aparece un extenso artículo de Alberto Garzón criticando el libro; el 1 de julio, Bernabé publica una respuesta a dicha crítica, y el 6 de julio Garzón vuelve a intervenir con otro extenso artículo.

Este intercambio es significativo, no sólo por el peso político de Garzón y porque será lo único (junto con la aportación de Monedero, que mencionaré después) que se acerque a un debate directo, sino porque marcará un antes y un después en la polémica por su proyección, sus contenidos y sus formas. La proyección: muchas de las críticas a La trampa publicadas a lo largo de julio y agosto citarán a Garzón como referente, en la mayoría de los casos sin entrar en lo que expone en sus artículos. Los contenidos: Garzón dedica sus dos extensos artículos a explicar cuestiones que no aparecen en el libro, cuestiones sin duda importantes, complejas, que exigirían mucho más que esos dos artículos para su desarrollo, pero cuestiones que implican cosas diferentes de las que plantea La trampa; lo importante es que Garzón elude (en el primer artículo) todo lo que La trampa expone, y que también elude (en el segundo) la respuesta de Bernabé al primer artículo. Las formas: lo más desagradable es el tono. Garzón no se expresa como corresponde a un compañero de izquierdas preocupado por un conflicto compartido y por el auge de la ultraderecha, sino como si Bernabé fuese un adversario político hostil, al que hay que rebatir demostrando sus limitaciones y su ignorancia.

Hay que leer los tres artículos para valorar no sólo lo que aquí he expuesto, sino también las limitaciones y los desvíos de la respuesta de Bernabé al primer artículo; algo que refleja la parte más débil de su libro: la abusiva referencia a la cultura audiovisual estadounidense como vehículo explicativo.

Este intercambio a medias es una primera muestra de falta de racionalidad y crítica constructiva, de ausencia de respeto al contenido sobre el que se está opinando. Como muestra, el párrafo final del primer artículo de Garzón:

[…] Al fin y al cabo, Bernabé aborda problemas muy reales, muchos de los cuales no he tenido espacio para reseñar (como el del tipo de compromiso militante, la espectacularización de la política, el mercado de consumo en general, etc.) pero que requieren una respuesta adecuada y contundente de la izquierda. Pero, honestamente, creo que el planteamiento de este libro no ayuda a ello.

Escribir “problemas muy reales, muchos de los cuales no he tenido espacio para reseñar”, como punto final de un artículo de más de cinco mil palabras que elude el contenido de la obra que critica (“Bernabé no parece querer llegar a ninguna conclusión política tan fuerte como sus hipótesis”, escribe), no es racional, ni constructivo ni respetuoso con el objeto de su crítica.

Segunda muestra. En el segundo artículo, Garzón, consciente del tono impropio hacia el autor que imperó en el primero, desliza un comentario positivo: “Como se ha visto recientemente en el debate con el escritor Daniel Bernabé, a quien hay que agradecer su amabilidad y disposición militante así como haber reabierto este debate (...)”; pero no hay nada más: lo que sigue es un texto de 3.600 palabras dedicado a explicar las tesis del propio Garzón sobre las clases sociales; nuevamente elude el contenido de La trampa y la respuesta de Bernabé. El penúltimo párrafo es incluso peor que el último del primer artículo:

Y es que, además, de los conflictos de clase hay otros muchos otros conflictos que no son de clase, y que a veces tienen implicaciones sociales incluso más fuertes –y algunos de ellos son identitarios, como el nacionalismo. La izquierda tiene que atender todos ellos. El problema emerge cuando se subraya sólo uno de ellos (sea el animalismo, el obrerismo o cualquier otro). Pero no hay ninguna trampa, o no diferente de la que podría existir con el sindicalismo o la tecnología. No en vano el sindicalismo puede animar una huelga general revolucionaria pero también un pacto social para desmovilizar la calle; la tecnología puede ayudar a mejorar la coordinación de una organización pero también ayudar a la represión y censura del pensamiento; y la subida legal del SMI puede incrementar la conciencia de clase o reducir el ansia revolucionaria. ¿Hay trampas en cada uno de esos instrumentos? No menos que en las políticas de identidad, que pueden servir para mejorar la imagen de una banquera pero también para desmontar el represivo sistema judicial. Mi opinión es que si todo puede ser una trampa… entonces es que no hay trampa. [Las negritas son mías.]

Debate cerrado. Descalificación sin paliativos; ¿para qué se ha molestado el autor en escribir este libro? El conflicto no existe.

Recordemos el salto entre ambas citas. “Bernabé aborda problemas muy reales, muchos de los cuales no he tenido espacio para reseñar [...] Pero, honestamente, creo que el planteamiento de este libro no ayuda a ello” y “Mi opinión es que si todo puede ser una trampa… entonces es que no hay trampa”. Esta contradicción es una muestra más de la ausencia de racionalidad y crítica constructiva que la polémica ha puesto de manifiesto en una parte de las izquierdas.

Todos los libros interpelan, pero La trampa interpela directamente a unos ámbitos definidos: feministas, ecologistas, activistas en identidades de género, pacifistas, animalistas, vegetarianos/veganos…, a las personas que sintonizan con esos ámbitos y, especialmente, a colectivos de activistas voluntarios, activistas profesionales, profesionales de la política (tanto cargos electos como personas que desempeñan trabajos remunerados relacionados con esos cargos) y periodistas, escritoras y escritores, personas que se ganan la vida opinando y reflexionando desde y para las izquierdas, como el propio autor.

Tercera muestra. Una parte de esas personas han percibido el debate que plantea La trampa como una “agresión”; de ahí que emitan juicios de intención sobre el libro rechazando lo que el texto dice exactamente. “Aunque dice no ir contra la diversidad, el libro es un ataque a la diversidad”; este “argumento” es muy repetido (sin aportar ninguna prueba) en artículos y comentarios.

Aunque menos extenso que los artículos de Garzón, el análisis que desarrolla Juan Carlos Monedero en su blog Comiendo tierra, y la entrevista grabada a Bernabé que lo acompaña, son representativos. Monedero se muestra respetuoso con lo que serían unas pautas de debate basadas en razonamientos y críticas constructivas: se señalan debilidades del libro y un olvido, pero también se apuntan aciertos. Pero tanto el artículo como la entrevista son ilustrativos de otro de los límites del debate: el límite del “sí, pero...”.

Cuarta muestra: el miedo. El “sí, pero...” alude al qué dirán: especula con las formas en que la gente (o una parte concreta de la sociedad que se considera afín) puede percibir un contenido más allá del acierto y veracidad de lo explicado. Se trata de algo que, como activista, he experimentado en determinados ámbitos y campañas: no es positivo para una causa explicar o abundar en verdades que exceden los límites del consenso que el núcleo que vertebra esa causa ha determinado. Son verdades “inoportunas”, aunque afecten a la causa, verdades que provocan un reflejo defensivo. El “sí, pero...” sirve para destacar el contenido del “pero”, no el contenido del “sí”.

Una parte de la diversidad interpelada la forman movimientos que han logrado el derecho a ser reconocidos en las últimas décadas, y desde una parte de las personas que participan en ellos el libro es interpretado como un ataque al éxito de haber conquistado la visibilidad. Algo que no es cierto, como el autor repite en varias ocasiones, pero hay una cuestión de fondo: el éxito de unos movimientos que persiguen transformaciones sociales no consiste en anteponer su visibilidad a todo. La visibilidad no es un fin en sí misma, sino un medio para que se produzcan las transformaciones necesarias. Mientras la victoria se reduzca a cultivar la propia existencia del colectivo, se crean las bases para el predominio de una zona de confort, aquellos espacios de identidad compartidos con personas afines y que protegen de las hostilidades, de los conflictos con el exterior.

Quinta muestra. La trampa se percibe como una “amenaza” para las zonas de confort, y la respuesta a esa supuesta “amenaza” es colgar una etiqueta como forma de cierre. La repetición de dicha etiqueta se convierte en una justificación de la negativa a debatir. Por ejemplo, la reivindicación de un obrerismo estrecho, la mitificación de un pasado sindical, es una de las falsas etiquetas que se han adjudicado a La trampa, pero no es la única.

Las cinco muestras forman parte de algo que debería ser preocupante: una hegemonía que impone una concepción de lo políticamente correcto, codificada siempre dentro de las coordenadas de la posmodernidad y el pensamiento neoliberal [1].

En mi análisis he descartado caricaturas y desprecios al libro que provienen de las derechas. Aquí el consenso es otro. Me he centrado en los medios que se podrían considerar como progresistas. Las cinco muestras negativas que he descrito se reproducen en la mayoría de los artículos críticos a lo largo de julio, agosto y septiembre. Es cierto que no todos los artículos, opiniones y entrevistas sobre La trampa caen en las actitudes que he analizado. Existe una parte que se manifiesta desde el respeto al libro y ciñéndose a lo que expone; que reflejan preocupación, y que valoran las ideas en sí mismas, sin juicios de intención; que dan predominio al “sí” por delante del “pero...”, y que no ponen etiquetas. Si estas actitudes se mantienen y se hacen mayoritarias aún se tendrá una oportunidad.

Pero, para que estas actitudes se conviertan en mayoritarias, es necesario analizar las otras, las negativas, las que impiden debatir.

Tenemos dos consecuencias. Una, la necesidad de un debate sobre la trampa que se tiende a las izquierdas para atomizarlas y alejarlas de la base social que sufre los conflictos de distribución, que es algo muy real. Dos, la manera de desarrollar debates racionales, críticos y constructivos entre las izquierdas, algo tan difícil como necesario si se quieren implementar los cambios necesarios y hacer frente al auge de las ultraderechas y sus peligrosas implicaciones.

Finalmente, narrar mi vivencia personal de la trampa de la diversidad, y sobre La trampa, puede ser ilustrativo.

A raíz de la publicación y la lectura del libro, publiqué la referencia en Rebelion.org que ya he mencionado y la difundí por correo electrónico entre mis contactos y las listas en las que participo. Durante semanas no hubo respuesta; finalmente, a mediados de agosto, un compañero contestó en una lista con un mensaje que reproducía el penúltimo párrafo del segundo artículo de Alberto Garzón, aquel que concluía diciendo que si todo era una posible trampa, nada lo era en realidad.

Como respuesta puse un enlace a una iniciativa que se interroga sobre los motivos por los que no se logran resultados tras años de lucha, y expliqué un episodio personal que podía ser un ejemplo de los mecanismos en que se basaba la trampa de la diversidad. Escribí:

A principios de los noventa se realizaron encuentros del movimiento ecologista en Cataluña. Se intentaba crear una coordinación que nunca llego a funcionar. Un compañero de aquella época, Carlos, se llamaba, en dos de las asambleas a las que yo asistí hizo una propuesta aparentemente sencilla y que a todo el mundo le pareció bien: se trataba de consensuar una única reivindicación y dedicar a ella un trabajo en común de todos los grupos durante una semana al año, o cada seis meses, o un día al mes, o cada dos meses; algo que nos uniera a todos en algo común durante un tiempo concreto a determinar. En ese día (o semana) todos dejaban su campo de activismo aparcado y hacían la campaña acordada. Luego seguían a lo suyo.
En esas asambleas estaban los "grandes" grupos de Cataluña, con fuertes vinculos con la Generalitat, grupos locales y comarcales, plataformas de defensa de esto y aquello (un río, una montaña, un espacio...), grupos que trabajaban temas sectoriales (energía, residuos, agua, animales, costas...), las grandes campañas contra el Quart Cinturó, la incineradora o el vertedero tal, etc., etc., a todas y todos nos pareció una idea excelente... Que nunca se concretó en nada.

Envié el mensaje. La sorpresa vino cuando otra/o compañera/o de la lista intervino de manera tajante: opinó que no había intervenido antes para no extender el debate sobre un libro que, como activista y miembro de movimientos de identidad de género, le parecía un insulto escrito desde la ignorancia de alguien que vive en un mundo heteronormativo y heterocispatriarcal. Y que, además, aquella lista no era el lugar para realizar ese debate.

Respondí con el recordatorio de que yo había introducido el debate desde un ejemplo del ecologismo, y que poner etiquetas al libro no ayudaba a debatir. Le comenté la ausencia de debate existente en Cataluña por las etiquetas adjudicadas desde los respectivos nacionalismos, español y catalán, a cualquier persona que se manifestaba; lo que impedía diálogar, creando dos bloques incomunicados.

En su respuesta, la/el compañera/o interviniente se negó a opinar más sobre el libro, reiteró que aquella lista no era el lugar para debatir y calificó de opiniones personales (no compartidas) los argumentos que planteaba en mis mensajes.

En mi último mensaje le interrogué sobre su agresividad injustificada, insistí en la necesidad de debatir dentro del respeto a la pluralidad en lo que afectaba al movimiento ecologista, en que se debían colocar los argumentos por delante de las etiquetas a personas o ideas, y repetí que las descalificaciones globales que cierran el debate no eran buenas para ningún movimiento.

Y ya no hubo respuesta, ni de esa persona ni de ninguna otra de la lista; excepto el compañero que envió el mensaje con la cita de Garzón, que hizo una última intervención mostrando su desacuerdo con el libro (sin concretar exactamente en qué), pero haciendo un llamamiento a mantener el diálogo.

Fue esta experiencia la que me animó a leer la mayor cantidad posible de intervenciones en torno a La trampa. Considero que este breve intercambio de mensajes en una lista de correo sintetiza la dificultad existente para que colectivos y personas que trabajamos juntos por cambios sociales (en este caso, además, ecológicos) podamos mantener debates racionales, críticos y constructivos sobre cuestiones que nos afectan.

