Panorama tras los indultos

Albert Recio Andreu

I

Todo lo que afecta a la política catalana está preñado de emoción. Tanto en Catalunya como en el resto de España. La decisión de hacer salir de la cárcel a los presos del procés, vía indultos, no podía escapar a esta norma. Y esta inflamación sentimental suele ser poco propicia al diálogo y a los matices. Esta carga la podemos ver en lo que hemos ido escribiendo sobre el procés los mismos redactores de esta revista, que en esta cuestión tendemos a discrepar entre nosotros más que en muchos otros temas. Desde mi personal punto de vista, los indultos eran necesarios y adecuados. Por dos razones básicas: la necesidad de quitar tensiones y martirologio en la política catalana; y el tratar de reparar un proceso judicial sesgado. Algunos analistas apuntan que, además, el indulto no sólo va a servir para su objetivo principal, el de la situación política catalana, sino también para frenar o endulzar una posible sentencia europea que dejara en evidencia las formas de la alta justicia española. 

Lo primero, lo de quitar tensiones, es bastante obvio. Mantener a políticos tanto tiempo en la cárcel ayuda más a mantener la tensión que a crear un espacio en el que pueden sondearse otras cosas. Sacarlos de la cárcel puede ayudar, sobre todo, a los que han mostrado un mayor reconocimiento de que la solución unilateral no llevaba a ninguna parte. Los encarcelados fueron, además, los que aceptaron someterse a juicio a diferencia de los que salieron corriendo alegando una estrategia “inteligente” y autoproclamándose exiliados (de hecho, algunos no han sido ni siquiera procesados, lo que añade un toque más teatral a su actuación). La respuesta agria de un sector de Junts per Catalunya (y del aliado-correa de transmisión, la ANC) a los indultos muestra el temor que representa la nueva situación para el círculo de Puigdemont. 

Entre gente de izquierdas existía el temor de que los indultos tuvieran un coste electoral insoportable para el Gobierno. La respuesta airada de alguno de los barones regionales del PSOE tiene más que ver con sus temores electorales que con sus principios. Aunque lo ocurrido en los últimos días con las acciones de la derecha y las propias primarias del PSOE en Andalucía hace pensar que, a menos que en Catalunya se vuelva a liar una algarada grave, habrá otras cuestiones de tipo económico y social que van a pesar más a la hora de votar. 

II

Los políticos indultados tienen sin duda una enorme responsabilidad política, pero es más discutible que ésta puede traducirse a una responsabilidad penal de la magnitud que han tenido que arrostrar. En mi opinión, su primer “delito” tiene que ver con su propia base social a la que hicieron creer que la independencia era posible con sólo quererla y movilizarse de vez en cuando. Se puede entender que algunos de estos líderes en el pequeño mundo local se autoconvencieran del cuento, pero personas como Raúl Romeva o Clara Ponsatí, con años de experiencia vital internacional, sólo podían sostener este punto de vista mintiendo a su gente (o siendo unos completos incompetentes en cuestiones de política internacional). Esta misma irresponsabilidad se mostraba en la ignorancia de la capacidad coercitiva del Estado en sus diversas variantes, algo que explica cómo la gente afrontó las movidas en torno al 1 de octubre. En segundo lugar, son responsables de generar un discurso político que rompía la cohesión de la propia sociedad catalana, separando entre patriotas y metecos. Es una tensión que siempre ha estado presente de forma larvada en la sociedad catalana, y que la intensa campaña propagandística procesista reactivó. En tercer lugar, todo el “procés” ha generado una pseudo cultura democrática que confunde el hecho de votar con un proceso realmente participativo, deliberativo y respetuoso con toda la población: el debate sobre la independencia fue un mero ejercicio de propaganda sin debate dirigido sólo a la población potencialmente convencible de su bondad, no hubo debates serios ni informados, se daba por bueno cualquier resultado en que se alcanzara la mayoría, no se plantearon ni los efectos colaterales ni el respeto a las minorías, etc. Y, en cuarto lugar, todo eso se hizo empleando todo el poder gubernamental, desde arriba. Por un Govern que al mismo tiempo ignoraba los problemas materiales de la sociedad catalana, y que había sido un cruel partidario de recortes en las políticas sociales. Todos estos hechos, en conjunto, son ciertamente reprobables, injustificables y merecedores del ostracismo político de sus líderes. En términos políticos deben ser condenados, pero es bastante más dudoso que ello debiera traducirse en el proceso penal posterior. 