Teniendo en cuenta que las noticias sobre avances de la ultraderecha en elecciones y sondeos, en países de la muy democrática Europa, se multiplican mientras escribo este artículo, cerrar los debates no hace presagiar un futuro muy optimista.

Nota

[1] https://www.cuartopoder.es/ideas/2018/09/26/manuel-monereo-dictacura-politicamente-correcto-italia-decreto-dignidad/

Lista de artículos ordenados cronológicamente

27/1/2018; Alberto Garzón:

https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2018-01-27/por-que-las-clases-populares-no-votan-a-la-izquierda-y-que-hacer-para-corregirlo_1512294/

29/3/2017; Daniel Bernabé:

https://www.lamarea.com/2017/03/29/la-trampa-la-diversidad-una-critica-del-activismo/

26/4/2018; presentación del libro en la web editorial:

http://www.nocierreslosojos.com/daniel-bernabe-trampa-diversidad/

19/5/2018; Boaventura de Sousa, entrevista de Pablo Elorduy:

https://www.elsaltodiario.com/pensamiento/entrevista-boaventura-sousa-tragedia-nuestro-tiempo-dominacion-unida-resistencia-fragmentada

5/6/2018; Pascual Serrano:

http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=7996

6/6/2018; Oscar Pazos:

http://geospa.blogspot.com/2018/06/151-la-trampa-de-la-diversidad-y-la.html

21/6/2018; Joaquim Martínez García:

https://poderpopular.info/2018/06/21/la-trampa-de-la-trampa-de-la-diversidad/

22/6/2018; Entrevista a D. Bernabé por Andrés Gil:

https://www.eldiario.es/politica/activismo-exagerar-diferencias-individuos-competir_0_784972325.html

24/6/2018; Alberto Garzón:

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Critica-critica-diversidad_6_785731424.html

30/6/2018; Carlos Mozo:

https://aueconomialternativa.wordpress.com/2018/06/30/ellos-viven-nosotros-nos-diferenciamos-critica-de-la-trampa-de-la-diversidad/

1/7/2018; Daniel Bernabé:

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/voz-atomizada-respuesta_6_788181191.html

6/7/2018; Alberto Garzón:

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/proposiciones-clase-trabajadora-actual_6_789931040.html

11/7/2018; Juan Soto Ivars:

https://blogs.elconfidencial.com/sociedad/espana-is-not-spain/2018-07-11/politica-capitalismo-izquierda-diversidad-neoliberalismo_1590609/

14/7/2018; entrevista a D. Bernabé, anónima:

http://www.agitacion.org/2018/07/14/entrevista-a-daniel-bernabe-autor-de-la-trampa-de-la-diversidad/

18/7/2018; Fernando Broncano:

http://ctxt.es/es/20180718/Firmas/20916/Fernando-Broncano-libro-La-trampa-de-la-diversidad-Daniel-Bernabe-debate-izquierda-identidad-opresion.htm

21/7/2018; Montero Glez:

https://www.eldiario.es/zonacritica/diversidad-trampantojos_6_794830526.html

21/7/2018; Víctor Lenore:

https://www.elconfidencial.com/cultura/2018-07-21/daniel-bernabe-la-trampa-de-la-diversidad-entrevista_1594264/

28/7/2018; entrevista a D. Bernabé, por Javier Cavanilles:

https://valenciaplaza.com/noticia3126

3/8/2018; Marta aka@teclista:

https://medium.com/@teclista/lo-que-he-aprendido-del-libro-de-daniel-bernabé-sin-haber-leído-el-libro-de-daniel-bernabé-89fe1b572e67

3/8/2018; Juan Carlos Monedero:

https://blogs.publico.es/juan-carlos-monedero/2018/08/03/la-trampa-de-la-trampa-de-la-diversidad/

8/8/2018; Jorge Lago:

https://ctxt.es/es/20180808/Firmas/21123/Jorge-Lago-España-clase-15M-identidad-politica-izquierda.htm

8/8/2018; Pastora Filigrana García:

https://ctxt.es/es/20180808/Firmas/21149/Pastora-Filigrana-Garcia-diversidad-clase-lucha.htm

11/8/2018; P. Fontela:

http://www.tintaroja.es/cultura/1747-polemica-en-el-libro-qla-trampa-de-la-diversidadq

13/8/2018; Edu Galán:

https://www.zendalibros.com/manifiesto-contra-la-trampa-de-la-diversidad/

14/8/2018; Miguel Alhambra Delgado:

https://observatoriconflicteurba.org/2018/08/14/sobre-la-polemica-mediatica-entre-alberto-garzon-y-daniel-bernabe-en-torno-al-libro-la-trampa-de-la-diversidad/

15/8/2018; Diego S. Domingo Porqueras:

https://ctxt.es/es/20180815/Firmas/21199/Diego-Santo-Domingo-Porqueras-clase-obrera-discriminacion-genero-sexo-raza-cultura.htm

15/8/2018; Jorge García Molina:

https://ctxt.es/es/20180815/Firmas/21198/Jorge-Garcia-Molina-alternativas-politicas-revisionismo-politica-debate.htm

17/8/2018; Cecilia Romero:

http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20180817/columna/trampa-diversidad

23/8/2018; Àngel Ferrero:

https://www.elsaltodiario.com/laplaza/resena-trampa-diversidad

23/8/2018; entrevista a D. Bernabé por Ana Iris Simon:

https://www.vice.com/es/article/mb44pv/daniel-bernabe-la-trampa-de-la-diversidad-identidad-politica-izquierda

26/8/2018; Eduald Espluga:

https://www.playgroundmag.net/lit/la-trampa-de-la-diversidad-el-menor-de-nuestros-problemas_29902608.html

29/8/2018; Jacinto Morano e Isabel Serra:

https://ctxt.es/es/20180829/Firmas/21377/Jacinto-Morano-Isabel-Serra-Daniel-Bernabe-diversidad-genero.htm

6/9/2018; Víctor Muiña Fano:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=246129

14/9/2018; Clara Ramas:

https://ctxt.es/es/20180912/Firmas/21707/democracia-feminismo-nancy-fraser-polanyi-capitalismo-clara-ramas.htm

17/9/2018; Juan Domingo Sánchez Estop:

https://ctxt.es/es/20180912/Firmas/21721/Juan-Domingo-Sanchez-Estop-Clara-Ramas-patria-comunidad-fascismo-historia.htm

21/9/2018; Salvador López Arnal:

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=246775

[Miguel Muñiz Gutiérrez es miembro de Tanquem Les Nuclears-100% RENOVABLES, del Col·lectiu 2020 LLIURE DE NUCLEARS y del Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya. Mantiene la página de divulgación energética www.sirenovablesnuclearno.org]

30/9/2018

De otras fuentes

Joan Coscubiela

Momentos para olvidar, lecciones que recordar

Un año después de uno de los momentos políticos más comentados de los últimos años cuesta decir cosas nuevas.

Me parece poco útil releer hoy lo que pasó hace un año en clave de pasarnos cuentas. Este conflicto no tiene solución con un final de vencedores y vencidos y ello nos obliga a todos a evitar esa tentación.

En cambio sí me parece imprescindible analizar el Pleno del Parlament de los días 6 y 7 del año pasado en clave de futuro, para intentar una lectura compartida de lo sucedido.

Aquel Pleno fue la culminación de un proceso que convirtió una gran ilusión colectiva en una inmensa ficción y que abusó de la astucia hasta convertirla en una estafa política. Así lo ha reconocido, aunque con otras palabras, la consellera Clara Ponsatí, aunque esa reflexión no ha tenido continuidad en el mundo del independentismo.

Fue también la evidencia del callejón sin salida al que nos había conducido la renuncia a hacer política. Por la negativa de Rajoy a canalizar democráticamente un conflicto que el PP había alimentado desde sus inicios y por la incapacidad de los partidos independentistas para aprovechar alguna de las pistas de aterrizaje suave que otras fuerzas políticas catalanas le venían ofreciendo.

Ese Pleno también fue un punto de no retorno en la radicalización del conflicto. La aprobación de la Ley de Transitoriedad puso de manifiesto la victoria dentro del independentismo de la estrategia de quemar las naves.

Pero esos días pasaron más cosas. Se hizo evidente el deterioro de la cultura democrática de nuestro país. La idea de que en democracia la mayoría lo puede todo es la más antidemocrática concepción de la democracia. Quizás el conflicto catalán no haya sido el detonante sino que simplemente ha servido para hacer emerger un problema preexistente, la debilidad de nuestra cultura democrática.

Una prueba de ello la tenemos en el grave deterioro del lenguaje. Desde entonces los calificativos de golpe de estado, dictadura, fascismo, exilio o presos políticos se han utilizado de manera abusiva por algunas fuerzas políticas y medios de comunicación al servicio de una estrategia para afianzar sus posiciones cerradas, dogmáticas. Confirmando que, cuando el debate político gira sobre el eje identitario, las posiciones no buscan la moderación, sino la crispación con la que afianzarse en sus verdades absolutas.

También se puso de manifiesto ―y los procesos judiciales lo confirman― que los tribunales tienen una lógica y unos tempos distintos a los de la política y que cuando se ponen en marcha pueden llegar a ser incontrolables. Y que las categorías políticas y jurídicas de que disponemos para analizar situaciones como estas son decimonónicas y no sirven ni para interpretar lo que está pasando y mucho menos para juzgarlo penalmente.

A doce meses vista ya es evidente que el proceso y todo el conflicto que ha disparado no han servido para avanzar políticamente a Catalunya, sino todo lo contrario. Catalunya ha entrado en una fase nacionalmente depresiva. Me temo que estos años van a pasar a la historia como los de mayor retroceso nacional de Catalunya y no solo por lo que se consideran ataques externos. Una nación, que no es más que una construcción política, requiere de una comunidad cohesionada, y Catalunya nunca ha estado más fracturada como comunidad que en estos momentos. Incluso en aspectos que han sido la clave de bóveda del catalanismo, como el modelo educativo.

Un año después de aquel momento no queda claro que los principales protagonistas hayan aprovechado el tiempo para sacar lecciones de estos doce meses. Es cierto que la moción de censura y el cambio de Gobierno han generado un cambio de clima, condición necesaria pero no suficiente. Pero en paralelo se ha incentivado la batalla dentro de la derecha española, una batalla que arrastra a sus contendientes hacia los extremos. El Gobierno Sánchez ha apuntado una posible propuesta, pero más allá del rechazo del independentismo es una propuesta que carece de una condición imprescindible: el acuerdo de las fuerzas políticas españolas. Espero que hayamos aprendido que este conflicto requiere de mayorías amplias para ser desbloqueado.

Desde la perspectiva del independentismo tampoco parece que se haya aprovechado el tiempo. Quizás aún es pronto para descomprimir tanta tensión. Veremos, pero de momento se continúa hablando del 1 de octubre como de un referéndum de autodeterminación y del mandato democrático surgido de las urnas, de la construcción de la República y de otras muchas cosas que hacen pensar que desde el puente de mando del independentismo ―si lo hay― se pretende mantener la ilusión con más ficción.

En mis momentos de optimismo genético pienso que las dificultades para una lectura útil del 6 y 7 de setiembre son solo una cosa pasajera. Que estamos en un tránsito que no puede ir más rápido. Y que, mientras en el horizonte estén esperándonos el juicio contra los dirigentes independentistas y las próximas elecciones del mes de mayo ―o las que se puedan anticipar― los incentivos para no querer entender son muchos y muy compartidos.

Y en mis momentos de optimista bien informado me atrapa la pesadilla de pensar que, como en todo el mundo, la reacción ante una globalización que genera desigualdades, miedos, incertidumbre y hasta pánico nos conduce a décadas en las que el nacional-populismo será visto por mucha gente como un refugio en el que encontrar seguridad ―solo aparente―. Y que los conflictos identitarios hegemonizarán nuestra vida durante algunos años.

Desearía fervientemente que mis genes optimistas le ganaran la partida a la realidad.

[Fuente: infoLibre]

5/9/2018

Rafael Poch de Feliu

Una guerra contra el proyecto chino

Las barreras comerciales de Trump contra China significan el inicio de la guerra contra la “Nueva ruta de la seda”, el único proyecto abierto, integrador, universalista y no basado en la lógica de la imposición del más fuerte que existe en el mundo de hoy.

Donald Trump ha lanzado esta semana aranceles por valor de 2000.000 millones de dólares contra productos chinos que se suman a anteriores medidas. No tiene que ver con aluminio, ni coches ni acero, como ocurre con Europa, sino que hay que leerlo como una exigencia a que China renuncie a su ascenso al estatus de gran potencia. Y esa exigencia está respaldada militarmente. Es decir, la guerra comercial que Washington ha declarado tiene grandes posibilidades de ser prolegómeno de una guerra propiamente dicha, una guerra militar. Veamos por qué.

La política china está ganando peso y prestigio en el mundo desde cualquier punto de vista con su llamada “Nueva ruta de la seda” (Belt and Road Initiative). Los desórdenes del presidente broncas colocan a Xi Jinping en el papel de serio y previsible estadista de proyección mundial. Su prudencia y previsibilidad contrastan aún más al lado de la oferta que Estados Unidos viene lanzando al mundo: una oferta basada en la fuerza, mayormente militar, y regida por la fórmula, “o estás conmigo, o estás contra mí”. Al lado de eso, la “Nueva ruta de la seda” puede leerse como alternativa sostenible: el único proyecto abierto, integrador, universalista y no basado en la lógica de la imposición del más fuerte que existe en el mundo de hoy. ¿Qué significa?

De puertas adentro: tercera fase desde 1949

Para China la “Nueva ruta de la seda” es la tercera gran fase desde el establecimiento de la República Popular en 1949. La primera fase fue la revolución maoísta que levantó al país del suelo. La segunda, sobre los cimientos de la revolución, fue la modernización económica de Deng Xiaoping y sus sucesores. Esa modernización se hizo en el bien entendido de que China debía ser prudente y humilde en la esfera internacional: no meterse en conflictos ni presentar ambiciones que comprometieran su prioridad de desarrollo interno en una etapa tan delicada. Con Xi Jinping se llega a la tercera gran fase: definir y afirmar el papel de China en el mundo.

Tras el impulso económico y modernizador de las últimas décadas, la intervención directa de China en los asuntos mundiales se ha convertido en condición de la continuidad del ascenso chino. Y eso no solo por la necesidad de estabilizar y garantizar los suministros que alimentan su fábrica global: por una simple cuestión de la escala adquirida por su poderío, la prudente no intervención y discreción internacional pregonada por Deng Xiaoping ha comenzado a quedarse desfasada. Los imperativos del mismo “ascenso chino” que hasta hace poco exigían discreción, exigen ahora una mayor intervención en el mundo.

De puertas afuera: asumir responsabilidades globales

Desde el punto de vista de las relaciones entre grandes potencias China ha iniciado con esta tercera fase el primer movimiento del relevo hacia el papel de superpotencia. Lanzada en septiembre de 2013, la nueva ruta de la seda es un gran proyecto de integración económica de Asia, África y Europa mediante colosales inversiones en infraestructuras. Una red de corredores energéticos, vías de comunicación y transporte terrestres y marítimas, e integraciones financieras, destinada a afianzar y expandir la economía global. Con su lanzamiento previsto para el 2021 y una perspectiva hasta el año 2049, ya implica, como proyecto, a una sesentena de países -muchos de ellos sin más cálculo que recibir inversiones chinas- que representan el 70% de la población mundial, el 55% del PIB y el 75% de los recursos energéticos globales conocidos. La iniciativa se basa en tres principios; apertura hacia todos los países, carácter integrador basado en el respeto a la idiosincrasia y opciones de desarrollo de cada uno de ellos, y normas de mercado. El resultado implícito de esta iniciativa es crear un nuevo paradigma geopolítico alternativo al del hegemonismo. En Washington lo entienden perfectamente y lo ven como un verdadero desafío al dominio de Eurasia y de la economía mundial ejercido por Estados Unidos. Y no están dispuestos a permitirlo. Si todo eso funciona, el ascenso de China solo puede ser detenido por la guerra.

¿Primera salva comercial de un conflicto militar?

De momento ha comenzado como guerra comercial -ignorando el hecho de que el 40% de la exportación china al resto del mundo procede de multinacionales americanas y europeas instaladas en China- sin embargo el pivot to Asia (el traslado al entorno de China del grueso de la fuerza aeronaval de Estados Unidos) y los incidentes y tensiones en el Mar de la China meridional, avisan de una dinámica militar bien concreta y conocida. Eso, y no las simplezas del “segundo Mao” publicadas con tanta frecuencia en nuestros medios de comunicación, es lo que explica los poderes ampliados de los que Xi Jinping ha sido dotado: esperando una fase turbulenta que incluye tensión militar en el mejor de los casos y conflicto abierto en el peor, los dirigentes chinos se han puesto un cinturón de seguridad, algo que no tiene nada que ver con Mao, de la misma forma en que la sociedad china actual no es la de entonces.

Con eso en las previsiones, el objetivo militar chino a medio plazo no es desafiar el dominio militar global de Estados Unidos, un objetivo que sería irreal, agotador y extremadamente peligroso, sino sembrar dudas entre los generales americanos sobre las posibilidades de una victoria de Estados Unidos en un pulso militar regional en el Mar de China meridional, donde se acumulan las tensiones del pivot to Asia.

La estrategia de China se dirige a disolver las alianzas de Estados Unidos en Asia Oriental y el Pacífico occidental. Pekín considera esas alianzas reliquias de la guerra fría y confía en que su peso comercial con los países de la región implicados -que ya es superior al de Estados Unidos- sea determinante en ese proceso de disolución. Al mismo tiempo, China fortalece su potencial aeronaval.

Con Xi Jinping se ha realizado un cambio radical en la estructura de las fuerzas armadas chinas y en la doctrina militar de China, constata el ex primer ministro australiano Kevin Rudd, uno de los raros gobernantes occidentales que habla y lee chino. El objetivo es, “sembrar la duda sobre la capacidad de Estados Unidos de vencer en un conflicto militar con China en la región alrededor de las islas en disputa y en el propósito de defender Taiwan”, dice Rudd. Muy pronto, China podrá desafiar el dominio militar regional (que no global) de Estados Unidos allí. Las primeras salvas de esta guerra están siendo disparadas con munición comercial, pero no hay que engañarse: no tiene que ver con comercio, tiene que ver con dos ofertas para diseñar el futuro. Todos los escepticismos sobre el futuro papel de China en el mundo son legítimos, pero de esas dos ofertas solo una es militarista.

[Fuente: Blog del autor]

20/9/2018

Agustín Moreno

Chisgarabís de aparato

Tras la moción de censura y la retirada de Rajoy se abrió el melón sucesorio en el Partido Popular. El mejor colocado era Núñez Feijóo. Podía haber sido elegido nuevo líder del partido prácticamente sin discusión, pero con buen criterio decidió no presentarse. Quizá, su temor a las guerras de dossieres y sus pasadas relaciones con un narco paisano le llevaron a dar un paso atrás y seguir en Galicia, territorio conocido. Pero hete aquí que, junto a la candidatura de la exvicepresidenta del Gobierno y niña mimada de Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría, se presenta como candidato Pablo Casado, un joven diputado del PP que había tenido un ascenso meteórico desde las Nuevas Generaciones tutelado por Aznar y Esperanza Aguirre. Aunque estaba bajo sospecha pública por sus estudios, él no tuvo ninguna duda y optó por una fuga hacia adelante quizá también para blindarse. Como levantaba menos rechazo que Saénz de Santamaría, fue elegido nuevo presidente del PP.

Pablo Casado se dio a conocer en 2008 con aquel discurso agresivo y desparpajado que hizo las delicias del partido y donde insultaba a la izquierda y a los familiares de las víctimas del franquismo: “…la inmensa mayoría de los jóvenes españoles son del PP y aún no lo saben. Si es que en pleno siglo XXI no puede estar de moda ser de izquierdas, son todos unos carcas, están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la Memoria Histórica”.

Cachorro del aparato del partido, no ha tenido nunca un trabajo normal ni en la empresa privada ni como empleado público. Cuando debía estar estudiando se dedicaba a pillar cargos públicos: asesor del gobierno de Aguirre por 50.000 euros con 23 años y sin ninguna titulación, presidente de Nuevas Generaciones, diputado autonómico de Madrid desde 2007, jefe de gabinete del expresidente Aznar de 2009 a 2012 o diputado en las Cortes desde 2011. En su precocidad política, saltando de la nada al cargo y al sueldo público, están sus dificultades para aprobar la carrera, su retraso académico y su afán por tunear el currículum con másteres y cursos. No es la mejor educación política que el ascenso de los dirigentes se base en las intrigas y los medros desde los aparatos de los partidos. Trepar distrae de estudiar y el complejo de no tener titulaciones académicas, cuando se anda sobrado de ambiciones, es quizá el origen de todo lo sucedido. Desgraciadamente, no es ni el único caso ni el único partido político donde se produce.

En el plano académico empezó a estudiar Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y se le atragantó. He podido leer a compañeros suyos que dicen que era muy simpático y hablador, pero no debía estudiar mucho cuando de 1999 a 2004 apenas aprobó la mitad de la carrera y agotó las convocatorias. Tuvo que trasladarse al CES Cardenal Cisneros, un centro privado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y cuyos cargos los nombraba el gobierno de Esperanza Aguirre; de hecho Lucía Figar era la presidenta del patronato del centro de estudios. Allí acabó de forma exprés la carrera. Después de salir elegido diputado autonómico de Madrid en 2007, aprobó en cuatro meses el 48% de las asignaturas, algo que los expertos consideran imposible sin recibir “ayudas” ni por alumnos con altas capacidades, que no parece el caso. Según dijo el exdirector del centro, Alberto Pérez de Vargas, recibía presiones de Esperanza Aguirre para pedirle favores académicos: “Hombre, cuídame a este chico, que tengo mucho interés”. Aguirre lo ha negado y ha llegado a decir que “A lo mejor llamó alguien haciéndose pasar por mí”. Según publicó El Mundo hubo profesores que afirmaron que “le regalaron parte del título”. Pero el dato significativo a retener es que aprobó casi media carrera en solo cuatro meses, cuando le costó cinco años en ICADE cursar la otra mitad.

Después de aquella experiencia debió de pensar que era muy fácil engordar el currículo si se tenían amigos para construir la ficción. Se graduó en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad Rey Juan Carlos. Y vinieron los plagios de trabajos y el máster regalado según dice la jueza instructora del caso. O sus estudios que él llama de “posgrado” en Harvard y Georgetown; cursos que en realidad hizo en Aravaca (Madrid) en cuatro días no metafóricos, sin tener que hacer ningún examen y becado por ser parlamentario. Con esa impostura propia de un fantasmón, también se presentó como profesor visitante de Georgetown, cuando solo había dado alguna conferencia.

Al saltar el escándalo del máster de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos, que le llevó a dimitir, se destapa una trama que salpica de forma directa a Casado. Se apresuró a desmentir su implicación y a enseñar desde lejos las portadas de unos pocos folios como sus trabajos de fin de máster. Pero la justicia abrió una causa por el “caso Máster” y la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, desplegó una pieza separada para investigar cómo consiguió el máster Pablo Casado. La jueza imputó a otras tres alumnas del mismo máster. No lo pudo hacer con Casado ya que al ser diputado está aforado y es el Tribunal Supremo el que tiene que decidir. Pero sí concluyó la instrucción diciendo que fue conseguido el título “a modo de prebenda” y pidiendo al Supremo que fuera imputado por cohecho impropio y prevaricación administrativa.

Hasta aquí lo que podríamos llamar las hazañas académicas. Políticamente hay que decir que Casado es muy de derechas. Sionista convencido ha sido fundador del think tank “Friends of Israel Initiative”. Admira a Aznar como su “referente político e ideológico”, compite con Rivera a ver quién se lleva el voto de la ultraderecha, es irresponsablemente xenófobo con la inmigración y no duda en propagar bulos como el de los millones de personas agazapados en el norte de África para invadirnos, catalanofóbico…. No parece muy fino, sino más bien de brocha gorda y provocador cuando llama asesino al Che Guevara, compara el futuro de Puigdemont con el presidente republicano de la Generalitat fusilado Lluis Companys, cuando afirma que el trabajo de las kellys es como el de un médico, cuando llama imbécil a Javier Bardem o la última boutade de ¡Viva el rey! cada vez que se estornuda. Sí que parece que ha logrado frenar la caída electoral del PP, ayudado por la errática y torpe política de Ciudadanos.

Ahora bien, los casos de los másteres (incluido el de la dimitida ministra Carmen Montón) han hecho un gran daño a la Universidad Pública, a sus estudiantes que se dejan la piel luchando por aprobar, a sus familias que hacen sacrificios económicos importantes, a la proclamada cultura del esfuerzo y al todos somos iguales. En el caso de Pablo Casado es un escándalo, que ya se conocía durante el proceso de elección del nuevo presidente del PP. Por eso la pregunta es: ¿tan mal anda el PP para apostar por un líder mediocre y con plomo en las alas por estar bajo todas la sospechas por sus trapacerías con el título, el máster y sus cursos? Casado cree que si el Supremo no le imputa todo pasará y a ello se confía. En el PP lo tienen muy claro y lo ha dicho Rafael Hernando: “No se va a producir” la imputación. Pero están equivocados. Siempre puede haber sospechas sobre la objetividad de una sala que tiene una composición muy mayoritaria de jueces conservadores, entre ellos el juez Llarena. Pero, sobre todo, existirá la duda sobre la preparación académica y política de una persona que dirige el principal partido conservador de España y que aspira a ser presidente del Gobierno de la nación. Para afrontar las graves dificultades que tiene el país se necesitan dirigentes con estatura política y moral, no chisgarabís de aparato.

[Fuente: cuartopoder.es]

18/9/2018

Rafael Poch de Feliu

Siria, vivir peligrosamente

Occidente no está dispuesto a dejar caer a sus amigos yihadistas y amenaza con ataques. Rusia cede, le derriban otro avión e intenta no perder la cara.

En las últimas semanas la guerra de Siria nos ha hecho vivir peligrosamente. Se daban todos los ingredientes para un incidente militar e incluso un conflicto, entre Estados Unidos y Rusia; cruce de amenazas, gran despliegue de fuerzas militares en la zona, y sobre todo ausencia de canales de contacto entre las partes implicadas. No faltaba nada.