Generaron tensión, pero no hubo violencia. La mayor violencia fue sin duda la acción policial en diversos colegios electorales. Desobedecieron normas, pero cuando llegó el momento decisivo hicieron una vergonzante declaración de independencia que ni siquiera se plasmó en el acto simbólico de cambiar la bandera. Después salieron corriendo o se sometieron a los procesos judiciales. Cuando se aplicó el 155 y hubo la oportunidad de llevar a cabo una acción de desobediencia civil a gran escala, se sometieron a las órdenes de las nuevas autoridades y aceptaron acudir a las elecciones que convocó el Gobierno Rajoy. Más que de un proceso de insubordinación, lo que vivimos fue una representación teatral, en la que algunos se creyeron el papel. Y que por su carácter catártico ha dejado un amargo poso. Pero no hubo golpe de estado, ni siquiera un intento real de subversión del orden. Nada que ver con el 23-F, ni con la larga acción violenta de ETA, ni siquiera con octubre de 1934. 

III

Este proceso no se puede acabar de entender sin su contraparte: el Partido Popular. Para su estrategia de toma del poder, Catalunya hace muchos años que es un tema clave. Por varias razones combinadas: es un territorio perdido para ellos en clave electoral, ha sido tradicionalmente un lugar de voto de la izquierda y el nacionalismo catalán es un aliado potencial de la izquierda. Esto se rompió en la primera victoria de Aznar, cuando éste necesitaba votos para su investidura y CiU aceptó apoyarle a cambio de suculentas compensaciones (un amigo de Madrid, bien informado, me contó que corría el rumor de que el día de su pírrica victoria, Aznar era consciente que sólo llegaría al Gobierno pactando con CiU y PNV; tuvo un acceso de ira y la emprendió con el mobiliario de Génova). Como se vio en su segunda legislatura, el proyecto del PP era de nacionalismo español, centralista, sin concesiones ni pactos. Un proyecto sólo viable cuando gana por mayoría absoluta (o si a su mayoría puede sumar otras fuerzas de derecha españolista), y para ello necesita generar una tensión que haga imposible la mayoría alternativa: la suma de las izquierdas y los nacionalismos periféricos. Y un proyecto solo viable si se practica una política nacionalista simétrica a la de los nacionalistas vascos y catalanes en los territorios donde sus propuestas tienen audiencia. La estrategia pepera de la tensión tiene una larga trayectoria: desde el esperpéntico boicot al cava, pasando por la campaña contra el Estatut, hasta la actual contra los indultos. Cuenta, además, con una palanca crucial: su desmesurada influencia en el poder judicial. Una influencia que es en parte sociológica ―la carrera judicial ha sido de tiempo inmemorial un campo copado por gente conservadora― y en parte producto de todas las maniobras y bloqueos que el PP practica para conseguir, cuando menos, minimizar el impacto de sus derrotas electorales y condicionar la vida política. La opción de Rajoy de no intervenir en el procés y dejar que este se encauzara por la vía judicial, más que una dejación de funciones parece obedecer a una estrategia premeditada. 

Y el poder judicial, ciertamente, ha jugado un papel central en todo el drama. Empezando por el tajo al Estatut de Catalunya, negociado y aprobado en las Cortes y refrendado por los electores catalanes, que marcó un giro en el proceso de radicalización del catalanismo. Y siguiendo por la forma como se ha llevado el proceso judicial del 1-O, donde numerosos juristas prestigiosos (como por ejemplo Martín Pallín, o el ex fiscal José María Mena) han mostrado las irregularidades del proceso y lo exagerado de las condenas. Hay un paralelismo poético: los independentistas catalanes chocaron con la negativa europea de apoyar su proceso, pero la justicia española también ha chocado con la europea cuando ha tratado de colar su interpretación jurídica de los hechos. No se trata de un tema puntual, la colonización de la cúpula del sistema judicial por la derecha va mucho más allá de la cuestión catalana. Afecta a la posibilidad de avances en muchos terrenos sociales, donde el PP está en condiciones de torpedear leyes e iniciativas. Destacando además que a esta influencia se suma también la de los poderes económicos con casos tan “vistosos” como los que afectan a los intereses bancarios o la sentencia del Tribunal Supremo dándole la vuelta a la anterior del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que declaraba nula la creación de Aguas de Barcelona (el núcleo del imperio Agbar). Es significativo que el Consejo General del Poder Judicial haya negado al diario Ara la lista de jueces que participaron en actividades retribuidas por Agbar. 