Las amenazas occidentales de ataques militares si Rusia y el gobierno de Damasco se atrevían a poner punto final a su victoria arrollando militarmente a nuestros amigos yihadistas de Idlib, llevaron a Rusia a pactar con Turquía la cancelación de su ofensiva contra aquel reducto. Los occidentales, Estados Unidos, Francia e Inglaterra (hasta en Alemania se discutía una participación militar claramente anticonstitucional), ya adelantaban el casus belli para justificar su intervención: la profecía de que Damasco utilizaría armas químicas.

Los gobiernos y medios de comunicación occidentales afirman que eso ya ha sucedido en varias ocasiones (Houla, Ghuta y Jan-al-Assal) incluida la víspera de la llegada de una delegación de la ONU a Damasco para inspeccionar, precisamente, el desarme químico del régimen. La naturaleza y paternidad de tales ataques está todo menos clara, no así el beneficiario de tales noticias. Supuestos o reales, esos ataques casi siempre han aparecido cuando el régimen estaba registrando un avance militar significativo en la guerra. Ahora, el anuncio occidental de su posibilidad, parecía un preparativo y una amenaza para el caso de que Rusia y Siria pusieran algo parecido a un punto final al grueso de la guerra acabando con el último reducto yihadista importante.

El mensaje de la OTAN es claro: no aceptaremos una derrota en esa guerra que haga desaparecer a nuestros amigos yihadistas del escenario. Ante esa presión Rusia pospuso su ofensiva. Ese fue el resultado de los inquietantes tanteos y despliegues militares sin precedentes que ponen en contacto a potencias nucleares en bandos contrarios en la zona. Pero hubo algo más.

Zanjada esa tensión por la decisión rusa, el lunes por la noche fue derribado un nuevo avión militar ruso en la región. El oso ruso gruñó, pero Putin, consciente de los riesgos que corre, ha decidido rebajar el asunto. ¿Fue una batería antimisiles de Damasco la que lo derribó por error el avión ruso, como se ha dicho? ¿Fue el enésimo raid aéreo israelí el causante del accidente con fuego amigo que costó la vida a quince soldados rusos? No sabemos qué ocurrió. En este asunto es importante no perder la cara. En cualquier caso Putin ha optado, de nuevo, por la opción menos mala: rebajar el incidente. No es la primera vez.

El 12 de septiembre de 2016 la aviación de Estados Unidos bombardeó Siria pocos días después de que Moscú llegara a un acuerdo con el Secretario de Estado John Kerry para evitar colisiones militares e incluso cooperar con información. Oficialmente murieron entre 64 y 84 soldados sirios y otros cien resultaron heridos. ¿Hubo también víctimas rusas y se silenciaron para no perder la cara? No lo sabemos, pero el bombardeo estuvo claramente dirigido a reventar el acuerdo alcanzado. El propio Kerry declaró tres meses después que, “por desgracia tenemos divisiones en nuestras propias filas que hacen extremadamente difícil cumplir el acuerdo (alcanzado con los rusos), tenemos gente en nuestro gobierno que se opone enérgicamente” (Boston Globe, 18 de diciembre de 2016). Tras dejar el cargo Kerry fue aún más claro, acusando directamente al Pentágono de boicotear el acuerdo. “Por lo visto, los militares no hacen caso al comandante en jefe (entonces Obama)”, le dijo a Putin su ministro de exteriores Sergei Lavrov. “Hay gente en Washington que está haciendo todo lo posible para impedir que estos acuerdos sean aplicados”, dijo Putin en octubre de 2017 (Foro de Valdai).

Las cosas siguen igual (si no peor) con Trump. Occidente, y Estados Unidos en primer lugar, no acepta la recuperación militar de Rusia. Que haya respondido militarmente en Ucrania, reunificando Crimea, y que haya impedido la operación de cambio de régimen en Siria, es algo que no se perdona y que se quiere castigar, para evitar que otros sigan el ejemplo. Todo ello no hace sino evidenciar el enorme riesgo que Rusia (66.000 millones de dólares de gasto militar) asume ante un adversario mucho más poderoso que ella como es la OTAN (954.000 millones).

Estamos en el tablero de un desequilibrado juego sin normas y eso nos hace vivir aun más peligrosamente que durante la guerra fría, cuando había un aparente equilibrio de fuerzas, canales y acuerdos para evitar riesgos.

[Fuente: Blog del autor]

21/9/2018

Rafael Poch de Feliu

¿Un trumpetazo del Apocalipsis?

Los beneficios ocasionados al mundo por el presidente broncas no compensan sus daños.

Las enormes polémicas alrededor de las incoherencias y brutales teatralizaciones de Trump, alrededor de la leyenda macartista de su antipatriótico y subterráneo juego con Rusia que explicaría su victoria electoral, y de otras distracciones, han conseguido difuminar aquello en lo que el presidente de Estados Unidos está siendo extraordinariamente consistente y catastrófico; su negacionismo del calentamiento global, su belicismo mimando al complejo militar industrial y aprobando una doctrina nuclear aún más peligrosa e insensata que las precedentes, su favor a los beneficios de los más ricos, sus apoyos incondicionales a los desmanes y violaciones de Israel, su política de cuadros, nombrando a dementes belicistas como John Bolton en puestos claves de su administración, y su denuncia del acuerdo nuclear alcanzado con Irán.

Al lado de todo eso, sus improbables avances con Corea del Norte y sus esfuerzos para una mejora de relaciones con Rusia para concentrarse más y mejor en apretarle los tornillos a China, son poca cosa. Además, es muy improbable que prosperen.

Por su propio estilo, Trump será difícilmente objeto de confianza. ¿Quién podría confiar en un acuerdo con quien se ha desdicho del alcanzado y firmado con Irán en julio de 2015? Nadie en su sano juicio. Desde luego no el régimen de Corea del Norte, que ya llegó a un acuerdo de desarme nuclear con la administración Bush en septiembre de 2005 que los Estados Unidos violaron a continuación en sus principales preceptos. Tampoco Putin, que constata que cuanto más retórica amistosa le dedica Trump, tanto más fuertes son las sanciones y las presiones militares de Estados Unidos contra Rusia.

El presidente broncas va acumulando un gran resentimiento global en su contra. Su retirada del acuerdo de comercio con los países del Pacífico ha decepcionado a Japón y a otros socios ribereños acostumbrados a seguir la estela de Estados Unidos. El acuerdo se cerró de todas formas, en marzo de 2017, pero sin Estados Unidos, y Japón firmó demostrativamente a continuación otro acuerdo comercial con la Unión Europea en julio de 2018. El abandono del acuerdo con Irán y las subsiguientes amenazas de sanciones a las empresas europeas, han contrariado a los socios europeos, ya irritados por las nuevas exigencias de Estados Unidos en la OTAN y por la infame retirada del acuerdo del clima.

El desorden incrementado que Trump ha introducido con todo esto en el mundo y con su pelea interna en Washington, solo es una buena noticia en lo que tiene de desgaste y desprestigio de la potencia americana, es decir en el principal factor de guerra en el mundo de hoy (trece guerras desencadenadas por Estados Unidos al precio de 14 billones de dólares en los últimos treinta años, en la cuenta facilitada en la ultima conferencia de Davos). Como ha dicho Immanuel Wallerstein, “tenemos suerte que Trump sea tan estúpido de golpear de forma tan brutal a su propio campo”. Pero los riesgos y perjuicios en todos los demás frentes son demasiado concretos como para nivelar la balanza. Sobre todo cuando no sabemos cuanto durará Trump. Podemos suponer que, desgraciadamente, la paralizante pelea interna en Washington no será eterna.

De momento, las nuevas brechas en la OTAN, en la economía occidental o en el G-7, que son buenas noticias para la estabilidad y paz del mundo, no compensan los desastres apuntados en belicismo, Oriente Medio, o el clima, pongamos por caso. Un conflicto armado con Irán, cuya consecuencia inmediata sería el cierre del estrecho de Ormuz y la interrupción de un flujo petrolero vital para Europa y Asia Oriental, podría ser aun más catastrófico que la última guerra de Irak. Aún más, depende cómo evolucione en Washington la presión institucional interna contra Trump, por ejemplo si se llegara a la perspectiva de un procedimiento de destitución, desencadenar una guerra podría ser el gran recurso salvador de este bufo personaje. Después de todo, Bill Clinton bombardeó Sudán con misiles en agosto de 1998 para difuminar la declaración, aquel mismo día, de Mónica Lewinsky. ¿Por qué no podrían organizar unos fuegos artificiales aún más grandiosos personajes como Bolton o Trump, en su búsqueda de una solución para sobrevivir?

[Fuente: Blog del autor]

14/9/2018

Joan M. Girona

¿Cómo educar mientras asesinan a miles de personas que quieren llegar a Europa?

El último curso escolar acabó con la llegada de barcos llenos de personas inmigrantes a los puertos de Valencia y Barcelona, y también con la muerte de muchas más ahogadas en el mar Mediterráneo.

Vivimos el rescate de las doce criaturas y su monitor en una cueva de Tailandia: los medios de desinformación y las redes sociales estuvieron muy pendientes de su suerte. Mucha menos repercusión tuvieron (y tienen) los niños muertos en el Mediterráneo.
Continuamos viviendo en un mundo donde crecen las desigualdades, los comportamientos racistas, la explotación de las personas y la hipocresía de los que tienen poder. Todo lo contrario de lo que queremos inculcar en las aulas muchos maestros y, desde casa, muchas familias. Puede ocurrir que muchos niños vivan como algo habitual el ahogamiento sistemático de miles de inmigrantes; o bien, ver tratado como ilegal o delincuente a quien no ha cometido otro delito que intentar llegar a otro país porque en el suyo no tiene futuro.

Colaboración, cooperación, empatía... palabras y conceptos que empiezan a estar vacíos en la vida cotidiana. Lo que está pasando en el mundo es muy grave, y en nuestro país quizás nos distraemos con rupturas y discusiones egoístas. Los que tienen el poder nos dicen que la civilización occidental es superior a otras culturas; pero se comporta como depredadora, como asesina de los inferiores, de los que no necesita para aumentar los beneficios de los pocos que controlan la economía. A estos les interesa mano de obra barata competente y sobre todo competitiva; quien no puede trabajar no hace falta, no consume y no es útil al sistema. En medio de esta ideología dominante están creciendo niños y adolescentes y hay quien se extraña de que aumenten los comportamientos insolidarios, clasistas, machistas... que se dan continuamente en los países europeos; el nuestro no es una excepción. Porque la ideología dominante es neoliberal, quiere privatizar pensiones, sanidad, enseñanza; propone caridad y no justicia para compensar las enormes desigualdades.

En las aulas no podemos ocultar lo que pasa, nuestro alumnado lo está viviendo día a día como decíamos: hay que hablar, explicarlo claramente, denunciar las situaciones de injusticia, sin miedo a adoctrinar. Sólo dicen que adoctrinamos los que promueven los ahogamientos de tantas y tantas personas: éstos no quieren que pensemos, que critiquemos, que lo conozcamos. Prohíben ayudar a las personas desvalidas, amenazan con condenarnos como cómplices de delincuentes.

Para enseñar, para educar críticamente es necesario hacerles frente, hay que incidir en las competencias que implican solidaridad, cooperación, ayuda mutua, trabajo en equipo... Así ayudaremos al alumnado para que pueda transformar esta sociedad, este sistema que mata sin piedad, que aumenta las desigualdades entre países y entre personas que se ven obligadas a mendigar vivienda o trabajo digno; que son víctimas de las guerras; unas guerras que sólo tienen por objetivo aumentar los beneficios, aumentar los negocios, aumentar las diferencias de sueldos entre personas; y marginar, dejar morir de hambre a las sobrantes para sus intereses.

Cuántas criaturas sin futuro! Cuántas personas que quieren lo mejor para sus niños deben ver cómo mueren, o se los quitan, o los pierden... ¿quien se hace cargo de tanta angustia, tanto miedo, tanta miseria, tanta rabia?

Hemos hablado de los atentados en París y en Barcelona..., de las violencias de nuestro país y hemos visto consecuencias para la educación futura de pequeños y mayores... Lo que está pasando a las puertas de Europa (puertas blindadas) nos hace ser más egoístas, más cerrados en nosotros, menos solidarios, más competitivos... ¿Hasta cuándo lo consentiremos? ¿Hasta cuándo tendremos que comentar en las aulas para aportar un poco de solidaridad, un poco de empatía, de estima hacia tantas personas abandonadas, olvidadas, marginadas?... No podemos hablar de inclusión si colaboramos activamente o por omisión a la marginación de personas humanas, tan humanas como nosotros mismos.

Hemos denunciado la existencia de guetos escolares en nuestro país: tenemos que denunciar que hay guetos muy graves cerca de Europa, de España, de Cataluña. Hemos denunciado y continuamos denunciando los desahucios que sufren familias enteras con criaturas incluidas... Y ¿qué es, si no, lo que sufren las familias desahuciadas de sus países?

Desde los centros escolares podemos luchar contra las segregaciones humanas: no segregando nadie en las escuelas ni en las aulas. Migrantes de países pobres, gitanos con pocos recursos, familias empobrecidas... no están en plan de igualdad para elegir centro. Como quien quiere entrar en Europa y no está en igualdad de condiciones para hacerlo. Quizá no podemos ir al mar a salvar vidas, puede que no podamos cambiar por completo el sistema que lo permite y lo impulsa..., pero podemos hacerlo en casa, en el barrio, en la ciudad y en la Escuela. Cuando segregamos alumnos con desventajas de cualquier tipo o clasificamos por niveles estamos reproduciendo este mundo injusto. Estamos colaborando con aquellos que aumentan las desigualdades. En una escuela sólo hay alumnado, a secas, sin adjetivos, como dejó escrito Pere Pujolàs.
Porque si hay personas que lloran cuando su equipo pierde un campeonato y no lloran al ver tantas personas y criaturas ahogadas, significa que no hemos conseguido que la solidaridad sea un valor para la mayoría. Si exigimos el respeto a los derechos humanos en nuestro país, debemos ser coherentes y exigir el mismo respeto a los derechos de todas las personas. De las que son perseguidas en Marruecos y expulsadas en el desierto con el apoyo económico y político de los gobiernos europeos; de las criaturas muertas, asesinadas en Yemen o en Palestina ante la indiferencia de mucha gente.
Personas diferentes en etnia, color, lengua, género, religión... pero iguales en derechos y dignidades humanas.

Evidentemente las administraciones que tienen competencias y responsabilidades deberían ser las primeras en actuar; pero difícilmente lo harán. Los intereses de clase o electorales hacen que mantengan las segregaciones. Continúan separándonos: escuelas privadas, concertadas, públicas. Continúan no frenando las segregaciones dentro de los centros escolares. Continúan no impulsando decididamente una enseñanza y una educación inclusivas de verdad. Nos toca al profesorado y maestros que queremos educar el hacerlo en nuestro ámbito de trabajo y de responsabilidad.

Joan M. Girona es maestro y psicopedagogo

[Fuente: Versión publicada en catalán en: Diari de l'Educació, 20.09.2018]

20/9/2018

El extremista discreto

El Lobo Feroz

Revoltillo

Derecha dura en la UE

Cada día peor. Entramos en una UE y estamos en otra. Aquella era neoliberal y ésta también, pero de extrema derecha. Aquella no era muy grande; ésta ha ido recogiendo a los peores regímenes políticos que quedaban en el continente.

Para este viaje no hacían falta alforjas. Cuando entramos en la UE la derecha de aquí estaba a la defensiva. Ahora tiene muchísimos aliados fuera: en la UE.

Teatro Nacional de Catalunya

El Teatro Nacional de Catalunya ha estrenado con cierto eco social la primera obra de la temporada: un monólogo del Sr. Torra, un president de la generalitat que no habla en el parlament porque allí le pueden interpelar. Interpretó, seguramente a platea vacía pero ante las cámaras, una obra experimental moderna: un abrasivo monólogo de ficción. Vean si no: “Nuestra causa es más respetada que nunca por la comunidad internacional”; “Aquí nadie ha huido de la justicia”; “Hemos sabido priorizar la unidad, porque el proyecto de la independencia es inclusivo”.

Parece que usó ‘inclusivo’ para excluir ‘incluyente’. ¿O traducía mal del catalán?

Trump tiene un soplón

Noticia interesante: un soplón anónimo afirma que un grupo de altos funcionarios del gobierno americano procura limar o echar atrás, vigilantemente, las peores decisiones de Trump.

Lo nuevo es que alguien haya desvelado eso. Por lo demás, desde hace mucho sospechábamos que algún grupo de altos funcionarios norteamericanos se encargaba de mantener viva la política armamentista del gobierno Usa fuera quien fuera quien estuviera en la Casa Blanca, tanto si era expansionista como aislacionista.

De mi Archivo

La historia de la Universidad Rey Juan Carlos, con ese chiringuito expendedor de titulaciones (convertibles en fuegos de artificio), es una exagerada exageración de algo que ocurre en general en las universidades de este país: cosas que nos hacen sentir vergüenza ajena.

Pero no solo dan vergüenza ajena las convalidaciones. Juzgad el cuestionario que la Universidad de Barcelona hizo circular en enero de 2005, para “facilitar la colaboración entre el profesorado y los medios de masas”, o sea las televisiones. En el cuestionario, en catalán por supuesto, los profesores han de incluir sus datos y luego optar entre diversas modalidades de colaboración. Entre otras (traduzco literalmente, que en este caso es mejor): “Sólo colaboraré con un medio de comunicación si es cobrando”, “Acepto colaborar y no tengo ningún inconveniente en que me llamen directamente”, etc. Luego esta universidad tan adaptada al mundo globalizado solicita los datos bancarios para el pago: “Datos para el pago (Datos de uso interno que nunca se harán públicos)”.

Párrocos, alcaldes y altavoces

En los años sesenta, coincidiendo con los veinticinco años de paz —o sea, de fusilamientos, prisiones, torturas, saqueos, prohibiciones— del franquismo, no era nada excepcional que el párroco pusiera unos altavoces en el campanario para transmitir, con la misa de doce de los domingos, su sermón a quienes no iban a la iglesia. Nadie podía evitar aquella peste que ninguna autoridad civil, si se le hubiera ocurrido, se habría atrevido a parar.

(Creo que aquello acabó con Juan XXIII y el Concilio Vaticano.)

Ahora los alcaldes secesionistas catalanes, empezando por el de Vic, que por algo es la ciutat dels sants, hacen lo mismo: altavoces instalados en el ayuntamiento recuerdan a todos el objetivo de la secesión. Y nadie les para el tararí.

La verdad de los masters

Con la crisis el estado recortó substancialmente la financiación de las universidades y les dijo que espabilaran. Aparte de suprimir becas, elevar las tasas de las matrículas, congelar el sueldo de los profesores, las universidades inventaron los masters.

Llamaron así a lo que en las unversidades hispanoamericanas llaman, propiamente, cursos de maestría —el título de maestro, superior al de licenciado pero inferior al de doctor, es muy apreciado por ejemplo en México— por estimar, seguramente, que con el nombre en inglés la maestría vendería más. Porque el master, lectores, la agrupación temática de los que antes eran unos “cursos de doctorado”, es un título que se compra. O sea, que se vende. Un medio de las universidades para recaudar dinero. La prueba de lo que se afirma la da que nadie, o casi nadie, suspenda en un curso de master. Basta asistir más o menos clase y presentar un “trabajo”. Sabido es que en internet hay más de una bolsa de “trabajos”. Si se paga el costoso precio del master se obtiene un título en diferido. Las cosas son más bien laxas con los masters, como la opinión pública ha empezado a ver.

Los masters españoles eran muy apreciados en América porque en realidad resultaban baratos para quien tuviera una beca para subsistir uno o dos años en España. Las becas eran generosas en América Latina antes de la crisis. Ahora han desaparecido, y con ello el número de aspirantes a una maestría ha disminuido considerablemente. Resultado: ahora hay menos masters.

En la sociedad española la maestría carece de arraigo. En realidad los títulos académicos se han degradado escandalosamente, junto con buena parte de la enseñanza.

Eso no tiene ninguna gracia.

Item más: parece que ahora las comisiones de evaluación del profesorado universitario tendrán que leerse lo que los evaluandos les sometan. El indexado, abierto a tanta, tanta trampa, ya no contará tanto, tanto, como indecentemente ha contado. ¿Para cuándo unos catálogos detallados y fijos de criterios de evaluación? Sin eso, los catedráticos inmorales y los curricula hinchados seguirán apareciendo. ¿Por qué no dejarse de historias y abrir concursos abiertos para contratar profesores no funcionarios mediando tribunales o jurados que examinaran en concreto, con publicaciones a mano y no con listados de ellas, y en público, la capacidad de los solicitantes?

Pacem in Terris

Los trabajadores de Navantia quieren mantener sus puestos de trabajo aunque sea fabricando armas de guerra. Y las mujeres feministas se quejan de desigualdades de género en el ejército. Si bien se piensa, una cosa va con la otra.

Claro, con tanta consola de juegos de matar, ¿han pasado los tiempos en que la gente estaba En pie de Paz?

El Lobo que suscribe está en contra de la existencia del ejército. Pero si lo hay, lo prefiere de leva, y no me pregunten por qué: mejor lo piensan.

28/9/2018

Documentos

El Consejo de Derechos Humanos adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales

Después de varios años de discusiones y negociaciones, el 28 de septiembre el Consejo de Derechos Humanos ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. La resolución 39/12, que recoge la declaración, recibió 33 votos a favor, 11 abstenciones (Bélgica, Brasil, Croacia, Georgia, Alemania, Islandia, Japón, Corea, Eslovaquia, Eslovenia y España) y 3 votos en contra (Australia, Hungría y Reino Unido).

La declaración, un texto extenso y muy detallado que refuerza los derechos de las personas que trabajan en zonas rurales, tiene varios aspectos de enorme interés. Para empezar, las personas destinatarias de la declaración están establecidas de manera amplia: no solo se aplicaría a las personas que se dediquen a la agricultura, la siembra de cultivos, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, así como a las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones similares en una zona rural (y a familiares a cargo de los campesinos), sino también a los pueblos indígenas y comunidades locales que trabajan la tierra, a las comunidades trashumantes, nómadas y seminómadas y a las personas sin tierra, que participan en las actividades mencionadas, así como a los trabajadores asalariados, incluidos todos los trabajadores migrantes, independientemente de su condición migratoria, y a los trabajadores de temporada, empleados en plantaciones, explotaciones agrícolas, bosques y explotaciones de acuicultura y en empresas agroindustriales.

Además, la declaración incide particularmente en las adecuadas condiciones de trabajo y la protección frente a la explotación laboral, el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado y la protección frente al hambre y la pobreza. Pero además se proclama el derecho de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales a la tierra, individual y/o colectivamente, lo que incluye el derecho al acceso, el uso sostenible y la gestión de las tierras, las masas de agua, las aguas costeras, las pesquerías, los pastos y los bosques, a fin de alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar para vivir en seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura. Ello incluye también la protección frente al desplazamiento forzoso o, si ese desplazamiento ya se hubiera producido, el derecho de regresar a la tierra de la cual fueron arbitraria o ilegalmente privados, incluyendo en casos de desastres naturales y conflictos, y a que se les devuelva el acceso a los recursos naturales utilizados en sus actividades y necesarios para el disfrute de condiciones de vida adecuadas cuando sea posible, o a recibir una indemnización justa, equitativa y legal cuando no sea posible su regreso.

La sostenibilidad es uno de los ejes del texto. Junto con la obligación de los Estados de tomar todas las medidas necesarias para impedir el agotamiento y garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, uno de los aspectos más controvertidos para los Estados es la proclamación del derecho a las semillas de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Ello incluye en particular su derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; a participar en la distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; a participar en la toma de decisiones sobre cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura; y a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas o material de multiplicación conservados en las explotaciones agrícolas.

Aunque la aprobación de este texto supone un indudable avance para mejorar las condiciones de vida y los derechos del campesinado y de la población de áreas rurales, todavía no se puede cantar victoria, pues ahora debe pasar a la Asamblea General de la ONU para que esta lo adopte durante el actual período de sesiones, que concluye en diciembre. Sin embargo, sus aspectos más novedosos (como ocurre con el derecho a las semillas) junto con la amplitud del ámbito de aplicación personal de la declaración pueden encontrarse con resistencias por parte de los Estados miembros de la ONU. Por lo pronto, ningún Estado europeo ha votado a favor de la declaración, y algunos estados donde la población rural se encuentra más desprotegida, como Brasil, se han limitado a abstenerse. Sigue por tanto siendo necesario presionar a los gobiernos, puesto que, de adoptarse, la declaración tendrá —como su propio nombre indica— un efecto declarativo, de manera que no será obligatoria para los estados. En consecuencia, la efectividad de la declaración pasa necesariamente por lograr el consenso internacional más amplio posible, porque sin él se corre el riesgo de que el texto se quede en papel mojado y que poco o nada cambie para el campesinado y la población que trabaja en las áreas rurales. R.A.F.—Redacción de mientras tanto.