En el caso que nos ocupa, la variedad de procesos judiciales abiertos a distintos participante del “procés” puede convertirse en un terreno minado para cualquier política de apaciguamiento y reconversión de la situación en Catalunya. Es obvio que la denuncia de un estado general de represión al que aluden continuamente los independentistas es totalmente exagerada e interesada (mezclan casos de corrupción con procesos más o menos justificados sobre actuaciones concretas). Pero también es cierto que alguno de los procesos abiertos parece más orientado a recalentar la situación que a favorecer una pacificación del ambiente. Han conseguido incluso convertir en mártir a Andreu Mas-Collell, un prestigioso economista que, sin embargo, debería ser objeto de una crítica sería por sus muchas responsabilidades: en la política de recortes, en su silencio ante el crecimiento del independentismo, o en su papel en la política universitaria (especialmente en un modelo de precarización del profesorado), así como en su dogmatismo intelectual. 

IV

A corto plazo, no se pueden esperar muchos cambios. Sin duda, en Catalunya se va a reforzar el enfriamiento de la tensión, algo perceptible desde hace un tiempo. Una parte del independentismo sabe cuáles son sus límites, y está optando por intervenir de forma más posibilista. De todas formas, no pueden esperarse milagros. De un lado, porque persiste una feroz guerra entre los dos grandes sectores del independentismo (en gran medida, el “procés” se activó como parte de esta guerra entre ERC y la extinta CiU), y toda la experiencia anterior le ha dado más alas al sector más inflamado, más carlista, que representa Puigdemont. El hecho de haber situado el objetivo máximo, la independencia, en el corto plazo, expone cualquier acción en otra línea a ser denunciada como una traición a la patria. Una acusación a la que todas las partes son muy sensibles y a menudo les conduce a callejones sin salida. Hay que esperar por tanto el mantenimiento de la retórica procesista y, si ocurren cosas diferentes, éstas circularán por vías menos vistosas. 

Del otro lado (el de la derecha española) hay que esperar todo tipo de maniobras para tensar la situación. Para torpedear la acción del Gobierno y para provocar reacciones insensatas del independentismo. Forma parte tanto de la vieja estrategia aznarista como de la dinámica competitiva entre PP y Vox (una vez desaparecido Ciudadanos). Se trata de generar un discurso donde el PSOE sea presentado como traidor (otra vez los parecidos) y donde la acción de Gobierno se vea continuamente impugnada y bloqueada. A menos que los independentistas cometan una de sus tradicionales salidas de tono, esta estrategia puede tener un efecto limitado. Las decisiones judiciales, tanto en España como las que pueden adoptar los tribunales europeos, pueden tener quizás más influencia que la acción política. 

El Gobierno español ha aprobado los indultos en el momento más favorable, cuando no hay elecciones a la vista. Pero debe afrontar en los próximos años la crisis económica y social generada por el covid-19, y queda expuesto a la presión de los poderes económicos locales e internacionales y a nuevas convulsiones de diversa índole (financieras, de precios de materias primas, nuevos desastres ecológicos…). Es ahí donde se juega posiblemente la continuidad de un proceso moderadamente reformista, y se juega la posibilidad de evitar que la derecha y la extrema derecha (un continuo, más que dos campos diferenciados) tengan éxito en un nuevo asalto al poder político. Porque lo que puede resultar mortal es que una mala situación económica y social desanime o desoriente a una parte de la población que tradicionalmente apoya a la izquierda. De lo que puede o debe hacer la izquierda transformadora hablaremos después del verano. Nos hace falta meditar y encontrar vías de intervención para salir airosos de una situación que sigue plagada de trampas y grandes amenazas.

30/6/2021

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