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Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales

El Consejo de Derechos Humanos,

Recordando los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas que reconocen la dignidad y el valor inherentes y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana como fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo,

Teniendo en cuenta los principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo y otros instrumentos internacionales pertinentes aprobados a nivel mundial o regional,

Reafirmando la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan ejercerse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él,

Reafirmando también la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,

Reafirmando además que todos los derechos humanos son universales e indivisibles, están relacionados entre sí, son interdependientes y se refuerzan mutuamente, y que todos deben tratarse de manera justa y equitativa, en condiciones de igualdad y asignándoles la misma importancia, y recordando que la promoción y protección de una categoría de derechos nunca debe eximir a los Estados de la promoción y protección de los demás derechos,

Reconociendo la especial relación e interacción de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales con la tierra, el agua y la naturaleza a los que están vinculados y de los que dependen para su subsistencia,

Reconociendo también las contribuciones pasadas, presentes y futuras de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales en todas las regiones del mundo al desarrollo y a la conservación y el mejoramiento de la biodiversidad, que constituye la base de la producción alimentaria y agrícola en todo el mundo, y su contribución para garantizar el derecho a una alimentación adecuada y la seguridad alimentaria, que son fundamentales para lograr los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

Preocupado por que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales sufren de manera desproporcionada pobreza, hambre y malnutrición,

Preocupado también por que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales sufren las cargas causadas por la degradación del medio ambiente y el cambio climático,

Preocupado además por el envejecimiento de los campesinos en todo el mundo y por que los jóvenes cada vez migran a las zonas rurales dando la espalda a la agricultura debido a la falta de incentivos y la dureza del trabajo de la vida rural, y reconociendo la necesidad de potenciar la diversificación económica de las zonas rurales y la creación de oportunidades no agrícolas, especialmente para los jóvenes de las zonas rurales,

Alarmado por el número cada vez mayor de campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales desalojados o desplazados por la fuerza todos los años,

Alarmado también por el gran número de casos de suicidio de campesinos en varios países,

Destacando también que las campesinas y otras mujeres de las zonas rurales desempeñan un papel importante en la supervivencia económica de su familia y mediante su contribución a la economía rural y nacional, en particular por su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, pero que a menudo se les niega la tenencia y propiedad de la tierra, la igualdad de acceso a la tierra, los recursos productivos, los servicios financieros, la información, el empleo o la protección social, y a menudo son víctimas de la violencia y la discriminación en diversas formas y manifestaciones,

Destacando además la importancia de promover y proteger los derechos del niño en las zonas rurales, incluyendo a través de la erradicación de la pobreza, el hambre y la malnutrición, la promoción de una educación y salud de calidad, la protección contra la exposición a productos químicos y desechos y la eliminación del trabajo infantil, de conformidad con las obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos,

Destacando también que hay varios factores que dificultan que los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, como los pequeños pescadores y trabajadores de la pesca, ganaderos, silvicultores y otras comunidades locales, puedan hacerse oír, defender sus derechos humanos y sus derechos de tenencia, y garantizar el uso sostenible de los recursos naturales de los que dependen,

Reconociendo que el acceso a la tierra, al agua, a las semillas y a otros recursos naturales es cada vez más difícil para los habitantes de las zonas rurales, y destacando la importancia de mejorar el acceso a los recursos productivos y a la inversión en un desarrollo rural adecuado,

Convencido de que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales deben contar con apoyo en su labor de promover y emplear prácticas de producción agrícola sostenibles que beneficien a la naturaleza, denominada también Madre Tierra en varios países y regiones, y estén en armonía con ella, incluso respetando la capacidad biológica y natural de los ecosistemas para adaptarse y regenerarse mediante procesos y ciclos naturales,

Teniendo en cuenta las condiciones peligrosas y de explotación en las que tienen que trabajar en muchas partes del mundo muchos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, a quienes se niega a menudo la oportunidad de ejercer sus derechos laborales fundamentales, y que carecen de salarios mínimos vitales y de protección social,

Preocupado por que las personas, los grupos y las instituciones que promueven y protegen los derechos humanos de quienes se ocupan de cuestiones relacionadas con la tierra y los recursos naturales corren un riesgo elevado de ser víctimas de intimidación y de que se atente contra su integridad física de múltiples formas,

Observando que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales a menudo tienen dificultades para acceder a los tribunales, los agentes de policía, los fiscales y los abogados, hasta el punto de que no pueden obtener reparación ni protección inmediatas en caso de violencia, abuso y explotación,

Preocupado por la especulación sobre los productos alimenticios, el aumento de la concentración y de la distribución desequilibrada de los sistemas alimentarios y las relaciones desiguales de poder a lo largo de las cadenas de valor, que menoscaba el disfrute de los derechos humanos,

Reafirmando que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan ejercerse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él,

Recordando el derecho de los pueblos a ejercer, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, su soberanía plena y completa sobre todos sus recursos y riquezas naturales,

Reconociendo que el concepto de soberanía alimentaria ha sido utilizado en muchos Estados y regiones para designar el derecho a definir los propios sistemas alimentarios y agrícolas, y el derecho a unos alimentos saludables y culturalmente apropiados producidos con métodos ecológicamente racionales y sostenibles que respeten los derechos humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener obligaciones respecto de otros individuos y de la comunidad a la que el o ella pertenecen, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en la presente Declaración y en la legislación nacional

Reafirmando la importancia de respetar la diversidad de culturas, y promover la tolerancia, el diálogo y la cooperación Recordando el amplio conjunto de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección del trabajo y el trabajo decente,

Recordando también el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización del Convenio sobre la Diversidad Biológica,

Recordando además la amplia labor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sobre el derecho a la alimentación, los derechos de tenencia, el acceso a los recursos naturales y otros derechos de los campesinos, en particular el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, y las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza, y las Directrices Voluntarias en Apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, todas ellas de esa organización,

Recordando las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural y la Carta del Campesino aprobada en ella, donde se destacaba la necesidad de formular estrategias nacionales apropiadas para la reforma agraria y el desarrollo rural y de integrarlas en las estrategias nacionales generales de desarrollo,

Reafirmando que la presente Declaración y acuerdos internacionales pertinentes deberán apoyarse mutuamente con miras a mejorar la protección de los derechos humanos,

Resuelto a dar nuevos pasos en el compromiso de la comunidad internacional con miras a lograr un progreso sustancial en materia de derechos humanos mediante realzado y sostenido esfuerzo de cooperación internacional y solidaridad, Convencido de la necesidad de que se amplíe la protección de los derechos humanos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y de que se interpreten y se apliquen de forma coherente las normas y los principios internacionales de derechos humanos relativos a esta cuestión,

Aprueba solemnemente la siguiente declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales:

Artículo 1

1. A los efectos de la presente declaración, campesino es toda persona que se dedique o pretenda dedicarse, ya sea de manera individual o en asociación con otras o como comunidad, a la producción agrícola en pequeña escala para subsistir o comerciar y que para ello dependa, sobre todo, aunque no necesariamente en exclusiva, del trabajo en familia o en el hogar y de otras formas no monetarias de organización del trabajo, y que tenga una especial dependencia y apego a sus tierras.

2. La presente Declaración se aplica a toda persona que se dedique a la agricultura artesanal o en pequeña escala, la siembra de cultivos, la ganadería, el pastoreo, la pesca, la silvicultura, la caza o la recolección, así como a las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones similares en una zona rural. También se aplica a los familiares a cargo de los campesinos.

3. La presente Declaración se aplica también a los pueblos indígenas y comunidades locales que trabajan la tierra, a las comunidades trashumantes, nómadas y seminómadas y a las personas sin tierra, que participan en las actividades mencionadas.

4. La presente declaración se aplica además a los trabajadores asalariados, incluidos todos los trabajadores migrantes, independientemente de su condición migratoria, y los trabajadores de temporada, empleados en plantaciones, explotaciones agrícolas, bosques y explotaciones de acuicultura y en empresas agroindustriales.

Artículo 2

1. Los Estados respetarán, protegerán y harán efectivos los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo que resulten apropiadas para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos de la presente declaración que no puedan garantizarse de forma inmediata.

2. Al aplicar la presente declaración, se prestará una atención particular a los derechos y las necesidades especiales de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, como las personas de edad, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad, teniendo en cuenta la necesidad de abordar las múltiples formas de discriminación.

3. Sin olvidar la legislación concreta sobre pueblos indígenas, antes de aprobar y aplicar leyes y políticas, acuerdos internacionales y otras decisiones que puedan afectar a los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, por conducto de sus propias instituciones representativas, buscando la participación y el apoyo de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales que puedan verse afectados por las decisiones, antes de que se adopten dichas decisiones, y respondiendo a sus contribuciones, teniendo en cuenta los desequilibrios de poder existentes entre las diferentes partes y asegurando una participación activa, libre, efectiva, significativa e informada de las personas y los grupos en los procesos conexos de adopción de decisiones.

4. Los Estados elaborarán, interpretarán y aplicarán los acuerdos y normas internacionales pertinentes en los que sean parte en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos aplicable a los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

5. Los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar que los actores no estatales a los que están en condiciones de regular, por ejemplo personas y organizaciones privadas, empresas transnacionales y otras empresas, respeten y fortalezcan los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

6. Los Estados, reconociendo la importancia de la cooperación internacional en apoyo de las actividades nacionales para hacer efectivos los propósitos y objetivos de la presente declaración, adoptarán medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando corresponda, en asociación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, particularmente organizaciones de campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales. Entre esas medidas, cabría incluir las siguientes:

a) Velar por que la cooperación internacional en la materia, incluidos los programas de desarrollo internacionales, sea inclusiva, accesible y pertinente para los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales;

b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, por ejemplo mediante el intercambio y la distribución de información, experiencias, programas de formación y mejores prácticas;

c) Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a los conocimientos científicos y técnicos;

d) Proporcionar, según corresponda, asistencia técnica y económica, facilitando el acceso a tecnologías accesibles y al intercambio de estas y transfiriendo tecnología, en particular a los países en desarrollo, en condiciones mutuamente acordadas;

e) Mejorar la gestión de los mercados a nivel mundial y facilitar el acceso oportuno a la información sobre estos, entre otras cosas sobre las reservas de alimentos, a fin de contribuir a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos y el atractivo de la especulación.

Artículo 3

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que se reconocen en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los demás instrumentos internacionales de derechos humanos, sin ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos por motivos de origen, raza, color, linaje, sexo, idioma, cultura, estado civil, bienes, discapacidad, nacionalidad, edad, opinión política o de otra índole, religión, nacimiento o situación económica, social o de otra índole.

2. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a definir y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo.

3. Los Estados adoptarán las medidas adecuadas para eliminar las condiciones que originan la discriminación de los campesinos y las personas que trabajan en las zonas rurales o contribuyen a perpetuarla, incluidas las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación.

Artículo 4

1. Los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para erradicar todas las formas de discriminación de las campesinas y otras mujeres que trabajan en las zonas rurales y promover su empoderamiento a fin de asegurar que, sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres, estas disfruten plenamente y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y que libremente puedan perseguir su desarrollo económico, social, político y cultural, participar en él y aprovecharlo.

2. Los Estados velarán por que las campesinas y otras mujeres que trabajan en las zonas rurales disfruten sin discriminación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales establecidos en la presente declaración y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular los derechos a:

a) Participar en condiciones de igualdad y de manera efectiva en la formulación y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;

b) Acceder en condiciones de igualdad al más alto nivel posible de salud física y mental, incluso a servicios adecuados de atención de la salud, información, asesoramiento y servicios de planificación familiar;

c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;

d) Obtener todos los tipos de formación y educación, formal y no formal, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, y beneficiarse de todos los servicios comunitarios y de extensión, a fin de aumentar su capacidad técnica;

e) Organizar grupos de autoayuda, asociaciones y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;

f) Participar en todas las actividades comunitarias;

g) Obtener acceso en condiciones de igualdad a servicios financieros, créditos y préstamos agrícolas, los servicios de comercialización y las tecnologías apropiadas;

h) Poder, en condiciones de igualdad, acceder, utilizar y gestionar la tierra y los recursos naturales, y a beneficiarse de un trato igualitario o prioritario en el marco de la reforma agraria y de la propiedad de la tierra y de los planes de reasentamiento;

i) Tener un empleo digno, igualdad de remuneración y prestaciones sociales, y acceso a actividades generadoras de ingresos;

j) No ser víctimas de la violencia.

Artículo 5

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a acceder a los recursos naturales presentes en su comunidad y necesarios para gozar de condiciones de vida adecuadas, y a utilizar dichos recursos de manera sostenible, de conformidad con el artículo 28 de la presente Declaración. También tienen derecho a participar en la gestión de estos recursos.

2. Los Estados adoptarán medidas para garantizar que se permita toda forma de explotación que afecte los recursos naturales que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales mantengan o empleen tradicionalmente con base en, pero no limitado a:

a) Una evaluación del impacto social y ambiental debidamente realizada;

b) Consultas celebradas de buena fe, de conformidad con el artículo 2.3 de la presente Declaración;

c) Modalidades de participación justa y equitativa en los beneficios de esa explotación, establecidas en condiciones mutuamente acordadas entre quienes explotan los recursos naturales y los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

Artículo 6

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la persona.

2. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales no podrán ser sometidos a detención o prisión arbitraria, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ni serán sometidos a esclavitud ni a servidumbre.

Artículo 7

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados adoptarán medidas adecuadas para facilitar la libertad de circulación de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

3. Los Estados, donde sea necesario, tomar medidas adecuadas para cooperar con miras a tratar las cuestiones relativas a la tenencia transfronteriza que afectan a los campesinos y a otras personas que trabajan en las zonas rurales y atraviesan fronteras internacionales, de conformidad con el artículo 28 de la presente Declaración.

Artículo 8

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión, expresión y reunión pacífica. Tienen derecho a expresar su opinión, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio de su elección, a nivel local, regional, nacional e internacional.

2. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho, individual y colectivamente, en asociación con otros o como comunidad, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

3. El ejercicio de los derechos previsto en este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

4. Los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la protección por las autoridades competentes de todas las personas, individualmente o en asociación con otros, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación de derecho o de hecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo y la defensa de los derechos descritos en la presente declaración.

Artículo 9

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a constituir organizaciones, sindicatos, cooperativas o cualquier otra organización o asociación de su elección para proteger sus intereses y negociar colectivamente, y a afiliarse a ellos. Esas organizaciones deberán tener un carácter independiente y voluntario y mantenerse al margen de toda injerencia, coerción o represión.

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

3. Los Estados adoptarán las medidas adecuadas para apoyar el establecimiento de organizaciones de campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, como sindicatos, cooperativas u otras organizaciones, en particular con miras a eliminar los obstáculos a su establecimiento, a su crecimiento y al ejercicio de sus actividades lícitas, como la discriminación legislativa o administrativa de todo tipo que se ejerza contra dichas organizaciones y sus miembros, y les proporcionarán apoyo para fortalecer su posición en la negociación de arreglos contractuales, a fin de asegurar que las condiciones y los precios sean justos y estables y que no vulneren sus derechos a la dignidad, y a llevar una vida digna.

Artículo 10

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a la participación activa y libre, directamente y/o por conducto de sus organizaciones representativas, en la elaboración, e implementación de políticas, programas y proyectos que afecten a su vida, sus tierras y sus medios de subsistencia.

2. Los Estados promover la participación de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, directamente y/o a través de sus organizaciones representativas, en los procesos de toma de decisiones que puedan afectar a su vida, su tierra y sus medios de subsistencia. Ello incluye respetar el establecimiento y desarrollo de organizaciones fuertes e independientes de campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y promover su participación en la elaboración e implementación de normas de seguridad alimentaria, laborales y ambientales que puedan afectarlos.

Artículo 11

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a buscar, recibir, elaborar y difundir información, entre otras cosas sobre los factores que afecten a la producción, la elaboración, la comercialización y la distribución de sus productos.

2. Los Estados adoptarán medidas apropiadas para garantizar que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tengan acceso a información pertinente transparente, oportuna y suficiente, en un idioma y un formato y por unos medios que se ajusten a sus métodos culturales y a fin de promover su empoderamiento y asegurar la participación efectiva en las decisiones sobre cuestiones que afecten a su vida, sus tierras y sus medios de subsistencia.

3. Los Estados deberán adoptar medidas apropiadas para promover el acceso de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales a un sistema justo, imparcial y apropiado de evaluación y certificación de la calidad de sus productos, en los planos local, nacional e internacional, y a promover su participación en su formulación.

Artículo 12

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a acceder de manera efectiva y no discriminatoria a la justicia, incluido el acceso a procedimientos justos de solución de controversias, así como a medidas de reparación efectivas por cualquier vulneración de sus derechos humanos. En esas decisiones se tomarán debidamente en consideración sus costumbres, tradiciones, normas y sistemas jurídicos, de conformidad con las obligaciones pertinentes en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

2. Los Estados brindarán un acceso sin discriminaciones, mediante organismos judiciales y administrativos imparciales y competentes, a medios de solución de controversias oportunos, asequibles y efectivos, en el idioma de las personas afectadas; asimismo, proporcionarán con prontitud recursos efectivos, que podrían incluir los derechos de apelación, restitución, indemnización, compensación y reparación.

3. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a la asistencia jurídica. Los Estados considerarán la posibilidad de adoptar otras medidas, incluida la asistencia jurídica gratuita, para aquellos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales que, de otro modo, no tendrían acceso a los servicios administrativos y judiciales.

4. Los Estados considerarán la adopción de medidas para reforzar instituciones nacionales pertinentes a fin de promover y proteger todos los derechos humanos, incluidos los derechos descritos en la presente Declaración.

5. Los Estados proporcionarán a los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales mecanismos eficaces para prevenir y resarcir todo acto que tenga por objeto o consecuencia vulnerar sus derechos humanos, despojarlos arbitrariamente de sus tierras y recursos naturales o privarlos de sus medios de subsistencia y de su integridad, y toda forma de sedentarización o desplazamiento forzados de población.

Artículo 13

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a trabajar, lo que entraña el derecho a elegir libremente cómo ganarse el sustento.

2. Los hijos de campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales tienen derecho a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

3. Los Estados crearán un entorno favorable con oportunidades de trabajo para los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y sus familias en el que se ofrezca una remuneración que permita mantener un nivel de vida adecuado.

4. Los Estados que registren niveles elevados de pobreza rural y carezcan de oportunidades de empleo en otros sectores adoptarán medidas adecuadas para crear y fomentar sistemas alimentarios sostenibles con una densidad de mano de obra suficiente para contribuir a la creación de empleo decente.

5. Los Estados, teniendo en cuenta las características específicas de la agricultura campesina y de las pequeñas explotaciones pesqueras, supervisarán el cumplimiento de la legislación laboral asignando, según sea necesario, los recursos apropiados para garantizar el funcionamiento efectivo de las inspecciones de trabajo en las zonas rurales.

6. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzoso, en condiciones de servidumbre u obligatorio, estar expuesto al peligro de convertirse en víctima de la trata de seres humanos o estar sujeto a cualquier otra de las formas contemporáneas de la esclavitud. Los Estados, en consulta y cooperación con los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y sus organizaciones representativas, adoptarán las medidas necesarias para protegerlos de la explotación económica, trabajo infantil y de todas las formas contemporáneas de la esclavitud, que comprende la servidumbre por deudas de mujeres, hombres y niños, y el trabajo forzoso de personas como los pescadores y trabajadores del sector pesquero, los silvicultores o los trabajadores migrantes o de temporada.

Artículo 14

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, con independencia de si son temporeros, de temporada o migrantes, tienen derecho a trabajar en condiciones de trabajo seguras y saludables, a participar en la aplicación y el examen de las medidas de seguridad y salud, a escoger a sus representantes de seguridad y salud y a sus representantes en los comités de seguridad y salud, a la implementación de medidas de prevención, reducción y control de los peligros y riesgos, a tener acceso a indumentaria y equipo protectores y a formación en seguridad y salud suficientes y apropiados y a información y capacitación adecuadas sobre seguridad ocupacional, a trabajar sin sufrir violencia ni acoso, en particular acoso sexual, a denunciar condiciones de trabajo inseguras e insalubres y a alejarse del peligro derivado de su actividad laboral cuando tengan motivos razonables para creer que existe un riesgo inminente y grave para su seguridad o su salud, sin ser objeto de represalias relacionadas con el trabajo por el hecho de ejercer esos derechos.

2. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a no utilizar sustancias peligrosas o productos químicos tóxicos, como productos agroquímicos o contaminantes agrícolas o industriales, y a no exponerse a ellos.

3. Los Estados tomarán las medidas apropiadas para asegurar condiciones de trabajo favorables, seguras y saludables en el trabajo para los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales y, en particular, designarán las autoridades apropiadas con competencia y responsabilidad sobre la aplicación de las políticas y la observancia de la legislación y la reglamentación nacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo en la agricultura, la agroindustria y la pesca, y establecerán mecanismos de coordinación intersectorial al respecto, preverán medidas correctivas y sanciones adecuadas y establecerán sistemas apropiados y convenientes de inspección de los lugares de trabajo rurales y les prestarán apoyo.

4. Los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para que:

a) Se asegure la prevención de riesgos para la salud y la seguridad generados por las tecnologías, los productos químicos y las prácticas agrícolas, incluso mediante la prohibición y la restricción de su uso;

b) Exista un sistema nacional apropiado o cualquier otro sistema aprobado por la autoridad competente que prevea criterios específicos para la importación, clasificación, embalaje, distribución, etiquetado y uso de los productos químicos utilizados en la agricultura y para su prohibición o restricción;

c) Quienes produzcan, importen, suministren, vendan, transporten, almacenen o eliminen productos químicos utilizados en la agricultura cumplan con las normas nacionales o con otras normas reconocidas de seguridad y salud, y proporcionen información adecuada y conveniente a los usuarios, en el o los idiomas oficiales apropiados del país, así como a las autoridades competentes, cuando estas lo soliciten;

d) Haya un sistema apropiado para la recolección, el reciclado y la eliminación en condiciones seguras de los desechos químicos, los productos químicos obsoletos y los recipientes vacíos de productos químicos, con el fin de evitar su utilización para otros fines y de eliminar o reducir al mínimo los riesgos para la seguridad, la salud y el medio ambiente;

e) Se elaboren y apliquen programas formativos y de concienciación acerca de los efectos sobre la salud y el medio ambiente de los productos químicos que se utilizan frecuentemente en las zonas rurales, así como acerca de las alternativas a dichos productos.

Artículo 15

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegidos contra el hambre. Esto incluye el derecho a producir alimentos y a tener una nutrición adecuada, lo que garantiza la posibilidad de disfrutar del máximo grado de desarrollo físico, emocional e intelectual.

2. Los Estados velarán por que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales gocen del derecho a acceder material y económicamente, en todo momento, a una alimentación suficiente y adecuada que se produzca y se consuma de manera sostenible y equitativa con respeto por sus culturas, preservando así el acceso a la alimentación para las generaciones futuras, y que les garantice una vida digna y satisfactoria tanto física como mentalmente, de manera individual y/o colectiva, respondiendo a sus necesidades.

3. Los Estados adoptarán las medidas adecuadas para luchar contra la malnutrición de los niños de las zonas rurales, en particular en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y garantizando que las mujeres tengan una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Los Estados también velarán por que todos los segmentos de la sociedad, y en particular los progenitores y los niños, estén informados, tengan acceso a la educación nutricional y reciban apoyo en la aplicación de los conocimientos básicos sobre la nutrición infantil y las ventajas de la lactancia materna.

4. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen el derecho de definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria. Ello incluye el derecho a participar en los procesos de adopción de decisiones sobre la política alimentaria y agrícola y el derecho a alimentos suficientes y adecuados producidos con métodos ecológicamente racionales y sostenibles que respeten sus culturas.

5. Los Estados, en asociación con los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, formularán políticas públicas a nivel local, nacional, regional e internacional para promover y proteger el derecho a la alimentación adecuada, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria y sistemas alimentarios sostenibles y equitativos que promuevan y protejan los derechos contenidos en la presente Declaración. Los Estados establecerán mecanismos para garantizar la coherencia de sus políticas agrícolas, económicas, sociales, culturales y de desarrollo con la realización de los derechos contenidos en esta Declaración.

Artículo 16

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a un nivel de vida adecuado para sí mismos y para su familia, y a que se les facilite el acceso a los medios de producción necesarios para obtenerlos, entre ellos las herramientas de producción, la asistencia técnica, los créditos, los seguros y otros servicios financieros. Tienen también derecho a participar libremente, individual y/o colectivamente, en asociación con otros o como comunidad, en métodos tradicionales de agricultura, pesca, ganadería y silvicultura, y a desarrollar sistemas de comercialización comunitarios.

2. Los Estados adoptarán medidas adecuadas para favorecer el acceso de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales a los medios de transporte y a las instalaciones de elaboración, secado y almacenamiento necesarios para vender sus productos en los mercados locales, nacionales y regionales a unos precios que les garanticen unos ingresos y unos medios de vida dignos.

3. Los Estados adoptarán medidas adecuadas para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales, en formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tengan acceso pleno y equitativo a esos mercados y participen de igual manera en ellos para vender sus productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia, alcanzar un nivel de vida adecuado.

4. Los Estados adoptarán todas las medidas adecuadas para garantizar que sus programas y políticas de desarrollo rural, agricultura, medio ambiente y comercio e inversión contribuyan efectivamente a proteger y reforzar las opciones locales de medios de vida y la transición a modelos sostenibles de producción agrícola. Siempre que sea posible, los Estados estimularán la producción sostenible, incluyendo la producción agroecológica y orgánica, y facilitarán las ventas directas de los agricultores a los consumidores.

5. Los Estados adoptarán las medidas adecuadas para reforzar la resiliencia de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales frente a los desastres naturales y otras graves perturbaciones, como los fallos del mercado.

6. Los Estados adoptarán las medidas adecuadas para garantizar un sueldo equitativo y la igualdad de remuneración por un trabajo igual, sin ningún tipo de distinción.

Artículo 17

1. Los campesinos y otras personas que viven en zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual y/o colectivamente, de conformidad con el artículo 28 de la presente Declaración, lo que incluye el derecho al acceso, el uso sostenible y la gestión de las tierras, las masas de agua, las aguas costeras, las pesquerías, los pastos y los bosques, a fin de alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar para vivir en seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura.

2. Los Estados adoptarán medidas adecuadas para eliminar y prohibir todas las formas de discriminación en relación con el derecho a la tierra, incluidas las motivadas por un cambio de estado civil, por falta de capacidad jurídica o por falta de acceso a los recursos económicos.

3. Los Estados adoptarán medidas adecuadas para proporcionar el reconocimiento jurídico de los derechos de tenencia de la tierra, incluidos los derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra, que actualmente no están amparados por la ley, reconociendo la existencia de diferentes modelos y sistemas. Los Estados protegerán la tenencia legítima, y asegurarán que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales no sean arbitraria o ilegalmente desalojados y que sus derechos no sean extinguidos o infringidos de otra manera.. Los Estados reconocerán y protegerán el patrimonio natural y sus sistemas conexos de gestión y uso colectivo.

4. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a recibir protección para evitar ser arbitraria e ilegalmente desplazados de sus tierras o de su lugar de residencia habitual o de otros recursos naturales utilizados en sus actividades y necesarios para el disfrute de condiciones de vida adecuadas. Los Estados incorporarán en la legislación nacional medidas de protección contra los desplazamientos, que sean compatibles con el derecho internacional de derechos humanos y el derecho humanitario. Los Estados prohibirán los desalojos forzosos arbitrarios e ilegales, , la destrucción de zonas agrícolas y la confiscación o expropiación de la tierra y otros recursos naturales, en particular como medida punitiva o como medio o método de guerra.

5. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales que fueron arbitraria o ilegalmente privados de sus tierras tienen derecho, individual y/o colectivamente, en asociación con otros o como comunidad, a regresar a la tierra de la cual fueron arbitraria o ilegalmente privados, incluyendo en casos de desastres naturales y conflictos, y a que se les devuelva el acceso a los recursos naturales utilizados en sus actividades y necesarios para el disfrute de condiciones de vida adecuadas cuando sea posible, o a recibir una indemnización justa, equitativa y legal cuando no sea posible su regreso.

6. Cuando corresponda, los Estados adoptarán medidas pertinentes para llevar a cabo reformas agrarias redistributivas a fin de facilitar un acceso amplio y equitativo a la tierra y otros recursos naturales necesarios para asegurar que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales disfruten de condiciones de vida adecuadas, y limitar la concentración y el control excesivos de la tierra, teniendo en cuenta su función social. Debe darse prioridad a los campesinos y otros trabajadores rurales sin tierras, a los jóvenes y a los pequeños pescadores en la asignación de tierras, pesquerías y bosques de titularidad pública.

7. Los Estados adoptarán medidas para la conservación y el uso sostenible de la tierra y otros recursos naturales utilizados en su producción, por ejemplo entre otros mediante la agroecología, y garantizarán las condiciones para que se regeneren las capacidades y los ciclos biológicos y otro tipo de capacidades y ciclos naturales.

Artículo 18

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y de los recursos que utilizan y gestionan.

2. Los Estados adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales disfruten sin discriminación alguna de un medio ambiente seguro, limpio y saludable.

3. Los Estados cumplirán con sus respectivas obligaciones internacionales de combatir el cambio climático. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a contribuir a la formulación y aplicación de políticas nacionales y locales de adaptación al cambio climático y de mitigación, empleando, entre otros elementos, las prácticas y los conocimientos tradicionales.

4. Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni se viertan materiales, sustancias o desechos peligrosos en las tierras o territorios de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, y cooperarán para hacer frente a las amenazas al disfrute de sus derechos resultantes de los daños ambientales transfronterizos.

5. Los Estados protegerán a los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales de los abusos cometidos por agentes no estatales, entre otras formas aplicando las leyes ambientales que contribuyen, directa o indirectamente, a proteger los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

Artículo 19

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a las semillas, de conformidad con -el artículo 28 de la presente Declaración, en particular:

a) El derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;

b) El derecho a participar en la distribución equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;

c) El derecho a participar en la toma de decisiones sobre cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura;

d) El derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender semillas o material de multiplicación conservados en las explotaciones agrícolas.

2. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus semillas y conocimientos tradicionales.

3. Los Estados adoptarán medidas para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a las semillas de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

4. Los Estados velarán por que los campesinos dispongan de semillas de calidad y en cantidad suficientes, en el momento más adecuado para la siembra y a un precio asequible.

5. Los Estados reconocerán los derechos de los campesinos a contar con sus propias semillas u otras semillas de su elección disponibles localmente, y a decidir las variedades y especies que deseen cultivar.

6. Los Estados adoptarán medidas adecuadas para apoyar los sistemas de semillas de los campesinos, y promoverán el uso de sus semillas y la biodiversidad de la agricultura.

7. Los Estados adoptarán medidas adecuadas a para garantizar que la investigación y el desarrollo agrícolas integre las necesidades de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales; adoptarán medidas adecuadas para garantizar su participación activa en la determinación de las prioridades en materia de investigación y desarrollo y en su realización, tendrán en cuenta su experiencia, y aumentarán la inversión en la investigación y el desarrollo de semillas y cultivos huérfanos que respondan a las necesidades de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

8. Los Estados velarán por que las políticas de semillas, las leyes de protección de las variedades vegetales y otras leyes de propiedad intelectual, los sistemas de certificación y las leyes de comercialización de semillas respeten y tengan en cuenta las necesidades y realidades de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

Artículo 20

1. Los Estados adoptarán medidas apropiadas, de conformidad con las obligaciones internacionales pertinentes, para impedir el agotamiento y garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, a fin de promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

2. Los Estados adoptarán medidas adecuadas para promover y proteger conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, incluyendo sistemas tradicionales agrícolas, de pastoreo, silvicultura, pesca, ganadería y agroecología, pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.

3. Los Estados prevendrán los riesgos de vulneración de los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, como consecuencia del desarrollo, manipulación, transporte, utilización, transferencia o liberación de organismos vivos modificados.

Artículo 21

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen el derecho fundamental al agua potable salubre y al saneamiento, que son esenciales para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos y para la dignidad humana. Estos derechos humanos incluyen sistemas de abastecimiento de agua y unos servicios de saneamiento de buena calidad, que resulten asequibles y materialmente accesibles, que no sean discriminatorios y que sean aceptables culturalmente y desde una perspectiva de género.

2. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho al agua para usos personales, la agricultura, la pesca y la ganadería y también para asegurar otros medios de subsistencia relacionados con el agua, velando por la conservación, la regeneración y el uso sostenible del agua. Tienen derecho a un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión de los recursos hídricos, y a no sufrir cortes arbitrarios o contaminación del suministro.

3. Los Estados respetarán, protegerán y garantizarán, sin discriminación, el acceso al agua, en particular en los sistemas consuetudinarios o comunitarios de gestión de los recursos hídricos, y adoptarán medidas para garantizar el agua a precios asequibles para uso personal, doméstico y productivo, y a mejores servicios de saneamiento, en particular para las mujeres y las niñas de las zonas rurales y las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos o marginados, como los pastores nómadas, los trabajadores de las plantaciones, los migrantes, independientemente de su condición migratoria, y las personas que viven en asentamientos irregulares o improvisados. Los Estados promoverán tecnologías apropiadas y asequibles, entre otras, las tecnologías de riego y las tecnologías de reutilización de aguas residuales tratadas y de recogida y almacenamiento de agua.

4. Los Estados protegerán los ecosistemas relacionados con el agua, como las montañas, los bosques, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos, frente al uso abusivo y la contaminación por sustancias nocivas, en particular por efluentes industriales y concentraciones de minerales y productos químicos que provoquen intoxicaciones lentas y rápidas, y garantizarán su regeneración.

5. Los Estados impedirán a terceros que menoscaben a los campesinos y otras personas que viven en las zonas rurales el disfrute del derecho al agua.. Darán prioridad al uso del agua para atender a las necesidades humanas antes de otros usos, promoviendo su conservación, restauración y uso sostenible.

Artículo 22

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a la seguridad social, incluido el seguro social.

2. Los Estados, de acuerdo a sus circunstancias nacionales, adoptarán medidas adecuadas para promover el disfrute del derecho a la seguridad social para todos los migrantes en las zonas rurales.

3. Los Estados reconocerán los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales a la seguridad social, incluido el seguro social, y, con arreglo a las circunstancias nacionales, deben establecer o mantener unos niveles mínimos de protección social que incluyan garantías básicas de seguridad social. Esas garantías deben asegurar, como mínimo, que todas las personas necesitadas tengan, a lo largo de su ciclo vital, acceso a servicios esenciales de atención de la salud y a prestaciones básicas para asegurar los ingresos que, conjuntamente, les garanticen un acceso efectivo a los bienes y servicios definidos como necesarios a nivel nacional.

4. Las garantías básicas de seguridad social deben establecerse por ley. También deben establecerse unos procesos de reclamación y recurso imparciales, transparentes, eficaces, accesibles y poco onerosos. Deben instaurarse sistemas para mejorar el cumplimiento de las normativas jurídicas nacionales.

Artículo 23

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. También tienen derecho a acceder, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud.

2. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a utilizar y proteger sus propias medicinas tradicionales y a preservar sus prácticas de salud, lo que comprende el acceso a las plantas, los animales y los minerales que emplean con fines médicos y la conservación de estos.

3. Los Estados deben garantizar el acceso a establecimientos, bienes y servicios de salud en las zonas rurales sin discriminación, en especial a los grupos en situaciones de vulnerabilidad, el acceso a los medicamentos esenciales, la vacunación contra las principales enfermedades infecciosas, la atención de la salud reproductiva, la información relativa a los principales problemas de salud que afectan a la comunidad, incluidos los métodos para prevenirlos y combatirlos, la atención de la salud maternoinfantil, así como la capacitación del personal sanitario, incluida la educación en materia de salud y derechos humanos.

Artículo 24

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a una vivienda adecuada. Tienen derecho a mantener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad, y el derecho a no ser discriminados en este contexto.

2. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a no ser desalojados por la fuerza de su hogar y a ser protegidos del acoso y otras amenazas.

3. Los Estados no podrán, arbitraria ni ilegalmente, ni de forma temporal ni permanente, sacar en contra de su voluntad a los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales del hogar o de la tierra que ocupen sin proporcionarles o facilitarles acceso a unas fórmulas apropiadas de protección jurídica o de protección de otro tipo. Cuando el desalojo sea inevitable, el Estado debe proporcionar o garantizar una indemnización justa y equitativa por las pérdidas materiales o de otro tipo.

Artículo 25

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a una formación adecuada que se ajuste a los entornos agroecológicos, socioculturales y económicos en que se encuentran. Los programas de formación deben comprender temas como, por ejemplo, la mejora de la productividad, la comercialización y la capacidad para hacer frente a las plagas, los patógenos, las perturbaciones del sistema, los efectos de los productos químicos, el cambio climático y los fenómenos meteorológicos conexos.

2. Los hijos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a una educación acorde con su cultura, y con todos los derechos que figuran en los instrumentos de derechos humanos.

3. Los Estados fomentarán las iniciativas de colaboración equitativas y participativas entre el ámbito de la agricultura y el de la ciencia, como las escuelas prácticas para agricultores, el fitomejoramiento participativo y los centros de salud vegetal y animal, a fin de ofrecer una respuesta más adecuada a las dificultades inmediatas y emergentes a las que se enfrentan los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.

4. Los Estados invertirán en ofrecer formación, información de mercado y servicios de asesoramiento a las explotaciones agrícolas.

Artículo 26

1. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a disfrutar de su propia cultura y a aspirar libremente al desarrollo cultural, sin injerencias ni discriminaciones de ningún tipo. También tienen derecho a preservar, expresar, controlar, proteger y desarrollar sus conocimientos tradicionales y locales, como la forma de vida, los métodos de producción o la tecnología o las costumbres y la tradición. Nadie podrá invocar los derechos culturales para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance.

2. Los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho, a título individual y/o colectivo, en asociación con otros o como comunidad, a expresar sus costumbres, idiomas, cultura, religiones, literatura y arte locales, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.

3. Los Estados respetarán y adoptarán medidas para reconocer y proteger el ejercicio de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales relacionados con sus conocimientos tradicionales, y para eliminar la discriminación de los conocimientos tradicionales, las prácticas y las tecnologías específicas de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales.

Artículo 27

1. Los organismos especializados, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, incluidas las organizaciones financieras internacionales y regionales, contribuirán a la plena observancia de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la asistencia y la cooperación para el desarrollo. Se considerarán los medios de asegurar la participación de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales en los asuntos que les conciernan.

2. Las Naciones Unidas y sus organismos especializados, fondos y programas, y otras organizaciones intergubernamentales, incluidas las organizaciones financieras internacionales y regionales, promoverán el respeto y la plena aplicación de la presente Declaración y velarán por su eficacia.

Artículo 28

1. Ninguna de las disposiciones de la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que menoscaba o suprime los derechos que los campesinos o las personas que trabajan en las zonas rurales y los pueblos indígenas tienen en la actualidad o puedan adquirir en el futuro.

2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos sin discriminación de ningún tipo. El ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán solo las necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática.

[Traducción no oficial]

29/9/2018

Campañas

Campaña internacional por el derecho de las mujeres al aborto seguro

http://www.safeabortionwomensright.org/

Campaña que implica a una red de 1.270 organizaciones de distinta naturaleza y particulares en 119 países (datos de febrero de 2018), con base desde finales de 2014 en el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) de Lima. Sus fines son promover el acceso universal al aborto seguro como un derecho de la mujer; apoyar la autonomía de las mujeres para decidir ser o no madres y cuándo serlo, y poder actuar en consecuencia sin riesgo para su salud y sus vidas; e impulsar una moratoria de las persecuciones penales por aborto y la supresión del aborto de los códigos penales.

Parte de las premisas de que las mujeres deben poder decidir sobre sus propios cuerpos y su salud sin coerción, que sus derechos deben ser respetados (la falta de acceso a un aborto seguro pone en riesgo su derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a beneficiarse del progreso científico, a la información, intimidad, a no sufrir tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, y a la igualdad y no discriminación), que debería garantizarse el acceso universal a servicios de aborto seguro, y que el aborto no debería ser restringido, prohibido o criminalizado.

En su web ofrecen abundante información sobre el estado de la cuestión a nivel mundial, además de promover —entre otras acciones— la celebración del Día internacional del aborto seguro cada 28 de septiembre.

10/2018

...Y la lírica

Ossip Mandelstam

El poema sobre Stalin

Vivimos sin notar la tierra bajo nuestros pies,

nuestras voces a diez pasos no se oyen.

Pero cuando a medias a hablar nos atrevemos

sale siempre el montañés del Kremlin.

Sus gruesos dedos son como gusanos sebosos,

como pesas macizas las palabras de su boca caen.

Aletea la risa bajo sus bigotes de cucaracha

y relucen brillantes las cañas de sus botas.

Una chusma de jefes de cuello blanco le rodea,

infrahombres con los que se divierte y juega.

Uno silba, otro maúlla, otro gime,

pero solo él parlotea y dictamina.

Forja ukase tras ukase como herraduras,

a uno en la ingle golpea, a otro en la frente,

en el ojo, en la ceja,

Y cada ejecución es un bendito don

que regocija el pecho del oseta.

28/9/2018

Boletín 172

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